Jurisprudencia seleccionada

Selecci贸n de jurisprudencia. Marzo 2017 (2.陋 quincena)

Selecci贸n de jurisprudencia. Marzo 2017 (1.陋 quincena)

Cuando la normativa del Estado miembro en que est谩 establecida aplica a una sociedad matriz un tipo cero de gravamen sobre todos sus beneficios bajo la condici贸n de distribuirlos en su totalidad a sus accionistas, queda eliminado para esa sociedad matriz el riesgo de una doble imposici贸n de los beneficios que le haya distribuido su filial. Por ello, la Directiva 90/435/CEE del Consejo (R茅gimen fiscal com煤n aplicable a sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes) debe interpretarse en el sentido de que su art. 5.1 no se opone a la normativa de un Estado miembro que obliga a aplicar una retenci贸n sobre los rendimientos del capital mobiliario a los dividendos que una filial establecida en ese Estado miembro distribuya a una instituci贸n de inversi贸n colectiva de car谩cter fiscal, establecida en otro Estado miembro y sujeta al impuesto sobre sociedades a tipo cero, bajo la condici贸n de distribuir a sus accionistas la totalidad de sus beneficios.

(Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea, de 8 de marzo de 2017, asunto n潞 C-448/15)

El art. 49聽del Tratado de Funcionamiento de la UE y el art. 11.1.a) de la Directiva 90/434/CEE (R茅gimen fiscal aplicable a las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de acciones) deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, que, en el caso de una operaci贸n de fusi贸n transfronteriza, supedita la concesi贸n de las ventajas fiscales aplicables a tal operaci贸n en virtud de dicha Directiva a un procedimiento de aprobaci贸n previa en el marco del cual, para obtener dicha aprobaci贸n, el contribuyente debe acreditar que la operaci贸n en cuesti贸n est谩 justificada por un motivo econ贸mico, que no tiene como objetivo principal o como uno de sus objetivos principales el fraude o la evasi贸n fiscales y que su mec谩nica permite garantizar el gravamen futuro de las plusval铆as que se hayan diferido a efectos fiscales, mientras que, en el caso de una operaci贸n de fusi贸n interna, el diferimiento se admite sin que el contribuyente est茅 sujeto a tal procedimiento.

(Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea, de 8 de marzo de 2017, asunto n潞 C-14/16)

El principio de legalidad a la cabeza, junto con el resto de los principios informadores de nuestro sistema tributario recogidos en la Constituci贸n, se oponen a que la Administraci贸n tributaria vaya m谩s all谩 de la norma legalmente establecida y aplique m茅todos de valoraci贸n de operaciones vinculadas no establecidos. El Tribunal Supremo reprocha con contundencia tanto la actividad desarrollada por la Administraci贸n Tributaria, como el alienamiento desarrollado por la Audiencia Nacional, en posici贸n claramente al margen de la norma al postular la justificaci贸n del empleo del m茅todo del margen neto del conjunto de las operaciones -cuando a煤n no se hab铆a establecido en el art. 16 RDLeg. 4/2004 (TR Ley IS)- con base en la escasa fiabilidad de los comparables disponibles -m茅todo del art. 16.3.a), redacci贸n original- a la hora de llevar a cabo la valoraci贸n litigiosa.

(Tribunal Supremo, de 21 de febrero de 2017, recurso n潞 2970/2015)

M谩s all谩 de cuestiones de aplicaci贸n temporal del art. 12.5 RDLeg. 4/2004 (TR Ley IS) por las que el Tribunal no se siente obligado a聽 convertir en prejudicial para su decisi贸n en este procedimiento el pronunciamiento que est谩 pendiente de adoptarse en sede del TGUE en ejecuci贸n de la STJUE, de 21 de diciembre de 2016, asuntos n煤ms. C-20/15 P y C-21/15 P (acumulados), el Tribunal Supremo, en la l铆nea manifestada en su d铆a por la Audiencia Nacional, se帽ala que no aflora un fondo de comercio deducible en las operaciones intragrupo, sino que 茅ste s贸lo pudo generarse en la previa adquisici贸n de las participaciones a terceros.

(Tribunal Supremo, de 2 de febrero de 2017, recurso n潞 3857/2015)

Debe anularse la tasa impugnada cuyo hecho imponible consiste en la prestaci贸n del servicio de vigilancia especial y prevenci贸n del riesgo de usurpaci贸n de las viviendas propiedad de las entidades financieras, siendo sujetos pasivos las entidades financieras y las entidades participadas directa o indirectamente por aquellas, que sean propietarias de viviendas en el t茅rmino municipal beneficiarias por la prestaci贸n del servicio. Esta tasa vulnera el art. 21.1.c) del TRLHL, ya que supone exigir una tasa por el servicio de vigilancia p煤blica en general. Las caracter铆sticas del servicio, por su propia naturaleza, de vigilancia y patrulla de v铆a p煤blica solo se concibe como de vigilancia p煤blica en general, pues es obvio, la presencia policial en la v铆a p煤blica previene la comisi贸n de cualquier tipo de infracci贸n, y en especial, de las m谩s graves tipificadas como delito. No se puede obviar frente al posicionamiento de reproche al sujeto pasivo al que selectivamente se dirige la tasa, que se afirma "provoca" la prestaci贸n del servicio, al que se culpa del "fen贸meno de ocupaci贸n ilegal" que se afirma "sucede por el manifiesto desinter茅s de sus titulares por sacarlas a la venta en condiciones que no sean ventajosas" y al que en definitiva se quiere con la tasa "concienciar del inter茅s social de la vivienda", que ateni茅ndonos al ordenamiento jur铆dico vigente, el "fen贸meno de la ocupaci贸n ilegal" est谩 tipificado como delito en el art. 245 del C贸digo Penal , punto de apoyo desde el cual el razonamiento solo puede girar en sentido contrario al que funda la ordenanza, impidiendo repercutir los costes de prevenci贸n del delito a quien lo sufre.

(Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 7 de febrero de 2017, recurso n潞 175/2016)

Los cheques al portador entregados no eran cheques bancarios al portador, sino cheques particulares de la empresa, es decir, cheques emitidos por la mercantil (libradora) que se cobran a trav茅s de la entidad bancaria (librada), equiparando indebidamente el actuario ambos tipos de cheques ya que, insiste, no se trata de un cheque emitido por una entidad bancaria (cheque bancario) respaldado por la misma, sino de un cheque librado por un particular respaldado 煤nicamente por su patrimonio, diferencia fundamental en el tr谩fico mercantil por cuanto los cheques bancarios, a diferencia de los particulares, son considerados como dinero contante y sonante, siendo la menci贸n del art. 34.2 d) de la Ley 10/2010 a los "cheques bancarios al portador", y no a los cheques al portador sin m谩s. No ha existido ninguna opacidad en la operaci贸n por cuanto se documenta ante notario incorpor谩ndose los cheques a la escritura, realiz谩ndose el pago con dinero existente en banco, liquidando la sociedad los impuestos ante los funcionarios correspondientes, estando los cobradores de los cheques debidamente identificados por la entidad financiera, siendo comunicado el cobro por el banco a la AEAT, la cual tuvo conocimiento de la identidad del cobrador por lo que el pago no es an贸nimo ni opaco; y que en todo caso las normas sancionadoras han de ser interpretadas restrictivamente, incumpli茅ndose aqu铆 el principio de tipicidad y habiendo actuado con arreglo a la finalidad de la norma que es la de no ocultar el perceptor del pago, siendo como m铆nimo dudosa la redacci贸n del precepto, sobre el que nada advirti贸 el Notario, lo que eliminar铆a la responsabilidad sancionadora. En el presente caso no se discute que los cheques se libraron al portador por la firmante de los mismos mercantil, contra la cuenta corriente de la que era titular en la entidad bancaria, por lo que no encontr谩ndonos pues ante un "cheque bancario" -tampoco ante un cheque conformado del art铆culo 110 de la LCCH - sino ante un cheque, digamos, ordinario, ha de aceptarse la falta de tipicidad de la conducta desplegada por la recurrente, con la consiguiente anulaci贸n de la sanci贸n.

(Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le贸n (Sede en Valladolid) de 9 de enero de 2017, recurso n.潞 676/2015)

La Sala se ha pronunciado en m煤ltiples sentencias, inclin谩ndonos por la anulaci贸n de la valoraci贸n oficial cuando el actor presenta otra tasaci贸n, igualmente id贸nea amparada en un m茅todo legal como es en este caso la estimaci贸n que hace la entidad tasadora, realizada por el m茅todo previsto en el art. 57.1 g) de la LGT [Vid., STSJ de Castilla-La Mancha de 1 de febrero de 2016, recurso n.潞 512/2013 (NFJ062413)]. La Administraci贸n carece de capacidad alguna para imponer de forma general un orden obligatorio de m茅todos de comprobaci贸n en perjuicio del sujeto pasivo. As铆 pues, si un m茅todo de los subsidiarios ofrece un valor inferior, no bastar谩 con invocar la Orden para preferir otro de los m茅todos calificados de preferentes que ofrezca un valor superior, sino que habr谩 que motivar debidamente porqu茅 tal m茅todo es m谩s acertado para determinar el valor real del bien en ese caso. Por el contrario, si fuera el interesado el que pretende de la Administraci贸n que aplique el orden de m茅todos que ella misma se ha dado y ha hecho p煤blico, evidentemente para ella s铆 es del todo obligatorio por aplicaci贸n elemental del principio de los actos propios. En el presente caso no se ha motivado por la Administraci贸n la raz贸n por la que se opta por un m茅todo en contraposici贸n con otro, cuando se cuenta con 茅l, por mucho que la Orden establezca una prelaci贸n no recogida en la Ley, de modo que ha de estimarse el recurso cuya valoraci贸n se ampara en el dictamen de una sociedad tasadora con arreglo al cual se ha realizado la tasaci贸n del inmueble dedicado a local de negocio, seg煤n un m茅todo v谩lido para la tasaci贸n de los inmuebles a efectos hipotecarios.

(Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 30 de diciembre de 2016, recurso n.潞 60/2016)

La pertenencia a un grupo de sociedades no constituye un motivo de exclusi贸n de la exenci贸n por inicio de actividad en el IAE. La norma prev茅 tal exclusi贸n cuando la actividad se haya desarrollado con anterioridad, bien por el propio sujeto pasivo o bien cuando exista una sucesi贸n en la titularidad o ejercicio de la actividad desarrollada por otro sujeto pasivo, debiendo probar la Administraci贸n tributaria la citada sucesi贸n. El rechazo de la exenci贸n por parte de la Administraci贸n precisaba lo que aqu铆 falta, esto es, la prueba por parte de la Administraci贸n actuante de la sucesi贸n o transmisi贸n de la actividad, y ello porque el mero hecho de pertenecer a un grupo de sociedades no es obst谩culo que impida que se pueda gozar de la exenci贸n en cuesti贸n. Nada impide que un mismo grupo empresarial desarrolle la misma actividad con diversas empresas o marcas que operan en el mercado compitiendo entre ellas. La Administraci贸n no lo justific贸 adecuadamente en el curso de las actuaciones desenvueltas en la sede administrativa ni despu茅s en el juicio, mientras que la ahora apelante, bien que a trav茅s de sus propios empleados o bien a trav茅s de quienes no se sabe con certeza si lo son o son parte del accionariado, al fin, s铆 que ha tratado de justificar en el juicio su tesis de la falta de sucesi贸n. Sin embargo, no se trata de que el contribuyente pruebe que faltaba en el caso sucesi贸n sino que es la Administraci贸n Tributaria la que tiene que probar la existencia de la sucesi贸n para as铆 poder denegar la aplicaci贸n de la exenci贸n en cuesti贸n. Por ello procede la devoluci贸n de las cantidades ingresadas por el concepto tributario impuesto sobre actividades econ贸micas, ejercicio 2007, m谩s los intereses legales correspondientes.

(Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares de 12 de julio de 2016, recurso n.潞 183/2016)

Selecci贸n de jurisprudencia. Febrero 2017 (2.陋 quincena)聽

El Tribunal no pone en duda que la denegaci贸n expresa de la licencia de primera ocupaci贸n que afecta a una promoci贸n tendr谩 alg煤n grado de influencia sobre las ventas realizadas y documentadas mediante escritura privada de compraventa -aun cuando s贸lo lo sea porque el incumplimiento contractual es causa de resoluci贸n impl铆cita en todas las obligaciones rec铆procas, como lo son las que nacen de la compraventa-; ahora bien, tales consecuencias, derivan en todo caso de actos posteriores a las ventas mismas - desde luego, firmes, incondicionales y perfectas para la validez de los contratos-, que afectar谩n a la contabilizaci贸n y tributaci贸n de ejercicios posteriores, pero que no autorizan a modificar la contabilizaci贸n, correctamente establecida, en sus aspectos contables y fiscales, de las anotaciones efectuadas en el momento de la entrega material, de conformidad con los datos entonces disponibles y en cumplimiento estricto de la norma de valoraci贸n 18陋 de las Normas de adaptaci贸n al PGC de las empresas inmobiliarias.

(Tribunal Supremo, de 14 de febrero de 2017, recurso n.潞 484/2016)

No puede obstar a la existencia de una declaraci贸n de voluntad de la Administraci贸n, conscientemente expresada, ni la falta de motivaci贸n del informe de la Inspecci贸n -cuyas razones para considerar procedente la exenci贸n no son dadas a conocer- ni tampoco la aparente salvedad de que los requisitos聽se entienden formalmente cumplidos聽, en expresi贸n del informe -pues no es f谩cil alcanzar a comprender qu茅 significar铆a, a falta de toda explicaci贸n, en qu茅 podr铆a consistir el cumplimiento formal, en sentido de no sustantivo, del requisito de que la sociedad matriz tuviera por objeto la direcci贸n y gesti贸n de la sociedad filial-. A falta de concreci贸n, no se puede adivinar en qu茅 consiste el cumplimiento formal de los requisitos y en qu茅 medida ese adverbio abrir铆a la posibilidad de ulteriores comprobaciones sobre el mismo objeto.

(Tribunal Supremo, de 24 de enero de 2017, recurso n.潞 2963/2015)

El tr谩mite de audiencia que la jurisprudencia reclama en el supuesto de reintegro de ayudas de Estado declaradas ilegales no puede ser suplido por actuaciones y contactos informales con asesores de la sociedad recurrente; en efecto, tanto desde la perspectiva del Derecho Europeo como del Derecho interno es necesario aplicar un procedimiento que cumpla con las exigencias de dicho tr谩mite en el que pueda ejercitarse con plenitud el derecho a formular alegaciones.

(Tribunal Supremo, de 25 de enero de 2017, recurso n.潞 2432/2015)

En el procedimiento de autos la Administraci贸n tributaria abri贸 diferentes procedimientos de comprobaci贸n limitada en referencia al IVA de los pagos anticipados derivados de una operaci贸n de compraventa sobre una finca de los cuales, tan s贸lo uno termin贸 con resoluci贸n expresa, neg谩ndole el TEAC la preclusividad consagrada en el art. 140 Ley 58/2003 (LGT) al considerar que los dem谩s terminaron por caducidad, no estando impedida la Administraci贸n -en su opini贸n- para volver a comprobar. Sin embargo, la Audiencia Nacional sale al paso se帽alando que la propia existencia de la resoluci贸n niega de ra铆z tan posibilidad, con independencia de que los otros procedimientos terminaran sin intervenci贸n administrativa.

(Audiencia Nacional, de 30 de enero de 2017, recurso n.潞 493/2015)

Si tenemos en cuenta que el pago se encuentra probado, que el ingreso por dicho pago fue declarado a la Hacienda p煤blica, y que la negativa a la deducci贸n se debi贸 a la falta de prueba del origen del pago, no procede concluir que concurra el elemento de dolo o negligencia. Y es que, en un comportamiento que viene definido por una omisi贸n de prueba del origen del pago, pero que se basa en la existencia del mismo y su documentaci贸n, y que, adem谩s, origin贸 tributaci贸n en el receptor, no puede haber infracci贸n tributaria.

(Audiencia Nacional, de 14 de noviembre de 2016, recurso n.潞 545/2014)

No procede aplicarla cuando sin haberse incluido en la declaraci贸n se insta a ello a la Inspecci贸n en el curso de una actuaci贸n inspectora. En el caso de compra de derechos sobre supones de bonos brasile帽os en los que al dar de baja los t铆tulos se genera una p茅rdida elevada no cabe aplicar la exenci贸n del art. 11.4.b) del Convenio con Brasil porque el generador del importe cobrado no es el Estado brasile帽o, sino la entidad que cede el cup贸n. Hay abuso de Derecho y no econom铆a de opci贸n, que tiene como l铆mite la artificiosidad del negocio jur铆dico.

(Audiencia Nacional, de 10 de noviembre de 2016, recurso n.潞 574/2014)

Las devoluciones acordadas por la Administraci贸n como consecuencia de las comprobaciones tributarias que realice y que excedan de las solicitadas por el obligado tributario devengan intereses de demora. Se consideran devoluciones derivadas de ingresos indebidos y, por tanto, se liquidan desde que el sujeto present贸 la declaraci贸n, aunque no se solicitasen en ese momento. Las retenciones y pagos fraccionados dejan de ser debidos a partir del momento en que se presenta la autoliquidaci贸n.

(Audiencia Nacional, de 28 de octubre de 2016, recurso n.潞 514/2014)

Esta Sala no admite la legitimaci贸n procesal basada en el mero hecho de la asunci贸n contractual de la obligaci贸n de pago del impuesto, pues los convenios entre particulares sobre tal cuesti贸n solo producir谩n efectos entre ellos mismos, pudiendo hacerlos valer en el 谩mbito civil. En este caso, la interesada conforme a la escritura de liquidaci贸n de gananciales es la obligada al pago del IIVTNU. La Administraci贸n, conforme al criterio de la STS de 13 de mayo de 2010, en recurso de casaci贸n para unificaci贸n de la doctrina n潞 296/2005 (NFJ038990), entiende que pese a la existencia de cualquier pacto inter privatos, deber谩 seguir exigiendo el tributo a quien sea sujeto pasivo de acuerdo con la ley y este ser谩 el constre帽ido a su ingreso y al cumplimiento del resto de las prestaciones materiales y formales que integran la obligaci贸n tributaria. No podr谩, pues, alegar o excepcionar que un tercero ha asumido tal obligaci贸n por convenio con 茅l concertado y, correlativamente, no podr谩 tampoco ese tercero subrogarse en la posici贸n del sujeto pasivo frente a la Administraci贸n. A lo sumo, y en su caso, el tercero podr铆a, en el 谩mbito de la jurisdicci贸n civil, formular la oportuna reclamaci贸n frente al sujeto pasivo con el que hubiere convenido la asunci贸n de contingencias fiscales si es que estimara haber pagado a la Administraci贸n indebidamente [Vid, en sentido contrario STSJ de Madrid de 22 de diciembre de 2015, recurso n.潞 155/2015].

(Tribunal Superior de Justicia de Andaluc铆a (Sede en Granada), de 21 de noviembre de 2016, recurso n.潞 673/2016)

La Sala concluye al igual que el Magistrado de instancia que la Administraci贸n act煤a conforme a Derecho cuando no reconoce a los Ingenieros T茅cnicos Industriales la competencia general que exige la valoraci贸n de bienes en el procedimiento de gesti贸n tributaria, pues la ley no les habilita profesionalmente para proyectar y ejecutar la construcci贸n de edificaciones en general, ni consecuentemente, valorarlas, por lo que procede confirmar la resoluci贸n recurrida que deniega el acceso al sorteo para actuar como peritos terceros en expedientes de tasaci贸n pericial contradictoria, seguidos para fijar el valor real de bienes inmuebles en la liquidaci贸n de los ITP y AJD e ISD.

(Tribunal Superior de Justicia de Andaluc铆a (Sede en Granada), de 21 de noviembre de 2016, recurso n.潞 492/2015)

Selecci贸n de jurisprudencia. Enero 2017 (1陋 quincena)聽

En efecto, los t茅rminos en que est谩 redactada la responsabilidad del transportista, limitan su responsabilidad a partir del dep贸sito de las mercanc铆as en la aduana, quedando eximido de la misma por los acontecimientos que tengan lugar a continuaci贸n, incluso en el caso de que vuelva a hacerse cargo de la misma mercanc铆a salvo, claro est谩, que se demuestre su implicaci贸n en el il铆cito. La responsabilidad deriva, por tanto, de la operaci贸n y no de la mercanc铆a.

(Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea, de 21 de diciembre de 2016, asunto n潞 C-547/15)

La buena聽fe de los importadores de mercanc铆as, a los efectos de disfrutar del r茅gimen de preferencias generalizadas, no puede ponerse en entredicho a ra铆z de la publicaci贸n de un aviso dirigido por la Comisi贸n con redacci贸n poco clara, el cual deber铆a haber servido, precisamente, para guiar sus actividades Y es que el aviso no puede interpretarse en el sentido de que se refiere tambi茅n a las importaciones procedentes de Estados de la zona, no nombrados expresamente en el mismo, no pudiendo exig铆rseles que modifiquen sus actuaciones tras la publicaci贸n de dicho aviso. Un enfoque diferente reducir铆a la seguridad jur铆dica de los operadores econ贸micos, ya que, en caso de dudas sobre el alcance de un aviso a los importadores, se ver铆an forzados a aplicar siempre, por precauci贸n, medidas de protecci贸n adicionales, incluso en relaci贸n con importaciones procedentes de pa铆ses no identificados claramente como aquellos sobre los que recaen las dudas de la Comisi贸n.

(Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea, de 15 de diciembre de 2016, asunto n潞 T鈥548/14)

Efectivamente, el Alto Tribunal considera que la cabecera del grupo no se comporta como una 芦holding聽pura禄, es decir, como una entidad que limite su actividad a la mera adquisici贸n y tenencia de participaciones sociales, realizando actividades econ贸micas -consistentes en la tenencia, adquisici贸n y venta de participaciones en las filiales, financiaci贸n de sus operaciones mediante la concesi贸n de pr茅stamos y mediaci贸n en nombre propio en operaciones de seguro para las filiales- que le otorgan la condici贸n de sujeto pasivo del IVA, en tanto que son actividades empresariales a efectos del IVA con sustantividad propia y no meras operaciones accesorias.

(Tribunal Supremo, de 1 de diciembre de 2016, recurso n.潞 3810/2015)

Efectivamente, el Tribunal Supremo, se ve obligado 鈥揹adas las limitaciones del recurso de casaci贸n respecto de los hechos declarados probados- a asumir lo se帽alado en su d铆a por la AP de Gipuzkoa en la sentencia de instancia, en el sentido de que si de acuerdo con la regla de inversi贸n del sujeto pasivo del IVA, el adquirente 鈥揺n este caso de chatarra- se ve obligado a declarar tanto el IVA repercutido como el soportado, no puede considerarse defraudador del mismo por mucho que ese IVA soportado est茅 sustentado en facturas falsas. Y es que, al ser para 茅l una operaci贸n neutra, no cabe cuant铆a sobre la que tipificar el delito contra la Hacienda p煤blica. Asumen por tanto, ambos tribunales, un criterio patrimonialista de la conceptuaci贸n de este delito.

(Tribunal Supremo, de 2 de junio de 2016, recurso n.潞 437/2016)

Se trata de un beneficio fiscal que se otorga a las personas f铆sicas y no a las familias, por cuanto se concede a las personas f铆sicas que ostentan la titularidad de una vivienda que constituye su domicilio habitual y eso se cumple si ambos c贸nyuges, a pesar de serlo, viven en viviendas diferentes. La deducci贸n m煤ltiple es posible incluso en caso de declaraci贸n conjunta.

(Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 21 de diciembre de 2016, recurso n.潞 462/2015)

El cuadro de agitaci贸n psicomotriz con s铆ntomas psic贸ticos y afectivos presentado por la actora, que fue diagnosticado de trastorno bipolar adem谩s de disfunci贸n tiroidea y epilepsia, y malformaci贸n de Dandy-Walker fue el motivo de su hospitalizaci贸n. Asimismo qued贸 demostrado a trav茅s de los informes m茅dicos obrantes en el expediente administrativo, que la actora desde el mes de julio de 2009 hasta el mes de marzo de 2011 atraves贸 por varios episodios de confinamiento en su domicilio con falta de atenci贸n personal que particularmente incidieron en su actividad social y profesional, situaci贸n que llev贸 incluso a la Agencia Tributaria archivase un expediente sancionador iniciado contra la interesada por dejar de ingresar dentro del plazo establecido la autoliquidaci贸n del IRPF correspondiente al ejercicio 2010. Todos estos datos permiten entender acreditado que la factura-liquidaci贸n de gastos sanitarios a que se refiere esta litis, no lleg贸 a conocimiento de la interesada, y que este desconocimiento no se puede anudar a una falta de diligencia por su parte, o al menos a una mala fe en su actuaci贸n. Y permiten entender acreditado que pese a que la Administraci贸n ha intentado notificar la liquidaci贸n cumpliendo las formalidades legales, no lo ha hecho en cambio con la diligencia debida, pues siendo conocedora de los problemas psiqui谩tricos por los que atravesaba la interesada, y por los que hab铆a sido asistida en uno de sus centros hospitalarios, deber铆a de haber agotado todas las posibilidades que el propio expediente administrativo le ofrec铆a, a la hora de notificar la factura-liquidaci贸n, intent谩ndolo no solo en el domicilio de Ribadeo, sino tambi茅n en el Navia, que tambi茅n hab铆a sido facilitado por la actora,聽 tratando con ello de garantizar una notificaci贸n personal real y efectiva. No habi茅ndolo hecho de tal manera, procede estimar el recurso, anulando la providencia de apremio aqu铆 impugnada, y dem谩s actuaciones que trajeron causa en dicho acto administrativo, con devoluci贸n a la interesada de las cantidades que haya abonado en su ejecuci贸n.

(Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 11 de octubre de 2016, recurso n.潞 15445/2015)

La Sala se inclina por declarar que la entrada en vigor de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, el 1 de enero de 1995, no afecta a la aplicabilidad del coeficiente reductor del 0,70 por ciento previsto en la disp trans. 煤nica del RD 1020/1993 (Normas T茅cnicas de Valoraci贸n), pues con independencia de la cuesti贸n sobre la naturaleza de la Ley de Arrendamientos Urbanos, y sobre si la misma era suficiente para arbitrar los mecanismos compensatorios, para sustituir dicho coeficiente reductor hay que reconocer que la repercusi贸n del IBI nada tiene que ver con las finalidades que pretendi贸 dicha disp trans. 煤nica, al no representar una reducci贸n de la carga tributaria, sino la posibilidad de trasladar la cuota del IBI del arrendador al arrendatario, debiendo significarse que incluso con anterioridad la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 ya contempl贸 la posibilidad de elevar la renta por la creaci贸n o elevaci贸n de impuestos o arbitrios por el Estado, Provincia o Municipio que gravasen directamente la propiedad urbana. Por ello procede anular las resoluciones impugnadas (Vid., en sentido contrario, STSJ de Catalu帽a, de 4 de julio de 2013, recurso n.潞 750/2010, casada y anulada por la STS de聽 14 de septiembre de 2015, recurso n.潞 10/2014 y, en el mismo sentido, SSTS, de 18 de julio de 2013, recurso n.潞 427/2010聽y, de 8 de junio de 2004, recurso n.潞 5458/1999).

(Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 27 de septiembre de 2016, recurso n.潞 740/2014)

El Tribunal confirma la sentencia dictada por el juez de instancia que entiende infringido el principio de reserva de ley tributaria por parte de la ordenanza fiscal del Ayuntamiento, reguladora de la tasa por la prestaci贸n del servicio de retirada, transporte, tratamiento y destino final de residuos inertes, por extender el hecho imponible a la gesti贸n de cualquier clase de residuos industriales inertes, incluyendo lodos y fangos. La sentencia de instancia considera no controvertido el hecho de que los residuos consistentes en escorias, cascarillas y lodos generados en la factor铆a de la mercantil como consecuencia del proceso de fabricaci贸n industrial del acero, son residuos industriales no asimilables a urbanos, cuya gesti贸n adem谩s la realiza una empresa privada y no la entidad que gestiona los residuos urbanos y municipales del Ayuntamiento. La sentencia de instancia fundamenta la estimaci贸n del recurso en la infracci贸n del principio de reserva de ley y del principio de jerarqu铆a normativa, y ello lo hace partiendo del hecho probado de que los residuos que genera la factor铆a de la mercantil son catalogados como residuos industriales no peligrosos, no asimilables a urbanos; asimismo tiene como probado, y tal valoraci贸n es compartida por la Sala que la gesti贸n material de estos residuos era llevada a cabo por una empresa privada, sin que por el contrario, el Ayuntamiento haya acreditado la intervenci贸n municipal mediante encomienda de gesti贸n en relaci贸n a la gesti贸n de los citados residuos. Por tanto, entiende la Sala que el Ayuntamiento no puede exigir a la empresa apelada el pago de la tasa girada por la prestaci贸n del servicio de retirada, transporte, tratamiento y destino final de residuos inertes.

(Tribunal Superior de Justicia de Andaluc铆a (Sede en Sevilla), de 10 de marzo de 2016, recurso n.潞 583/2015)

Selecci贸n de jurisprudencia. Diciembre 2016 (2.陋 quincena)

Selecci贸n de jurisprudencia. Diciembre 2016 (1.陋 quincena)

Selecci贸n de jurisprudencia. Noviembre 2016 (2陋 quincena)

Selecci贸n de jurisprudencia. Noviembre 2016 (1.陋 quincena)

Selecci贸n de jurisprudencia. Octubre 2016 (2.陋 quincena)

Selecci贸n de jurisprudencia. Octubre 2016 (1.陋 quincena)

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