¿Tiene futuro el test de los «motivos económicos válidos» en las normas anti-abuso? (sobre la planificación fiscal y las normas anti-abuso en el Derecho de la Unión Europea)

Las consecuencias que el Derecho de la Unión Europea tiene para el establecimiento, interpretación y aplicación de las normas anti-abuso no sólo no pueden ignorarse sino que constituye la delimitación precisa actual de este tipo de normas, es decir, el único marco en el que pueden operar, salvo que se pretenda su aplicación a un contexto estrictamente interno. El objeto de este trabajo se limita a dos cuestiones generales: (i) determinar cuál es, en la hora actual, la noción de abuso de Derecho tributario en el Derecho de la Unión Europea haciendo hincapié en la reciente modificación de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y (ii) examinar las normas generales anti-abuso españolas, haciendo también referencia a algunas normas específicas anti-abuso (buena parte de las cuales proceden del Derecho tributario internacional) a la luz de dicha noción. El trabajo se centrará en la fiscalidad directa, aunque con necesarias referencias a la indirecta, por ser aquel ámbito donde más ha avanzado la jurisprudencia, precisamente en ausencia de un proceso de armonización en sentido estricto de la legislación tributaria en la Unión Europea, y por ser también éste el único ámbito cubierto, por el momento, por el Derecho tributario internacional.

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La vivienda habitual constituye el objeto de múltiples ventajas fiscales en nuestro sistema tributario, entre las cuales se halla la prevista en el artículo 20.1 c) de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. En ese precepto se contempla la posibilidad de que los contribuyentes de ese tributo puedan, en determinados casos, reducir su base imponible cuando el caudal hereditario incluya la vivienda habitual del causante. Pues bien, observando la configuración de dicho beneficio fiscal son varias las condiciones que a esos efectos establece la normativa reguladora de dicho tributo, a cuyo examen se ha dedicado este trabajo. En él se ha tratado de analizar la interpretación, no siempre clara, que a efectos de su aplicación práctica ha de hacerse de cada uno de tales requisitos, tarea en que resultan determinantes tanto la doctrina administrativa existente al respecto como el criterio jurisprudencial mantenido al hilo de cada uno de esos aspectos.

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El Auto del Tribunal Supremo de 25 de enero de 2010 supone la primera cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia planteada por un tribunal de justicia español en el ámbito de la imposición directa. En esencia, el Supremo plantea si la libertad de movimiento de capitales implica la existencia de una cláusula implícita de tax sparing en todos los convenios entre Estados miembros de la Unión Europea, de modo que un residente de un Estado pueda deducirse el impuesto que debería haber pagado en otro Estado, pero que no ha pagado por motivo de una exención o incentivo fiscal.

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A través de esta nota se da noticia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros de Finanzas de la Unión Europea, en su reunión de 8 de junio de 2010, sobre medidas que tratan de ordenar y coordinar a nivel europeo la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, así como frente a la competencia fiscal perniciosa. Tales acuerdos comprenden varias materias: medidas frente al fraude del IVA en operaciones transfronterizas, de impulso a los trabajos del Grupo del Código de Conducta frente a la competencia fiscal perniciosa en la Unión Europea y respecto a Suiza y Liechtenstein, y de coordinación de principios en materia de cláusulas antiabuso de transparencia fiscal internacional y de subcapitalización.

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El presente comentario tiene por objeto analizar, a la luz del actual marco normativo existente, así como de la doctrina administrativa y jurisprudencial elaborada al efecto, las principales cuestiones que plantea la acreditación de la condición de discapacitado, de cara a poder disfrutar de los distintos beneficios fiscales previstos para estos sujetos en la normativa reguladora del IRPF. Se analizan aspectos relativos, entre otras cuestiones, a la valoración y prueba de dicha condición, eficacia retroactiva de la declaración, etc.

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El concepto de establecimiento permanente es un concepto fundamental del Derecho tributario internacional. De tal manera que la pretensión de este artículo es la de delimitar el mismo a través de una serie de principios y criterios jurídicos generales derivados de la práctica española e internacional, con la exclusiva finalidad de poder llegar a definir el establecimiento permanente de una manera inductiva partiendo de sus características intrínsecas. Tal finalidad permitirá reducir a una discusión sobre principios jurídicos los muchos casos que en la práctica se suceden y así permitir la resolución de cuestiones jurídicas complejas mediante la aplicación de dichos principios jurídicos como fuentes del Derecho que son y no mediante la mera apelación a la casuística, ya sea doctrinal, administrativa o jurisdiccional. Asimismo, el presente trabajo ha intentado realizar una labor de interacción entre los distintos principios o criterios que han sido identificados en el instituto jurídico del establecimiento permanente con la finalidad de llegar a acotar conceptualmente al mismo.

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El artículo comenta un auto en el cual la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional concede la suspensión sin garantías de varias liquidaciones del Impuesto sobre Sociedades derivadas de expedientes de valoración de operaciones vinculadas a una importante empresa de este país que está en concurso de acreedores. En la vía jurisdiccional no hay ninguna ley que obligue al recurrente a prestar garantías; su prestación no es requisito sine qua non para obtener la suspensión. Una situación de concurso es suficientemente demostrativa de la imposibilidad de obtener garantías para suspender la ejecución y la pieza separada no puede dilucidarse prescindiendo de la situación, tanto económica, como jurídica, que se crea en el seno de aquel proceso mercantil, atendiendo a la cual la suspensión se concede sin garantías.

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La prueba constituye el medio para demostrar la realidad material de hechos controvertidos. Por ello, el desarrollo de la actividad probatoria, así como la valoración y eficacia de los distintos medios de prueba existentes adquieren especial trascendencia desde el inicio de un procedimiento de aplicación de los tributos hasta el ulterior proceso contencioso-administrativo.

La cuantía, por su parte, tanto en las reclamaciones económico-administrativas como en el proceso contencioso-administrativo, es un factor determinante pues condiciona la competencia del Tribunal conocedor del recurso, el procedimiento a seguir, así como los posibles recursos a interponer, salvo casos muy concretos.

El Curso de Perfeccionamiento y Actualización Tributaria, que se imparte en el CEF, ha dedicado una ponencia al análisis de ambos temas tratando de efectuar un repaso de su régimen jurídico mediante el estudio de los medios de prueba, su valoración y las reglas sobre la carga de la prueba, en los procedimientos de aplicación de los tributos, en los procedimientos de revisión de actos administrativos y en vía contencioso-administrativa, así como de las cuantías que determinan el acceso a los distintos tribunales y a los diferentes recursos.

El presente artículo es resumen de la conferencia que tuvo lugar el día 8 de abril de 2010.

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Este trabajo, por una parte, constata la importancia de la pequeña y mediana empresa, especialmente, en la economía canaria, realizando una descripción de las características principales de la reserva para inversiones.

Por otra, contextualiza los fundamentos teóricos relativos a la estructura de capital y la política de dividendos de las empresas, así como la evidencia empírica de sus factores explicativos, al ámbito de las pymes canarias.

Por último, realiza un análisis de los beneficios potenciales que pueden obtener las empresas que ajustan sus ratios de endeudamiento y tasas de reparto a los target que impone el Régimen Económico y Fiscal.

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Como en años anteriores, se analizan en este trabajo las principales novedades que en las distintas Comunidades Autónomas se han aprobado en los impuestos cedidos. Los tributos que se estudian son fundamentalmente el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. También existen algunas referencias a la tributación sobre el Juego.

Aunque con alguna excepción, no hay cambios especialmente relevantes para 2010, año que va a ser el primero de aplicación del nuevo modelo de financiación autonómica que, por incorporar alguna modificación importante respecto de la capacidad normativa de estos entes, puede propiciar para el futuro inmediato un mayor ejercicio legislativo.

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Con este trabajo se trata de poner de manifiesto las obligaciones de documentación a las que se encuentran sometidas las operaciones vinculadas de acuerdo con el Real Decreto 1793/2008, que en sus artículos 18, 19 y 20 desarrolla el contenido y carácteristicas de su elaboración. También se analizan las modificaciones introducidas por el Real Decreto-Ley 6/2010, en cuanto a la exoneración de la obligación de documentar para las empresas de reducida dimensión cuando el conjunto de las operaciones vinculadas a valor de mercado no supere los 100.000 euros.

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La tasa pericial contradictoria (TPC) y su reserva previa se instrumentan como mecanismos básicos que buscan la efectiva y legítima defensa de los intereses de los contribuyentes en los procesos de comprobación de valores.

El plazo para instar efectivamente la TPC cuando ha mediado la reserva previa ha sido objeto de interpretaciones jurisdiccionales que conllevan distorsiones procedimentales. El debate se suscita, una vez más, a raíz del desafortunado concepto de «firmeza en vía administrativa» que ha sido indebidamente interpretado como la fecha de notificación del acuerdo que resuelva el recurso o reclamación interpuesta contra la comprobación de valores, siendo así que lo ortodoxo hubiera sido interpretar que la consagración de la firmeza se demora hasta el vencimiento del plazo para acudir a la siguiente instancia (sea ésta todavía administrativa o ya judicial).

La trascendencia de la fecha en la que la firmeza quede consagrada es que determinará el dies a quo para que se inste efectivamente la TPC (con sus relevantes efectos suspensivos).

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En fecha 23 de marzo de 2009, la Audiencia Nacional concluyó que la compensación de bases imponibles negativas (BIN) de los grupos de consolidación fiscal está sometida a un orden de prelación, cuando concurren, por un lado, BIN generadas por el propio grupo fiscal y, por otro lado, BIN generadas por sociedades incluidas en dicho grupo, con carácter previo a su inclusión en el mismo (BIN individuales previas).

A pesar de que éste no fue el pronunciamiento central de la sentencia, lo cierto es que viene a ratificar la doctrina de la Dirección General de Tributos en la materia. Y ello, contrariando claramente la postura de la doctrina científica, de la Inspección de Tributos y de los Tribunales Económico-Administrativos, quienes fueron claramente favorables a la inexistencia de un orden de prelación y a la libertad de elección en la aplicación de BIN en el seno de grupos consolidados.

Se aviva pues un antiguo e importante debate, de gran actualidad en estos tiempos. A falta de un pronunciamiento por parte del Tribunal Supremo, las implicaciones fiscales y económicas derivadas de la postura sostenida por la Audiencia Nacional pueden ser muy relevantes en la práctica para los grupos consolidados españoles. En este contexto, el presente artículo pretende revisar de forma sumaria los pronunciamientos administrativos y jurisprudenciales en materia de compensación de BIN del grupo fiscal y ofrecer algunos argumentos para disentir de la opción manifestada por la Audiencia Nacional.

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El presente trabajo tiene por objeto el estudio de las condiciones de aplicación de la disposición adicional décima de la Ley General Tributaria. Para ello, en primer lugar, examinaremos los preceptos que configuran el régimen jurídico de la ejecución civil de la sentencia penal, en busca de la lectura que, siendo respetuosa con las exigencias constitucionales sobre la competencia funcional del juez de lo penal, permita integrar las normas procesales con las normas reguladoras de actividad ejecutiva de los órganos de la Administración Tributaria. Seguidamente, analizaremos la relación que se establece entre el órgano judicial y el órgano de recaudación cuando el condenado por un delito contra la Hacienda Pública no satisface voluntariamente la indemnización fijada en la sentencia. Por último, y considerando que nos encontramos ante una próxima reforma del Código Penal que, entre otros aspectos, puede afectar decisivamente al régimen jurídico de los delitos contra la Hacienda Pública, a modo de conclusión, comentaremos las tendencias que se apuntan en el Derecho Proyectado, en lo que se refiere a la responsabilidad civil derivada de las defraudaciones tributarias con trascendencia penal.

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La presente colaboración versa sobre las modificaciones habidas en 2009 en el Impuesto sobre Sociedades, pero también se analizan ciertos aspectos de la tributación de las rentas del capital en el IRPF en la medida en que guardan relación con el Impuesto sobre Sociedades. En este sentido son traídas a colación la Ley 3/2009, la Ley 11/2009 y la Ley de Presupuestos para 2010.

Pero hay otros boletines que también conciernen, aunque sea de manera indirecta, al Impuesto sobre Sociedades. Así, se examina brevemente la Decisión de la Comisión de la Unión Europea de 8 de julio de 2009, relativa a la aprobación del régimen holandés group interest box, cuya implementación podría suponer un acicate para las operaciones financieras intra grupo con finalidad fiscal.

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