Doctrina Administrativa

La DGT, en su consulta vinculante de 20 de abril de 2016, concreta qué debe entenderse por elementos del inmovilizado “nuevos” al objeto de aplicar la deducción por inversión de beneficios, ya que el Texto Refundido de la Ley del IS no contiene una definición del concepto de elementos nuevos. A estos efectos, debe entenderse un elemento como nuevo cuando sea utilizado o puesto en condiciones de funcionamiento por primera vez, siendo imprescindible que los que son objeto de la inversión tengan la consideración de nuevos, debiendo entenderse por nuevos, los que están en disposición de ser utilizados por primera vez.

La DGT, en su consulta vinculante de 21 de abril de 2016, sostiene que la concesión de opciones de compra sobre acciones de una empresa a los trabajadores o administradores de la misma o de otras entidades del grupo, por su condición de tales, a un precio inferior al normal de mercado, debe calificarse como rendimiento del trabajo, y si se trata de opciones de compra intransmisibles inter vivos, se devengará en el momento en que el beneficiario ejercite su derecho de opción de compra. 

• La DGT mantiene su criterio de que el crowdfunding o micromecenazgo está sometido al ISD
• La situación asimilada a la de alta en la SS no da derecho a las deducciones por familia numerosa o persona con discapacidad a cargo
• Las cuotas de un seguro de asistencia sanitaria que forman parte de la contraprestación de un depósito bancario son rendimientos del capital mobiliario en especie
• La renovación de los viales privados de una urbanización tributa al tipo general en IVA
• Una comunidad de bienes constituida por la propiedad indivisa de una obra de arte que no realiza actividad alguna no es sujeto pasivo en IVA
• El exceso de imposición sobre el tipo máximo de Convenio soportado en el extranjero no puede dar derecho a deducción por doble imposición ni considerarse gasto deducible
• Los impuestos pagados por pacto entre las partes no pierden su consideración de deducibles
• Obtener retribuciones superiores a 600.000 euros constante el régimen especial de trabajadores desplazados no excluye al contribuyente del mismo
• Impartición de cursos y conferencias en el extranjero: La exención en el IRPF de los rendimientos del trabajo realizados en el extranjero no es aplicable a todos los rendimientos del trabajo
• La finalización anticipada, antes del transcurso de un año, de un contrato suscrito por un plazo superior no debe retenerse al tipo mínimo del 2 por ciento
• No tendrá derecho a la reducción por movilidad geográfica quien estando inscrito como desempleado demandante de empleo debiera estarlo como demandante de mejora de empleo
• La transmisión de la vivienda habitual del deudor hipotecario a favor, no de la entidad acreedora, sino de un tercero, se considera también dación en pago
• En tanto no se cancele o modifique la relación arrendaticia, se seguirá devengando el IVA pese a que el local arrendado permanezca clausurado como medida cautelar adoptada por un Juzgado

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 2 de junio de 2016, centra la cuestión en las causas de cese de los administradores consistentes en la caducidad y la renuncia del cargo de administrador, al ser las situaciones que se dan en la persona de la administradora de la sociedad,  cuyo cargo ha caducado y al que además ha renunciado, según  la inscripción registral de ambas situaciones.

En primer lugar, por lo que se refiere a la caducidad, esta no es automática pues, para aquellos casos en los que la misma provoca la vacante total  del órgano de administración, por no existir otro administrador titular o suplente, al requisito del vencimiento del plazo se añade otro,  como es la obligación de la convocatoria de la celebración de Junta General o el transcurso del término para la celebración de la Junta para resolver sobre la aprobación del cuentas del ejercicio.

La Dirección General de Tributos ha adelantado la publicación de dos consultas de fecha 3 de junio de 2016 (consultas núms. V2430/2016 y V2431/2016), tal vez por aprovechar la concurrencia de las fechas en que nos encontramos, corriente la campaña de la renta 2015, en las que aborda la tributación de las consecuencias derivadas de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo -figura que tantas entidades bancarias de nuestro país han incorporado a sus contratos tipo de préstamo hipotecario- contratadas en lesión de los derechos de los consumidores.

Se ha hecho público un Informe de la Dirección General de Tributos, de 20 de mayo de 2016, en relación con las tasas por la prestación de los servicios de abastecimiento de agua y de alcantarillado, según el cual y basándose en el criterio mantenido por el Tribunal Supremo en sentencia de 28 de septiembre de 2015 (rec. núm. 2042/2013), distinto a otra sentencia de la misma Sala del citado tribunal, de 23 de noviembre de 2015 (rec. núm 4091/2013), sostiene  que si los citados servicios públicos de abastecimiento de agua y alcantarillado son gestionados directamente por un ente local, sin ningún tipo de delegación, la contraprestación satisfecha por los usuarios debe tener la naturaleza jurídica de tasa. Por el contrario, si dichos servicios son gestionados por una sociedad privada municipal, o por una empresa privada a través de un contrato administrativo de gestión del servicio, las contraprestaciones  son calificadas como ingresos  de Derecho privado y no como ingresos de Derecho público

• Base de la sanción por expedición de facturas con datos falsos o falseados
• Las acciones en interés de la masa están exentas de la tasa judicial
• En los periodos de facturación en los que haya ausencia efectiva de suministro eléctrico, no resultará exigible el Impuesto Especial sobre la Electricidad
• Los rendimientos derivados de las reducciones de capital con devolución de aportaciones tienen la calificación de dividendos a efectos del IRNR
• La clave para considerar un gasto como asociado a una compraventa internacional es la de que no se soportaría de no mediar ésta
• Compensación de bases imponibles negativas de la sociedad adquirida
• La base imponible de la elevación a escritura pública de la opción de compra, cuando no se elevó la constitución, incluye todas las cuotas periódicas del contrato
• Una SICAR luxemburguesa con general manager no puede ser dominante de un grupo de consolidación
• Si los requisitos de empleado y local se cumplen en la sociedad matriz pero no en las filiales, no se podrá aplicar respecto a estas la reducción del ISD
• La asunción por una entidad de la deuda contraída en su día y en su beneficio por sus socios es más rentable si se hace a título oneroso
• Las parejas de hecho con equiparación civil a matrimonios no disfrutan de los beneficios fiscales del ITP y AJD
• Habiéndose aplicado la limitación de la amortización deducible de la Ley 16/2012, de acuerdo con la disp. trans. 13 de la Ley 27/2014  el valor neto fiscal coincide con el valor neto contable
• Los derechos de traspaso pendientes de amortizar forman parte del precio de adquisición del local

De acuerdo con lo afirmado por la DGT en su consulta vinculante de 14 de abril, en la base imponible de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público a satisfacer por una empresa que tiene por objeto la actividad de distribución de energía eléctrica deberan incluirse los peajes de acceso a las redes de distribución constituyen ingresos propios de la actividad de las empresas de distribución, que los cobran a los consumidores, bien directamente o a través de las empresas comercializadoras ya que forma parte de los ingresos brutos de facturación a los efectos de la cuantificación de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.

La DGT ha publicado su consulta de 16 de marzo de 2016 sobre la tributación en el Impuesto sobre Sociedades a partir del 1 de enero de las sociedades civiles, que sustituye a otra anterior,  la consulta DGT, de 04-12-2015, n.º V3880/2015 

En la consulta de 16 de marzo de 2016 estamos ante una sociedad civil que tiene por objeto exclusivo el ejercicio de actividades profesionales de abogacía y administración de fincas, que se constituyó como sociedad civil particular pero, mediante escritura pública del año 2008, pero en adaptó sus estatutos a la Ley de sociedades profesionales.  Por otro lado, una de las socias de la sociedad civil es copropietaria de diversos inmuebles (viviendas y locales) que son objeto de arrendamiento a través de una comunidad de bienes, que no cuenta con persona empleada ni local afecto.

La consulta de la Dirección General de Tributos de 9 de marzo de 2016 compendia la globalidad de las consecuencias fiscales de una situación muy especial, pero de la que se puede tomar nota a futuros, cual es la de la anulación de unas participaciones en instituciones de inversión colectiva –fondos de inversión y SICAVs en el caso de la consulta- por parte de la CNMV, al estar afectadas por un proceso judicial penal –en el caso en EE.UU., Estado en el que finalmente, y vía Irlanda, estaban depositadas las participaciones-.

El supuesto de hecho es el de unas participaciones en instituciones de inversión colectiva gestionadas desde una sociedad gestora radicada en España, que a su vez están invertidas en un subfondo radicado en Irlanda, quien a su vez las tiene depositadas en una entidad residente en EE.UU. que se vio inmersa (esta última) en un procedimiento judicial, por vía penal, lo que supuso la decisión de la CNMV de anular esas participaciones.