El principio de los actos propios vincula no solo a la Administración sino también a los administrados

Una entidad que presentó su declaración del IS considerando que la plusvalía por la venta de un inmueble se debía declarar en 2004, ejercicio del devengo, aunque en aplicación del criterio de caja o cobro solo se incluyese la parte proporcional a ese año, fue objeto de una comprobación inspectora que corrigió la plusvalía al entender que se debía minorar en ciertos gastos que la entidad había deducido en años posteriores. No obstante, como la Inspección no detalló en el acta cuales eran los gastos, el TEAR ordenó la retroacción de las actuaciones para que se motivase adecuadamente la regularización. Ahora, con ocasión de la nueva propuesta de la Inspección, la entidad no puede oponerse a ella con la pretensión de que el devengo no se había producido en 2004, pues lo impide el principio de seguridad jurídica y la doctrina de los actos propios.

(Audiencia Nacional, de 29 de septiembre de 2017, recurso n.º 771/2015)