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La Administración tributaria no puede revisar deducciones por doble imposición internacional procedentes de ejercicios prescritos cuando la normativa aplicable no lo permite, ni denegar la deducción de los impuestos efectivamente soportados en el extranjero por la mera discrepancia sobre el tipo de retención aplicado, debiendo respetarse los límites de las facultades de comprobación y las disposiciones de los convenios para evitar la doble imposición.

La sentencia de la Audiencia Nacional n.º 703/2026, de 10 de septiembre de 2026, con n.º de recurso 232/2013, analiza la conformidad a Derecho de una regularización del IS correspondiente a varios ejercicios, derivada de la denegación de determinadas deducciones por doble imposición internacional.

La devolución de ingresos indebidos derivados del ingreso erróneo del IVA a favor de una Administración tributaria que carecía de competencia para recaudarlo no puede denegarse al sujeto pasivo que repercutió el impuesto cuando se acredita que ha soportado efectivamente la carga fiscal y ha sufrido un perjuicio patrimonial real, pues ello puede generar un enriquecimiento injusto y vulnerar el principio de neutralidad del IVA.

La sentencia de la Audiencia Nacional n.º 487/2026, de 16 de septiembre de 2026, con n.º de recurso 531/2022, analiza si resulta conforme a Derecho la denegación de la devolución de ingresos indebidos correspondientes a cuotas del IVA ingresadas por error en España cuando debían haberse satisfecho a la Administración tributaria de otro Estado miembro de la Unión Europea.

La conservación de una copia del NIF o DNI del destinatario junto con la nota de entrega no constituye un requisito formal exigido por el Reglamento de Impuestos Especiales para la aplicación del tipo bonificado del Impuesto sobre Hidrocarburos, cuando el suministrador ha podido identificar al consumidor final mediante la exhibición del documento y la entrega queda debidamente acreditada.

La Audiencia Nacional analiza en su sentencia n.º 524/2026, de 16 de septiembre de 2026, con n.º de recurso 3098/2021, si resultaba conforme a Derecho la regularización practicada por la Inspección al considerar que determinadas entregas de gasóleo bonificado debían tributar al tipo general por no haberse aportado copia del NIF o DNI del receptor junto con las correspondientes notas de entrega.

La inadmisión de una solicitud de revisión de oficio por considerar que carece manifiestamente de fundamento resulta conforme a Derecho cuando las notificaciones se practicaron en el domicilio expresamente designado por el interesado y no se aprecia ninguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el art. 217.1 LGT.

La Audiencia Nacional en su sentencia n.º 489/2026, de 14 de julio de 2026, con n.º de recurso 61/2025, analiza si procedía la revisión de oficio al amparo del art. 217 LGT de un acuerdo de derivación de responsabilidad subsidiaria, al considerar el recurrente que la Administración había acudido indebidamente a la notificación edictal sin intentar previamente la notificación personal en su domicilio fiscal, lo que habría vulnerado su derecho de defensa.

La falta de acreditación del incremento del precio puede justificar que la Administración rechace la deducción pretendida, pero no permite, por sí sola, apreciar la existencia de ocultación. La Sala distingue así entre no haber conseguido probar un hecho necesario para la deducción y haber ocultado datos relevantes a la Administración tributaria. Por ello, considera que los mismos hechos que justifican la regularización no pueden utilizarse nuevamente para aplicar la circunstancia agravante de ocultación, al no haberse acreditado que la entidad hubiera omitido información relevante frente a la Administración.

La sentencia de la Audiencia Nacional n.º 623/2026, de 22 de mayo de 2026, con n.º de recurso 492/2021, resuelve un recurso contencioso-administrativo interpuesto contra una resolución del TEAC relativa al Impuesto sobre Sociedades, en el que se plantean, entre otras cuestiones, la deducibilidad de determinados gastos, la realidad de las operaciones facturadas, la carga de la prueba y la procedencia de las sanciones tributarias.

La anulación de la autorización judicial de entrada y registro por falta de idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida obliga a examinar la posible lesión del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, por lo que la solicitud de nulidad de pleno derecho no debió ser inadmitida y debe tramitarse el expediente para resolver sobre el fondo.

La Audiencia Nacional en su sentencia n.º 319/2026, de 4 de junio de 2026, con n.º de recurso 55/2025, analiza si la anulación de la autorización judicial de entrada y registro puede afectar a las actuaciones inspectoras realizadas al amparo de esta y si, por ello, procedía admitir la solicitud de nulidad de pleno derecho planteada al amparo del art. 217.1.a) LGT.

La resolución administrativa incurre en una defectuosa delimitación del objeto del procedimiento de revisión al no dar respuesta expresa y congruente a la totalidad de las actuaciones cuya revisión fue interesada.

La Audiencia Nacional en su sentencia n.º 503/2026, de 24 de julio de 2026, con n.º de recurso 94/2025, analiza si la Administración identificó correctamente el objeto de la solicitud de revisión y si la resolución administrativa impugnada dio respuesta a la pretensión efectivamente ejercitada, en particular, a los diversos acuerdos de derivación de responsabilidad subsidiaria y a las actuaciones recaudatorias derivadas de los mismos, así como las consecuencias de haber reconducido el procedimiento especial de revisión al examen de una concreta derivación de responsabilidad, sin respuesta administrativa expresa y congruente respecto de la totalidad de las actuaciones cuya revisión fue interesada.

La responsabilidad patrimonial de la Administración no puede utilizarse como vía alternativa para obtener una devolución de ingresos indebidos cuando el ordenamiento establece un procedimiento específico para determinar su procedencia y la resolución administrativa firme condicionó expresamente la devolución a la previa comprobación de determinados requisitos.

La Audiencia Nacional en su sentencia n.º 430/2026, de 4 de junio de 2026, con n.º de recurso 2384/2021, analiza si los perjuicios alegados por la falta de materialización de una eventual devolución tributaria pueden reclamarse mediante una acción de responsabilidad patrimonial de la Administración.

La pérdida de objeto de un procedimiento de recuperación de ayudas de Estado no determina la invalidez de una liquidación tributaria cuando ambos acuerdos tienen carácter complementario. La comprobación de un ejercicio no impide que la Administración examine en ejercicios posteriores los elementos que integran el fondo de comercio, y las retribuciones de los administradores son fiscalmente deducibles cuando el gasto está acreditado, contabilizado y correlacionado con los ingresos, sin que el incumplimiento de determinadas formalidades mercantiles determine por sí solo su no deducibilidad.

La sentencia de la Audiencia Nacional de 25 de junio de 2026, con n.º de recurso 730/2020, resuelve un recurso en materia del Impuesto sobre Sociedades dirigido contra una regularización tributaria en la que se plantean distintas cuestiones relacionadas con la recuperación de ayudas de Estado, la amortización del fondo de comercio, la determinación de su valor y composición, determinadas operaciones de cobertura y la deducibilidad de las retribuciones satisfechas a los administradores.