Desde el mes de octubre de 2009 se han venido publicando normas que, en mayor o menor medida, introducen modificaciones en las Leyes y los Reglamentos del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes. Además de la anual Ley de Presupuestos Generales del Estado, la norma reguladora de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario contiene disposiciones fiscales que afectan al mencionado impuesto.

Las reglas de localización de las prestaciones de los servicios constituyen un elemento esencial en la aplicación del IVA, pues permiten determinar qué prestaciones de servicios en las que estén involucradas empresas establecidas en España o en las que intervienen exclusivamente empresas sin establecimiento en el territorio nacional (más exactamente, el territorio de aplicación del impuesto) vienen sujetas al impuesto.

Este trabajo contiene una explicación detallada, apoyada con la legislación correspondiente, de un tema tan actual y de tanta trascendencia en estos momentos de crisis como es la modificación de la base imponible del IVA en el caso de suspensión de pagos, concurso y créditos incobrables. Analizamos la evolución que ha tenido la normativa en lo referente a rectificación de las bases imponibles desde que está en vigor el IVA.

En el presente artículo se analiza la novedosa Orden EHA/1658/2009, de 12 de junio, por la que se establecen el procedimiento y las condiciones para la domiciliación del pago de determinadas deudas cuya gestión tiene atribuida la AEAT (BOE de 23 de junio de 2009), y cuya entrada en vigor tendrá lugar el 1 de octubre de 2009.

En el presente artículo, el autor analiza diversos problemas relativos a las relaciones económicas de las empresas que adopten la forma de empresario persona física o sociedad civil o comunidad de bienes con los familiares del empresario. Estas células empresariales precisan a menudo de la colaboración de miembros de la familia; o utilizan elementos patrimoniales pertenecientes a la familia; y, en cualquier caso, ofrecen variantes al legislador a la hora de fijar el reparto o imputación personal de las rentas.

A nadie escapa la situación de fuerte desaceleración y crisis económica general en la que a lo largo de los últimos meses se desenvuelve la economía mundial, europea y española. Una crisis que está afectando de forma particularmente intensa al sector de la construcción, a la actividad empresarial en general, y a las familias.

En el ejercicio 2008 el legislador nacional ha dictado diversas normas que afectan al IVA que tienen su fundamento bien en la adaptación del derecho interno a la normativa comunitaria y a la jurisprudencia comunitaria (esencialmente el concepto de empresario o profesional en cuanto a las sociedades mercantiles, la delimitación de las operaciones no sujetas por transmisión de una empresa, o los límites en la importación de bienes por viajeros), o en la necesidad de encontrar medidas que permitan paliar los efectos económicos que la imposición indirecta genera en los em

Tratándose la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de una norma de reciente entrada en vigor (1 de enero de 2007) no han existido grandes cambios para la autoliquidación que se presentará entre mayo y junio de 2009 por la renta obtenida en 2008, salvando la famosa deducción de 400 euros que se anticipó en las retenciones del trabajo y los pagos fraccionados realizados a partir de junio del mencionado 2008.

Durante 2008 se han publicado varias normas de ámbito nacional que modifican el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD) en sus distintos conceptos impositivos y la ley por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio. Para su análisis agrupamos las modificaciones en función de la norma que las incorpora.

Durante 2008 se han publicado varias normas de ámbito nacional que modifican el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD) en sus distintos conceptos impositivos y la ley por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio. Para su análisis agrupamos las modificaciones en función de la norma que las incorpora.