Jurisprudencia

Selecci贸n de jurisprudencia. Marzo 2017 (1.陋 quincena)

Cuando la normativa del Estado miembro en que est谩 establecida aplica a una sociedad matriz un tipo cero de gravamen sobre todos sus beneficios bajo la condici贸n de distribuirlos en su totalidad a sus accionistas, queda eliminado para esa sociedad matriz el riesgo de una doble imposici贸n de los beneficios que le haya distribuido su filial. Por ello, la Directiva 90/435/CEE del Consejo (R茅gimen fiscal com煤n aplicable a sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes) debe interpretarse en el sentido de que su art. 5.1 no se opone a la normativa de un Estado miembro que obliga a aplicar una retenci贸n sobre los rendimientos del capital mobiliario a los dividendos que una filial establecida en ese Estado miembro distribuya a una instituci贸n de inversi贸n colectiva de car谩cter fiscal, establecida en otro Estado miembro y sujeta al impuesto sobre sociedades a tipo cero, bajo la condici贸n de distribuir a sus accionistas la totalidad de sus beneficios.

(Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea, de 8 de marzo de 2017, asunto n潞 C-448/15)

El art. 49聽del Tratado de Funcionamiento de la UE y el art. 11.1.a) de la Directiva 90/434/CEE (R茅gimen fiscal aplicable a las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de acciones) deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, que, en el caso de una operaci贸n de fusi贸n transfronteriza, supedita la concesi贸n de las ventajas fiscales aplicables a tal operaci贸n en virtud de dicha Directiva a un procedimiento de aprobaci贸n previa en el marco del cual, para obtener dicha aprobaci贸n, el contribuyente debe acreditar que la operaci贸n en cuesti贸n est谩 justificada por un motivo econ贸mico, que no tiene como objetivo principal o como uno de sus objetivos principales el fraude o la evasi贸n fiscales y que su mec谩nica permite garantizar el gravamen futuro de las plusval铆as que se hayan diferido a efectos fiscales, mientras que, en el caso de una operaci贸n de fusi贸n interna, el diferimiento se admite sin que el contribuyente est茅 sujeto a tal procedimiento.

(Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea, de 8 de marzo de 2017, asunto n潞 C-14/16)

El principio de legalidad a la cabeza, junto con el resto de los principios informadores de nuestro sistema tributario recogidos en la Constituci贸n, se oponen a que la Administraci贸n tributaria vaya m谩s all谩 de la norma legalmente establecida y aplique m茅todos de valoraci贸n de operaciones vinculadas no establecidos. El Tribunal Supremo reprocha con contundencia tanto la actividad desarrollada por la Administraci贸n Tributaria, como el alienamiento desarrollado por la Audiencia Nacional, en posici贸n claramente al margen de la norma al postular la justificaci贸n del empleo del m茅todo del margen neto del conjunto de las operaciones -cuando a煤n no se hab铆a establecido en el art. 16 RDLeg. 4/2004 (TR Ley IS)- con base en la escasa fiabilidad de los comparables disponibles -m茅todo del art. 16.3.a), redacci贸n original- a la hora de llevar a cabo la valoraci贸n litigiosa.

(Tribunal Supremo, de 21 de febrero de 2017, recurso n潞 2970/2015)

M谩s all谩 de cuestiones de aplicaci贸n temporal del art. 12.5 RDLeg. 4/2004 (TR Ley IS) por las que el Tribunal no se siente obligado a聽 convertir en prejudicial para su decisi贸n en este procedimiento el pronunciamiento que est谩 pendiente de adoptarse en sede del TGUE en ejecuci贸n de la STJUE, de 21 de diciembre de 2016, asuntos n煤ms. C-20/15 P y C-21/15 P (acumulados), el Tribunal Supremo, en la l铆nea manifestada en su d铆a por la Audiencia Nacional, se帽ala que no aflora un fondo de comercio deducible en las operaciones intragrupo, sino que 茅ste s贸lo pudo generarse en la previa adquisici贸n de las participaciones a terceros.

(Tribunal Supremo, de 2 de febrero de 2017, recurso n潞 3857/2015)

Debe anularse la tasa impugnada cuyo hecho imponible consiste en la prestaci贸n del servicio de vigilancia especial y prevenci贸n del riesgo de usurpaci贸n de las viviendas propiedad de las entidades financieras, siendo sujetos pasivos las entidades financieras y las entidades participadas directa o indirectamente por aquellas, que sean propietarias de viviendas en el t茅rmino municipal beneficiarias por la prestaci贸n del servicio. Esta tasa vulnera el art. 21.1.c) del TRLHL, ya que supone exigir una tasa por el servicio de vigilancia p煤blica en general. Las caracter铆sticas del servicio, por su propia naturaleza, de vigilancia y patrulla de v铆a p煤blica solo se concibe como de vigilancia p煤blica en general, pues es obvio, la presencia policial en la v铆a p煤blica previene la comisi贸n de cualquier tipo de infracci贸n, y en especial, de las m谩s graves tipificadas como delito. No se puede obviar frente al posicionamiento de reproche al sujeto pasivo al que selectivamente se dirige la tasa, que se afirma "provoca" la prestaci贸n del servicio, al que se culpa del "fen贸meno de ocupaci贸n ilegal" que se afirma "sucede por el manifiesto desinter茅s de sus titulares por sacarlas a la venta en condiciones que no sean ventajosas" y al que en definitiva se quiere con la tasa "concienciar del inter茅s social de la vivienda", que ateni茅ndonos al ordenamiento jur铆dico vigente, el "fen贸meno de la ocupaci贸n ilegal" est谩 tipificado como delito en el art. 245 del C贸digo Penal , punto de apoyo desde el cual el razonamiento solo puede girar en sentido contrario al que funda la ordenanza, impidiendo repercutir los costes de prevenci贸n del delito a quien lo sufre.

(Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 7 de febrero de 2017, recurso n潞 175/2016)

Los cheques al portador entregados no eran cheques bancarios al portador, sino cheques particulares de la empresa, es decir, cheques emitidos por la mercantil (libradora) que se cobran a trav茅s de la entidad bancaria (librada), equiparando indebidamente el actuario ambos tipos de cheques ya que, insiste, no se trata de un cheque emitido por una entidad bancaria (cheque bancario) respaldado por la misma, sino de un cheque librado por un particular respaldado 煤nicamente por su patrimonio, diferencia fundamental en el tr谩fico mercantil por cuanto los cheques bancarios, a diferencia de los particulares, son considerados como dinero contante y sonante, siendo la menci贸n del art. 34.2 d) de la Ley 10/2010 a los "cheques bancarios al portador", y no a los cheques al portador sin m谩s. No ha existido ninguna opacidad en la operaci贸n por cuanto se documenta ante notario incorpor谩ndose los cheques a la escritura, realiz谩ndose el pago con dinero existente en banco, liquidando la sociedad los impuestos ante los funcionarios correspondientes, estando los cobradores de los cheques debidamente identificados por la entidad financiera, siendo comunicado el cobro por el banco a la AEAT, la cual tuvo conocimiento de la identidad del cobrador por lo que el pago no es an贸nimo ni opaco; y que en todo caso las normas sancionadoras han de ser interpretadas restrictivamente, incumpli茅ndose aqu铆 el principio de tipicidad y habiendo actuado con arreglo a la finalidad de la norma que es la de no ocultar el perceptor del pago, siendo como m铆nimo dudosa la redacci贸n del precepto, sobre el que nada advirti贸 el Notario, lo que eliminar铆a la responsabilidad sancionadora. En el presente caso no se discute que los cheques se libraron al portador por la firmante de los mismos mercantil, contra la cuenta corriente de la que era titular en la entidad bancaria, por lo que no encontr谩ndonos pues ante un "cheque bancario" -tampoco ante un cheque conformado del art铆culo 110 de la LCCH - sino ante un cheque, digamos, ordinario, ha de aceptarse la falta de tipicidad de la conducta desplegada por la recurrente, con la consiguiente anulaci贸n de la sanci贸n.

(Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le贸n (Sede en Valladolid) de 9 de enero de 2017, recurso n.潞 676/2015)

La Sala se ha pronunciado en m煤ltiples sentencias, inclin谩ndonos por la anulaci贸n de la valoraci贸n oficial cuando el actor presenta otra tasaci贸n, igualmente id贸nea amparada en un m茅todo legal como es en este caso la estimaci贸n que hace la entidad tasadora, realizada por el m茅todo previsto en el art. 57.1 g) de la LGT [Vid., STSJ de Castilla-La Mancha de 1 de febrero de 2016, recurso n.潞 512/2013 (NFJ062413)]. La Administraci贸n carece de capacidad alguna para imponer de forma general un orden obligatorio de m茅todos de comprobaci贸n en perjuicio del sujeto pasivo. As铆 pues, si un m茅todo de los subsidiarios ofrece un valor inferior, no bastar谩 con invocar la Orden para preferir otro de los m茅todos calificados de preferentes que ofrezca un valor superior, sino que habr谩 que motivar debidamente porqu茅 tal m茅todo es m谩s acertado para determinar el valor real del bien en ese caso. Por el contrario, si fuera el interesado el que pretende de la Administraci贸n que aplique el orden de m茅todos que ella misma se ha dado y ha hecho p煤blico, evidentemente para ella s铆 es del todo obligatorio por aplicaci贸n elemental del principio de los actos propios. En el presente caso no se ha motivado por la Administraci贸n la raz贸n por la que se opta por un m茅todo en contraposici贸n con otro, cuando se cuenta con 茅l, por mucho que la Orden establezca una prelaci贸n no recogida en la Ley, de modo que ha de estimarse el recurso cuya valoraci贸n se ampara en el dictamen de una sociedad tasadora con arreglo al cual se ha realizado la tasaci贸n del inmueble dedicado a local de negocio, seg煤n un m茅todo v谩lido para la tasaci贸n de los inmuebles a efectos hipotecarios.

(Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 30 de diciembre de 2016, recurso n.潞 60/2016)

La pertenencia a un grupo de sociedades no constituye un motivo de exclusi贸n de la exenci贸n por inicio de actividad en el IAE. La norma prev茅 tal exclusi贸n cuando la actividad se haya desarrollado con anterioridad, bien por el propio sujeto pasivo o bien cuando exista una sucesi贸n en la titularidad o ejercicio de la actividad desarrollada por otro sujeto pasivo, debiendo probar la Administraci贸n tributaria la citada sucesi贸n. El rechazo de la exenci贸n por parte de la Administraci贸n precisaba lo que aqu铆 falta, esto es, la prueba por parte de la Administraci贸n actuante de la sucesi贸n o transmisi贸n de la actividad, y ello porque el mero hecho de pertenecer a un grupo de sociedades no es obst谩culo que impida que se pueda gozar de la exenci贸n en cuesti贸n. Nada impide que un mismo grupo empresarial desarrolle la misma actividad con diversas empresas o marcas que operan en el mercado compitiendo entre ellas. La Administraci贸n no lo justific贸 adecuadamente en el curso de las actuaciones desenvueltas en la sede administrativa ni despu茅s en el juicio, mientras que la ahora apelante, bien que a trav茅s de sus propios empleados o bien a trav茅s de quienes no se sabe con certeza si lo son o son parte del accionariado, al fin, s铆 que ha tratado de justificar en el juicio su tesis de la falta de sucesi贸n. Sin embargo, no se trata de que el contribuyente pruebe que faltaba en el caso sucesi贸n sino que es la Administraci贸n Tributaria la que tiene que probar la existencia de la sucesi贸n para as铆 poder denegar la aplicaci贸n de la exenci贸n en cuesti贸n. Por ello procede la devoluci贸n de las cantidades ingresadas por el concepto tributario impuesto sobre actividades econ贸micas, ejercicio 2007, m谩s los intereses legales correspondientes.

(Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares de 12 de julio de 2016, recurso n.潞 183/2016)

Segundo paso en el camino de la declaraci贸n de nulidad de las "plusval铆as" cobradas por terrenos transmitidos con p茅rdidas

Primero fue la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio,聽del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Territorio Hist贸rico de Gipuzkoa, y ahora le toca el turno a la Norma Foral聽 46/1989 del Territorio Hist贸rico de 脕lava,聽del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana a trav茅s de la sentencia del Tribunal Constitucional de 1 de marzo de 2017.

El principio comunitario de igualdad de trato no se opone a que el suministro de libros por v铆a electr贸nica no se beneficie de la aplicaci贸n del tipo reducido de IVA

Por fin se dicta sentencia en este procedimiento tan medi谩tico, en el que el Tribunal de Justicia de la Uni贸n ha confirmado la validez de la Directiva del Impuesto sobre el Valor A帽adido.

De conformidad con la Directiva 2006/112 del Consejo, de 28 de noviembre de 2006 (en lo sucesivo, 芦Directiva del IVA禄),1 los Estados miembros pueden aplicar un tipo reducido del Impuesto sobre el Valor A帽adido (en lo sucesivo, 芦IVA禄)2 a las publicaciones impresas como libros, peri贸dicos y revistas.3 Por el contrario, las publicaciones digitales deben someterse al tipo impositivo normal, con excepci贸n de los libros digitales suministrados mediante un soporte f铆sico como, por ejemplo, un CD-ROM 鈥揳s铆, cabe aplicar un tipo reducido de IVA a los libros digitales; por el contrario, si se transmiten mediante descarga o por streaming, se aplica el tipo impositivo normal. En cambio, en el caso de peri贸dicos y revistas digitales se aplica siempre el tipo impositivo normal, con independencia de c贸mo se suministren-.

El desembolso efectivo de la cantidad a reinvertir, a煤n sin t铆tulo ni modo, consolida la exenci贸n por reinversi贸n

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha publicado en estos d铆as la sentencia de 聽5 de diciembre de 2016, que trae a colaci贸n otra anterior del mismo Tribunal 鈥搒entencia de 11 de febrero de 2015, y juntas conforman un peque帽o cuerpo de doctrina de notable inter茅s por su marcado car谩cter pro contribuyente.

La cuesti贸n a debate es la de si sirve para disfrutar de la exenci贸n por reinversi贸n de la vivienda habitual la reinversi贸n econ贸mica de las cantidades que est谩 comprometido a abonar el contribuyente por su nueva vivienda habitual -en construcci贸n-, con independencia de si adquiere en el plazo de los dos a帽os de que dispone esa nueva vivienda, o se ve obligado a adquirirla con posterioridad, o si adem谩s es necesario que se produzca esa adquisici贸n.

Selecci贸n de jurisprudencia. Febrero 2017 (2.陋 quincena)聽

El Tribunal no pone en duda que la denegaci贸n expresa de la licencia de primera ocupaci贸n que afecta a una promoci贸n tendr谩 alg煤n grado de influencia sobre las ventas realizadas y documentadas mediante escritura privada de compraventa -aun cuando s贸lo lo sea porque el incumplimiento contractual es causa de resoluci贸n impl铆cita en todas las obligaciones rec铆procas, como lo son las que nacen de la compraventa-; ahora bien, tales consecuencias, derivan en todo caso de actos posteriores a las ventas mismas - desde luego, firmes, incondicionales y perfectas para la validez de los contratos-, que afectar谩n a la contabilizaci贸n y tributaci贸n de ejercicios posteriores, pero que no autorizan a modificar la contabilizaci贸n, correctamente establecida, en sus aspectos contables y fiscales, de las anotaciones efectuadas en el momento de la entrega material, de conformidad con los datos entonces disponibles y en cumplimiento estricto de la norma de valoraci贸n 18陋 de las Normas de adaptaci贸n al PGC de las empresas inmobiliarias.

(Tribunal Supremo, de 14 de febrero de 2017, recurso n.潞 484/2016)

No puede obstar a la existencia de una declaraci贸n de voluntad de la Administraci贸n, conscientemente expresada, ni la falta de motivaci贸n del informe de la Inspecci贸n -cuyas razones para considerar procedente la exenci贸n no son dadas a conocer- ni tampoco la aparente salvedad de que los requisitos聽se entienden formalmente cumplidos聽, en expresi贸n del informe -pues no es f谩cil alcanzar a comprender qu茅 significar铆a, a falta de toda explicaci贸n, en qu茅 podr铆a consistir el cumplimiento formal, en sentido de no sustantivo, del requisito de que la sociedad matriz tuviera por objeto la direcci贸n y gesti贸n de la sociedad filial-. A falta de concreci贸n, no se puede adivinar en qu茅 consiste el cumplimiento formal de los requisitos y en qu茅 medida ese adverbio abrir铆a la posibilidad de ulteriores comprobaciones sobre el mismo objeto.

(Tribunal Supremo, de 24 de enero de 2017, recurso n.潞 2963/2015)

El tr谩mite de audiencia que la jurisprudencia reclama en el supuesto de reintegro de ayudas de Estado declaradas ilegales no puede ser suplido por actuaciones y contactos informales con asesores de la sociedad recurrente; en efecto, tanto desde la perspectiva del Derecho Europeo como del Derecho interno es necesario aplicar un procedimiento que cumpla con las exigencias de dicho tr谩mite en el que pueda ejercitarse con plenitud el derecho a formular alegaciones.

(Tribunal Supremo, de 25 de enero de 2017, recurso n.潞 2432/2015)

En el procedimiento de autos la Administraci贸n tributaria abri贸 diferentes procedimientos de comprobaci贸n limitada en referencia al IVA de los pagos anticipados derivados de una operaci贸n de compraventa sobre una finca de los cuales, tan s贸lo uno termin贸 con resoluci贸n expresa, neg谩ndole el TEAC la preclusividad consagrada en el art. 140 Ley 58/2003 (LGT) al considerar que los dem谩s terminaron por caducidad, no estando impedida la Administraci贸n -en su opini贸n- para volver a comprobar. Sin embargo, la Audiencia Nacional sale al paso se帽alando que la propia existencia de la resoluci贸n niega de ra铆z tan posibilidad, con independencia de que los otros procedimientos terminaran sin intervenci贸n administrativa.

(Audiencia Nacional, de 30 de enero de 2017, recurso n.潞 493/2015)

Si tenemos en cuenta que el pago se encuentra probado, que el ingreso por dicho pago fue declarado a la Hacienda p煤blica, y que la negativa a la deducci贸n se debi贸 a la falta de prueba del origen del pago, no procede concluir que concurra el elemento de dolo o negligencia. Y es que, en un comportamiento que viene definido por una omisi贸n de prueba del origen del pago, pero que se basa en la existencia del mismo y su documentaci贸n, y que, adem谩s, origin贸 tributaci贸n en el receptor, no puede haber infracci贸n tributaria.

(Audiencia Nacional, de 14 de noviembre de 2016, recurso n.潞 545/2014)

No procede aplicarla cuando sin haberse incluido en la declaraci贸n se insta a ello a la Inspecci贸n en el curso de una actuaci贸n inspectora. En el caso de compra de derechos sobre supones de bonos brasile帽os en los que al dar de baja los t铆tulos se genera una p茅rdida elevada no cabe aplicar la exenci贸n del art. 11.4.b) del Convenio con Brasil porque el generador del importe cobrado no es el Estado brasile帽o, sino la entidad que cede el cup贸n. Hay abuso de Derecho y no econom铆a de opci贸n, que tiene como l铆mite la artificiosidad del negocio jur铆dico.

(Audiencia Nacional, de 10 de noviembre de 2016, recurso n.潞 574/2014)

Las devoluciones acordadas por la Administraci贸n como consecuencia de las comprobaciones tributarias que realice y que excedan de las solicitadas por el obligado tributario devengan intereses de demora. Se consideran devoluciones derivadas de ingresos indebidos y, por tanto, se liquidan desde que el sujeto present贸 la declaraci贸n, aunque no se solicitasen en ese momento. Las retenciones y pagos fraccionados dejan de ser debidos a partir del momento en que se presenta la autoliquidaci贸n.

(Audiencia Nacional, de 28 de octubre de 2016, recurso n.潞 514/2014)

Esta Sala no admite la legitimaci贸n procesal basada en el mero hecho de la asunci贸n contractual de la obligaci贸n de pago del impuesto, pues los convenios entre particulares sobre tal cuesti贸n solo producir谩n efectos entre ellos mismos, pudiendo hacerlos valer en el 谩mbito civil. En este caso, la interesada conforme a la escritura de liquidaci贸n de gananciales es la obligada al pago del IIVTNU. La Administraci贸n, conforme al criterio de la STS de 13 de mayo de 2010, en recurso de casaci贸n para unificaci贸n de la doctrina n潞 296/2005 (NFJ038990), entiende que pese a la existencia de cualquier pacto inter privatos, deber谩 seguir exigiendo el tributo a quien sea sujeto pasivo de acuerdo con la ley y este ser谩 el constre帽ido a su ingreso y al cumplimiento del resto de las prestaciones materiales y formales que integran la obligaci贸n tributaria. No podr谩, pues, alegar o excepcionar que un tercero ha asumido tal obligaci贸n por convenio con 茅l concertado y, correlativamente, no podr谩 tampoco ese tercero subrogarse en la posici贸n del sujeto pasivo frente a la Administraci贸n. A lo sumo, y en su caso, el tercero podr铆a, en el 谩mbito de la jurisdicci贸n civil, formular la oportuna reclamaci贸n frente al sujeto pasivo con el que hubiere convenido la asunci贸n de contingencias fiscales si es que estimara haber pagado a la Administraci贸n indebidamente [Vid, en sentido contrario STSJ de Madrid de 22 de diciembre de 2015, recurso n.潞 155/2015].

(Tribunal Superior de Justicia de Andaluc铆a (Sede en Granada), de 21 de noviembre de 2016, recurso n.潞 673/2016)

La Sala concluye al igual que el Magistrado de instancia que la Administraci贸n act煤a conforme a Derecho cuando no reconoce a los Ingenieros T茅cnicos Industriales la competencia general que exige la valoraci贸n de bienes en el procedimiento de gesti贸n tributaria, pues la ley no les habilita profesionalmente para proyectar y ejecutar la construcci贸n de edificaciones en general, ni consecuentemente, valorarlas, por lo que procede confirmar la resoluci贸n recurrida que deniega el acceso al sorteo para actuar como peritos terceros en expedientes de tasaci贸n pericial contradictoria, seguidos para fijar el valor real de bienes inmuebles en la liquidaci贸n de los ITP y AJD e ISD.

(Tribunal Superior de Justicia de Andaluc铆a (Sede en Granada), de 21 de noviembre de 2016, recurso n.潞 492/2015)

El Supremo confirma el valor en juicio de la prueba obtenida il铆citamente, no por los aparatos del Estado, sino por un tercero

La Sala II del Tribunal Supremo ha aceptado como prueba v谩lida la "lista Falciani" en la primera sentencia en que se pronuncia sobre el uso de esos datos para fundar una condena por delito fiscal en Espa帽a. El alto tribunal confirma 6 a帽os de c谩rcel por dos delitos contra la Hacienda P煤blica para un espa帽ol que hab铆a ocultado m谩s de聽5 millones de euros en cuentas bancarias suizas -su nombre y cuentas figuraban, junto a la de m谩s de 500 contribuyentes espa帽oles, en los documentos sustra铆dos por el exempleado del banco suizo HSBC Herv茅 Falciani, que dieron origen a la inspecci贸n de la Agencia Tributaria espa帽ola, donde llegaron remitidos por las autoridades francesas-.

Ni carecer de NIF-IVA, ni constar en el registro de operadores intracomunitarios o en el sistema VIES pueden privar a quien realiza una actividad econ贸mica del cr茅dito de IVA

De nuevo nos llega de manos del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea, a trav茅s de su sentencia de 9 de febrero de 2017, otra importante sentencia con un marcado contenido pro contribuyente.

En esta ocasi贸n los hechos nos sit煤an en el entorno de las entregas intracomunitarias de bienes -鈥渆ntregas de bienes expedidos o transportados, fuera de su territorio respectivo pero dentro de la Comunidad, por el vendedor, por el adquiriente o por cuenta de ellos, efectuadas para otro sujeto pasivo, o para una persona jur铆dica que no sea sujeto pasivo, actuando en su condici贸n de tal en un Estado miembro distinto del de partida de la expedici贸n o del transporte de los bienes鈥 [art. 138.1 Directiva 2006/112/CE del Consejo (Sistema Com煤n del IVA)]-, operaciones exentas del Impuesto del Valor A帽adido.

Declarado inconstitucional el sometimiento a la "plusval铆a municipal" de los terrenos transmitidos con p茅rdidas

El pasado 17 de febrero de 2017 se hizo p煤blico un聽comunicado聽del聽Tribunal Constitucional聽en el que se anunciaba el dictado de su聽sentencia de 16 de febrero de 2017, que finalmente se public贸 el 25 de marzo de 2017, pronunciamiento聽muy esperado por la opini贸n p煤blica sobre la tributaci贸n por el Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana de las operaciones en las que el terreno transmitido ha generado una p茅rdida de valor en el patrimonio del transmitente.

La exenci贸n de la Iglesia Cat贸lica en el ICIO como ayuda de Estado: una cuesti贸n a an谩lisis en el TJUE

El Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea ha publicado un comunicado de prensa a costa de las conclusiones presentadas por el Abogado General en el procedimiento que se est谩 dirimiendo ante 茅l sobre la eventual consideraci贸n de ayuda de Estado de las exenciones fiscales de la Iglesia Cat贸lica en Espa帽a -el procedimiento gira entorno al ICIO; sin embargo, a costa de 茅l se analiza la naturaleza jur铆dica de la exenci贸n subjetiva a favor de la Iglesia Cat贸lica en general, en el entorno del ordenamiento jur铆dico de la Uni贸n Europea-.

Seg煤n destaca, y conocemos bien dentro de nuestras fronteras, un Acuerdo entre Espa帽a y el Vaticano de la 茅poca anterior a la adhesi贸n de Espa帽a a la UE -el Acuerdo con la Santa Sede de 3 de enero de 1979 sobre asuntos econ贸micos - establece diversas exenciones fiscales en favor de la Iglesia Cat贸lica. Invocando dicho Acuerdo, la Iglesia Cat贸lica solicita en el presente asunto, en su condici贸n de entidad responsable de un colegio religioso cerca de Madrid, la devoluci贸n de un impuesto municipal -el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, ICIO- por importe de m谩s de 23.000 euros que tuvo que abonar con motivo de unas obras realizadas en el edificio del colegio, edificio que utiliza fundamentalmente para impartir ense帽anza obligatoria, equivalente a la ense帽anza que se imparte en colegios p煤blicos, cuya mayor parte se financia con cargo a fondos p煤blicos. Ahora bien, tambi茅n utiliza el edificio para impartir formaci贸n voluntaria, por la cual cobra contribuciones escolares.

Selecci贸n de jurisprudencia. Febrero 2017 (1陋 quincena)

El mero hecho de que un no residente haya percibido unos ingresos en el territorio del Estado miembro donde ejerce su actividad en condiciones m谩s o menos similares a las de los residentes de dicho Estado no basta para hacer que su situaci贸n sea objetivamente comparable a la de estos 煤ltimos, sino que es preciso adem谩s que, debido a la obtenci贸n por ese no residente de lo esencial de sus ingresos fuera del territorio de su Estado miembro de residencia, este Estado no pueda concederle las ventajas resultantes de la toma en consideraci贸n de todos sus ingresos y de su situaci贸n personal y familiar. Por todo ello, el art. 49聽del Tratado de Funcionamiento de la UE debe interpretarse en el sentido de que proh铆be que un Estado miembro cuya legislaci贸n tributaria permite la deducci贸n de los 芦rendimientos negativos禄 correspondientes a una vivienda deniegue esta deducci贸n a un trabajador por cuenta propia no residente cuando 茅ste percibe en el territorio de este Estado miembro el 60% de sus ingresos totales y no percibe en el territorio del Estado miembro donde se encuentra su vivienda ingresos que le permitan invocar all铆 un derecho a deducci贸n equivalente, prohibici贸n que聽 se aplica a todo Estado miembro de actividad en cuyo territorio perciba el trabajador por cuenta propia ingresos que le permitan invocar all铆 un derecho a deducci贸n equivalente, en proporci贸n a la parte de estos ingresos percibida en el territorio de cada uno de los Estados miembros de actividad.

(Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea, de 9 de febrero de 2017, asunto n潞 C-283/15)

Las liquidaciones provisionales pueden ser modificadas o integradas por una liquidaci贸n posterior, al contrario de lo que sucede con una liquidaci贸n definitiva. As铆, la liquidaci贸n derivada de un procedimiento de verificaci贸n de datos 鈥揷omo en el caso de autos-, en caso de producirse nuevos hechos o circunstancias, podr铆a desde luego rectificarse, pero tambi茅n cabe "sustituirla" por una nueva liquidaci贸n que sin afectar al elemento comprobado afecte a otro u otros. Por tanto, resulta correcto -tal y como ha sucedido en el presente caso-, que la liquidaci贸n provisional resultante de un procedimiento de verificaci贸n de datos, pueda ser "sustituida" por la posterior liquidaci贸n derivada de un procedimiento de rectificaci贸n de la autoliquidaci贸n, integrando aquella en la nueva. De todo ello, se desprende que caben sucesivas liquidaciones provisionales sobre una concreta obligaci贸n tributaria, viniendo la posterior a modificar o integrar a la anterior y a "sustituirla". Y cabr铆a tambi茅n, que la anterior liquidaci贸n se hubiera ejecutado, por lo que la posterior liquidaci贸n provisional o, en su caso, definitiva "sustituir铆a" a aquella teniendo necesariamente en cuenta a efectos de su confecci贸n las consecuencias derivadas de dicho cumplimiento, bien para su modificaci贸n en caso de incidir sobre el elemento determinante de aquella liquidaci贸n anterior, bien mediante su integraci贸n teniendo en cuenta, en su caso, el ingreso ya realizado, como sucede en este caso.

(Tribunal Supremo, de 31 de enero de 2017, recurso n.潞 3972/2015)

La sentencia del Supremo repasa el conflicto en la aplicaci贸n de la norma que tiene lugar en sede de los Tribunales Superiores de Justicia que, a partes iguales, reconocen y niegan el derecho a la aplicaci贸n de los correspondientes beneficios fiscales cuando no se dispone, en el momento del devengo del Impuesto -la elevaci贸n de la escritura p煤blica-, de la calificaci贸n de la explotaci贸n como prioritaria. Dirime la cuesti贸n el Alto Tribunal, decant谩ndose por que la calificaci贸n debe ser previa a la operaci贸n, entendi茅ndose que la misma no deriva de ella y que puede adquirirse con posterioridad.

(Tribunal Supremo, de 19 de enero de 2017, recurso n.潞 3676/2015)

Una vez m谩s la Audiencia Nacional nos brinda un argumento en aras de defensa de la buena fe de los contribuyentes, se帽alando que el hecho de que exista una unidad de criterio en la actuaci贸n de la Administraci贸n Tributaria en relaci贸n con un tipo de operaciones, y que la doctrina administrativa al respecto sea sobradamente conocida, no empece para que el sujeto pasivo pueda leg铆timamente discrepar de la misma por entender m谩s acertada jur铆dicamente otra distinta, sin que por ello deba ser ineludiblemente sancionado. A la vista est谩, una muy 煤til argumentaci贸n a tener presente frente a eventuales procedimientos sancionadores.

(Audiencia Nacional, de 7 de diciembre de 2016, recurso n.潞 299/2013)

La falta de aceptaci贸n por parte del interesado de la valoraci贸n previa comunicada por la Administraci贸n no conlleva que 茅sta se desvincule de la referida valoraci贸n, de tal manera que dicha informaci贸n no impedir谩 la posterior comprobaci贸n administrativa de los elementos de hecho y circunstancias manifestados por el obligado tributario cuando el sujeto pasivo o, en su caso, el solicitante no hayan expuesto de manera veraz los elementos de hecho y las circunstancias comunicadas a la Administraci贸n si bien, en ese caso deber谩 atenerse en principio al importe de la valoraci贸n que ella misma comunic贸 a la actora.

(Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 24 de noviembre de 2016, recurso n.潞 580/2015)

No apareciendo Orden Ministerial aplicable el modelo concreto del veh铆culo adquirido, la Administraci贸n acudi贸 a otro veh铆culo, de la misma marca pero no del mismo modelo sino a uno similar. Pues bien, a juicio del Tribunal, la Administraci贸n debi贸 acudir a otro m茅todo de valoraci贸n dado que el de precios medios recogidos en la Orden Ministerial resultaba inaplicable al no aparecer el litigioso entre los veh铆culos que en ella se valoran. La Administraci贸n tributaria no puede alegar que la actora ha incumplido con las normas de la carga de la prueba que imponen al administrado la necesidad de desvirtuar los informes y pericias llevadas a cabo por el t茅cnico de la Administraci贸n, y ello por la sencilla raz贸n de que no obra en el expediente administrativo ninguna pericial efectuada por el personal de la Administraci贸n tributaria tendente a valorar concretamente el modelo adquirido. Para que la interesada viniera obligada a proponer una contraprueba en relaci贸n a la valoraci贸n del veh铆culo, la Administraci贸n deb铆a haber realizado antes una valoraci贸n pericial del mismo dado que, insistimos, el veh铆culo en cuesti贸n no se encuentra incluido en la Orden Ministerial.

(Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 4 de noviembre de 2016, recurso n.潞 328/2015)

Se aprecia un atisbo de desviaci贸n de poder en el inicio de actuaciones inspectoras, esto es, la selecci贸n de los obligados tributarios fue individualizada, lo que determina la anulaci贸n de los acuerdos de liquidaci贸n y sancionador. Esto es as铆 por el pertinaz prop贸sito de presentar unas actuaciones como realizadas en fechas que no se corresponden con la realidad. Se dictaron hasta tres comunicaciones de inicio y el procedimiento se inici贸 de oficio sin orden de carga en plan puesto que esta orden ten铆a por fecha un d铆a posterior al acuerdo de inicio; adem谩s, no era posible la subsanaci贸n de ese defecto mediante el acto de liquidaci贸n dictado por el Jefe de la Dependencia de Gesti贸n, precisamente por ese atisbo de arbitrariedad y por un comportamiento contradictorio e inmotivado en el rechazo de la causa de recusaci贸n del actuario con el representante de la entidad.

(Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le贸n (Sede en Valladolid), de 2 de noviembre de 2016, recurso n.潞 338/2015)

Si el procedimiento inspector se inicia con posterioridad al acto de supuesta colaboraci贸n para una enajenaci贸n u ocultaci贸n de bienes que eludan el pago de la deuda tributaria, en este caso, la donaci贸n de bienes, no existe responsabilidad solidaria alguna, cualquiera que sea la fecha del devengo del tributo. As铆 lo ha declarado el Tribunal Superior de Justicia de Las Islas Canarias, puesto que una deuda tributaria s贸lo existe cuando se ha determinado una cantidad a ingresar.

(Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Sede en Las Palmas), de 13 de septiembre de 2016, recurso n.潞 151/2014)

No se puede entender una equiparaci贸n entre la anualidad por聽alimentos聽a los hijos que menciona el art. 75 Ley 35/2006 (Ley IRPF) y los destinados estrictamente al sustento de los hijos, toda vez que aquel concepto engloba los gastos m茅dicos, de transporte, vestuario, material escolar o deportivo, y cualesquiera otros gastos indispensables para atender al sostenimiento y educaci贸n de los descendientes.

(Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 30 de enero de 2017, recurso n.潞 498/2015)

Una vez m谩s sale a la palestra una sentencia en materia de responsabilidad contractual del asesor fiscal respecto de sus clientes. Es el caso del abogado de turno en esta sentencia, quien descuid贸 hasta el extremo su deber de diligencia a la hora de atender los diferentes requerimientos u oportunidades procesales puestos a disposici贸n de su cliente, argumentando tarde y mal su raz贸n de ser, demostrando con ello un desconocimiento de las m谩s elementales normas en materia de procedimiento administrativo, inteligibles para quien incluso no lo es.

(Audiencia Provincial de Madrid, de 14 de noviembre de 2016, recurso n.潞 527/2016)

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