TJUE

El Tribunal de Justicia de la UE devuelve, por una cuesti贸n conceptual, al Tribunal General el an谩lisis de si nuestro r茅gimen de amortizaci贸n del fondo de comercio financiero es o no una ayuda de Estado

En nota de prensa del d铆a de hoy,聽se publica la noticia de que el Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea ha dictado la sentencia聽de 21 de diciembre de 2016, en los asuntos聽聽Autogrill Espa帽a vs Commission聽y聽Banco Santander and Santusa vs Comisi贸n, en la que considera equivocado el planteamiento del Tribunal General cuando en las sentencias de instancia, de 7 de noviembre de 2014 (Autogrill Espa帽a y Banco Santander and Santusa vs Comisi贸n) no aplic贸 correctamente el requisito del car谩cter selectivo de las ayudas de Estado, que le obligaba a comprobar si la Comisi贸n hab铆a demostrado el car谩cter discriminatorio del r茅gimen espa帽ol de deducci贸n de las adquisiciones de participaciones en sociedades extranjeras.

Cobrar una tasa, aunque reembolsable, asociada a la prestaci贸n de un servicio antes de que se conceda su autorizaci贸n es anticomunitario

El 聽Sr. Timothy 聽Martin 聽Hemming 聽y 聽otras 聽personas 聽son 聽titulares 聽de 聽autorizaciones 聽para 聽la explotaci贸n de sex-shops en Westminster. En esta localidad, la Junta Municipal de Westminster (Westminster City Council) es la autoridad que expide las autorizaciones para tales establecimientos.

Seg煤n la Ley brit谩nica, toda persona que solicite la concesi贸n o renovaci贸n de una autorizaci贸n debe abonar una tasa razonable fijada por la autoridad competente. Esta tasa est谩 constituida por dos partes, una correspondiente a la tramitaci贸n de la solicitud (no reembolsable en caso de denegaci贸n de la solicitud), y la otra (de una cuant铆a muy superior), relativa a la gesti贸n del r茅gimen de autorizaci贸n 聽(reembolsable en caso de denegaci贸n de la solicitud). Para el a帽o 2011/2012, el importe total de la tasa era de 29 102 libras (aproximadamente 37 700 euros), de las cuales 2 667 libras (alrededor de 3 455 euros) correspond铆an a la tramitaci贸n de la solicitud, mientras que las 26 435 libras restantes (aproximadamente 34 245 euros)1 聽correspond铆an a la gesti贸n del r茅gimen de autorizaci贸n (y reembolsables en caso de denegaci贸n de la solicitud).

La Decisi贸n de la Comisi贸n que consider贸 como ayuda de Estado la exenci贸n de los hidrocarburos utilizados en la producci贸n de al煤mina no vulner贸 el principio de confianza leg铆tima

La al煤mina (u 贸xido de aluminio) es un polvo blanco obtenido a partir de la bauxita, utilizado principalmente en la industria de la fundici贸n para producir aluminio y accesoriamente en aplicaciones qu铆micas. Como combustible para la producci贸n de al煤mina pueden utilizarse hidrocarburos. En Irlanda, Italia y Francia existe un solo productor de al煤mina, respectivamente: Aughinish Alumina en la regi贸n de Shannon, Eurallumina en Cerde帽a y Alcan en la regi贸n de Gardanne.

Libertad de establecimiento: que un Estado proteja con el secreto bancario los activos de clientes fallecidos no impide que otro establezca normas que obliguen su informaci贸n

La libertad de establecimiento no obliga a los Estados a dictar sus normas fiscales en funci贸n de las de los otros Estados miembros al objeto de eliminar toda disparidad entre las normas fiscales nacionales. Esta es la conclusi贸n 煤ltima a la que llega la sentencia de 14 de abril de 2016, del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea.

Efectivamente, que un Estado proteja con el secreto bancario los activos de clientes fallecidos no supone que la obligaci贸n de informaci贸n establecida por otro Estado miembro para la misma entidad depositaria coarte su libertad de establecimiento. As铆, la eventual disuasi贸n que ello podr铆a provocar entre sus clientes en el otro Estado miembro -que podr铆an preferir el dep贸sito en otras entidades no sometidas a esas obligaciones-, no es suficiente, a juicio del Tribunal, para limitar su capacidad legislativa.

Algunos aspectos del r茅gimen h煤ngaro de tarjetas a empleados no son compatibles con el Derecho de la Uni贸n

Constituyen un obst谩culo a la libertad de establecimiento y a la libre prestaci贸n de servicios

La legislaci贸n tributaria h煤ngara ofrece a los empresarios la posibilidad de conceder a sus trabajadores, en condiciones fiscalmente ventajosas, instrumentos que les permiten tener acceso a trav茅s de terceros, y sin tener que abonar a 茅stos una remuneraci贸n, a diversas prestaciones en especie en forma de determinados servicios y productos. No obstante, esa misma legislaci贸n establece tambi茅n que 煤nicamente la tarjeta de ocio SZ脡P (en lo que respecta a las prestaciones de alojamiento, actividades de ocio y de restauraci贸n) y los vales de comida Erzs茅bet (para la compra de comida lista para el consumo) pueden dar acceso a esas ventajas fiscales.

La interceptaci贸n de comunicaciones y correos electr贸nicos sin conocimiento del interesado en un proceso penal puede ser prueba en el procedimiento administrativo de lucha contra el fraude fiscal

El Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea, en su sentencia de 17 de diciembre de 2015, , abre la mano en cuanto a la licitud de la utilizaci贸n, en los procedimientos administrativos de lucha contra el fraude, de pruebas obtenidas en la v铆a jurisdiccional penal, en actuaciones en las que el obligado tributario ni siquiera ha tenido conocimiento.

Sin embargo, esa 鈥減ermisibilidad鈥 no es tan contundente como puede parecer, por cuanto el Tribunal no se muestra reacio a la utilizaci贸n de esas pruebas, pero siempre y cuando queden a salvo los derechos fundamentales de los administrados en lo que tiene que ver con su derecho a la intimidad, a la leg铆tima defensa y, por extensi贸n, a la tutela judicial efectiva, derechos fundamentales, todos ellos, garantizados y de obligatorio respeto por parte de los 贸rganos p煤blicos de los Estados miembros a costa de la Carta de los Derechos Fundamentales de la聽Uni贸n聽Europea y del Convenio Europeo para la Protecci贸n de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

La libertad de establecimiento impide establecer normas que limiten el ejercicio de la asesor铆a fiscal en otros Estados de la UE prestado sin salir del despacho

El 17 de diciembre de 2015, el Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea, ha dictado una sentencia en resoluci贸n a una cuesti贸n prejudicial cuyo fallo est谩 orientado en ese sentido.

Se pregunta al Tribunal sobre la situaci贸n de una sociedad de asesor铆a fiscal, constituida conforme a la legislaci贸n de un Estado miembro -Pa铆ses Bajos-, que elabora en el Estado miembro en el que tiene su establecimiento y donde no est谩 regulada la actividad de asesor铆a fiscal una declaraci贸n fiscal para un destinatario en otro Estado miembro -Alemania- y presenta esa declaraci贸n a la autoridad fiscal de este 煤ltimo, en el que rigen disposiciones nacionales reguladoras de esa actividad.

El Tribunal General anula la Decisi贸n de la Comisi贸n seg煤n la cual el sistema espa帽ol de arrendamiento fiscal constituye una ayuda estatal ilegal

Las medidas que integran ese sistema no constituyen una ventaja selectiva

A partir de mayo de 2006, la Comisi贸n Europea recibi贸 varias denuncias contra el 芦sistema espa帽ol de arrendamiento fiscal禄 (芦SEAF禄), que proced铆an principalmente del sector de la construcci贸n naval de otros Estados miembros. En esas denuncias se afirmaba que el SEAF permit铆a que las empresas navieras adquirieran buques construidos por astilleros espa帽oles con descuentos de entre un 20 % y un 30 %, provocando as铆 la p茅rdida de contratos de construcci贸n naval para los denunciantes.

Imputaci贸n en el IS de las devoluciones causadas por la aplicaci贸n de una disposici贸n contraria al Derecho Europeo

La Audiencia Nacional en su sentencia de 15 de octubre de 2015, afirma que las devoluciones causadas por la aplicaci贸n de una disposici贸n contraria al Derecho Europeo, declarada as铆 por sentencia del TJUE tienen el mismo tratamiento que las motivadas por la inconstitucionalidad de las normas legales, por lo que su devengo se produce cuando se efectu贸 el ingreso indebido.

La devoluci贸n de ingresos en concepto de IVA por aplicaci贸n sentencia del TJUE de 6 octubre de 2005, asunto C-204/03, , sobre inclusi贸n de las subvenciones en el c谩lculo de la prorrata,tiene el tratamiento jur铆dico de los casos de inconstitucionalidad de las normas legales, por lo que su devengo tiene lugar en el momento en que se efectu贸 el ingreso indebido, ejercicio que se encuentra prescrito.

Las Administraciones tributarias de los Estados miembros no pueden transmitir datos personales de los contribuyentes al margen de la norma sin comunic谩rselo聽a los interesados

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea, de 1 octubre de 2015, responde a una cuesti贸n prejudicial planteada sobre la interpretaci贸n que debe darse a los art铆culos 10, 11 y 13 de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Protecci贸n de las personas f铆sicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulaci贸n de estos datos) en el sentido de si permiten a la Administraci贸n p煤blica de un Estado miembro -tributaria en el supuesto analizado- transmitir datos personales a otra Administraci贸n p煤blica 鈥揹e naturaleza prestacional- y el subsiguiente tratamiento de esos datos, sin que los interesados hayan sido informados de esa transmisi贸n ni de ese tratamiento.

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