Doctrina Administrativa

La consulta de la Dirección General de Tributos, de 20 de octubre de 2014, arroja un poco de luz sobre una cuestión de la que no es fácil encontrar documentación doctrinal o jurisprudencial, cual es la relativa a las consecuencias jurídicas que se derivan del asesoramiento defectuoso.

Más específicamente, lo que se aborda en la consulta es la deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades de las sanciones impuestas al contribuyente de las que se hace cargo el asesor.

• Consideración fiscal como “fábrica” de una instalación de producción de energía eléctrica: requisitos y consecuencias del incumplimiento de los mismos
• Tratamiento fiscal de la devolución indirecta de aportaciones a los socios
• Consideración como firme de una sentencia que no lo era: ¿Error de hecho o de derecho?
• Valoración de documentos obrantes en el expediente no traducidos a ninguna lengua oficial
• Relación entre la prescripción de la acción para liquidar y recaudar
• La devolución a no establecidos y la importancia de la calificación de la operación -entrega de bienes o prestación de servicios- para determinar el lugar de realización
• Alquilar una plaza de garaje a efectos de IRPF e IVA
• Contabilización y tributación en el IS de las indemnizaciones reconocidas por sentencia firme y pendiente de recurso
• La interposición de demanda de juicio ordinario que se produce una vez archivado el procedimiento monitorio está sujeta a la tasa judicial
• Liquidaciones provisionales y definitivas en el ICIO

En la página de la Agencia Tributaria, se ha publicado la Instrucción 3/2014, de 19 de noviembre, de la Directora del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para la suscripción de acuerdos singulares con obligados declarados en concurso de acreedores, la cual tiene por objeto sistematizar los criterios en la materia para homologar y coordinar las actuaciones de los órganos de recaudación de la AEAT, estableciendo para ello las condiciones generales para la suscripción de acuerdos singulares con obligados declarados en concurso de acreedores, si bien se advierte que los referidos criterios no son nuevos ni discrepan de los anteriores sino que lo que pretender es aclarar ciertos aspectos que han venido resultando confusos y lograr con ello una igualdad de actuaciones en situaciones similares.

La Dirección General de Tributos en una consulta vinculante de 11 de septiembre de 2014, de acuerdo con la línea jurisprudencial del Tribunal Supremo señala que, procede la sujeción a la tasa tanto en la interposición de recursos de casación contra autos como sentencias, por lo que ha de entenderse sujeta a la tasa citada el recurso de casación interpuesto contra un auto judicial dictado en procedimiento de ejecución definitiva.

En una consulta vinculante de 10 de diciembre de 2012, la Dirección General interpretaba que el alcance objetivo de la norma reproducida se circunscribía de forma exclusiva a los recursos contra sentencias.  Sin embargo el Tribunal Supremo, en su Auto de 27 de junio de 2013, ha considerado, con fundamento en la literalidad de la norma, que en los supuestos de recursos de casación, al no hacerse distinción alguna, procede la sujeción a la tasa tanto en los casos de interposición contra autos como sentencias, por lo que ha de entenderse sujeta a la tasa citada el recurso de casación interpuesto contra un auto judicial dictado en procedimiento de ejecución definitiva.

• La Administración no está obligada ope legis a acudir a los métodos de comprobación de valores para determinar el alcance de la responsabilidad tributaria
• Para atribuir la condición de empresario al titular de un terreno se exige que este asuma el coste de la transformación física del mismo, no siendo suficiente con que satisfaga gastos administrativos
• Recargos por declaración extemporánea: espontaneidad versus requerimiento previo
• Notificación realizada por agente tributario: valor jurídico del aviso de llegada
• La Administración goza de discrecionalidad para elegir el método de comprobación de valores procedente de entre todos los posibles
• Prescripción administrativa cuando todavía no hay prescripción penal: si el delito está vivo, lo está la responsabilidad civil -la deuda tributaria ingresada-
• Prohibición del efecto vertical descendente -aplicación directa de la norma europea en perjuicio del obligado tributario-
• No procede la reducción del 25% de la sanción cuando se aportan garantías distintas a las exigidas por el art. 188.3.a) Ley 58/2003 (LGT)
• La DGT aclara cómo debe hacerse el cómputo de los días de desplazamiento a efectos del cálculo de la exención por trabajos realizados en el extranjero

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su resolución de 30 de octubre de 2014, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio analiza, una vez concretados cuales son los elementos de partida para determinar cuál es el alcance de la responsabilidad del presunto responsable solidario, las actuaciones que lleva a cabo la Administración tributaria para la valoración de los bienes ocultados o transmitidos que hubieran podido embargarse o enajenarse.

 El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su resolución de 30 de octubre de 2014, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, analiza la necesidad de dictar providencia de apremio como requisito previo o necesario para que pueda operar la compensación de oficio. 

Pues bien, como regla general para proceder a la compensación de oficio la deuda tiene que estar ya en período ejecutivo, salvo la excepción que el párrafo segundo del art. 73.1 de la Ley 58/2003 (LGT) recoge - compensación de oficio en período voluntario de las cantidades a ingresar y a devolver que resulten de un mismo procedimiento de comprobación limitada o inspección o de la práctica de una nueva liquidación por haber sido anulada otra anterior-.

La Dirección General de Tributos, en consulta de 12 de septiembre de 2014, analiza si la adquisición de una vivienda nueva a una inmobiliaria que forma parte de una entidad de crédito está sujeta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, en su modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, por entender como entiende el banco, que no se trata de primera entrega, puesto que la promoción de la vivienda la inició una caja de ahorros con la que posteriormente se fusionó, o por el contrario está sujeta al IVA.

 La Dirección General de Tributos, en su consulta de 16 de septiembre de 2014, sale al paso de la pregunta planteada por un contribuyente que va a proceder a solicitar la devolución de su crédito por el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos –en adelante IVMDH y conocido coloquialmente como céntimo sanitario- y le pregunta cómo debería acomodar sus declaraciones por IVA e IS ante el eventual reconocimiento de la devolución solicitada.

• Solicitud de suspensión del acto impugnado: importe que debe cubrir la garantía 
• El procedimiento de gestión iniciado con la admisión de la declaración aduanera no termina con la concesión del levante en todos los casos
• Periodo de liquidación de intereses de demora por una IVA a la importación no ingresado
• En los procedimientos de gestión en materia aduanera prima el Derecho Comunitario
• Sólo por el hecho de no efectuar operaciones intracomunitarias en el plazo de doce meses no procede la baja de oficio en el ROI
• La solicitud de devolución de las cuotas soportadas por el régimen especial a no establecidos, interrumpe el plazo de prescripción del derecho a solicitar las cuotas soportadas de IVA por el régimen general
• Compensación de deudas e intereses de demora a favor del contribuyente: dies ad quem
• Recurso extraordinario de alzada para unificación de criterio: la no formulación de alegaciones impide entrar en el análisis del mismo
• Derecho de opción a la deducción de cuotas de IVA: modificación de la opción ejercitada en la autoliquidación finalizado el plazo de presentación 
• No se puede supeditar el derecho a la exención de entregas intracomunitarias de bienes al mero cumplimiento de requisitos formales
• Valoración de operaciones entre personas vinculadas 
• Los gastos en el desarrollo de proyectos se considerarán liberalidades si para cada proyecto se constituye otra sociedad
• Modificación del período impositivo para su incorporación al grupo fiscal
• El pago por el arrendamiento de parquímetros y central de gestión, en su conjunto, se considera como un arrendamiento de equipo, siendo calificado como canon