Doctrina Administrativa

La aplicación de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la “teoría del conocimiento” en la denegación del derecho a la deducción y devolución del IVA en supuestos de fraude en la cadena de suministro, y el alcance del deber de diligencia del operador económico.

En cuanto al fondo del asunto de la resolución 9752/2022, de 16 de diciembre de 2025, del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), la regularización se fundamenta en la existencia de un esquema de fraude en el IVA en la comercialización de plata, articulado a través de una cadena de entidades que responde al patrón clásico del fraude carrusel o fraude intracomunitario.

El Tribunal describe una estructura en la que determinadas sociedades proveedoras, carentes de medios materiales y personales suficientes y con un comportamiento fiscal irregular, no ingresan el IVA repercutido, mientras que las sociedades situadas en fases posteriores de la cadena solicitan la deducción o devolución del impuesto soportado. El resultado final es la ausencia de ingreso efectivo del IVA en la Hacienda Pública, pese a haberse producido devoluciones de cuantía significativa.

Por ello, el TEAC anula el acuerdo sancionador pese a la confirmación de la regularización realizada por la Inspección Tributaria por operaciones vinculadas.

Uno de los aspectos más relevantes de la resolución RG 1902/2024, de 22 de mayo de 2025, del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), que analiza una regularización tributaria derivada de la valoración de determinadas operaciones vinculadas entre una persona física -representante y administrador- y sus sociedades, se produce en el análisis del régimen sancionador.

Ver análisis de la regularización por operaciones vinculadas.

El TEAC considera que la retribución regularizada por la Inspección Tributaria no remunera las funciones propias del cargo de administrador de las dos entidades de este caso, sino la prestación de servicios como representante de dichas sociedades.

La resolución RG 1902/2024, de 22 de mayo de 2025, del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) analiza una regularización tributaria derivada de la valoración de determinadas operaciones vinculadas entre una persona física (el obligado tributario) y las sociedades XZ y TW.

La segunda cuestión importante se analiza AQUÍ.

¿Aplicación del tipo impositivo reducido del 10% o del tipo general del 21% en los arrendamientos de viviendas que estén sujetos y no exentos por destinarse al subarrendamiento?

En la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central, RG 7484/2022, de 19 de junio de 2025, XZ SA presentó una reclamación contra los acuerdos de rectificación de autoliquidaciones de IVA efectuadas por NP SA y TW SA, argumentando que se aplicó incorrectamente el tipo impositivo general a las cuotas de arrendamiento financiero con opción de compra de un inmueble -edificio- integrado por viviendas y locales. Según XZ SA, correspondía aplicar el tipo reducido del 10% previsto en el art. 91.Uno.2.11.º de la Ley 37/1992, dado que parte del inmueble se destina a vivienda.

En este caso, el TEAC analiza el supuesto de un préstamo hipotecario que se destina a la adquisición de un inmueble situado en España, debiendo comprobar si constituye deuda deducible en el Impuesto sobre Scuesiones y Donaciones.

El texto de la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central, RG 6868/2024, de 27 de junio de 2025, examina dos cuestiones analizadas a continuación.

Deducibilidad de deuda pendiente de un préstamo hipotecario

Examina la deducibilidad de la deuda pendiente de un préstamo hipotecario en el ámbito del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, partiendo del marco normativo establecido en la Ley 29/1987. Se recuerda que el impuesto puede exigirse por obligación personal, cuando el contribuyente es residente en España, o por obligación real, cuando no lo es, en cuyo caso únicamente se someten a gravamen los bienes y derechos situados en territorio español. Esta distinción resulta esencial para determinar el alcance de la base imponible y la posible deducción de deudas.

Se analizan dos cuestiones por el TEAC: cálculo del importe neto de la cifra de negocios en grupos de sociedades a efectos de la exención en el Impuesto sobre Actividades Económicas y rechazo de la baja retroactiva en el IAE por falta de acreditación de la condición de entidad patrimonial y de la inexistencia de actividad económica.

La cuestión principal analizada en la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central RG 8251/2024, de 18 de septiembre de 2025 es si, a efectos de aplicar la exención del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) prevista en el art. 82.1.c) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el importe neto de la cifra de negocios debe calcularse de forma consolidada -eliminando las operaciones intragrupo- o de forma agregada, sumando la cifra de negocios de todas las entidades que integran el grupo.

La reclamante sostiene la primera opción, mientras que la Administración aplica la segunda.

La segunda cuestión analizada por el TEAC en la misma resolución es sobre la competencia de la AEAT para llevar a cabo una derivación de responsabilidad del art. 40.3 de la Ley General de Subvenciones en relación con el reintegro de una subvención concedida por la CCAA.

La resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central, RG 7522/2023, de 15 de octubre de 2025, examina un recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio interpuesto por la Directora del Departamento de Recaudación de la AEAT, en relación con la derivación de responsabilidad por el reintegro de una subvención concedida por la Comunidad Autónoma de Aragón. La controversia jurídica se articula en torno a dos cuestiones diferenciadas, que el Tribunal analiza de forma separada.

Se trata de una resolución del TEAC sobre la doctrina de la inaplicación parcial del régimen FEAC que permite neutralizar únicamente el efecto fiscal abusivo cuando efectivamente se produzca.

El Tribunal Económico-Administrativo Central debe pronunciarse en la resolución RG 5240/2022, de 24 de junio de 2025, sobre la conformidad a Derecho de una resolución del TEAR, centrada en determinar si la aportación no dineraria de participaciones sociales de la entidad XZ a la sociedad de nueva creación TW, realizada por los cónyuges, puede acogerse al Régimen Fiscal Especial de Fusiones, Escisiones, Aportaciones de Activos y Canje de Valores (FEAC) o si, por el contrario, resulta aplicable la cláusula antiabuso prevista en el art. 89.2 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Los hechos relevantes parten de la constitución en 2016 de la sociedad TW por los cónyuges, quienes aportaron la totalidad de sus participaciones en XZ junto con una pequeña aportación dineraria, acogiéndose al régimen FEAC. No obstante, no consta que la sociedad beneficiaria, TW, comunicara a la Administración Tributaria la aplicación del régimen especial en el plazo legalmente establecido, si bien dicha comunicación sí fue realizada individualmente por los socios personas físicas.

Procedencia del alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas por pérdida de la exención vinculada al importe neto de la cifra de negocios, al computarse la totalidad de las actividades económicas realizadas por el sujeto pasivo -incluidas operaciones puntuales como la transmisión de un solar- con independencia de que dichas operaciones no constituyan la actividad habitual o principal de la entidad ni se correspondan con el epígrafe concreto cuya inclusión censal se discute.

El recurso de alzada trae causa de la inclusión de oficio de la entidad LM, S.L. en el censo del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) para el ejercicio 2019, por entender la Administración que había perdido el derecho a la exención prevista en la normativa reguladora del impuesto. La entidad interpuso recurso frente a la resolución desestimatoria dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid, al considerar improcedente dicha inclusión.

Los hechos se inician con un requerimiento de información notificado por la AEAT en junio de 2020, en el que se advertía a la entidad de su posible obligación de presentar declaración de alta en el IAE, al constar que su importe neto de la cifra de negocios superaba el umbral de un millón de euros y no figuraba el correspondiente alta en la matrícula del impuesto. La Administración precisó que el alta censal en el modelo 036 no equivalía al alta en el IAE y concedió a la entidad la posibilidad de justificar la inexistencia de obligación.

Aplicación de la reducción del 20% del rendimiento neto por inicio de actividad económica prevista en el art. 32.3 de la Ley del IRPF al conjunto del rendimiento determinado, incluidos los importes regularizados por la Administración tributaria, atendiendo a la finalidad incentivadora de la norma y al principio de igualdad entre contribuyentes en idéntica situación jurídica.

El núcleo del debate jurídico analizado en la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central RG 3694/2022, de 24 de septiembre de 2025, gira en torno a la correcta aplicación de la reducción del 20% del rendimiento neto por inicio de actividad económica prevista en el art. 32.3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En concreto, se discute si dicha reducción debe aplicarse únicamente sobre el rendimiento neto declarado inicialmente por el contribuyente o, por el contrario, sobre el rendimiento neto total que resulta tras una regularización administrativa llevada a cabo por la Inspección de los Tributos, siempre que se cumplan los requisitos legales exigidos para su aplicación.