[Descarga Gratuita] 7 puntos clave para entender y aplicar correctamente la regla de prorrata
Publicado el 15/06/2021
La regla de prorrata es la solución tributaria para la deducción del IVA de empresas y profesionales que realizan simultáneamente distintas actividades, entre las cuales, unas tienen derecho a la deducción del IVA, pero otras no.
Cuando se produce esta situación, la Ley del IVA determina que las cuotas soportadas solo son deducibles en una determinada proporción, para lo cual es necesario realizar el cálculo de la prorrata, ya que la ley limita la deducibilidad de las cuotas soportadas en función del destino otorgado a los bienes y servicios adquiridos.
Una de las obligaciones tributarias de las empresas y autónomos es la llevanza de los libros registro de facturas emitidas y recibidas, siendo estos libros habitualmente requeridos por la Agencia Tributaria en sus comprobaciones limitadas e inspecciones. Desde la implantación del SII la Agencia Tributaria cuenta con valiosa información para alimentar su big data en su lucha para prevenir y controlar el fraude fiscal, con lo que podríamos decir que cada vez son menos las facturas que se escapan al control del fisco. 
El artículo 48.3 de la Ley 58/2003 (LGT) establece que los obligados tributarios deben comunicar su domicilio fiscal y el cambio del mismo a la Administración tributaria que corresponda, en la forma y en los términos que se establezcan reglamentariamente, sin que el cambio de domicilio fiscal produzca efectos frente a la Administración tributaria hasta que se cumpla con dicho deber de comunicación.
Para operar de manera segura en el mercado de obras de arte es fundamental contar con un buen asesoramiento fiscal, jurídico y financiero, de manera que el asesor debe estar especializado en este campo y conocer en profundidad el mercado en el que opera, ya que un asesor desprovisto de capacidad crítica se puede dejar llevar por inversiones en apariencia atractivas, que a posteriori pueden resultar un fracaso. 
Las restricciones traerán un año sin cenas de Navidad en muchas empresas, pero para compensar a sus trabajadores y ayudar al sector hostelero, están surgiendo por toda España iniciativas para obsequiar a los empleados, con bonos o tarjetas regalo para utilizar en hostelería. Sin embargo, tanto la lotería como la cesta de Navidad y la tarjeta regalo para consumir en hostelería tienen algo en común: todas son compartidas con Hacienda, que se lleva un pellizco, o un gran bocado si alguien tiene suerte y le toca el premio gordo de Navidad. 
Actualmente, estamos inmersos en una segunda ola de la pandemia generada por la covid-19, que acabará por deteriorar definitivamente los resultados de muchas empresas, por lo que es destacable tener en cuenta el fundamento 4.º de la sentencia del Tribunal Constitucional, la 78/2020 de 1 de julio que dice, entre otras cosas, que se produce una alteración sustancial de la forma de cálculo del pago a cuenta, pues la magnitud resultante es sustancialmente distinta a la que posteriormente pueda derivar de la cuantificación final del impuesto al que pretende servir de anticipo. 
En su lucha por conseguir que todo el mundo cumpla correctamente con sus obligaciones tributarias, Hacienda es un ejemplo de eficiencia, ya que cada año recauda más de mil millones de euros por intereses de demora, sanciones, recargos de apremio o delitos tributarios. 
En esta guía gratuita se analiza la nota publicada por el Secretariado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre «Analysis of Tax Treaties and the Impact of the COVID-19 crisis» (3 de abril de 2020), que pone de manifiesto cómo algunas reglas que conforman el marco de fiscalidad internacional (doméstico y convencional) resultan afectadas como consecuencia de circunstancias excepcionales conectadas con la crisis de salud pública, humanitaria y económica del COVID-19
El número de denuncias tributarias crece año tras año, a pesar de que los denunciantes no son informados del resultado del procedimiento que se pudiera iniciar, ni tampoco son recompensados por sus denuncias, algo que sí sucedía hasta el año 1988. 
Para que exista planificación fiscal las medidas que se tomen tienen que tomarse antes de la finalización del hecho imponible del que nace la obligación tributaria. En este sentido, diciembre es el último mes para realizar una previsión del importe a pagar a cuenta del impuesto sobre sociedades (IS) y el IRPF para la mayor parte de las personas jurídicas y físicas.