Jurisprudencia

A pesar de que la persecución del fraude es uno de los máximos objetivos de la Unión Europea, los principios del Derecho de la Unión, y el de legalidad en concreto, están por encima de cualquier tipo de actuación

Esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 17 de enero de 2019, es todo un recordatorio de los principios básicos que constituyeron lo que hoy es la Unión Europea, el de legalidad, que sigue siendo uno de los pilares que la mantienen y aseguran su existencia en el futuro.

Comienza el Tribunal señalando que si bien las sanciones y los procedimientos administrativos o penales que los Estados miembros establecen para luchar contra las infracciones de las normas armonizadas en materia de IVA pertenecen al ámbito de su autonomía procesal e institucional, dicha autonomía está limitada, además de por el principio de proporcionalidad y por el principio de equivalencia, cuya aplicación no se cuestiona en el presente asunto, por el principio de efectividad, que impone la exigencia de que dichas sanciones sean de carácter efectivo y disuasorio.

La norma común obliga a comunicar salvo que la contraparte no esté sometida al IS, luego sólo cabe acudir a los principios constitucionales para salvar la situación

El auto del Tribunal Supremo de 21 de noviembre de 2018 pone de manifiesto una cuestión extremadamente interesante que tiene que ver con el entendimiento entre Administraciones tributarias por razón de operaciones vinculadas que se realizan entre sociedades que tributan a la Hacienda común y foral.

Innegable es que cuanto más fluidas sean las relaciones, mejor resultado proporcionará a su entendimiento y al correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes afectados en sus relaciones económicas con ambas Administraciones.

• El TJUE delimita restrictivamente el acceso a los datos de renta de los empleados de los solicitantes del estatuto de operador económico autorizado
• La exención de la transmisión de la vivienda habitual por mayores de 65 años exige residencia durante 3 años y titularidad
• La comparación de los valores a efectos de comprobación de las CC.AA. respecto de las transmisiones de inmuebles es prueba válida de la disminución de los terrenos
• La vinculación de la base imponible del ICIO al presupuesto de la obra exige inexcusablemente la comprobación administrativa
• La nulidad del gravamen sobre la transmisión de terrenos con pérdida de valor también es aplicable a las transmisiones mortis causa
• Recurso extraordinario de revisión por aparición de documentos de valor esencial. Valor de las sentencias penales
• El reconocimiento de la situación de dependencia no sirve para acreditar la condición de minusválido a efectos del IRPF
• Subsanar una escritura de donación para consignar el origen del dinero no supone considerar que cuando se donó no se cumplían los requisitos para la bonificación de la operación
• Que el empleado de una entidad de arrendamiento adquiera gratuitamente participaciones que le hagan poseer más del 50% impide su consideración como tal a efectos del ISD
• Modificar la estructura de un inmueble supone crear un nuevo elemento que puede ser considerado activo fijo nuevo a efectos de aplicar la libertad de amortización

Aun suponiendo que dicha exención introduzca una diferenciación entre empresas que se encuentran en situaciones fácticas y jurídicas comparables, dicha diferenciación está justificada, por lo que no puede ser calificada como ayuda de Estado

Según la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de diciembre de 2018, la exención controvertida pretendía aportar una corrección a efectos de evitar una tributación considerada excesiva; en efecto, el hecho de gravar las transmisiones inmobiliarias resultantes de operaciones de modificación estructural llevadas a cabo en el seno de un grupo de sociedades que se caracteriza por una participación en el capital de un nivel particularmente elevado -del 95 % como mínimo-, se considera excesivo en casos como éste en la medida en que, en virtud la propia norma en la que se regula, la transmisión de los inmuebles ya está, en principio, sujeta al impuesto «a la entrada» -es decir, en el momento en que la sociedad propietaria de dicho inmueble se integra en ese grupo de sociedades-. Así las cosas, si posteriormente la transmisión del inmueble se gravase de nuevo a raíz de una operación de modificación estructural efectuada en el seno de ese grupo -en particular, como en el presente asunto, a raíz de una fusión por absorción de la filial participada al 100 %, propietaria del mismo inmueble-, se produciría una doble imposición de la misma operación de transmisión del inmueble en cuestión -esto es, primero, cuando se produce la transmisión de propiedad correspondiente a la adquisición, por parte de la sociedad dominante, de al menos un 95 % del capital o del patrimonio social de la sociedad dependiente, y, segundo, cuando se lleva a cabo la operación de modificación estructural consistente, en el presente asunto, en la fusión por absorción de esa sociedad por parte de la sociedad dominante-. En cambio, esa doble imposición está excluida en el supuesto de una operación de modificación estructural en la que estén implicadas dos sociedades vinculadas por una relación de participación inferior al 95 %: en tal caso, la adquisición por parte de la sociedad dominante de una participación inferior al 95 % del capital o del patrimonio social de la sociedad dependiente no está sujeta al impuesto en virtud de la citada ley, y, al mismo tiempo, la operación de modificación estructural que se produjese posteriormente entre estas dos sociedades no disfrutaría de la exención que se establece en su articulado.

La cuestión viene a costa de la modificación del concepto de establecimiento permanente del Convenio con Suiza para adaptarlo a un Modelo de Convenio posterior que lo hizo aconsejable, y su eventual aplicación a un supuesto de hecho anterior

Ese es el resumen del auto de Tribunal Supremo de 28 de noviembre de 2018 que destacamos en esta ocasión.

• El arrendamiento de un inmueble con todos los bienes necesarios para ser explotado no es una transmisión de empresa no sujeta a IVA
• No permitir la deducción de las aportaciones obligatorias a las mutualidades de la abogacía es anticomunitario
• El Supremo analizará si las libertades comunitarias protegen a determinados contribuyentes extracomunitarios de los beneficios del ISD
• El Supremo aclarará si la SAREB es responsable por afección de bienes del IBI de los inmuebles cuyos préstamos le han sido transmitidos
• ¿Es posible aplicar selectivamente el régimen de neutralidad fiscal respecto de concretos activos comprendidos en una operación única de escisión parcial financiera?
• Se fijará jurisprudencia sobre la prescripción de las donaciones hechas por transferencia en las que sólo consta el apunte bancario
• ¿Es posible que la amortización de los préstamos multidivisa genere rentas del ejercicio y no del ahorro?
• El IVA soportado no deducible por modificación del porcentaje de prorrata es un mayor gasto deducible en el IS
• Tributación de los dividendos recibidos por una sociedad patrimonial de otra patrimonial
• Los gastos de urbanización del terreno engrosan el valor de adquisición del terreno a efectos de la plusvalía (IIVTNU)

Los contratos de joint venture no ensombrecen la personalidad jurídica de la empleadora que, tan sólo, actúa en unión con otras

La sentencia de 11 de septiembre de 2018 del Tribunal de Justicia de Castilla y León, aborda dentro del entorno de la exención del IRPF por obtención de rendimientos del trabajo en el extranjero, la personalidad jurídica de los acuerdos de joint venture, pieza angular que utiliza para negar el acceso a la exención a los citados rendimientos.

En la práctica empresarial de las grandes obras públicas es habitual concertar este tipo de acuerdos con el fin de acometer la extensa magnitud de los mismos entre varias empresas, cada una de las cuales aporta sus medios (incluidos los humanos), y asumir los riesgos en común, en vez de utilizar otras fórmulas de gestión empresarial.

La Audiencia Nacional en tres sentencias de octubre de 2018 ha analizado el efecto que comporta la anulación del PGOU en la valoración del inmueble y los defectos en la tramitación del procedimiento de subsanación de discrepancias.

El pasado mes, la Audiencia Nacional publicó tres sentencias en las que se trataban distintos aspectos relacionados con las valoraciones catastrales.

La primera de ellas, de 29 de octubre de 2018, concreta los efectos de la nulidad del PGOU de Marbella mediante dos pronunciamientos del Tribunal Supremo. La recurrente plantea la posibilidad de que dichos pronunciamientos arrastren la ponencia de valores posterior. Sin embargo, el único efecto que comporta la anulación del PGOU es que «recobra su vigencia la ordenación urbanística preexistente». El PGOU se aprobó por Resolución de la Dirección General de Urbanismo y la Ponencia de Valores por resolución del Director General del Catastro (Ministerio de Economía y Hacienda), por tanto, si ésta se ha redactado y elaborado atendiendo al marco normativo de aplicación y cumpliendo la totalidad de los trámites legalmente establecidos no cabe acoger que sobre la misma se comunique el efecto anulatorio del PGOU. Sobre este particular el acto administrativo impugnado detalla pormenorizadamente el cumplimiento de los trámites formales legalmente establecidos, así como la sujeción a lo dispuesto en el RDLeg 1/2004 (TR Ley del Catastro Inmobiliario), y a los criterios de coordinación establecidos por la Comisión Superior de Coordinación Inmobiliaria, sin que la parte actora individualice motivo impugnatorio alguno frente a la Ponencia de Valores.

• La estabilidad en el suministro de electricidad en el territorio de un Estado miembro no justifica el establecimiento de un tributo que grava su exportación
• Si el periodo transcurrido entre transmisiones supera el máximo legal de 20 años es obvio que ha habido plusvalía
• No cabe poner en entredicho el método de cálculo del IIVTNU basado en el valor catastral sin acompañar prueba que acredite el error de cálculo al que conduce
• El coste de la adaptación a las obligaciones de información de los intermediarios en la cesión de uso de viviendas con fines turísticos no justifica la suspensión del art. 54 ter RGAT
• Suspensión automática de la sanción cuando se recurre ante la vía contenciosa la desestimación por silencio administrativo
• Los gastos de promoción de las empresas farmacéuticas son una práctica legal conforme a su normativa específica y, por tanto, son deducibles tanto en IS como IVA
• La responsabilidad solidaria por IVA no puede exigirse al adquirente de una operación si no hay ingreso ni deducción alguna y no se demuestra su complicidad
• No puede comprobarse la declaración conforme al criterio de la DGT, si se rectifica por el TEAC
• La exigencia de que la vivienda bonificada sea la habitual de toda la familia numerosa es ilegal
• No puede girarse el IBI si no se ha notificado el valor catastral aunque mediara una alteración no declarada por el contribuyente

• Vincular el pago del impuesto sobre los dividendos a la generación de beneficios solo a los residentes es anticomunitario
• No es anticomunitario combatir el IVA declarado que se desmarca de las estimaciones de la Administración para el sector con la aplicación de métodos indiciarios
• El Pleno del TS desvincula de trámites presupuestarios el día en que la Administración debe empezar a pagar los intereses de demora procesales
• No procede aplicar el coeficiente GB en la valoración catastral de un hospital, pues no se construyó para su comercialización
• Deducción por reinversión en la transmisión de una finca con contrato de arrendamiento de cosa futura
• Los gastos financieros del préstamo participativo a una entidad vinculada con patrimonio neto negativo no son deducibles en el IS
• No cabe dotar la provisión de cartera en el IS por la compensación de créditos en una entidad disuelta
• El valor escriturado bastaría, por lo general, para acreditar la inexistencia de incremento de valor en el IIVTNU
• Anulación de los índices de situación del IAE por falta de justificación
• Compensación de las bases imponibles negativas en el IS por el importe comprobado aunque ésta se encuentre impugnada