TSJ

La determinaci贸n del rendimiento real de la actividad econ贸mica en el IRPF es posible aunque no se lleve contabilidad, de cuya obligaci贸n est谩 exento quien tributa por m贸dulos

La aplicaci贸n de la modalidad de estimaci贸n objetiva por signos, 铆ndices o m贸dulos para la determinaci贸n del rendimiento neto nunca podr谩 dejar sin someter a gravamen los rendimientos reales de la actividad econ贸mica en el IRPF, dispone el art. 30.2 Norma Foral 10/2006 de Gipuzkoa (IRPF). El Tribunal Superior de Justicia del Pa铆s Vasco en esta sentencia rechaza el聽 planteamiento de una cuesti贸n de inconstitucionalidad de este precepto, puesto que el mismo no es contrario a los principios de seguridad jur铆dica e interdicci贸n de la arbitrariedad al posibilitar la determinaci贸n de los rendimientos por el sistema de m贸dulos, con la reserva y cautela, previamente conocida por quienes se atengan a 茅l, de que no excusar谩 el sometimiento a gravamen de los rendimientos reales, de forma que quien opte por dicho sistema si bien est谩 dispensado del cumplimiento de ciertas obligaciones formales de acuerdo con lo previsto por el art. 115.4 de esta Norma Foral (llevanza de libros y registros contables) y no ser谩 sancionado por su omisi贸n, no est谩 obligado a ello, y, sabiendo que en caso de comprobaci贸n o inspecci贸n habr谩 de tributar por los rendimientos reales, nada le impide adoptar las cautelas necesarias para acreditar la realidad de los rendimientos, esto es, llevar contabilidad.

Las actuaciones de comprobaci贸n e investigaci贸n y las de obtenci贸n de informaci贸n no son intercambiables

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla Le贸n, en sentencia de 2 de febrero de 2015, confirma que los requerimientos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones tributarias propias de la persona o entidad requerida no suponen, en ning煤n caso, el inicio de un procedimiento de comprobaci贸n o investigaci贸n.

En el presente caso, pese a que la Inspecci贸n de los tributos quiso iniciar, y desarroll贸 de facto, un procedimiento de comprobaci贸n e investigaci贸n, sin embargo, ocult贸 tales extremos al obligado tributario, quien inexplicablemente no fue informado ni del alcance del procedimiento -parcial sobre el IRPF- ni de su finalidad -verificar la existencia o no de estructura empresarial suficiente que pudiera justificar la facturaci贸n de los ejercicios a comprobar- ni de ninguno de los derechos anudados a aqu茅l, habi茅ndose prescindido total y absolutamente del previo procedimiento de inspecci贸n de comprobaci贸n e investigaci贸n que, en teor铆a, sirvi贸 de base al ulterior procedimiento sancionador objeto de este recurso cuya anulaci贸n deviene insoslayable.

La optimizaci贸n fiscal que supone el nuevo concepto del negocio de asesor铆a carece de ilicitud

En estos 煤ltimos d铆as se han publicado varias sentencias -con id茅ntico contenido- del Tribunal Superior de Justicia de la Regi贸n de Murcia, de las cuales la 煤ltima es de 26 de enero de 2015, que contienen unos interesant铆simos postulados en lo que tiene que ver con la tributaci贸n de las sociedades de profesionales, tema del que ya han corrido muchos r铆os de tinta, pero respecto del que a煤n no se ha llegado a acuerdo.

Pues bien, nos encontramos ante un conjunto de sentencias muy pro-contribuyente, hasta el punto de que part铆an de una declaraci贸n de simulaci贸n negocial por parte de la Administraci贸n tributaria que ha terminado, salvo recurso, en una declaraci贸n de licitud por parte del Tribunal Superior de Justicia.

Recargos del IBI sobre viviendas desocupadas

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de 16 de febrero de 2015, 聽anula la modificaci贸n en el la ordenanza fiscal del IBI de Oviedo, mediante al cual se establece un recargo del 50% del IBI a los pisos vac铆os, ya que es ilegal la exigencia de este recargo en tanto no se desarrollen las condiciones para aplicarlo por el Ayuntamiento. Contando con los posibles efectos perjudiciales y de aquellos otros que no coincidan con la finalidad extrafiscal perseguida con la creaci贸n del recargo se ha pospuesto en el tiempo el desarrollo reglamentario de las condiciones para su aplicaci贸n por la Administraci贸n del Estado.聽

Por el contrario, en una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Pa铆s Vasco, de 26 de noviembre de 2014, confirma la modificaci贸n de la ordenanza fiscal impugnada mediante la cual el Ayuntamiento de Ondarribia impon铆a un recargo sobre las viviendas no destinadas a la residencia habitual de sus propietarios o terceros. El establecimiento de este recargo es conforme al art. 14.5 de la Norma Foral 12/1989 de Gipuzkoa (IBI),聽 que establece que 鈥trat谩ndose de bienes inmuebles de uso residencial que no constituyan la residencia habitual del sujeto pasivo o de terceros por arrendamiento o cesi贸n de su uso los Ayuntamientos podr谩n exigir un recargo de hasta el 150 por 100 de la cuota l铆quida del Impuesto鈥 y聽 por tanto, los Ayuntamientos, dentro de los l铆mites marcados pueden establecerlo.

La equivocaci贸n del notario al consignar el plazo para presentar una liquidaci贸n vincula a la Administraci贸n

Como funcionario p煤blico que es, y por el acervo jur铆dico que se le supone 鈥揻orma parte de una de las m谩s altas instancias entre los aplicadores del Derecho-, la sentencia del Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha, de 13 de noviembre de 2014, entiende que la Administraci贸n queda vinculada por la consignaci贸n, err贸nea o no, del plazo para la presentaci贸n de liquidaciones ante el 贸rgano administrativo correspondiente en las escrituras p煤blicas, cual si se tratara de un acto administrativo con una indicaci贸n equivocada del plazo para recurrir.

La interposici贸n de un recurso de reposici贸n no suple la notificaci贸n defectuosa del valor catastral

El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, en su sentencia de 9 de julio de 2014, afirma que la falta de notificaci贸n individual de los valores catastrales resultantes de la nueva ponencia de valores provoca que esta nueva valoraci贸n no tenga efectividad y discrepando con聽 el criterio del TEAR en cuanto asimila la notificaci贸n individual con la interposici贸n de un recurso de reposici贸n nos recuerda que 聽para que la interposici贸n de un recurso supla la notificaci贸n defectuosa, es preciso que al menos haya notificaci贸n del texto 铆ntegro del acto y que la omisi贸n lo sea de alguno de los requisitos del art. 58.2 de la Ley 30/1992 (LRJAP y PAC), siendo necesario que el interesado tenga conocimiento del contenido y alcance de la resoluci贸n que impugna.

Efectos de la calificaci贸n urban铆stica de un terreno en el IBI

El Tribunal Superior de Justicia de Catalu帽a, en su sentencia de 5 de junio de 2014, nos dice que la consideraci贸n de una finca como suelo urbano, es competencia del Catastro Inmobiliario, sin que ni el Ayuntamiento, ni tampoco el Juzgado en la impugnaci贸n jurisdiccional de las liquidaciones por IBI, puedan entrar a pronunciarse sobre la misma.

No es posible impugnar la liquidaci贸n efectuada por el Ayuntamiento en base a argumentos de gesti贸n catastral, que deber谩 ser recurrida ante los Tribunales Econ贸mico-Administrativos del Estado.

La accesi贸n invertida en el ISD

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en su sentencia de 25 de junio de 2014, analiza la conformidad a derecho o no de la actuaci贸n del 贸rgano de gesti贸n tributaria al incluir en la masa hereditaria de la causante (abuela de la recurrente), la vivienda construida por esta y su esposo en la finca o terreno que le leg贸 su abuela en el testamento otorgado el d铆a 5 de mayo de 1992.

Reiteraci贸n de liquidaciones provisionales en un procedimiento de comprobaci贸n de valores

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla La-Mancha, en su sentencia de 17 de junio de 2014, resuelve el problema que se plantea relativo a la compatibilidad entre la facultad de comprobaci贸n de la Administraci贸n Tributaria y por otro lado a la evitaci贸n de situaciones susceptibles de merecer la consideraci贸n de abuso de derecho, por la reiteraci贸n en la falta de subsanaci贸n en los defectos que se puedan apreciar bien por en sede econ贸mico administrativa o bien en sede propiamente judicial.

Advertencia a la Administraci贸n: la devoluci贸n del c茅ntimo sanitario no est谩 sometida a l铆mites

La sentencia de 2 de junio de 2014 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, contiene una interesante argumentaci贸n entorno a la cuesti贸n de la devoluci贸n del c茅ntimo sanitario, cuesti贸n que, a la vista est谩, va a hacer correr a煤n muchos r铆os de tinta.

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