José Ramón Fernández de la Cigoña Fraga

La movilidad eléctrica continúa ganando protagonismo en España. Según los últimos datos del sector, los vehículos electrificados ya representan cerca de una quinta parte de las matriculaciones en España, confirmando el cambio de tendencia hacia formas de movilidad menos dependientes de los combustibles fósiles.

El incremento de los costes de los carburantes, la mejora tecnológica de las baterías y las crecientes restricciones a los vehículos más contaminantes han impulsado las matriculaciones de coches eléctricos e híbridos enchufables durante los últimos años.

Este cambio de tendencia se ve reforzado por el apoyo de las administraciones públicas mediante ayudas directas e incentivos fiscales. Aunque la atención suele centrarse en las subvenciones directas para la compra de vehículos, la fiscalidad puede tener un impacto igualmente importante sobre el coste real de la inversión.

Sin embargo, no todos los contribuyentes se benefician de las mismas ventajas. El tratamiento fiscal varía en función de si la adquisición la realiza un particular, un autónomo o una sociedad. Mientras que los primeros pueden acceder a una deducción específica en el IRPF, las empresas cuentan con mecanismos como la libertad de amortización para recuperar más rápidamente la inversión realizada.

En los últimos años, la Agencia Tributaria ha consolidado un modelo de control fiscal basado en el análisis masivo de información y el uso de tecnologías de big data.

La selección de contribuyentes para comprobación e investigación ya no depende exclusivamente de criterios manuales, sino de sistemas de tratamiento de datos que cruzan información procedente de múltiples fuentes.

Este modelo se enmarca en el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2026 (BOE de 12 de marzo de 2026). Estas directrices configuran el marco operativo del sistema de control fiscal, orientado a la detección temprana de riesgos fiscales mediante el análisis avanzado de información masiva.

No todos los contribuyentes están conformes con las actuaciones de la Agencia Tributaria, siendo cada vez más los que se atreven a litigar con el fisco.

Los tribunales económico-administrativos, que son la principal vía de revisión de los actos dictados por Hacienda en sede administrativa, dan la razón a los contribuyentes que reclaman en cuatro de cada diez ocasiones.

Las actuaciones de la Agencia Tributaria afectan a todo tipo de contribuyentes, pero los que saltan a la fama, son los que ya eran famosos por otros motivos, o los que ocupan los primeros puestos de la lista de grandes morosos de Hacienda.
Hacienda tiene amplias potestades de comprobación, pero los tribunales acotan en muchas ocasiones su marco de actuación y sientan jurisprudencia que defiende a los contribuyentes.

Los procedimientos tributarios no dependen únicamente de la normativa fiscal aplicable, sino también de la calidad de la prueba, la interpretación de los hechos y el encaje jurídico de las operaciones en tela de juicio. Por ello, para defenderse de Hacienda se pueden seguir diferentes tipos de estrategias.

La retribución del socio se suele estar en el foco de la Agencia Tributaria para vigilar la correcta tributación de los rendimientos del socio. No basta con fijar una remuneración en los estatutos, es necesario que la forma elegida responda a la verdadera función que desempeña el socio dentro de la entidad y a una planificación fiscal coherente. Cuando la estructura societaria se utiliza sin suficiente sustancia económica, puede considerarse una sociedad instrumental por parte de la Agencia Tributaria y acarrear regularizaciones, sanciones e intereses de demora.

En la práctica, esta retribución puede articularse a través de distintas vías de obtención de renta dentro de la propia sociedad, lo que añade complejidad al análisis fiscal. Entre las fórmulas más habituales se encuentran la retribución por funciones de administrador, la prestación de servicios profesionales, el reparto de dividendos o la combinación de varios de estos mecanismos.

La dificultad no reside tanto en la elección de una u otra alternativa, sino en determinar su correcta calificación en el IRPF y, sobre todo, en verificar si la estructura diseñada resulta coherente con la realidad jurídica y económica de la relación existente entre el socio y la sociedad.

En el IRPF se puede dar la circunstancia de que dos contribuyentes con la misma situación económica pueden obtener resultados distintos en su declaración de la Renta. Esto se debe al tratamiento fiscal que el IRPF otorga al estado civil, ya que la diferencia entre un matrimonio y una pareja de hecho puede generar importantes diferencias a la hora de tributar.

Esta diferencia no es una cuestión baladí en determinados casos, especialmente cuando existen importantes desigualdades de ingresos entre los miembros de la pareja.

Aunque desde el punto de vista civil ambas figuras pueden presentar similitudes, en el IRPF su tratamiento es diferente y condiciona la forma de declarar. Las diferencias se concentran en la tributación conjunta y en la aplicación de determinados beneficios fiscales.

En este artículo te explicamos los principales efectos en la declaración de la Renta de ser pareja de hecho o matrimonio.

Ya está abierto el plazo para la presentación de la declaración correspondiente al ejercicio 2025. La campaña se desarrollará hasta el 30 de junio de 2026, en un contexto de continuidad normativa y refuerzo de los sistemas de control e información de la Agencia Tributaria.

La recaudación del IRPF en el ejercicio anterior alcanzó cifras récord, superando los 142.000 millones de euros, y las previsiones apuntan a un crecimiento adicional en línea con la evolución de la actividad económica.

En este escenario, la campaña de la Renta 2025 no introduce grandes novedades, pero sí un incremento en la capacidad de cruce de información por parte de la Agencia Tributaria (AEAT), lo que facilita que cualquier error u omisión en una declaración pueda ser detectado y sancionado.

Además, la utilización de IA ayudará a fomentar y simplificar el correcto cumplimiento de obligaciones tributarias, como la presentación del IRPF, así como la calidad de los datos declarados al ayudar a solucionar deficiencias en la cumplimentación de las declaraciones.