Doctrina seleccionada

Selecci贸n de doctrina administrativa. Marzo 2017 (2.陋 quincena)

Selecci贸n de doctrina administrativa. Marzo 2017 (1陋 quincena)

El TEAC, en recurso extraordinario de alzada para la unificaci贸n de criterio, determina que s贸lo en aquellos supuestos en los que antes de remitir el expediente al Ministerio Fiscal se hubiese ampliado el plazo de duraci贸n del procedimiento resultar铆a de aplicaci贸n el plazo m铆nimo de seis meses para finalizar las actuaciones inspectoras. Si la norma hubiera querido extender esta regla a los casos en que al tiempo de remitir el expediente al Ministerio Fiscal no se hubiera ampliado el plazo, simplemente lo habr铆a hecho. Pero no ha sido as铆, como se deduce del tenor literal del precepto; la suspensi贸n del plazo de prescripci贸n que establece el art. 180.1 de la Ley 58/2003 (LGT) no se perjudica por el exceso del plazo m谩ximo de duraci贸n de las actuaciones producido cuando estas han regresado a la Administraci贸n tras la finalizaci贸n de la v铆a penal, de forma que la parte del plazo de prescripci贸n que no se hubiese consumido antes de remitir las actuaciones a la v铆a penal puede usarse a la vuelta del proceso penal sin verse afectada por dicho exceso de plazo de duraci贸n. En cuando al hito determinante para la reanudaci贸n del c贸mputo del plazo, ser谩 la fecha en que se produzca la recepci贸n del expediente devuelto o de la resoluci贸n judicial por el 贸rgano competente de la inspecci贸n para continuar el procedimiento; por 煤ltimo, para determinar si el acuerdo de ampliaci贸n de las actuaciones inspectoras ha sido adoptado en plazo, esto es, antes de que expire el plazo originario de doce meses, no se descontar谩n ni las dilaciones no imputables a la Administraci贸n ni los per铆odos de interrupci贸n justificada, a excepci贸n, en relaci贸n con estos 煤ltimos, de los ocasionados por la remisi贸n del expediente al Ministerio Fiscal o por el pase del tanto de culpa a la jurisdicci贸n competente en aquellos supuestos en que la Administraci贸n aprecia la posible existencia de delito contra la Hacienda P煤blica.

(TEAC, de 02-03-2017, RG 8/2017)

El TEAC, en recurso extraordinario de alzada para la unificaci贸n de criterio, resuelve que en las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de pago de retenciones e ingresos a cuenta, procede la inadmisi贸n en el caso de que el interesado no motive su solicitud en que su falta de concesi贸n pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad econ贸mica respectiva o pudiera producir graves quebrantos para los intereses de la Hacienda P煤blica y no aporte documentaci贸n tendente o que pretenda acreditar la concurrencia de estas circunstancias en el momento de presentaci贸n de su solicitud, y solo en el caso en que se hayan producido los dos requisitos -alegar las circunstancias a que se refiere el art. 82.2.b) de la Ley 58/2003 (LGT) y adem谩s aportar documentaci贸n tendente a acreditar que se dan o que presumiblemente pueden darse en el caso concreto las circunstancias legalmente previstas, pero esta documentaci贸n se considere insuficiente-, procede el requerimiento de subsanaci贸n por parte de la Administraci贸n para que se complete.

(TEAC, de 23-02-2017, RG 5935/2016)

Siendo cierto que los Tribunales Econ贸mico-Administrativos tienen amplias competencias revisoras pudiendo entrar a analizar cuestiones no planteadas -en cuyo caso el propio reglamento de revisi贸n establece que deber谩 comunicarse al interesado-, cuando el Tribunal, en sus funciones revisoras, deniega la pretensi贸n del reclamante聽en virtud de hechos distintos a los considerados por el 贸rgano de aplicaci贸n de los tributos coloca al contribuyente en una indefensi贸n procesal, al impedirle alegar sobre la misma, perdiendo una instancia revisora y oblig谩ndole a alegar por primera vez, ya en alzada, contra la cuesti贸n nueva. Es decir, los聽 Tribunales Econ贸mico-Administrativos 聽no pueden denegar las pretensiones de los reclamantes en virtud de聽hechos聽distintos a los considerados por el 贸rgano de aplicaci贸n de los tributos.

(TEAC, de 09-03-2017, RG 3011/2015)

Es cierto que si bien esta exenci贸n controvertida viene regulada en el apartado relativo a las exenciones objetivas, la realidad es que participa m谩s de la naturaleza de una verdadera exenci贸n subjetiva al venir referida a una entidad propiamente dicha -y 煤nica-, as铆 como por la amplitud con la que se define las operaciones a la que debe extenderse el beneficio fiscal, no resultando de la lectura literal del precepto raz贸n alguna para entender que el legislador quisiera limitar a determinados operaciones el indicado beneficio fiscal. A juicio de este Tribunal, la referencia que la norma fiscal hace a la norma creadora de la entidad, lo es para individualizar expl铆citamente al sujeto destinatario de la exenci贸n, y no para entender que deban limitarse a las operaciones de adquisici贸n de activos de las entidades bancarias. Refuerza lo anterior la propia interpretaci贸n finalista de la norma dirigida a evitar costes fiscales indirectos en el proceso de traspaso o intercambio de activos financieros e inmobiliarios derivados del proceso de reestructuraci贸n bancaria, resultando incoherente con dicha finalidad declarar la exenci贸n de los inmuebles directamente adquiridos de las entidades financieras y no los adquiridos de las entidades deudoras de los cr茅ditos dudosos o fallidos cedidos previamente de los bancos a la entidad SAREB.

(TEAC, de 09-03-2017, RG 5719/2015)

Tribunal Supremo y DGT est谩n de acuerdo en que, con car谩cter general, no se produce una donaci贸n en aquellos supuestos en los que la entrega de bienes o la prestaci贸n de servicios se produce sin mediar voluntad de enriquecer al beneficiario, incluso cuando 茅ste no ha desembolsado precio alguno. As铆 las cosas, la apreciaci贸n de si se est谩 ante una donaci贸n, por concurrir un animus donandi en el ganador del premio que entrega el dinero a otro beneficiario, es una cuesti贸n de hecho cuya apreciaci贸n corresponde a la Oficina gestora quien, en virtud del principio de calificaci贸n y atendidas las circunstancias del caso, deber谩 determinar si la operaci贸n planteada re煤ne los requisitos necesarios para calificar dicha operaci贸n como donaci贸n. Ahora bien, se帽ala la DGT, resultar铆a coherente gravar la operaci贸n a trav茅s del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones como una donaci贸n si quien comparte el premio no es capaz de demostrar que pose铆a una participaci贸n en el billete, para lo que no ayuda el hecho de que el beneficiario no conste como ganador del premio desde el primer momento; no obstante, ser谩 una cuesti贸n de prueba, por su parte, demostrar lo contrario.

(DGT, de 31-01-2017, V0237/2017)

La base imponible del arrendamiento se determina en funci贸n del per铆odo de duraci贸n del contrato, que en el art. 9 Ley聽29/1994 (LAU) est谩 establecido en una duraci贸n m铆nima de tres a帽os, en virtud de las pr贸rrogas obligatorias que dicho precepto establece. Luego, el periodo que debe tenerse en cuenta es el de tres a帽os, sin que en ning煤n caso proceda la devoluci贸n del impuesto satisfecho si la duraci贸n efectiva del contrato fuere inferior a dicho plazo, en virtud de lo dispuesto en el art. 57 RDLeg. 1/1993 (TR Ley ITP y AJD), conforme al cual tan solo proceder铆a dicha devoluci贸n en el caso de que la rescisi贸n del contrato fuese declarada o reconocida judicial o administrativa y por resoluci贸n firme y siempre que sea solicitada en el plazo establecido.聽

(DGT, de 25-01-2017, V0177/2017)

Una empresa es titular de una embarcaci贸n de recreo dedicada al alquiler y matriculada al amparo del supuesto de exenci贸n establecido en el art.66.1.g) Ley II.EE. Ocasionalmente la embarcaci贸n es utilizada por un socio de la sociedad bajo un contrato de alquiler valorado a precio de mercado. La noci贸n de 鈥渁lquiler鈥 que debe considerarse a efectos de la aplicaci贸n de la exenci贸n del art. 66.1.g) Ley II.EE es la misma que se establece para el alquiler de autom贸viles. En consecuencia, no existe 鈥渁lquiler鈥 ni cabe aplicar la citada exenci贸n cuando el medio de transporte de que se trate sea objeto de cesi贸n a personas vinculadas en los t茅rminos previstos en el art. 79 de la Ley IVA, salvo que se trate de personas que no sean residentes en Espa帽a ni titulares de establecimientos situados en Espa帽a [Vid., consulta DGT, de 28-03-2014, n.潞 V0860/2014]; cuando el medio de transporte de que se trate se ceda por tiempo superior a tres meses a una misma persona o entidad, durante un periodo de doce meses consecutivos ni cuando se trate de un contrato de arrendamiento-venta y asimilados o de un arrendamiento con opci贸n de compra. El hecho de que la embarcaci贸n sea cedida por arrendamiento, antes del plazo de cuatro a帽os transcurridos desde la realizaci贸n del hecho imponible, a un socio de la sociedad arrendadora, persona vinculada a dicha sociedad, siempre que dicha persona sea residente en Espa帽a o titular de establecimientos situados en Espa帽a, producir谩 una modificaci贸n de circunstancias determinantes del supuesto de exenci贸n y por tanto, dar谩 lugar a la autoliquidaci贸n e ingreso del impuesto especial con referencia al momento en que se produzca dicha modificaci贸n. Siendo indiferente que la utilizaci贸n de la embarcaci贸n por parte del socio de la sociedad arrendadora se realice bajo un contrato de alquiler a precio normal de mercado.

(DGT, de 23-01-2017, 聽V0119/2017)

Selecci贸n de doctrina administrativa. Febrero 2017 (2.陋 quincena)

En estos casos, no es admisible la minoraci贸n del valor acordado entre las partes en el importe del impuesto, pues esto supondr铆a considerar la existencia de un doble valor de mercado, uno como contraprestaci贸n querida y acordada entre partes independientes y otro exclusivamente a efectos del impuesto. Por otra parte, se ha de tener en cuenta que la minoraci贸n de la imposici贸n indirecta en la determinaci贸n de la base imponible del impuesto solo est谩 prevista en la normativa nacional en aquellos supuestos en los que los veh铆culos hayan estado previamente matriculados en el extranjero. En definitiva, para la fijaci贸n de la base imponible habr谩 que acudir al valor de mercado del medio de transporte usado en el momento del devengo del Impuesto, valor que ser谩 el fijado entre partes independientes y del que no es posible realizar minoraci贸n alguna.

(TEAC, de 15-02-2017, RG 4775/2013)

La cuesti贸n a resolver es la conformidad o no a Derecho del devengo de intereses de demora a favor del contribuyente liquidados por la Administraci贸n, centrado el supuesto de recurso contra la ejecuci贸n en el dies ad quem del devengo de intereses de demora y teniendo en cuenta que se anula el acuerdo sancionador -por lo que aqu铆 interesa, pues es la cantidad ingresada por la sanci贸n, la 煤nica que se devuelve en el acuerdo aqu铆 impugnado-. Pues bien, como ya es conocido, el art. 32.2 de la Ley 58/2003 (LGT) establece como dies ad quem para el devengo de intereses de demora la fecha en que聽se ordene el pago聽de la devoluci贸n, expresi贸n que debe identificarse con la fecha del acuerdo en que el 贸rgano competente ordena realizar el pago del principal, no pudiendo extender el per铆odo de devengo de intereses de demora hasta la fecha del efectivo pago de la devoluci贸n. M谩s a m谩s, el art. 73 de la Ley 47/2003 (LGP), diferencia entre 鈥渙rdenaci贸n del pago鈥 y 鈥減ago material鈥. Sin embargo, el legislador no define qu茅 debe entenderse como orden pago, lo que no es obst谩culo para entender que la orden de pago no puede identificarse con el pago efectivo de la devoluci贸n y que el legislador se帽ala como dies ad quem la fecha en que se produce la orden de pago y no la fecha en que se produce el abono de la devoluci贸n.

(TEAC, de 15-02-2017, RG 4984/2011)

Por todos es conocido el car谩cter tasado del recurso extraordinario de revisi贸n, no configur谩ndose 茅ste como una instancia m谩s en v铆a administrativa, sino como un instrumento que habilita a los interesados a reaccionar frente resoluciones administrativas firmes s贸lo y exclusivamente聽cuando concurra alguna de las circunstancias consideradas por la norma, imponiendo su inadmisi贸n cuando se aleguen circunstancias distintas a las previstas en la norma. Pues bien, incluso partiendo de la interpretaci贸n restrictiva que debe merecer la fundamentaci贸n de un recurso de revisi贸n, dado su car谩cter extraordinario y la fractura que el mismo representa del principio de seguridad jur铆dica, en el caso analizado debe admitirse este recurso, toda vez que, concurren las circunstancias necesarias para considerar que se aporta un documento que es de valor esencial para la decisi贸n del asunto -la resoluci贸n de un recurso de reposici贸n interpuesto contra el acuerdo sancionador derivado de unas actuaciones que dieron lugar a 聽liquidaci贸n provisional, en el que se reconoce que el sujeto pasivo de las operaciones liquidadas no es el recurrente sino una comunidad de bienes-, pues contiene hechos anteriores a su adopci贸n y que est谩n inmediatamente referidos a los supuestos a que se contraen, y es posterior al acto o resoluci贸n recurrida, por tanto, de imposible aportaci贸n, cumpliendo por todo ello los requisitos legales para poder entrar en el fondo del asunto y acordar su estimaci贸n.

(TEAC, de 15-02-2017, RG 2576/2014)

En cuanto al devengo del Impuesto, y ante el planteamiento de la entidad obligada tributaria -el devengo del ITP y AJD se produce cuando 鈥渟urge鈥 el derecho a explotar la obra que no es en el momento de la firma del contrato sino desde el acta de comprobaci贸n que se levanta al finalizar la obra-, el Tribunal Central afirma, que la concesi贸n se constituye en el preciso momento en que el contrato es suscrito por las partes, sin que se encuentre sometido a ning煤n t茅rmino o condici贸n que retrase su eficacia, con independencia de que debido a la propia naturaleza del contrato sea necesaria la ejecuci贸n de la obra para poder iniciar su explotaci贸n. As铆, si bien es cierto que el art. 49.2 del RDLeg. 1/1993 (TR Ley ITP y AJD) retrasa el devengo del impuesto cuando existe una condici贸n, un t茅rmino o una limitaci贸n, que impide el perfeccionamiento del acto o contrato que contiene la 鈥渁dquisici贸n鈥 sujeta a gravamen, es decir, el impuesto no se devenga si existe una limitaci贸n que determina que el acto o contrato no se ha perfeccionado en el momento en que se realiza, sino que se perfeccionar谩 en el momento en que desaparezca esa limitaci贸n, en el presente caso, el contrato -sus cla煤sulas-, no contienen limitaci贸n alguna, el contrato esta perfeccionado desde el momento en que se suscribi贸 por las partes, momento en el que tuvo lugar la constituci贸n de la concesi贸n, que es cuando el concesionario adquiri贸 los derechos dimanantes de la misma -aunque la obtenci贸n de ingresos no tenga lugar hasta un momento posterior-.

(TEAC, de 09-02-2017, RG 1471/2014)

La cuesti贸n controvertida en el presente expediente se ci帽e a determinar si, como pretenden los contribuyentes, se ha producido la prescripci贸n del derecho de la Administraci贸n a liquidar intereses de demora por una autoliquidaci贸n extempor谩nea presentada por los obligados tributarios voluntariamente, sin requerimiento previo de la Administraci贸n, una vez transcurrido el plazo de prescripci贸n de cuatro a帽os. Pues bien, el cumplimiento tard铆o y deliberado de una obligaci贸n tributaria por parte del contribuyente implica un reconocimiento de dicha deuda, que impide la prescripci贸n. Por lo tanto, la deuda tributaria por IRPF se extingue, no por prescripci贸n, sino por pago. En consecuencia, no cabe considerar que los correspondientes intereses hayan prescrito por prescripci贸n de la obligaci贸n principal.

(TEAC, de 02-02-2017, RG 5431/2013)

Siempre que as铆 lo determine la ponencia de valores, en caso de parcelas sobreedificadas y construcci贸n bajo rasante, el suelo se valorar谩 por aplicaci贸n del valor de repercusi贸n a los metros realmente construidos, aun cuando ello suponga valorar un exceso de edificaci贸n en relaci贸n con la edificabilidad permitida por el planeamiento. El suelo vale en funci贸n del producto que en 茅l se elabora, en este caso la construcci贸n sobre rasante y bajo rasante, tanto en t茅rminos cuantitativos como cualitativos. Si de lo que se trata es determinar el valor catastral de los bienes inmuebles,聽posee indudablemente mayor valor el edificio con zonas construidas en el subsuelo.

(TEAC, de 19-01-2017, RG 6295/2012)

Los proveedores asi谩ticos venden las mercanc铆as a la matriz suiza y las env铆an directamente al territorio aduanero de la Uni贸n, siendo la matriz suiza la importadora, en nombre propio, encarg谩ndose de presentar la declaraci贸n en aduana e incluso del almacenamiento posterior de las mercanc铆as tras la importaci贸n hasta el momento de la venta a la entidad espa帽ola, que se realiza con posterioridad a la importaci贸n. La venta efectuada por los proveedores asi谩ticos a la matriz suiza no tiene la consideraci贸n de 鈥渧enta para su exportaci贸n al territorio aduanero de la Uni贸n鈥 y por ello, la venta que se ha de tener en cuenta para determinar el valor en aduana ser谩 la efectuada por la empresa suiza a la filial espa帽ola. Existiendo vinculaci贸n entre uno de los proveedores asi谩ticos y la compradora suiza, para que sea de aplicaci贸n el valor de transacci贸n como base del valor en aduana de las mercanc铆as importadas, esta vinculaci贸n no puede haber afectado al precio pactado entre el vendedor y el comprador. Podr铆a admitirse como base de valor en aduana el precio de la factura de compra entre la empresa matriz, residente en Suiza y su empresa vinculada, con sede en el pa铆s asi谩tico, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el art. 70 del C贸digo Aduanero de la Uni贸n. Una vez que se acredite que el valor de la transacci贸n entre el proveedor asi谩tico y la matriz suiza puede tomarse como base del valor en aduana, se ha de tener en cuenta que la sociedad matriz establecida en Suiza, adquiere la mercanc铆a en condiciones ex-works de proveedores asi谩ticos, lo que significa que el vendedor entrega cuando pone la mercader铆a a disposici贸n del comprador en el establecimiento del vendedor o en otro lugar convenido聽 y el comprador debe asumir todos los costos y riesgos. Pues bien, al haber fijado la venta con condiciones ex-works, cuando estas mercanc铆as son enviadas directamente desde la f谩brica a Espa帽a, al precio de venta acordado entre el proveedor asi谩tico y la filial suiza en la venta para la exportaci贸n con destino al territorio de la Uni贸n, habr谩 que sumarle para determinar el valor en aduana los gastos de transporte y de seguro de las mercanc铆as importadas, as铆 como los gastos de carga y de manipulaci贸n asociados al transporte de las mercanc铆as importadas, todos ellos hasta la entrada de las mismas en el territorio aduanero de la Uni贸n.

(DGT, de 23-01-2017,聽 1/2017)

Las minutas son documentos que se presentan en el procedimiento de jura de cuentas como informaci贸n de las cuant铆as que consideran adeudadas por sus clientes, cuant铆a que quedar谩 fijada como consecuencia del citado procedimiento. Por tanto, no tienen en principio la finalidad de servir como factura emitida por los servicios prestados, por lo que, por ejemplo, carecen de n煤mero de serie, no se especifica en las mismas la fecha de su expedici贸n ni los domicilios del obligado a expedir factura y del destinatario de la misma. Es decir, no re煤nen los requisitos para ser consideradas como facturas a los efectos del Impuesto. No obstante lo anterior, cabr铆a la posibilidad de que la obligaci贸n de facturaci贸n se cumpla mediante factura simplificada, siempre que el importe de la misma no exceda de 400 euros, o de 3.000 euros cuando se trate de determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios descritas en la Ley.

(DGT, de 28-12-2016, V5474/2016)

La cesi贸n del uso de una vivienda al portero por parte de la comunidad de propietarios para la que trabaja, descont谩ndose por el disfrute una peque帽a cantidad de su n贸mina, supone para el portero la obtenci贸n de un rendimiento del trabajo en especie en la medida en que el importe de la deducci贸n mensual por la utilizaci贸n de vivienda sea inferior al precio normal de mercado. Por lo que tiene que ver con su valoraci贸n, que no exista un valor catastral individualizado de la vivienda -pues se incluye entre las zonas comunes del edificio-, no significa que no pueda operar esta referencia valorativa a trav茅s de la participaci贸n de la vivienda en esas zonas comunes y el valor catastral que corresponde a las mismas. A su vez, al no tener la utilizaci贸n car谩cter gratuito, la valoraci贸n deber谩 tener tambi茅n en cuenta la proporci贸n existente entre esa cantidad y el valor de mercado que pudiera tener la utilizaci贸n de la vivienda. Por 煤ltimo, los consumos gratuitos de agua, luz y calefacci贸n constituyen tambi茅n retribuciones en especie que se valorar谩n conforme al valor normal en el mercado.

(DGT, de 15-12-2016, V5310/2016)

Para el c谩lculo del rendimiento del capital mobiliario asociado a un producto financiero en moneda extranjera, as铆 como para la determinaci贸n de la correspondiente base de retenci贸n, deber谩 determinarse la diferencia entre los valores de amortizaci贸n o reembolso y de suscripci贸n o adquisici贸n en la moneda de denominaci贸n del activo y efectuar la conversi贸n de la diferencia resultante a euros al tipo de cambio vigente en el momento en que se realiz贸 su cancelaci贸n, no al rev茅s.

(DGT, de 29-11-2016, V5169/2016)

Selecci贸n de doctrina administrativa. Febrero 2017 (1陋 quincena)

La cuesti贸n que hay que dirimir en el presente expediente es si la firmeza exigida en el art. 244 de la Ley 58/2003 (LGT) abarca s贸lo a la v铆a administrativa o si se extiende asimismo a la judicial, es decir, si para que sea firme es necesario que el acto no sea susceptible de recurso contencioso administrativo alguno, bien por haber dejado transcurrir los plazos establecidos, bien porque ya no hay una instancia superior o se ha agotado la posibilidad de ulterior recurso. Pues bien, el Tribunal Central sostiene el criterio de que no cabe simultanear este recurso con el recurso contencioso-administrativo, pues el art. 244 de la Ley 58/2003 (LGT) lo circunscribe a los actos y resoluciones firmes, a diferencia del art. 118 de la Ley 30/1992 (LRJAP y PAC) que atiende a los actos firmes en v铆a administrativa. La firmeza contemplada en el art. 244 de la Ley 58/2003 (LGT) exige el agotamiento de todas las v铆as ordinarias de revisi贸n, tanto administrativas como jurisdiccionales. Por otra parte, una vez interpuesto recurso contencioso-administrativo, cuando recae sentencia y 茅sta adquiere firmeza, tampoco cabe recurso extraordinario de revisi贸n en aplicaci贸n de lo dispuesto en el art. 213.3 de la misma Ley 58/2003 (LGT). Por tanto, para interponer este recurso es necesario que el acto sea firme en v铆a administrativa y judicial, es decir, que no quepa interponer ninguno recurso ordinario, sea 茅ste administrativo o judicial.

(TEAC, de 02-02-2017, RG 1799/2016)

A juicio del Tribunal Central, en recurso extraordinario de alzada para la unificaci贸n de criterio, la vinculaci贸n que el聽 art. 96.Uno.6潞 de la Ley 37/1992 (Ley IVA) establece entre la deducibilidad de las cuotas de IVA y la de los gastos correspondientes en el IRPF o el IS es una vinculaci贸n objetiva pero no procedimental, pues presupone o exige la comprobaci贸n de determinados requisitos objetivos, sin imponer l铆mites procedimentales para ello y con independencia de si el interesado es o no sujeto pasivo del IRPF o del IS. As铆, a tenor del citado precepto, para que las cuotas de IVA soportadas por los servicios de desplazamiento o viajes, hosteler铆a y restauraci贸n sean deducibles es preciso que el importe de los mencionados servicios sea tambi茅n deducible en el IRPF o en el Impuesto sobre Sociedades. Y a la inversa, si el importe de los servicios no es fiscalmente deducible en estos impuestos directos tampoco lo ser谩 la cuota soportada por IVA correspondiente a dicho importe. Pues bien, el mencionado art. 96.Uno.6潞 de la ley 37/1992 (Ley IVA) en su literalidad聽 no exige que la Administraci贸n haya regularizado al obligado en su imposici贸n directa los gastos correspondientes. La finalidad de la norma parece, pues, ligar o vincular las condiciones de deducibilidad de las cuotas de IVA con las de los gastos correspondientes en la imposici贸n directa, de manera que cuando el importe de los servicios re煤na las condiciones de deducibilidad en los impuestos directos, la cuota soportada de IVA se tendr谩 tambi茅n por deducible en el impuesto indirecto.

(TEAC, de 26-01-2017, RG 1968/2016)

En el presente caso, se present贸 dentro del plazo de seis meses, el modelo 361 de solicitud de devoluci贸n de las cuotas del Impuesto soportadas por determinados empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicaci贸n del impuesto.聽Pues bien, dicha solicitud debe entenderse referida exclusivamente a las cuotas incluidas en la misma, sin perjuicio de la posibilidad de solicitar una rectificaci贸n exclusivamente de errores materiales, de hecho o aritm茅ticos contenidos en la solicitud y que afecten a dichas cuotas. Dicho esto, la solicitud efectuada posteriormente por la entidad, debe calificarse como una ampliaci贸n de la solicitud de devoluci贸n inicial a unas cuotas que no se reflejaron en la misma, por lo que聽 la cuesti贸n que se suscita es determinar si dicha solicitud de devoluci贸n de las cuotas no reflejadas en la solicitud inicial, se ha presentado dentro del plazo legalmente establecido, o por el contrario se ha presentado una vez transcurrido el mismo.聽Pues bien, en relaci贸n con la pretensi贸n principal -rectificaci贸n de la solicitud inicialmente presentada en plazo- la normativa que regula esta materia, exige que dicha solicitud se presente en el plazo legalmente establecido, entendi茅ndose referida exclusivamente a las cuotas incluidas en la misma, siendo posible rectificar errores materiales, de hecho o aritm茅ticos contenidos en la solicitud y que afecten a dichas cuotas. No obstante, como hemos adelantado, lo que pretende la entidad es ampliar la solicitud de devoluci贸n a nuevas cuotas no incluidas en la solicitud inicial, por lo que la fecha en que se ejercita dicha pretensi贸n ser谩 la fecha en que se solicita dicha ampliaci贸n.

(TEAC, de 26-01-2017, RG 4495/2013)

De acuerdo con la documentaci贸n obrante en el expediente, con anterioridad al desarrollo de actuaciones de comprobaci贸n e investigaci贸n de car谩cter general en relaci贸n con el IVA, ejercicio 2005, se desarrollaron respecto al mismo tributo y per铆odo, actuaciones de car谩cter abreviado. Habiendo adquirido firmeza la liquidaci贸n provisional derivada de dichas actuaciones de comprobaci贸n e investigaci贸n, la cuesti贸n que se debe resolver es si dichas actuaciones tienen el mismo objeto que las actuaciones iniciadas posteriormente con car谩cter general, ya que de ser as铆 la liquidaci贸n definitiva derivada de estas 煤ltimas actuaciones debe ser anulada, y ello de conformidad con el art. 148.3 de la Ley 58/2003 (LGT). Pues bien, en las actuaciones de car谩cter abreviado respecto al IVA del ejercicio 2005, la Inspecci贸n no se limita a una mera comprobaci贸n formal, sino que realiza una labor de calificaci贸n jur铆dica; as铆, del mismo modo que la Inspecci贸n consider贸 que determinadas operaciones no eran deducibles porque no se hab铆a producido el devengo del Impuesto, porque estaban destinadas a atenciones a clientes, asalariados o a terceras personas o por tratarse de gastos asociados con veh铆culos autom贸viles de turismos, pod铆a haber determinado que la operaci贸n que se regulariza en segundo t茅rmino tampoco era deducible. Dicho esto, en base al art. 148.3 de la Ley 58/2003 (LGT), la Administraci贸n Tributaria no puede iniciar un procedimiento inspector con el mismo objeto, ya que la nueva regularizaci贸n no se basa en ninguna de las circunstancias a que se refiere el p谩rrafo a) del apdo. 4 del art. 101 de la Ley 58/2003 (LGT). Es decir, en el presente caso, cabe otorgar a las actuaciones inspectoras desarrolladas con la entidad, el efecto preclusivo que recoge el apartado tercero del art. 148 de la ley 58/2003 (LGT).

(TEAC, de 26-01-2017, RG 6087/2013)

El Tribunal Central cambia el criterio hasta ahora mantenido聽 y entiende que procede abonar al contribuyente聽 intereses de demora sobre los intereses devengados y no pagados por el retraso en聽la devoluci贸n de pagos fraccionados indebidos concedida en ejecuci贸n de 聽la resoluci贸n del TEAC. Contin煤a diciendo que no se ejecutar铆a la resoluci贸n econ贸mico-administrativa en sus propios t茅rminos si el devengo de intereses de demora deja de producirse sin haberse abonado el montante total de la devoluci贸n que era procedente en derecho -principal m谩s intereses de demora hasta la fecha de su pago efectivo-. El devengo聽no se detiene respecto de la parte de la devoluci贸n no satisfecha. Por lo tanto, concluye que debe procederse a abonar los intereses de demora sobre los intereses devengados por los pagos fraccionados ingresados indebidamente, computados desde la fecha en que tuvo lugar la devoluci贸n del principal y hasta la fecha de su pago efectivo.

(TEAC, de 12-01-2017, RG 5040/2013)

A lo 煤nico que habilita el art. 42.6.b) del RDLeg. 4/2004 (TR Ley IS), en caso de incumplimiento del plazo de mantenimiento del elemento en que se materializ贸 la reinversi贸n es a聽la no p茅rdida del derecho a la deducci贸n聽en caso de nueva reinversi贸n dentro del plazo establecido en al apartado 4.a) del mismo art铆culo a contar desde la puesta a disposici贸n del elemento patrimonial transmitido que gener贸 la renta acogida al beneficio fiscal聽motivado ello por cuanto que el contribuyente, dentro del referido plazo, puede reinvertir en el momento que considere oportuno y en el elemento patrimonial de su elecci贸n dentro de los aptos a tal fin. Ahora bien, dicha 鈥渟ustituci贸n鈥 habilita a la no p茅rdida del derecho a la deducci贸n pero聽no excluye la obligaci贸n de regularizar como consecuencia del incumplimiento del plazo de mantenimiento del elemento de 鈥減rimera materializaci贸n鈥 de la reinversi贸n. Por tanto, no se abre un nuevo plazo de tres a帽os para reinvertir cuando la reinversi贸n anterior no se ha mantenido. El plazo final es el que marca la Ley: hasta tres a帽os desde la fecha de la transmisi贸n del elemento patrimonial que genera el beneficio extraordinario.聽

(TEAC, de 12-01-2017, RG 2539/2013)

La DGT ha venido sosteniendo, en coherencia con lo que entiende que es la naturaleza del impuesto patrimonial, que el balance aprobado a tener en cuenta en la valoraci贸n de las participaciones no cotizadas es el que lo hubiera sido con anterioridad al devengo. Sin embargo, la reciente jurisprudencia del TS, en atenci贸n a un criterio 鈥渇avorable al mejor acercamiento a la realidad econ贸mica de la base imponible del tributo鈥 interpreta que ha de tomarse como punto de referencia el aprobado dentro del plazo legal para la presentaci贸n de la autoliquidaci贸n por el impuesto, a pesar de que esto haya acontecido con posterioridad a la fecha del devengo, criterio al que se suma ahora el 贸rgano consultivo. Eso s铆, matiza la DGT, si dentro del plazo de autoliquidaci贸n del Impuesto no se aprueba un nuevo balance, debe tomarse en consideraci贸n el 煤ltimo cerrado y aprobado antes de dicha fecha.

(DGT, de 23-12-2016, V5434/2016)

La autenticidad en la que pensamos si hablamos de 鈥渄ocumento aut茅ntico鈥 es la que s贸lo pueden dar la Administraci贸n o quien la represente 鈥揳utoridades o funcionarios- al presupon茅rseles fe p煤blica. Sin embargo, no se necesita tanto para acreditar la realidad de una donaci贸n hecha a una entidad de las acogidas a la Ley 49/2002 (R茅gimen Fiscal de entidades sin fines lucrativos y de incentivos fiscales al Mecenazgo). Seg煤n la DGT, que acude para ello a la definici贸n de la palabra 鈥渁creditar鈥 suministrada por la RAE, es aut茅ntico a estos efectos todo escrito en el que constan datos fidedignos susceptibles de ser utilizados como medio de prueba 鈥損or ejemplo, las facturas o albaranes que documenten los donativos realizados-, cuya valoraci贸n se har谩 conforme a los principios generales de la prueba.聽

(DGT, de 19-12-2016, V5336/2016)

La adjudicataria de una concesi贸n administrativa para la construcci贸n, conservaci贸n y gesti贸n de una carretera, va a percibir una determinada cantidad de la Administraci贸n P煤blica concedente con la finalidad de restablecer el equilibrio econ贸mico-financiero del contrato de concesi贸n de obra p煤blica adjudicado por raz贸n del mayor coste de las expropiaciones, en los t茅rminos establecidos en el referido contrato de concesi贸n. De esta forma, parece deducirse que estas cantidades no tienen la consideraci贸n de una subvenci贸n vinculada al precio de los servicios de gesti贸n de la carretera que presta la adjudicataria, puesto que su finalidad, con independencia de que tambi茅n asegure el reequilibrio econ贸mico de la concesi贸n, es resarcir a la adjudicataria del sobreprecio de las expropiaciones que constituye uno de los supuestos que se establecen expresamente en el propio contrato para su revisi贸n. Por tanto, la referida subvenci贸n no constituye la contraprestaci贸n de operaci贸n alguna sujeta al Impuesto. Esto es as铆 en la medida en que no existe un v铆nculo directo entre la cuant铆a percibida por la entidad y el servicio prestado por la misma. En conclusi贸n, estas cantidades no constituyen una subvenci贸n vinculada al precio de estos servicios, sino que el cobro de las mismas se debe a una circunstancia sobrevenida prevista en el contrato de concesi贸n que reviste de una naturaleza indemnizatoria.

(DGT, de 30-11-2016, V5183/2016)

Una sociedad fue objeto de comprobaci贸n por parte de la Agencia Tributaria en el a帽o 2013, no aportando por error ninguna factura para la justificaci贸n del IVA soportado. La liquidaci贸n ha sido abonada y no se ha presentado ning煤n recurso. Pues bien, ahora desea saber si tiene posibilidad de deducir en 2015, las facturas no deducidas, por error, en 2013, a lo que la DGT se帽ala que, efectivamente, la sociedad podr谩 deducir las referidas cuotas soportadas, que no fueron tenidas en consideraci贸n por la Administraci贸n tributaria al no aportar el original de las facturas, cumplidos los requisitos se帽alados por la Ley 37/1992 (Ley IVA), siempre que no haya transcurrido el plazo de caducidad establecido en el art. 100 de la Ley del Impuesto y siempre que se cumplan los dem谩s requisitos establecidos en dicha Ley 37/1992 (Ley IVA) para el ejercicio del derecho a la deducci贸n por el sujeto pasivo.

(DGT, de 28-11-2016, V5125/2016)

Selecci贸n de doctrina administrativa. Enero 2017 (2陋 quincena)

Lo determinante para que el informe pericial pueda considerarse debidamente motivado en lo que al m茅todo de comparaci贸n para la determinaci贸n del m贸dulo unitario b谩sico a partir de muestras o testigos se refiere, es que se expliciten adecuadamente los elementos integrantes de las muestras elegidas, esto es, que se identifiquen los testigos empleados y que se razonen las circunstancias por las que se consideran semejantes o comparables con el inmueble a valorar las muestras tomadas como referencia, sin que se requiera como regla general incluir en el informe pericial la relaci贸n pormenorizada de testigos o muestras analizadas que han sido rechazadas, con expresi贸n de los motivos de su exclusi贸n en cada caso. Ahora bien, si es necesaria la aportaci贸n al informe, y por lo tanto al expediente administrativo, de una copia de los documentos que reflejen las operaciones tomadas como muestras, aun consistiendo tales documentos en escrituras p煤blicas. Esto es as铆 porque, correspondiendo a la Administraci贸n la carga de probar que el valor real del acto jur铆dico documentado es superior al declarado por el interesado y teniendo en cuenta que el dato esencial del que parte el perito para fijar el valor comprobado es el valor consignado en las escrituras p煤blicas de transmisi贸n seleccionadas como testigos o muestras, no cabe duda que la aportaci贸n de tales escrituras al informe y al expediente administrativo de comprobaci贸n de valores se antoja indispensable.聽No se opone a esta conclusi贸n, el hecho de que el obligado tributario pudiera llegar a contrastar los datos contenidos en las escrituras p煤blicas y consignadas en el informe pericial mediante la consulta pertinente al Registro de la Propiedad.聽

(TEAC, de 19-01-2017, RG 5240/2016)

En el caso que se analiza, consta en la documentaci贸n, que la entidad est谩 obligada a recibir por medios electr贸nicos las comunicaciones y notificaciones a realizar por la Agencia Estatal de Administraci贸n Tributaria y que el acto impugnado fue puesto a disposici贸n de la entidad con fecha 31 de agosto 2012 y hora 20:25, en el buz贸n electr贸nico asociado a su direcci贸n electr贸nica habilitada en el Servicio de Notificaciones Electr贸nicas. Si bien es cierto que la reciente modificaci贸n de la Ley General Tributaria por Ley 34/2015, ha incluido expresamente esta previsi贸n en el art. 104.2, es razonable entender que dicha previsi贸n se hallaba ya en el esp铆ritu de la norma tal equiparaci贸n de la puesta a disposici贸n con el intento a que el precepto se refiere y se trata de una adecuaci贸n t茅cnica de la redacci贸n, dado que la anteriormente vigente ven铆a de un momento en el que no exist铆a NEO. Por tanto, a efectos del cumplimiento de plazos, la existencia de un intento de notificaci贸n se acredita al haber sido puesta a su disposici贸n el contenido del acto en la direcci贸n electr贸nica habilitada al efecto, sin que pueda hacerse depender el cumplimiento de un plazo por parte de la Administraci贸n de la voluntad del interesado de acceder o no al contenido de dicho acto.聽

(TEAC, de 12-01-2017, RG 738/2013)

En los procedimientos sancionadores en materia de infracciones administrativas de contrabando el聽鈥渄ies a quo鈥聽es el que figura en el acuerdo de inicio del procedimiento y no el de su notificaci贸n. As铆 lo establece en el art. 35.5 del聽RD 1649/1998 (Desarrolla infracciones administrativas de contrabando), no pudi茅ndose aplicar el aplicar el art. 104 de la Ley 58/2003 (LGT) cuando dice que el plazo de seis meses en los procedimientos iniciados de oficio se contar谩 desde la fecha de notificaci贸n del acuerdo de inicio, pues dicha Ley 58/2003 (LGT) es supletoria para lo no previsto en la normativa de contrabando.聽Por su parte, el聽鈥渄ies ad quem鈥聽no se detalla en el mencionado art. 35.5 del聽RD 1649/1998 (Desarrolla infracciones administrativas de contrabando), por lo que acudiendo a la doctrina del Tribunal Supremo, el Tribunal Central determina que ser谩, la fecha en que se notifique al interesado la resoluci贸n y no la fecha en que la misma haya sido dictada.

(TEAC, de 24-11-2016, RG 5642/2013)

La legislaci贸n del IRPF no ha contenido, ni contiene hoy, la regulaci贸n general del tratamiento a dar a las operaciones realizadas entre entidades vinculadas, sino que se remite a la existente en el 谩mbito del IS, vi茅ndose, por tanto, concernida de manera indirecta por las modificaciones legislativas del IS. La dificultad estriba en que el debate no se establece entre una norma general y otra especial, sino entre dos normas especiales. Por un lado, las 鈥渘ormas espec铆ficas de valoraci贸n鈥 del art. 35.1.b) de la Ley 40/1998 (Ley IRPF) y del posterior texto refundido, as铆 como el art. 37.1.b) de la vigente Ley 35/2006 (Ley IRPF), responden bien al tipo concreto de activo que se enajena, o bien al tipo de operaci贸n a trav茅s de la que se realiza la transmisi贸n, recogiendo una pluralidad de casos cuya necesidad de norma especial es, por tanto, variada, y va desde la conveniencia de ofrecer una soluci贸n t茅cnica concreta a complejos problemas valorativos a la fijaci贸n de referencia valorativa en transmisiones cuya contraprestaci贸n no se recibe en dinero. Por otro lado, las reglas previstas para las operaciones vinculadas se justifican por la relaci贸n existente entre las partes contratantes, y su finalidad es clara y un铆voca: evitar la elusi贸n fiscal que puede obtenerse con el uso de precios de conveniencia que transfieran bases imponibles entre los contratantes. Pues bien, ante la convivencia de estas diferentes reglas especiales que responden a distinta finalidad, sin que la norma priorice con claridad la aplicaci贸n de una u otra, la jurisprudencia de la Audiencia Nacional reca铆da sobre ejercicios posteriores a la vigencia de la Ley 43/1995 (Ley IS), siempre ha confirmado la aplicaci贸n de la regla de operaciones vinculadas cuando la regularizaci贸n expresamente se basa en esta circunstancia, en la vinculaci贸n de las partes contratantes y, por tanto, en el uso interesado de precios diferentes al que habr铆an convenido partes independientes, sin llegar a afirmar una preferencia absoluta y general de las normas de operaciones vinculadas sobre las que tan solo se fijan en el tipo de activo transmitido o en la operaci贸n en la que se transmite. En conclusi贸n, habr谩 que atender a los motivos por los que la regularizaci贸n se practic贸.

(TEAC, de 23-11-2016, RG 3029/2013)

La cuesti贸n objeto de regularizaci贸n radica en la inversi贸n efectuada en la adquisici贸n de envases y embalajes y concretamente en que la Inspecci贸n rechaza que los gastos en envases y embalajes sean considerados en su totalidad como gastos de propaganda y publicidad, y que tambi茅n, en su totalidad, sean incluidos en las bases para aplicar las deducciones. Pues bien, los obligados tributarios que pretenden acogerse a la deducci贸n deben acreditar haber incurrido en gastos de publicidad, esto es, los gastos cuya finalidad es dar a conocer los productos, o en este concreto supuesto, los acontecimientos promocionados. Respecto de estos gastos, una vez acreditada su existencia y cuantificado su importe, no existe objeci贸n alguna para que puedan ser considerados base del beneficio fiscal analizado. Ahora bien, la existencia de dichos costes no debe confundirse con el resto de costes derivados de la propia fabricaci贸n de los envases y embalajes en los que la empresa debe incurrir con independencia de que decida acometer la acci贸n publicitaria para la que se prev茅 el beneficio fiscal. Adem谩s, resulta importante se帽alar que la asunci贸n de costes espec铆ficos derivados de la incorporaci贸n de logos publicitarios a los envases y embalajes no implica que los costes finales de los envases con logo sean superiores a los costes ordinarios de esos envases antes o despu茅s de la concreta acci贸n promocional. En s铆ntesis de lo anteriormente expuesto ha de recalcarse que no se trata de que se exija ning煤n coste adicional, sino un coste 鈥渆spec铆ficamente鈥 atribuible a la inclusi贸n del logo, es decir al gasto de publicidad.

(TEAC, de 03-11-2016, RG 3779/2013)

Puesto que se considera que los socios no residentes operan en Espa帽a mediante establecimiento permanente, est谩n obligados a nombrar un representante en Espa帽a. No obstante, en caso de no hacerlo, la Administraci贸n -conforme al art. 9.2 RDLeg. 5/2004 (TR Ley IRNR)- podr谩 considerar como representante, a estos efectos, a aqu茅l que ostente la capacidad de contratar, es decir, de gestionar y dirigir la actividad realizada en Espa帽a. Y esta posibilidad surge en caso de incumplimiento de la obligaci贸n de nombrar al representante fiscal recogido en el art. 9.1 o al representante inscrito en el Registro Mercantil. Por lo tanto, dado que la comunidad de propietarios puede gestionar y dirigir la actividad realizada en Espa帽a de los comuneros no residentes, se podr谩 considerar responsable solidario de los mismos que no hayan nombrado representante en Espa帽a. Ello es as铆, sin perjuicio de la responsabilidad general recogida la Ley General Tributaria que incluye, entre los responsables solidarios de la deuda tributaria, a las personas o entidades 鈥渜ue sean causantes o colaboren activamente en la realizaci贸n de una infracci贸n tributaria.鈥 -art. 42.1.a) Ley 58/2003 (LGT)-.

(DGT, de 15-11-2016, V4922/2016)

Por la incorrecta tramitaci贸n de una demanda por despido laboral, el contribuyente percibe, en concepto de compensaci贸n por mala praxis, 12.000 鈧 de la compa帽铆a aseguradora que cubre la responsabilidad civil del abogado. La regulaci贸n de las rentas exentas se recoge en el art. 7 de la Ley 35/2006 (Ley IRPF), y m谩s concretamente en el p谩rrafo d) donde se recogen las indemnizaciones derivadas de la responsabilidad civil por da帽os personales, en la cuant铆a legal o judicialmente reconocida. No obstante, en este supuesto la compensaci贸n o indemnizaci贸n no se corresponde con la indemnizaci贸n exenta del art. 7.d), sino que se corresponde con un perjuicio econ贸mico causado al contribuyente, es decir, da帽os patrimoniales pero no los da帽os personales que ampara la exenci贸n. Con lo cual procede calificar la indemnizaci贸n como ganancia patrimonial, efectos de determinar su tributaci贸n en el Impuesto sobre la Renta de las Personas F铆sicas, y en cuanto derivada de la responsabilidad civil contractual por la negligencia en el cumplimiento de la relaci贸n contractual que se establece entre el abogado y el contribuyente, y que implica tambi茅n a la aseguradora de aquel. Procede su integraci贸n en la base imponible general. Al no derivar esta ganancia patrimonial de una transmisi贸n, su cuantificaci贸n se corresponder谩 con el importe de la indemnizaci贸n que determine la sentencia, ya que la ley determina que el importe de las ganancias o p茅rdidas patrimoniales ser谩 en los dem谩s supuestos (distintos del de transmisi贸n), el valor de mercado de los elementos patrimoniales o partes proporcionales en su caso.

(DGT, de 11-11-2016, V4868/2016)

El tutor tiene derecho a una retribuci贸n, siempre que el patrimonio del tutelado lo permita, correspondiendo al Juez fijar su importe y el modo de percibirlo, para lo cual tendr谩 en cuenta el trabajo a realizar y el valor y la rentabilidad de los bienes. En principio y con un car谩cter general, el ejercicio de las funciones de tutor, que b谩sicamente se concretan en ser el representante del incapacitado y velar por 茅l, no determina que se est茅 desarrollando una actividad econ贸mica, pues no se dan las caracter铆sticas configuradoras de esta calificaci贸n. El hecho de tener que procurar alimentos al incapacitado, de informar al Juez anualmente sobre la situaci贸n de 茅ste, as铆 como rendirle cuenta anual de su administraci贸n, y dem谩s facultades que se establecen para los tutores, constituyen elementos suficientes para calificar, en principio, como rendimientos del trabajo las retribuciones que se perciban. No obstante, proceder谩 calificar tales retribuciones como rendimientos de una actividad econ贸mica, aunque la tutor铆a se realice de manera accesoria u ocasional, cuando el contribuyente ya viniera ejerciendo una actividad econ贸mica en la que el desarrollo de las funciones de tutor pueda entenderse que constituye un servicio m谩s de los prestados a trav茅s de dicha actividad. Teniendo en cuenta la reducci贸n del 30% que se aplica a los rendimientos 铆ntegros, en caso de rendimientos del trabajo, o sobre rendimientos netos en caso de rendimientos de actividades econ贸micas, se especifica que la remuneraci贸n no est谩 vinculada al tiempo de ejercicio del cargo, sino al trabajo a realizar por el tutor, teniendo en cuenta el valor y la rentabilidad de los bienes del incapacitado, no habiendo un per铆odo de generaci贸n superior a dos a帽os y sin que se trate de rendimientos calificados reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, con lo cual, no 聽resulta aplicable la reducci贸n del 30%.

(DGT, de 10-11-2016, V4843/2016)

Un contribuyente percibe rendimientos del trabajo por importe de 9.530,00 鈧 y su mujer, empleada de hogar, 10.120,00 鈧. En la tributaci贸n conjunta, tal como pretenden tributar, los l铆mites excluyentes de la obligaci贸n de declarar no se elevan o multiplican en funci贸n del n煤mero de miembros de la unidad familiar, por lo que en este caso el l铆mite excluyente de la obligaci贸n de declarar en tributaci贸n conjunta ser谩 el de 12.000 euros, al percibirse rendimientos del trabajo de m谩s de un pagador y superar el importe percibido del segundo pagador los 1.500 euros anuales.

(DGT, de 10-11-2016, V4824/2016)

El heredamiento cumulativo y por atribuci贸n particular del Derecho Civil catal谩n, generan, sobre todo el primero, m煤ltiples situaciones jur铆dico-fiscales en lo que tiene que ver con su sometimiento al ISD y al IRPF. Devengo y obligaci贸n de declarar generan sometimiento y exenci贸n a la par. Se trata de una consulta para analizar pormenorizadamente en cada paso de la operaci贸n.

(DGT, de 08-11-2016, V4733/2016)

Selecci贸n de doctrina administrativa. Enero 2017 (1.陋 quincena)

Siendo cierto que la Administraci贸n Tributaria queda vinculada por los criterios expuestos en las consultas tributarias escritas, siempre que exista identidad entre los hechos y circunstancias del obligado y los que se incluyan en la contestaci贸n a la consulta, no se debe entender dicha vinculaci贸n m谩s all谩 de sus estrictos t茅rminos. Debemos recordar que la DGT resuelve consultas de situaciones particulares, cada una de las cuales puede tener peque帽as caracter铆sticas que las hagan diferentes, y si el caso concreto no ha sido resulto por la DGT, debe exigirse una mayor labor al 贸rgano encargado de la aplicaci贸n de los tributos para justificar porqu茅 aplica una consulta concreta, o por qu茅 no la aplica. Esta conclusi贸n no significa que se impida aplicar esas consultas, simplemente incide en la necesidad de justificar su aplicaci贸n o su no aplicaci贸n.

(TEAC, de 15-12-2016, RG 3185/2013)

La administraci贸n ha de satisfacer intereses de demora por el periodo de tiempo en que el importe del IVA a la importaci贸n estuvo indebidamente en su poder, es decir, hasta la fecha de la autoliquidaci贸n en la que dicho IVA soportado pudo ser compensado con el correspondiente IVA devengado. En el caso analizado, si bien la Administraci贸n reconoci贸 intereses de demora desde la fecha de ingreso del importe indebido hasta la fecha en la que se present贸 la primera autoliquidaci贸n, la fecha final del c贸mputo no es la fecha en la que se present贸 la autoliquidaci贸n, sino la fecha en que le fue devuelto al interesado el importe indebidamente ingresado.

(TEAC, de 15-12-2016, RG 1144/2012)

De acuerdo con la tesis mantenida por el Tribunal Supremo, la conducta tipificada en el segundo p谩rrafo del mencionado art铆culo consiste en determinar o acreditar cantidades incorrectas en la propia declaraci贸n; es decir, para que exista el tipo infractor aqu铆 tipificado, es necesario que el obligado tributario presente una declaraci贸n-liquidaci贸n en la que declare incorrectamente rentas netas, cuotas repercutidas, cantidades o cuotas a deducir o incentivos fiscales, pero cuya regularizaci贸n posterior por parte de la Administraci贸n, en un procedimiento de comprobaci贸n, no suponga una falta de ingreso -infracci贸n tipificada en el art. 191 de la LGT- o una obtenci贸n indebida de devoluci贸n -infracci贸n tipificada en el art. 193 de la LGT- debido a que el obligado tributario tiene a su favor cantidades pendientes de compensar, deducir o aplicar. Por su parte, la Inspecci贸n manifiesta que lo fundamental en la conducta tipificada analizada en este caso, es que no se haya declarado correctamente, con independencia de que no se haya declarado en absoluto o se haya declarado s贸lo parte; sin embargo, debemos tener en cuenta que el t茅rmino utilizado por el legislador en el precepto indicado es聽鈥渃uando se declare incorrectamente鈥澛 y no 鈥渃uando se declare incorrectamente o no se declare鈥, t茅rminos que en cambio si utiliza en la tipificaci贸n de otras infracciones, como la regulada en el art. 196 de la misma Ley 58/2003 (LGT), por lo que una interpretaci贸n gramatical de los t茅rminos utilizados por el legislador, que es la que debemos tener en cuenta a la vista de la claridad de las palabras reflejadas en el precepto, nos llevan a mantener la misma tesis que la sustentada por el Tribunal Supremo.

(TEAC, de 15-12-2016, RG 6639/2013)

En el caso concreto que se analiza, el TEAC hab铆a anulado una liquidaci贸n por ITP y AJD, por el concepto Transmisiones Patrimoniales Onerosas. La Administraci贸n, en ejecuci贸n de la resoluci贸n, practic贸 nueva liquidaci贸n del mismo impuesto, por el concepto Actos Jur铆dicos Documentados sin聽que constara la iniciaci贸n de聽nuevo procedimiento. Pues bien, el TEAC considera que la liquidaci贸n se ha dictado en un procedimiento no iniciado y por tanto inexistente. Se produce un vicio de nulidad absoluta pues, no habi茅ndose iniciado procedimiento alguno, no es posible dictar liquidaci贸n en el seno del mismo, dado que tal procedimiento no existe. La conclusi贸n no puede, en consecuencia, ser otra que declarar la nulidad absoluta del acto impugnado por haberse prescindido total y absolutamente del procedimiento establecido.

(TEAC, de 15-12-2016, RG 3539/2011)

El documento de valor esencial al que hace referencia el interesado es la Sentencia del 贸rgano judicial portugu茅s aportada, que, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento (CE)聽n.潞聽44/2001 del Consejo, debe ser reconocida en los dem谩s Estados miembros distintos de Portugal sin que sea necesario recurrir a procedimiento alguno. Debe advertirse asimismo que dicha sentencia tiene el car谩cter de 鈥漴esoluci贸n鈥 a los efectos de citado Reglamento, habi茅ndose presentado una copia aut茅ntica de la misma por la interesada que pretende el reconocimiento de la sentencia, no concurriendo ninguna de las causas que impiden este reconocimiento. Pues bien, por un lado, en el presente supuesto, se aprecia que los acuerdos impugnados referidos a los ejercicios 1994 y 1995, son firmes en v铆a administrativa como consecuencia de no haber sido interpuesto contra el mismo recurso de reposici贸n en plazo o reclamaci贸n econ贸mico-administrativa. Por otro lado, se aprecia que la Sentencia citada, al considerar como hechos probados que no se adquirieron los bienes citados por la interesada, constituye un documento de valor esencial para la decisi贸n del asunto objeto de los acuerdos impugnados; de tal manera que聽al declarar la inexistencia de las operaciones intracomunitarias, carecen de base jur铆dica los acuerdos impugnados. As铆 mismo, se trata de un documento posterior al acto recurrido, en la medida en que los acuerdos impugnados fueron dictados en el a帽o 1997 y la Sentencia aportada es de fecha 5 de marzo de 2013. Por tanto, concurre la causa establecida en el art. 244.1.a) de la LGT, por cuanto concurre documento de valor esencial, la Sentencia聽del 贸rgano judicial portugu茅s, que es posterior a los actos recurridos, y que evidencia el error cometido en los mismos.

(TEAC, de 24-11-2016, RG 3231/2013)

Existen diferentes procedimientos para la aplicaci贸n y solicitud de la exenci贸n del IVA, en funci贸n del tipo de operaci贸n de la que se trate. En el presente caso, estamos ante la exenci贸n regulada en el p谩rrafo b) del apdo. 1 del art. 3 del RD 3485/2000 (Franquicias y exenciones en r茅gimen diplom谩tico, consular y de organismos internacionales). Pues bien, la Organizaci贸n Mundial del Turismo no ha seguido el procedimiento regulado en la norma mencionada, seg煤n el cual, el primer requisito es que la solicitud de la aplicaci贸n de la exenci贸n se presente con car谩cter previo a la realizaci贸n de la operaci贸n. As铆 mismo, tampoco se cumple el requisito relativo a la no repercusi贸n del IVA en la factura por parte de los proveedores. No se trata, como alega el obligado tributario, de un simple defecto formal al haber presentado un modelo distinto del correspondiente, sino que se trata de un supuesto en el que no se ha seguido el procedimiento regulado en las normas para el tipo de operaci贸n de la que se trataba. Por tanto, al no haber seguido el obligado tributario el procedimiento regulado para solicitar la exenci贸n previa del Impuesto, las resoluciones desestimatorias de los recursos de reposici贸n interpuestos por el interesado son conformes a derecho.

(TEAC, de 24-11-2016, RG 6017/2013)

No procede la exenci贸n en el IBI respecto de un inmueble que se encuentra dentro del 谩mbito declarado "Bienes de Inter茅s Cultural del Conjunto Hist贸rico Art铆stico" del municipio, con una antig眉edad superior a 50 a帽os y se encuentra incluido en el Cat谩logo de Bienes Protegidos con un grado de protecci贸n "estructural", como instrumento para una especial protecci贸n, ya que la protecci贸n que se exige para ello es una protecci贸n integral y en este caso el inmueble s贸lo goza de una protecci贸n estructural. Cuando la protecci贸n no es integral sino de otro nivel distinto, no puede ser reconocida la referida exenci贸n en el IBI, habida cuenta de la interpretaci贸n restrictiva a la que est谩n sujetas las exenciones en materia tributaria de conformidad con el art. 14 LGT, que proh铆be el empleo de la analog铆a para extender m谩s all谩 de sus t茅rminos estrictos el 谩mbito del hecho imponible, de las exenciones y dem谩s beneficios o incentivos fiscales. Por tanto, no le resulta de aplicaci贸n la exenci贸n en el IBI, ya que el inmueble no se encuentra incluido como objeto de protecci贸n integral, requisito exigido para gozar de la exenci贸n del impuesto.

(DGT, de 25-11-2016, V5117/2016)

La comunidad de usuarios, carece de personalidad jur铆dica m谩s all谩 de la que individualmente corresponda a cada uno de sus miembros o comuneros, por tanto, si a trav茅s de su presidente promueve una reclamaci贸n judicial, lo ser谩 por todos o parte de sus miembros, actuando en cuanto tales, es decir, como personas f铆sicas y por tanto estar谩 exenta de la tasa judicial.

(DGT, de 23-11-2016, V5071/2016)

La hipoteca unilateral es un instrumento jur铆dico en uso creciente en la vida pr谩ctica que supone, a grandes rasgos, la firma inicial de la hipoteca por parte del deudor hipotecario, no asistiendo a la firma el representante del Banco, quien lo refrenda con posterioridad. Pues bien, la DGT en esta consulta viene a considerar a la operaci贸n como un todo, aclarando que la aceptaci贸n posterior no hace tributar de nuevo por la operaci贸n, lo cual supondr铆a una clara doble imposici贸n.

(DGT, de 10-11-2016, V4739/2016)

Como consecuencia de una decisi贸n empresarial de integraci贸n parcial de actividades del grupo societario, una persona f铆sica pasa a prestar sus servicios de una a otra empresa del grupo, produci茅ndose una sucesi贸n de empresa de acuerdo con el art. 44 RDLeg. 2/2015 (TRET). De modo que 聽parecer铆a que existen dos pagadores distintos, es decir, dos personas jur铆dicas que intervienen en la sucesi贸n: la sociedad cedente y la sociedad cesionaria. Ahora bien, esta duplicidad de pagadores tiene su origen en la integraci贸n parcial de actividades dentro del grupo societario y consecuente subrogaci贸n. Desde el punto de vista del IRPF, la sociedad cesionaria mantiene la condici贸n de mismo pagador, a efectos de la determinaci贸n del tipo de retenci贸n aplicable sobre los rendimientos del trabajo a percibir por los trabajadores procedentes de la empresa cedente. Adem谩s, a efectos de la determinaci贸n del l铆mite de la obligaci贸n de declarar por la obtenci贸n de rendimientos del trabajo, para estos trabajadores no se produce la existencia de m谩s de un pagador por el hecho de pasar a formar parte de la plantilla del nuevo empresario, la sociedad cesionaria. En conclusi贸n, el cesionario (el nuevo empresario) mantiene su condici贸n de mismo pagador -no produci茅ndose, por tanto, la existencia de m谩s de uno-, con lo cual el l铆mite determinante de la obligaci贸n de declarar respecto a los rendimientos del trabajo ser谩 22.000 euros anuales, y no el l铆mite de 12.000 euros en los supuestos de m谩s de un pagador.

(DGT, de 03-11-2016, V4662/2016)

Selecci贸n de doctrina administrativa. Diciembre 2016 (2.陋 quincena)

Selecci贸n de doctrina administrativa. Diciembre 2016 (1陋 quincena)

Selecci贸n de doctrina administrativa. Noviembre 2016 (2陋 quincena)

Selecci贸n de doctrina administrativa. Noviembre 2016 (1.陋 quincena)

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