TS

No es posible cobrar tasas judiciales por los recursos de revisi贸n de sentencias firmes

El Tribunal Supremo, mediante auto de 4 de marzo de 2014, ha se帽alado que el recurso de revisi贸n de sentencias firmes, no cabe en el concepto general de procesos declarativos utilizado por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre en su art铆culo 2 a), para definir el hecho imponible de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, por la naturaleza extraordinaria y excepcional de dicho recurso, que viene determinada por la exigencia de un presupuesto esencial y a la vez excepcional como es la presencia de una resoluci贸n judicial firme dictada en un procedimiento anterior, es decir, dado que la tasa judicial es un tributo, su aplicaci贸n debe partir de un criterio de interpretaci贸n restrictiva de los supuestos constitutivos del hecho imponible, lo que afectara a todos los 贸rdenes jurisdiccionales.

La mera cesi贸n de las facultades del propietario basta para producir el devengo del IVA en las entregas de bienes. Asunci贸n del criterio comunitario en la materia

Acaba de hacerse p煤blica la sentencia del Tribunal Supremo, de 30 de enero de 2014, en la que se analiza la cuesti贸n del devengo de las entregas de bienes en el Impuesto sobre el Valor A帽adido, en operaciones en las que no coinciden la entrega de la posesi贸n y el otorgamiento del t铆tulo de adquisici贸n.

Recuerda el Tribunal Supremo algo incuestionable por su constante reiteraci贸n y es que en nuestro Derecho interno la transmisi贸n de la propiedad se produce con la conjunci贸n del t铆tulo y el modo (art. 1462 CC) de tal modo que, o tienen lugar ambas, o la transmisi贸n no se entiende producida.

La obtenci贸n de subvenciones invierte la carga de la prueba sobre el proyecto de I+D

La sentencia del Tribunal Supremo, de 12 de enero de 2014, dictada en recurso de casaci贸n para la unificaci贸n de doctrina, concluye que al abordar la concurrencia de la aplicaci贸n de la deducci贸n de I+D nos enfrentamos con conocimientos de car谩cter cient铆fico y t茅cnico en orden a determinar cu谩ndo estamos ante la novedad de un proyecto, producto o sistema, lo cual descansa sobre nociones que poseen un decisivo componente t茅cnico valorativo que, evidentemente, sobrepasa el 谩mbito de los conocimientos cient铆ficos o t茅cnicos que cabe presumir, en primer lugar, en los funcionarios de los servicios de Inspecci贸n, y despu茅s, en los encargados de las funciones de revisi贸n, con car谩cter general.

Legitimaci贸n de los antiguos administradores para recurrir contra resoluciones favorables a los intereses de la entidad: un excelente pronunciamiento de la AN frente a un equivocado planteamiento ante el TS

Hace unos d铆as ha sido publicitada la sentencia del Tribunal Supremo, de 9 de enero de 2014, cuyo tema a debate es el resumido en el t铆tulo anterior. Sin embargo es una sentencia sin otro contenido que no sea el resumen de la esencia del contenido de la sentencia de la Audiencia Nacional que ve en recurso.

No cabe aplicar la LEC al c贸mputo de los plazos por meses en el procedimiento de revisi贸n en v铆a administrativa

La sentencia del Tribunal Supremo, de 19 de diciembre de 2013, dictada en el entorno de un recurso de casaci贸n para la unificaci贸n de doctrina que se desestima, se帽ala que la doctrina de ese propio Tribunal que se invoca por parte de la entidad recurrente, conforme a la cual el art. 135 Ley 1/2000 (LEC) resulta aplicable al procedimiento contencioso-administrativo por virtud de la Disp. Final Primera de la Ley 29/1998 (LJCA), que reconoce la aplicaci贸n supletoria de la primera norma, no resulta aplicable a las reclamaciones econ贸mico-administrativas ni a los recursos de alzada que puedan interponerse contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los Tribunales Econ贸mico Administrativos Regionales, argumentando que en la Ley 58/2003 (LGT) no existe referencia parecida declarando la supletoriedad de la Ley de Enjuiciamiento Civil a las lagunas de regulaci贸n que se contengan en la misma.

El pr茅stamo participativo es una opci贸n legal m谩s all谩 de lo gravoso de su coste econ贸mico, y por ello, 茅ste es deducible

Un breve resumen para una sentencia harto interesante, la del Tribunal Supremo, de 12 de diciembre de 2013, sobre la deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades del coste financiero derivado de la suscripci贸n de pr茅stamos participativos.

Tal y como describe la sentencia recurrida [SAN, de 10 de junio de 2010, rec. n.潞 180/2007 -NFJ039173-], Los pr茅stamos participativos son aquellos en los que se percibe un inter茅s variable en funci贸n de la evoluci贸n de una serie de indicadores de la empresa prestataria, como pueden ser el beneficio o el volumen de ventas. Se caracterizan por tener vocaci贸n de permanencia y, de alg煤n modo, se configuran legalmente como algo situado entre la financiaci贸n propia y la ajena, y su capitalizaci贸n es un modo natural de amortizaci贸n. Se trata, pues, de un contrato mixto en el que confluyen las prestaciones del contrato de pr茅stamo y del contrato parciario, en el que el prestamista asume el riesgo de que la evoluci贸n econ贸mica-financiera del prestatario no sea buena鈥︹.

Perfeccionamiento de las compraventas: la puesta a disposici贸n del bien no exige su posesi贸n inmediata

Este es el juicio de valor que debemos extraer de la sentencia del Tribunal Supremo, de 29 de noviembre de 2013, dictada con el fin de resolver un litigio sobre el devengo del Impuesto sobre el Valor A帽adido en una operaci贸n de compraventa en la que se pacta que el vendedor se mantendr谩 en la posesi贸n pac铆fica del bien (las instalaciones fabriles en las que desarrolla su actividad) en tanto no est茅n disponibles sus nuevas instalaciones.

El Tribunal entiende, en contra de lo que postula la Administraci贸n General del Estado, -que en este caso act煤a como recurrente-, que la compraventa se ha perfeccionado, a pesar del pacto, en tanto que 鈥渘o se estipula que las fincas objeto de venta contin煤an en poder del vendedor, sino que se transmiten al comprador, quien asume la exclusiva responsabilidad, aunque concede a la vendedora la posesi贸n pacifica y gratuita durante el tiempo pactado鈥or lo que desde el otorgamiento de la misma, el comprador ten铆a el derecho de gozar y disponer a titulo de due帽o鈥.

Si un tercero deja de serlo, una operaci贸n societaria produce efectos antes de su inscripci贸n en el Registro

De todos es conocido que la jurisprudencia del Tribunal Supremo en los 煤ltimos a帽os se ha manifestado claramente en el sentido de considerar la inscripci贸n en el Registro Mercantil como constitutiva en cuanto a la producci贸n de efectos de las operaciones societarias (sentencias de 11 de abril de 2013, 21 de mayo de 2012, por ejemplo).

Pues bien, acaba de salir a la luz la sentencia de 15 de noviembre de 2013, en la que no se pone en entredicho ese car谩cter constitutivo de la inscripci贸n, pero s铆 se reconoce la producci贸n de efectos de la operaci贸n antes de su acceso al Registro respecto de quien deja de ser un tercero protegible, en el caso la Administraci贸n Tributaria, al ser informada expresamente de la realizaci贸n de la misma y de su acogimiento al r茅gimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores del Impuesto sobre Sociedades.

La compensaci贸n de bases negativas exige su justificaci贸n documental m谩s all谩 de la prescripci贸n

El Tribunal Supremo ha vuelto a publicar otra sentencia, de 14 de noviembre de 2013, 聽que incide en la idea de la comprobaci贸n retroactiva de la documentaci贸n que justifica la compensaci贸n de las bases imponibles negativas, m谩s all谩 de la prescripci贸n.

El planteamiento de la sentencia en esta ocasi贸n es el de que el precepto aplicable 鈥揺l art. 23.5 Ley 43/1995 (Ley IS), en su 煤ltima redacci贸n dada por Ley 24/2001- impone al obligado tributario la carga legal de acreditar la procedencia y cuant铆a de las bases imponibles negativas mediante la exhibici贸n de la liquidaci贸n o autoliquidaci贸n, la contabilidad y los oportunos soportes documentales en que se originaron, y ello cualquiera que sea al ejercicio en que se originaron, comprendiendo, por tanto tambi茅n, los ejercicios prescritos.

Que sea 茅l quien soporte el coste por ser el socio mayoritario no permite al administrador fijar sus retribuciones m谩s all谩 de los l铆mites de la norma

Acaba de salir publicada la sentencia del Tribunal Supremo, de 30 de octubre de 2013, que vuelve a reiterar el criterio jurisprudencial que ya puso de manifiesto en otra anterior de 26 de septiembre de 2013, publicada semanas atr谩s, sentencias ambas que ve铆an en recurso de casaci贸n, sendas sentencias dictadas en su d铆a por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (sentencias de 2 de junio de 2011 y 13 de mayo de 2011, respectivamente), que admitieron la deducibilidad de las retribuciones de los administradores de sociedades que estaban en el entorno empresarial de un conocido grupo de empresas del sector textil a pesar de que no se cumplieron con escrupulosidad los requisitos legales para ello.

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