Doctrina seleccionada

Selecci贸n de doctrina. Julio (2.陋 quincena) y agosto 2017

Selecci贸n de doctrina administrativa. Julio 2017 (1.陋 quincena)

Selecci贸n de doctrina administrativa. Junio 2017 (2.陋 quincena)

Selecci贸n de doctrina administrativa. Junio 2017 (1.陋 quincena)

Selecci贸n de doctrina administrativa. Mayo 2017 (2.陋 quincena)

Selecci贸n de doctrina administrativa. Mayo 2017 (1.陋 quincena)

Selecci贸n de doctrina administrativa. Abril 2017 (2.陋 quincena)

Selecci贸n de doctrina administrativa. Abril 2017 (1.陋 quincena)

Selecci贸n de doctrina administrativa. Marzo 2017 (2.陋 quincena)

Selecci贸n de doctrina administrativa. Marzo 2017 (1.陋 quincena)

El TEAC, en recurso extraordinario de alzada para la unificaci贸n de criterio, determina que s贸lo en aquellos supuestos en los que antes de remitir el expediente al Ministerio Fiscal se hubiese ampliado el plazo de duraci贸n del procedimiento resultar铆a de aplicaci贸n el plazo m铆nimo de seis meses para finalizar las actuaciones inspectoras. Si la norma hubiera querido extender esta regla a los casos en que al tiempo de remitir el expediente al Ministerio Fiscal no se hubiera ampliado el plazo, simplemente lo habr铆a hecho. Pero no ha sido as铆, como se deduce del tenor literal del precepto; la suspensi贸n del plazo de prescripci贸n que establece el art. 180.1 de la Ley 58/2003 (LGT) no se perjudica por el exceso del plazo m谩ximo de duraci贸n de las actuaciones producido cuando estas han regresado a la Administraci贸n tras la finalizaci贸n de la v铆a penal, de forma que la parte del plazo de prescripci贸n que no se hubiese consumido antes de remitir las actuaciones a la v铆a penal puede usarse a la vuelta del proceso penal sin verse afectada por dicho exceso de plazo de duraci贸n. En cuando al hito determinante para la reanudaci贸n del c贸mputo del plazo, ser谩 la fecha en que se produzca la recepci贸n del expediente devuelto o de la resoluci贸n judicial por el 贸rgano competente de la inspecci贸n para continuar el procedimiento; por 煤ltimo, para determinar si el acuerdo de ampliaci贸n de las actuaciones inspectoras ha sido adoptado en plazo, esto es, antes de que expire el plazo originario de doce meses, no se descontar谩n ni las dilaciones no imputables a la Administraci贸n ni los per铆odos de interrupci贸n justificada, a excepci贸n, en relaci贸n con estos 煤ltimos, de los ocasionados por la remisi贸n del expediente al Ministerio Fiscal o por el pase del tanto de culpa a la jurisdicci贸n competente en aquellos supuestos en que la Administraci贸n aprecia la posible existencia de delito contra la Hacienda P煤blica.

(TEAC, de 02-03-2017, RG 8/2017)

El TEAC, en recurso extraordinario de alzada para la unificaci贸n de criterio, resuelve que en las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de pago de retenciones e ingresos a cuenta, procede la inadmisi贸n en el caso de que el interesado no motive su solicitud en que su falta de concesi贸n pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad econ贸mica respectiva o pudiera producir graves quebrantos para los intereses de la Hacienda P煤blica y no aporte documentaci贸n tendente o que pretenda acreditar la concurrencia de estas circunstancias en el momento de presentaci贸n de su solicitud, y solo en el caso en que se hayan producido los dos requisitos -alegar las circunstancias a que se refiere el art. 82.2.b) de la Ley 58/2003 (LGT) y adem谩s aportar documentaci贸n tendente a acreditar que se dan o que presumiblemente pueden darse en el caso concreto las circunstancias legalmente previstas, pero esta documentaci贸n se considere insuficiente-, procede el requerimiento de subsanaci贸n por parte de la Administraci贸n para que se complete.

(TEAC, de 23-02-2017, RG 5935/2016)

Siendo cierto que los Tribunales Econ贸mico-Administrativos tienen amplias competencias revisoras pudiendo entrar a analizar cuestiones no planteadas -en cuyo caso el propio reglamento de revisi贸n establece que deber谩 comunicarse al interesado-, cuando el Tribunal, en sus funciones revisoras, deniega la pretensi贸n del reclamante聽en virtud de hechos distintos a los considerados por el 贸rgano de aplicaci贸n de los tributos coloca al contribuyente en una indefensi贸n procesal, al impedirle alegar sobre la misma, perdiendo una instancia revisora y oblig谩ndole a alegar por primera vez, ya en alzada, contra la cuesti贸n nueva. Es decir, los聽 Tribunales Econ贸mico-Administrativos 聽no pueden denegar las pretensiones de los reclamantes en virtud de聽hechos聽distintos a los considerados por el 贸rgano de aplicaci贸n de los tributos.

(TEAC, de 09-03-2017, RG 3011/2015)

Es cierto que si bien esta exenci贸n controvertida viene regulada en el apartado relativo a las exenciones objetivas, la realidad es que participa m谩s de la naturaleza de una verdadera exenci贸n subjetiva al venir referida a una entidad propiamente dicha -y 煤nica-, as铆 como por la amplitud con la que se define las operaciones a la que debe extenderse el beneficio fiscal, no resultando de la lectura literal del precepto raz贸n alguna para entender que el legislador quisiera limitar a determinados operaciones el indicado beneficio fiscal. A juicio de este Tribunal, la referencia que la norma fiscal hace a la norma creadora de la entidad, lo es para individualizar expl铆citamente al sujeto destinatario de la exenci贸n, y no para entender que deban limitarse a las operaciones de adquisici贸n de activos de las entidades bancarias. Refuerza lo anterior la propia interpretaci贸n finalista de la norma dirigida a evitar costes fiscales indirectos en el proceso de traspaso o intercambio de activos financieros e inmobiliarios derivados del proceso de reestructuraci贸n bancaria, resultando incoherente con dicha finalidad declarar la exenci贸n de los inmuebles directamente adquiridos de las entidades financieras y no los adquiridos de las entidades deudoras de los cr茅ditos dudosos o fallidos cedidos previamente de los bancos a la entidad SAREB.

(TEAC, de 09-03-2017, RG 5719/2015)

Tribunal Supremo y DGT est谩n de acuerdo en que, con car谩cter general, no se produce una donaci贸n en aquellos supuestos en los que la entrega de bienes o la prestaci贸n de servicios se produce sin mediar voluntad de enriquecer al beneficiario, incluso cuando 茅ste no ha desembolsado precio alguno. As铆 las cosas, la apreciaci贸n de si se est谩 ante una donaci贸n, por concurrir un animus donandi en el ganador del premio que entrega el dinero a otro beneficiario, es una cuesti贸n de hecho cuya apreciaci贸n corresponde a la Oficina gestora quien, en virtud del principio de calificaci贸n y atendidas las circunstancias del caso, deber谩 determinar si la operaci贸n planteada re煤ne los requisitos necesarios para calificar dicha operaci贸n como donaci贸n. Ahora bien, se帽ala la DGT, resultar铆a coherente gravar la operaci贸n a trav茅s del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones como una donaci贸n si quien comparte el premio no es capaz de demostrar que pose铆a una participaci贸n en el billete, para lo que no ayuda el hecho de que el beneficiario no conste como ganador del premio desde el primer momento; no obstante, ser谩 una cuesti贸n de prueba, por su parte, demostrar lo contrario.

(DGT, de 31-01-2017, V0237/2017)

La base imponible del arrendamiento se determina en funci贸n del per铆odo de duraci贸n del contrato, que en el art. 9 Ley聽29/1994 (LAU) est谩 establecido en una duraci贸n m铆nima de tres a帽os, en virtud de las pr贸rrogas obligatorias que dicho precepto establece. Luego, el periodo que debe tenerse en cuenta es el de tres a帽os, sin que en ning煤n caso proceda la devoluci贸n del impuesto satisfecho si la duraci贸n efectiva del contrato fuere inferior a dicho plazo, en virtud de lo dispuesto en el art. 57 RDLeg. 1/1993 (TR Ley ITP y AJD), conforme al cual tan solo proceder铆a dicha devoluci贸n en el caso de que la rescisi贸n del contrato fuese declarada o reconocida judicial o administrativa y por resoluci贸n firme y siempre que sea solicitada en el plazo establecido.聽

(DGT, de 25-01-2017, V0177/2017)

Una empresa es titular de una embarcaci贸n de recreo dedicada al alquiler y matriculada al amparo del supuesto de exenci贸n establecido en el art.66.1.g) Ley II.EE. Ocasionalmente la embarcaci贸n es utilizada por un socio de la sociedad bajo un contrato de alquiler valorado a precio de mercado. La noci贸n de 鈥渁lquiler鈥 que debe considerarse a efectos de la aplicaci贸n de la exenci贸n del art. 66.1.g) Ley II.EE es la misma que se establece para el alquiler de autom贸viles. En consecuencia, no existe 鈥渁lquiler鈥 ni cabe aplicar la citada exenci贸n cuando el medio de transporte de que se trate sea objeto de cesi贸n a personas vinculadas en los t茅rminos previstos en el art. 79 de la Ley IVA, salvo que se trate de personas que no sean residentes en Espa帽a ni titulares de establecimientos situados en Espa帽a [Vid., consulta DGT, de 28-03-2014, n.潞 V0860/2014]; cuando el medio de transporte de que se trate se ceda por tiempo superior a tres meses a una misma persona o entidad, durante un periodo de doce meses consecutivos ni cuando se trate de un contrato de arrendamiento-venta y asimilados o de un arrendamiento con opci贸n de compra. El hecho de que la embarcaci贸n sea cedida por arrendamiento, antes del plazo de cuatro a帽os transcurridos desde la realizaci贸n del hecho imponible, a un socio de la sociedad arrendadora, persona vinculada a dicha sociedad, siempre que dicha persona sea residente en Espa帽a o titular de establecimientos situados en Espa帽a, producir谩 una modificaci贸n de circunstancias determinantes del supuesto de exenci贸n y por tanto, dar谩 lugar a la autoliquidaci贸n e ingreso del impuesto especial con referencia al momento en que se produzca dicha modificaci贸n. Siendo indiferente que la utilizaci贸n de la embarcaci贸n por parte del socio de la sociedad arrendadora se realice bajo un contrato de alquiler a precio normal de mercado.

(DGT, de 23-01-2017, 聽V0119/2017)

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