Jurisprudencia seleccionada

Selecci贸n de jurisprudencia. Julio (2.陋 quincena) y agosto 2017

Selecci贸n de jurisprudencia. Julio 2017 (1.陋 quincena)聽

Selecci贸n de jurisprudencia. Junio 2017 (2.陋 quincena)

Selecci贸n de jurisprudencia. Junio 2017 (1.陋 quincena)

Selecci贸n de jurisprudencia. Mayo 2017 (2.陋 quincena)

Selecci贸n de jurisprudencia. Mayo 2017 (1.陋 quincena)

Selecci贸n de jurisprudencia. Abril 2017 (2.陋 quincena)

Selecci贸n de jurisprudencia. Abril 2017 (1.陋 quincena)

Selecci贸n de jurisprudencia. Marzo 2017 (2.陋 quincena)

Selecci贸n de jurisprudencia. Marzo 2017 (1.陋 quincena)

Cuando la normativa del Estado miembro en que est谩 establecida aplica a una sociedad matriz un tipo cero de gravamen sobre todos sus beneficios bajo la condici贸n de distribuirlos en su totalidad a sus accionistas, queda eliminado para esa sociedad matriz el riesgo de una doble imposici贸n de los beneficios que le haya distribuido su filial. Por ello, la Directiva 90/435/CEE del Consejo (R茅gimen fiscal com煤n aplicable a sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes) debe interpretarse en el sentido de que su art. 5.1 no se opone a la normativa de un Estado miembro que obliga a aplicar una retenci贸n sobre los rendimientos del capital mobiliario a los dividendos que una filial establecida en ese Estado miembro distribuya a una instituci贸n de inversi贸n colectiva de car谩cter fiscal, establecida en otro Estado miembro y sujeta al impuesto sobre sociedades a tipo cero, bajo la condici贸n de distribuir a sus accionistas la totalidad de sus beneficios.

(Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea, de 8 de marzo de 2017, asunto n潞 C-448/15)

El art. 49聽del Tratado de Funcionamiento de la UE y el art. 11.1.a) de la Directiva 90/434/CEE (R茅gimen fiscal aplicable a las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de acciones) deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, que, en el caso de una operaci贸n de fusi贸n transfronteriza, supedita la concesi贸n de las ventajas fiscales aplicables a tal operaci贸n en virtud de dicha Directiva a un procedimiento de aprobaci贸n previa en el marco del cual, para obtener dicha aprobaci贸n, el contribuyente debe acreditar que la operaci贸n en cuesti贸n est谩 justificada por un motivo econ贸mico, que no tiene como objetivo principal o como uno de sus objetivos principales el fraude o la evasi贸n fiscales y que su mec谩nica permite garantizar el gravamen futuro de las plusval铆as que se hayan diferido a efectos fiscales, mientras que, en el caso de una operaci贸n de fusi贸n interna, el diferimiento se admite sin que el contribuyente est茅 sujeto a tal procedimiento.

(Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea, de 8 de marzo de 2017, asunto n潞 C-14/16)

El principio de legalidad a la cabeza, junto con el resto de los principios informadores de nuestro sistema tributario recogidos en la Constituci贸n, se oponen a que la Administraci贸n tributaria vaya m谩s all谩 de la norma legalmente establecida y aplique m茅todos de valoraci贸n de operaciones vinculadas no establecidos. El Tribunal Supremo reprocha con contundencia tanto la actividad desarrollada por la Administraci贸n Tributaria, como el alienamiento desarrollado por la Audiencia Nacional, en posici贸n claramente al margen de la norma al postular la justificaci贸n del empleo del m茅todo del margen neto del conjunto de las operaciones -cuando a煤n no se hab铆a establecido en el art. 16 RDLeg. 4/2004 (TR Ley IS)- con base en la escasa fiabilidad de los comparables disponibles -m茅todo del art. 16.3.a), redacci贸n original- a la hora de llevar a cabo la valoraci贸n litigiosa.

(Tribunal Supremo, de 21 de febrero de 2017, recurso n潞 2970/2015)

M谩s all谩 de cuestiones de aplicaci贸n temporal del art. 12.5 RDLeg. 4/2004 (TR Ley IS) por las que el Tribunal no se siente obligado a聽 convertir en prejudicial para su decisi贸n en este procedimiento el pronunciamiento que est谩 pendiente de adoptarse en sede del TGUE en ejecuci贸n de la STJUE, de 21 de diciembre de 2016, asuntos n煤ms. C-20/15 P y C-21/15 P (acumulados), el Tribunal Supremo, en la l铆nea manifestada en su d铆a por la Audiencia Nacional, se帽ala que no aflora un fondo de comercio deducible en las operaciones intragrupo, sino que 茅ste s贸lo pudo generarse en la previa adquisici贸n de las participaciones a terceros.

(Tribunal Supremo, de 2 de febrero de 2017, recurso n潞 3857/2015)

Debe anularse la tasa impugnada cuyo hecho imponible consiste en la prestaci贸n del servicio de vigilancia especial y prevenci贸n del riesgo de usurpaci贸n de las viviendas propiedad de las entidades financieras, siendo sujetos pasivos las entidades financieras y las entidades participadas directa o indirectamente por aquellas, que sean propietarias de viviendas en el t茅rmino municipal beneficiarias por la prestaci贸n del servicio. Esta tasa vulnera el art. 21.1.c) del TRLHL, ya que supone exigir una tasa por el servicio de vigilancia p煤blica en general. Las caracter铆sticas del servicio, por su propia naturaleza, de vigilancia y patrulla de v铆a p煤blica solo se concibe como de vigilancia p煤blica en general, pues es obvio, la presencia policial en la v铆a p煤blica previene la comisi贸n de cualquier tipo de infracci贸n, y en especial, de las m谩s graves tipificadas como delito. No se puede obviar frente al posicionamiento de reproche al sujeto pasivo al que selectivamente se dirige la tasa, que se afirma "provoca" la prestaci贸n del servicio, al que se culpa del "fen贸meno de ocupaci贸n ilegal" que se afirma "sucede por el manifiesto desinter茅s de sus titulares por sacarlas a la venta en condiciones que no sean ventajosas" y al que en definitiva se quiere con la tasa "concienciar del inter茅s social de la vivienda", que ateni茅ndonos al ordenamiento jur铆dico vigente, el "fen贸meno de la ocupaci贸n ilegal" est谩 tipificado como delito en el art. 245 del C贸digo Penal , punto de apoyo desde el cual el razonamiento solo puede girar en sentido contrario al que funda la ordenanza, impidiendo repercutir los costes de prevenci贸n del delito a quien lo sufre.

(Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 7 de febrero de 2017, recurso n潞 175/2016)

Los cheques al portador entregados no eran cheques bancarios al portador, sino cheques particulares de la empresa, es decir, cheques emitidos por la mercantil (libradora) que se cobran a trav茅s de la entidad bancaria (librada), equiparando indebidamente el actuario ambos tipos de cheques ya que, insiste, no se trata de un cheque emitido por una entidad bancaria (cheque bancario) respaldado por la misma, sino de un cheque librado por un particular respaldado 煤nicamente por su patrimonio, diferencia fundamental en el tr谩fico mercantil por cuanto los cheques bancarios, a diferencia de los particulares, son considerados como dinero contante y sonante, siendo la menci贸n del art. 34.2 d) de la Ley 10/2010 a los "cheques bancarios al portador", y no a los cheques al portador sin m谩s. No ha existido ninguna opacidad en la operaci贸n por cuanto se documenta ante notario incorpor谩ndose los cheques a la escritura, realiz谩ndose el pago con dinero existente en banco, liquidando la sociedad los impuestos ante los funcionarios correspondientes, estando los cobradores de los cheques debidamente identificados por la entidad financiera, siendo comunicado el cobro por el banco a la AEAT, la cual tuvo conocimiento de la identidad del cobrador por lo que el pago no es an贸nimo ni opaco; y que en todo caso las normas sancionadoras han de ser interpretadas restrictivamente, incumpli茅ndose aqu铆 el principio de tipicidad y habiendo actuado con arreglo a la finalidad de la norma que es la de no ocultar el perceptor del pago, siendo como m铆nimo dudosa la redacci贸n del precepto, sobre el que nada advirti贸 el Notario, lo que eliminar铆a la responsabilidad sancionadora. En el presente caso no se discute que los cheques se libraron al portador por la firmante de los mismos mercantil, contra la cuenta corriente de la que era titular en la entidad bancaria, por lo que no encontr谩ndonos pues ante un "cheque bancario" -tampoco ante un cheque conformado del art铆culo 110 de la LCCH - sino ante un cheque, digamos, ordinario, ha de aceptarse la falta de tipicidad de la conducta desplegada por la recurrente, con la consiguiente anulaci贸n de la sanci贸n.

(Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le贸n (Sede en Valladolid) de 9 de enero de 2017, recurso n.潞 676/2015)

La Sala se ha pronunciado en m煤ltiples sentencias, inclin谩ndonos por la anulaci贸n de la valoraci贸n oficial cuando el actor presenta otra tasaci贸n, igualmente id贸nea amparada en un m茅todo legal como es en este caso la estimaci贸n que hace la entidad tasadora, realizada por el m茅todo previsto en el art. 57.1 g) de la LGT [Vid., STSJ de Castilla-La Mancha de 1 de febrero de 2016, recurso n.潞 512/2013 (NFJ062413)]. La Administraci贸n carece de capacidad alguna para imponer de forma general un orden obligatorio de m茅todos de comprobaci贸n en perjuicio del sujeto pasivo. As铆 pues, si un m茅todo de los subsidiarios ofrece un valor inferior, no bastar谩 con invocar la Orden para preferir otro de los m茅todos calificados de preferentes que ofrezca un valor superior, sino que habr谩 que motivar debidamente porqu茅 tal m茅todo es m谩s acertado para determinar el valor real del bien en ese caso. Por el contrario, si fuera el interesado el que pretende de la Administraci贸n que aplique el orden de m茅todos que ella misma se ha dado y ha hecho p煤blico, evidentemente para ella s铆 es del todo obligatorio por aplicaci贸n elemental del principio de los actos propios. En el presente caso no se ha motivado por la Administraci贸n la raz贸n por la que se opta por un m茅todo en contraposici贸n con otro, cuando se cuenta con 茅l, por mucho que la Orden establezca una prelaci贸n no recogida en la Ley, de modo que ha de estimarse el recurso cuya valoraci贸n se ampara en el dictamen de una sociedad tasadora con arreglo al cual se ha realizado la tasaci贸n del inmueble dedicado a local de negocio, seg煤n un m茅todo v谩lido para la tasaci贸n de los inmuebles a efectos hipotecarios.

(Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 30 de diciembre de 2016, recurso n.潞 60/2016)

La pertenencia a un grupo de sociedades no constituye un motivo de exclusi贸n de la exenci贸n por inicio de actividad en el IAE. La norma prev茅 tal exclusi贸n cuando la actividad se haya desarrollado con anterioridad, bien por el propio sujeto pasivo o bien cuando exista una sucesi贸n en la titularidad o ejercicio de la actividad desarrollada por otro sujeto pasivo, debiendo probar la Administraci贸n tributaria la citada sucesi贸n. El rechazo de la exenci贸n por parte de la Administraci贸n precisaba lo que aqu铆 falta, esto es, la prueba por parte de la Administraci贸n actuante de la sucesi贸n o transmisi贸n de la actividad, y ello porque el mero hecho de pertenecer a un grupo de sociedades no es obst谩culo que impida que se pueda gozar de la exenci贸n en cuesti贸n. Nada impide que un mismo grupo empresarial desarrolle la misma actividad con diversas empresas o marcas que operan en el mercado compitiendo entre ellas. La Administraci贸n no lo justific贸 adecuadamente en el curso de las actuaciones desenvueltas en la sede administrativa ni despu茅s en el juicio, mientras que la ahora apelante, bien que a trav茅s de sus propios empleados o bien a trav茅s de quienes no se sabe con certeza si lo son o son parte del accionariado, al fin, s铆 que ha tratado de justificar en el juicio su tesis de la falta de sucesi贸n. Sin embargo, no se trata de que el contribuyente pruebe que faltaba en el caso sucesi贸n sino que es la Administraci贸n Tributaria la que tiene que probar la existencia de la sucesi贸n para as铆 poder denegar la aplicaci贸n de la exenci贸n en cuesti贸n. Por ello procede la devoluci贸n de las cantidades ingresadas por el concepto tributario impuesto sobre actividades econ贸micas, ejercicio 2007, m谩s los intereses legales correspondientes.

(Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares de 12 de julio de 2016, recurso n.潞 183/2016)

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