SUMARIO: Responsabilidad de la Administración. Supuestos que dan lugar a responsabilidad. Conceptos indemnizables en particular. Honorarios de abogado y procurador en vía administrativa. Resulta rechazable la tesis conforme a la cual, obtenida la razón en la vía administrativa, debe resarcirse al administrado en todo caso por los derechos que le giran sus abogados, socializando el riesgo y convirtiendo a la Administración pública, vía presupuestaria, en una mutua de riesgos jurídicos. No le falta razón al Abogado del Estado cuando destaca la paradoja que supone aplicar en el ámbito administrativo un principio que el legislador no ha querido para el jurisdiccional, donde la regla general consiste en que cada parte peche con sus gastos, salvo que medie temeridad o mala fe de una de ellas.

SUMARIO: Regímenes especiales por razón del territorio. Haciendas forales. País Vasco. IS. Tratado CEE. Ayudas de Estado. El art. 87.1 del Tratado CE debe interpretarse en el sentido de que, para apreciar el carácter selectivo de una medida y por tanto su carácter de ayuda de Estado, se tiene en cuenta la autonomía institucional, de procedimiento y económica de la que goce la autoridad que adopte esa medida. Incumbe al órgano jurisdiccional remitente (TSJ País Vasco), único competente para identificar el Derecho nacional aplicable e interpretarlo, así como para aplicar el Derecho comunitario a los litigios de los que conoce, verificar si los Territorios Históricos y la Comunidad Autónoma del País Vasco gozan de tal autonomía, lo que tendría como consecuencia que las normas adoptadas dentro de los límites de las competencias otorgadas a dichas entidades infraestatales por la Constitución Española de 1978 y las demás disposiciones del Derecho español no tienen carácter selectivo, en el sentido del concepto de ayuda de Estado tal como aparece recogido en el art. 87.1. [Vid., STS, de 9 de diciembre de 2004, recurso n.º 7893/1999 y STJCE, de 6 de septiembre de 2006, asunto n.º C-88/03 ]

SUMARIO: IRPF. Rendimientos del trabajo. Reducciones. Se declara la nulidad del inciso contenido en el art. 10.3 RD 214/1999 (Rgto. IRPF) en el que se establece «…cuando sólo puedan ejercitarse transcurridos más de dos años desde su concesión». En efecto, el citado artículo establece que a efectos de la reducción prevista en el art. 17.2 a) Ley 40/1998 (Ley IRPF), se considerará rendimiento del trabajo con período de generación superior a dos años y que no se obtiene de forma periódica o recurrente, el derivado de la concesión del derecho de opción de compra sobre acciones o participaciones a los trabajadores cuando sólo puedan ejercitarse transcurridos más de dos años desde su concesión, imponiendo de esta forma una limitación no prevista en la Ley que se hace especialmente patente cuando entre la concesión y su ejercicio han transcurrido más de dos años, independientemente de que en el contrato, acuerdo o pacto entre cedente y cesionario (empleador o empleado) se establezca un límite temporal mínimo para su ejercicio. El caso del recurrente en la instancia resulta llamativo, pues se declara probado que ejercitó su derecho de opción sobre las acciones de su empresa transcurridos dos años y sin embargo se le denegó la reducción del 30 por ciento porque tenía convenido con la misma que el referido ejercicio se podía llevar a cabo con el mero transcurso de doce meses (posibilidad no realizada). No cabe duda de que por las razones que fueren la redacción del precepto, no sólo no es afortunada, sino claramente contraria a la Ley, lo que ha servido para que la Administración, en este caso, haya obligado al contribuyente a seguir, no sólo una reclamación ante el TEAR de Madrid, sino, posteriormente, un procedimiento judicial para obtener el reconocimiento de su derecho.

SUMARIO: Procedimiento de inspección. Organización. Competencia. Atendiendo a la fecha en la que se incoó el acta impugnada, en 12 de marzo de 1996, se aprecia que los Servicios de la Oficina Nacional de Barcelona tenían atribuidas las facultades de comprobación e investigación, existiendo designación o encomendación expresa por parte del Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, acordada conforme a norma. Además, se debe precisar que la propuesta de liquidación contenida en el acta fue confirmada por la Jefa de la Oficina Nacional de Inspección, por lo que, en caso de que existiera el vicio de incompetencia denunciado, entraría en juego lo previsto en el art. 67.3 Ley 30/1992 (LRJAP y PAC), sobre la convalidación del acto administrativo. Asimismo, la Jefa de la citada Oficina Técnica tenía competencia para dictar la liquidación recurrida.IRPF. Base imponible. Rendimientos del trabajo. Delimitación. Derechos de imagen de deportistas profesionales. Pagos a cuenta. Retenciones e ingresos a cuenta. Rendimientos del trabajo. Relaciones laborales especiales. Respecto de la cesión de los derechos de imagen de deportistas pueden darse tres hipótesis: -Que el jugador, con ocasión de su relación laboral, ceda sus derechos de imagen al club, de modo expreso. -Que en el contrato configurador de la relación laboral nada se pacte sobre los derechos de imagen. -Que el jugador de modo expreso se reserve esos derechos de imagen. En las dos primeras hipótesis, bien por acuerdo de las partes, bien por ende de la legislación que resulta aplicable, la naturaleza de tales rendimientos es la de rendimientos del trabajo personal sujetos, por tanto, a retención. En la tercera hipótesis, la de reserva de los derechos de imagen de su titular, la naturaleza de los rendimientos y el hecho de no estar sujetos a retención depende de su forma de explotación.Pues bien, en el supuesto de autos, tanto la inclusión de los derechos de imagen en el contrato laboral entre el jugador y el club, como la propia forma de contabilizar su contenido económico por parte del club, demuestran que los derechos controvertidos forman parte de los derechos del trabajador y que por tanto están sometidos a la retención pertinente.Aplicación e interpretación de las normas. Simulación. Simulación absoluta. En condiciones tales como que los contratos entre jugadores y sociedades cesionarias por regla general no figuran en el expediente, que los aportados no han sido presentados a liquidación por la transmisión de derechos que en ellos se contiene, o que los precios de los contratos de cesión no existen o carecen de proporción respecto a las cantidades que generan en concepto de derecho de imagen, no sólo es que la Hacienda pública tiene sobradas razones para considerar estos contratos como simulados, sino para pura y simplemente desconocerlos, pues es un tercero que no puede resultar perjudicado por la existencia de unos contratos de cesión de «derechos de imagen» en los que no ha participado y de los que se generaban unos derechos a su favor que no ha recibido. Y es que, en definitiva, el pago que realiza la entidad actora (club de fútbol) no tiene lugar, por tanto, en mérito a unos derechos de imagen previamente adquiridos sino por virtud de una encomienda de cobro de derechos derivados del contrato de trabajo que se encuentran sujetos a retención, resultando actor cualificado en la elaboración de este estado de cosas.[Vid., SAN, de 13 de junio de 2002, recurso n.º 115/2000 , que se recurre en esta sentencia].

SUMARIO: Impuestos sobre consumos específicos. Impuesto Especial sobre Hidrocarburos. El art. 14.1.a) de la Directiva 2003/96/CE del Consejo (Reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad), en la medida en que establece la exención de los productos energéticos utilizados para producir electricidad de la tributación prevista en dicha Directiva, tiene efecto directo en el sentido de que un particular puede invocarlo ante los órganos jurisdiccionales nacionales –con respecto a un período durante el cual el Estado miembro interesado no adaptó, dentro del plazo establecido, su Derecho interno a dicha Directiva– en un litigio como el del procedimiento principal, en el que se enfrenta a las autoridades aduaneras de dicho Estado, para que se deje de aplicar una normativa nacional que, en principio, es incompatible con la referida disposición y, por lo tanto, obtener la devolución de un impuesto contrario a ésta.

SUMARIO: IVA. Devoluciones. El art. 18.4 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, Sexta Directiva del IVA, según su modificación por la Directiva 2005/92/CE del Consejo, y el principio de proporcionalidad, se oponen a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, que, a fin de permitir los controles necesarios para evitar la evasión y los fraudes fiscales, amplía de 60 a 180 días, a contar desde la presentación de la declaración del IVA por el sujeto pasivo, el plazo del que dispone la Administración fiscal nacional para devolver a una categoría de sujetos pasivos el excedente del IVA, salvo si éstos constituyen una garantía por un determinado importe.

SUMARIO: IVA. Base imponible. Redondeo. Ante la inexistencia de una normativa comunitaria específica, corresponde a los Estados miembros determinar las reglas y los métodos de redondeo de las cuotas del IVA y dichos Estados están obligados, al realizar dicha determinación, a respetar los principios en los que se basa el sistema común de este impuesto, en particular, los de neutralidad fiscal y proporcionalidad.Asimismo, el Derecho comunitario, en su estado actual, no incluye ninguna obligación específica en virtud de la cual los Estados miembros deban autorizar a los sujetos pasivos a redondear a la baja por artículo la cuota del IVA.

SUMARIO: Impuestos sobre los beneficios de las sociedades. Una disposición de Derecho nacional que establece, en caso de distribución de beneficios por una filial a su sociedad matriz, la imposición de los rendimientos y los incrementos patrimoniales de la filial, que no habrían sido gravados si esta última los hubiera conservado en vez de distribuirlos a la sociedad matriz, no constituye una retención en origen en el sentido del art. 5.º.1 de la Directiva 90/435/CEE del Consejo.Por otro lado, el art. 52 del Tratado CE (actual art. 43) debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la aplicación de una medida nacional, como la que se aplica al litigio principal, en virtud de la cual la imposición de los beneficios distribuidos por una filial residente de un Estado miembro a su sociedad matriz se somete a un mismo mecanismo corrector, ya resida la sociedad matriz en el mismo Estado miembro o en otro Estado miembro, en tanto que, a diferencia de una sociedad matriz residente, una sociedad matriz no residente no recibe un crédito fiscal del Estado miembro de residencia de su filial.

SUMARIO: IVA. Obligaciones formales. Se declara el incumplimiento de la República Italiana de las obligaciones que le incumben en virtud de los arts 2.º y 22 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, Sexta Directiva del IVA, y del art. 10 del Tratado CE, al haber establecido en su Ley de presupuestos para 2003, una renuncia general e indiscriminada a la comprobación de las operaciones imponibles efectuadas a lo largo de una serie de períodos impositivos.

SUMARIO: Jurisprudencia comunitaria. Impuestos indirectos. Impuestos sobre consumos específicos. El art. 33.1 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, Sexta Directiva del IVA, en su versión modificada, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a un impuesto especial como el establecido en Polonia por la Ley de impuestos especiales, de 23 de enero de 2004, que grava toda venta de vehículos automóviles antes de su primera matriculación en el territorio nacional.Asimismo, el art. 90. párrafo primero del Tratado CE, debe interpretarse en el sentido de que se opone a un impuesto especial, como el controvertido en el litigio principal, en la medida en que la cuota del impuesto que grava la venta antes de la primera matriculación de los vehículos de segunda mano importados de otro Estado miembro exceda del importe residual del mismo impuesto incorporado al valor de mercado de vehículos similares matriculados con anterioridad en el Estado miembro que haya establecido el impuesto.

SUMARIO: II.EE. Impuesto Especial sobre Hidrocarburos. Gasóleo bonificado. Obligaciones formales. La autorización inicial vigente hasta 1996, quedaba sin efecto en virtud del mandato legal expreso de la Ley 38/1992 (Ley II.EE.), a partir del 30 de junio de 1993. Desde esa fecha, quien no dispusiera de nueva autorización expedida bajo la vigencia de la Ley 38/1992, no gozaba del requisito necesario para poder aplicar la exención y ello pese a que gozara, conforme a la legislación anterior, de autorización hasta 1996, pues el texto legal citado había limitado los efectos temporales de aquella autorización previa al 30 de junio de 1993, limitación temporal de orden legal.En otro orden de cosas, la vigencia de la exención a que la actora pretende tener derecho exigía poseer los documentos necesarios para poder disfrutar de ella cuando los hechos gravados acaecieron, en este caso, inscripción en el Registro correspondiente. De un lado, y careciendo de la documentación, la irregularidad circulatoria y el uso indebido de la exención es manifiesta, pues es indudable que el combustible se remitía a quien carecía de autorización para recibirla, lo que, además comportaba su uso indebido. De otra parte, el hecho de que con posterioridad se volviera a otorgar la autorización no presta cobertura a los envíos que se realizaron sin ella.Y es que las exenciones que se prevén en la legislación especial están plagadas de requisitos formales que aseguran la circulación uso y destino de los productos afectados en los círculos legalmente habilitados para ello. El incumplimiento de los requisitos formales, por poner en peligro las finalidades que el legislador pretende asegurar, conlleva la pérdida de los beneficios que toda exención comporta.

SUMARIO: IS. Base imponible. Reglas de valoración. Incrementos y disminuciones de patrimonio. Transmisión de elementos patrimoniales. Convenio con Brasil. En los bonos brasileños deben distinguirse claramente dos regímenes tributarios diversos en el IS:-El correspondiente a los intereses, en el que resulta indiscutible su tributación como rendimientos de capital mobiliario y, consecuentemente, su exención por mor del Convenio.-El atinente a las alteraciones patrimoniales, en que el importe de los intereses, justamente por ser rendimientos del capital mobiliario, deben quedar excluidos para fijar el valor de adquisición. En consecuencia, ha de concluirse que la diferencia negativa entre el valor de adquisición de los bonos brasileños que incluya el importe del cupón corrido y el de enajenación no constituye una disminución patrimonial, a efectos de la liquidación del Impuesto del sujeto pasivo. Tal disminución patrimonial, obtenida técnicamente por el juego de la normativa interna española sobre el tratamiento, en el IS, de los incrementos y disminuciones patrimoniales y de los rendimientos del capital mobiliario en conexión con el Convenio, resulta económicamente ficticia y, en una interpretación teleológica de la normativa contemplada, fiscalmente inadmisible como tal minusvalía. A juicio del Tribunal, con esta interpretación no se hace uso alternativo del Derecho: no corrige el contenido de la ley para descubrir obligaciones tributarias donde la ley no las ha establecido, sino que sólo integra el contenido de la norma al aplicarla, que es misión genuina del Tribunal Supremo. [Vid., en el mismo sentido, STS, de 9 de junio de 2008, recurso n.º 267/2005 ].

SUMARIO: IS. Base imponible. Reglas de valoración. Incrementos y disminuciones de patrimonio. Transmisión de elementos patrimoniales. Convenio con Brasil. En los bonos brasileños deben distinguirse claramente dos regímenes tributarios diversos en el IS:-El correspondiente a los intereses, en el que resulta indiscutible su tributación como rendimientos de capital mobiliario y, consecuentemente, su exención por mor del Convenio.-El atinente a las alteraciones patrimoniales, en que el importe de los intereses, justamente por ser rendimientos del capital mobiliario, deben quedar excluidos para fijar el valor de adquisición. En consecuencia, ha de concluirse que la diferencia negativa entre el valor de adquisición de los bonos brasileños que incluya el importe del cupón corrido y el de enajenación no constituye una disminución patrimonial, a efectos de la liquidación del Impuesto del sujeto pasivo. Tal disminución patrimonial, obtenida técnicamente por el juego de la normativa interna española sobre el tratamiento, en el IS, de los incrementos y disminuciones patrimoniales y de los rendimientos del capital mobiliario en conexión con el Convenio, resulta económicamente ficticia y, en una interpretación teleológica de la normativa contemplada, fiscalmente inadmisible como tal minusvalía. A juicio del Tribunal, con esta interpretación no se hace uso alternativo del Derecho: no corrige el contenido de la ley para descubrir obligaciones tributarias donde la ley no las ha establecido, sino que sólo integra el contenido de la norma al aplicarla, que es misión genuina del Tribunal Supremo.

SUMARIO: Vía jurisdiccional. Jurisdicción contencioso-administrativa. Procedimiento contencioso-administrativo. Medidas cautelares. Regímenes especiales por razón del territorio. Regímenes forales. País Vasco. IS. Suspensión del artículo único y de la Disp. Adic. Primera del Decreto Foral Norma de Urgencia Fiscal 3/2005 de Gipuzkoa , por el que se modificó la Norma Foral 7/1996 de Gipuzkoa (IS). El criterio de la apariencia de buen derecho supuso una gran innovación respecto a los criterios tradicionales utilizados para la adopción de las medidas cautelares, al permitir valorar con carácter provisional los fundamentos jurídicos de la pretensión deducida a los meros fines de la tutela cautelar. Esto sentado, y puesto que los autos impugnados se basan únicamente en la aplicación de la doctrina de la apariencia de buen derecho, y más concretamente en la existencia de determinada sentencia del Tribunal Supremo, los motivos que se aducen sobre la infracción de normas de Derecho Comunitario no pueden ser acogidos, en cuanto versan sobre el fondo del asunto. En cambio, procede acoger los motivos que aducen los recurrentes sobre la infracción del art. 130 Ley 29/1998 (LJCA), pues aunque el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, acogiéndose al principio de la apariencia de buen derecho, se basó en los pronunciamientos anulatorios de esta Sala sobre normas forales vascas, ha de reconocerse que la propia Sala de instancia ha decidido plantear ante el TJCE diversas cuestiones prejudiciales interpretativas. En esta situación, la apariencia de buen derecho inicialmente apreciada se debilita, debiendo mantenerse por ello la vigencia de disposición general impugnada, sin perjuicio de lo que decida el TJCE permita un adecuado debate y análisis de la controversia del proceso principal.

SUMARIO: IRPF. Incrementos y disminuciones de patrimonio. Cálculo. Normas específicas. Valores no admitidos a negociación. Para hallar el valor real de una transmisión a título oneroso de valores no admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales, en consonancia con el criterio establecido por el art. 48 de la Ley 18/1991 (Ley IRPF), por el que se capitaliza al tipo del 12,5 por ciento el promedio de los beneficios de los tres ejercicios sociales cerrados con anterioridad a la fecha de devengo del Impuesto, se establecerá como beneficio cero el del ejercicio en el que la sociedad cuyas participaciones se transmiten arroje pérdidas.

SUMARIO: IRPF. Deducción por maternidad. La literalidad del art. 83 del RDLeg. 3/2004 (TR Ley IRPF) sólo exige para la aplicación de la deducción por maternidad, además de tener hijos menores de tres años, el desempeño de una actividad y que se esté en situación de alta en el régimen de Seguridad Social correspondiente, no exigiendo que la actividad desarrollada por el contribuyente sea retribuida.

SUMARIO: Aplicación e interpretación de las normas. Simulación. Simulación absoluta. IS. Base imponible. Gastos deducibles. Gastos por licencia de marcas. Existe simulación en la siguiente operativa entre sociedades vinculadas: entidad que aporta sus marcas a otra residente en Madeira, la cual concede licencia de uso a una sociedad holandesa del grupo que, a su vez, sublicencia a la primera, que realizó la aportación. Al final los pagos por la licencia los recibe la sociedad domiciliada en Madeira, que tiene un régimen fiscal privilegiado. También forma parte de la operación simulada la aportación de las acciones en la sociedad portuguesa a una entidad residente en el País Vasco para evitar la aplicación del régimen de transparencia fiscal internacional.Valoración de operaciones vinculadas. Regímenes especiales. Fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores. Aportaciones no dinerarias especiales. Compra de una sociedad con bases negativas acumuladas a través de una instrumental que adquiere los créditos contra la adquirida y que suscribe las acciones por compensación de créditos, acogiéndose al régimen de las aportaciones no dinerarias especiales. Procede computar en la adquirida un beneficio derivado de la adquisición de créditos por la diferencia entre el valor nominal de los créditos y el valor de mercado por aplicación del art. 16 Ley 43/1995 (Ley IS).Procedimiento sancionador. Infracciones y sanciones tributarias. Procedimiento. Transcurso de más de un mes para acordar el inicio del expediente sancionador. Anulación de las sanciones.

SUMARIO: IS. No residentes. Rentas obtenidas mediante de establecimiento permanente. Determinación de la base imponible. Convenio con los Países Bajos. Operaciones vinculadas. Intereses de préstamos pagados a una entidad vinculada con la casa matriz. El establecimiento permanente, al compartir la personalidad jurídica de la matriz, se encuentra también vinculado con las sociedades con las que lo está la matriz. Los intereses de préstamos de entidades vinculadas son deducibles pues no les afecta la no deducibilidad de los intereses del art. 7.º 3 del Convenio, que se refiere a los préstamos concedidos por la propia matriz a su establecimiento permanente.

SUMARIO: Procedimiento sancionador. Infracciones y sanciones. Elementos de la infracción tributaria. Culpabilidad. Causas exculpatorias. Interpretación razonable de la norma. Procede. Imposibilidad de que se considere que para el mismo supuesto la misma norma se considere que produce en unos casos dificultades interpretativas y en otros no. Debe revocarse la sentencia impugnada, porque en un caso, aplicando la misma norma (art. 27.4 Ley 19/1994) considera que la sanción está fundada al no plantear la norma aplicable interpretación dudosa y, en otro caso, excluye de culpabilidad sancionadora reconociendo que esta misma norma sí plantea dudas interpretativas. No es posible asumir que un mismo órgano jurisdiccional en un proceso niegue las dudas interpretativas razonables de un determinado precepto que ha reconocido en otro proceso anterior, cuando el asunto se plantea en términos similares, en la medida en que no se incorpora explicación justificativa del diferente tratamiento.

SUMARIO: Procedimiento sancionador. Infracciones y sanciones. Elementos de la infracción tributaria. Culpabilidad. Causas exculpatorias. Interpretación razonable de la norma. Procede. Imposibilidad de que se considere que para el mismo supuesto la misma norma se considere que produce en unos casos dificultades interpretativas y en otros no. Debe revocarse la sentencia impugnada, porque en un caso, aplicando la misma norma (art. 27.4 Ley 19/1994) considera que la sanción está fundada al no plantear la norma aplicable interpretación dudosa y, en otro caso, excluye de culpabilidad sancionadora reconociendo que esta misma norma sí plantea dudas interpretativas. No es posible asumir que un mismo órgano jurisdiccional en un proceso niegue las dudas interpretativas razonables de un determinado precepto que ha reconocido en otro proceso anterior, cuando el asunto se plantea en términos similares, en la medida en que no se incorpora explicación justificativa del diferente tratamiento.