Doctrina Administrativa

La Dirección General de Tributos, en consulta de 31 de marzo de 2015, analiza si es posible aplicar el supuesto de inversión del sujeto pasivo establecido en el art. 84.Uno.2º.g) de la Ley 37/1992 (Ley IVA) a una mercantil dedicada a la comercialización, entre otros productos, de consolas y programas de videojuegos. Dicha mercantil recibe de sus clientes órdenes conjuntas de consolas y programas a través de un sistema integrado de gestión electrónica con sus proveedores. El sistema se basa en el pedido recibido para realizar la gestión logística y administrativa de sus entregas.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su resolución de 12 de marzo de 2015, analiza si todas las cuentas corrientes bancarias han de quedar excluidas de la posibilidad de considerarse elementos patrimoniales afectos a una actividad económica, concluyendo que no, pues a efectos de analizar la afectación de las cuentas corrientes, lo relevante es determinar si se trata de elementos patrimoniales realmente necesarios para el ejercicio de la actividad, es decir comprobar si el saldo y movimientos de las cuentas corrientes corresponden con las vicisitudes propias del ejercicio periódico de aquélla y si sirven para sus fines.

Mediante la publicación de su consulta de 13 de abril de 2015, prometida y esperada desde hace más de un mes, la Dirección General de Tributos ha hecho pública su posición respecto de la tributación de los socios de las sociedades dedicadas a la prestación de servicios profesionales.

Se trata de una resolución de contenido omnicomprensivo, en el sentido de que repasa la tributación de este supuesto de hecho de una manera global, detallando cómo se ha de tributar en los tres impuestos afectados por el ejercicio de una actividad económica: el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto sobre Actividades Económicas. Y la novedad que aporta a la doctrina de este órgano administrativo no viene dada por lo que tiene que ver con el IRPF, cuya tributación ya ha sido tratada en consultas anteriores, como por ejemplo las de 22 de enero de 2015 o de 26 de enero de 2015, sino por la interpretación que se hace en el entorno del IVA –muy completa, ejemplificada y sólidamente fundamentada en la interpretación comunitaria, como es habitual en las consultas relativas a este impuesto, del concepto de actividad económica-.

• Los plazos que se computan por meses finalizan en el día correspondiente al ordinal anterior al inicial del cómputo, en el mes correspondiente
• La deducción por doble imposición de dividendos no es aplicable si los dividendos se perciben de una entidad no residente en España
• Requerimientos de información: las circunstancias patrimoniales concurrentes en un concreto obligado tributario tienen trascendencia tributaria
• La renuncia al régimen de estimación objetiva del IRPF vincula también a efectos del IVA
• La falta de firmeza del acto administrativo que declara unas cuotas como no deducibles impide la devolución de las mismas como indebidamente soportadas
• Devolución a no establecidos: el procedimiento no contempla la exigencia de un trámite de audiencia o de alegaciones
• Clasificación arancelaria de discos duros multimedia
• La transmisión de una rama de la actividad susceptible de funcionamiento autónomo no está sujeta a IVA pero sí a ITP y AJD
• Una entidad de conservación urbanística está exenta del pago de tasas judiciales  
• El alta en el Grupo 731 de Tarifas del IAE faculta a los abogados colegiados ejercientes para actuar como mediadores 

Para determinar cuándo se produce el devengo de la operación, y por tanto en qué trimestre debió repercutirse e ingresarse el IVA, debemos determinar cuándo se transmiten las fincas hipotecadas.

La Dirección General de Tributos, en su consulta de 10 de febrero de 2015, aclara que el hecho imponible de la tasa por el otorgamiento de licencias urbanísticas consiste en la realización de la actividad administrativa tendente a verificar si los actos de edificación y uso del suelo se adecúan o no a la normativa urbanística, así como a la tramitación y expedición de la correspondiente licencia y es un tributo distinto del ICIO, cuyo hecho imponible, está constituido por la realización de cualquier construcción, instalación y obra para la que se exija licencia de obras o urbanística.

La Dirección General de Tributos, en su consulta de 12 de marzo de 2015, rectifica el criterio de la consulta V1479/2013, en la que sostuvo que las comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal, debían pagar las tasas judiciales reducidas, del 0,1 por 100, en vez de la del 0,5 por 100 , en todos los procedimientos judiciales que emprendan, al carecer de personalidad jurídica propia, entendiendo ahora, que al estar exentas las personas físicas, también deben estarlo cuando estas personas físicas propietarias actúen a través de la junta directiva de la comunidad.

• Ejercicio del derecho a deducir las cuotas soportadas en una operación que se resolvió por incumplimiento del comprador 
• La inscripción en el Catastro de la alteración física de una finca no produce el devengo del IIVTNU
• La autenticidad del origen y la integridad del contenido de la factura electrónica no precisa de requisitos adicionales respecto de la expedida en papel
• La DGT nos avisa del nuevo régimen de tributación de los rendimientos de los socios profesionales
• La deducción por alquiler de vivienda habitual está condicionada a la titularidad del contribuyente como arrendatario
• Las costas e intereses en el procedimiento de jura de cuentas se consideran ganancia patrimonial
• Valor de transmisión de inmuebles situados fuera de España adquiridos por herencia
• Adquisición y venta por las farmacias de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud que también se comercializan para su prescripción fuera del mismo
• Afección de los bienes a la deuda tributaria del IBI 
• La transmisión mortis causa de los rendimientos negativos del capital mobiliario

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su resolución de 19 de febrero de 2015, entiende que en los casos en que el adquirente hubiera deducido el importe de las cuotas de IVA de forma indebida y se vea sometido a una actuación inspectora de regularización, la Administración tributaria debe adoptar la solución más favorable para el interesado, que evite una duplicidad impositiva y el consiguiente enriquecimiento por su parte, debiendo  efectuar las actuaciones de comprobación necesarias para determinar si efectivamente el obligado tributario tiene derecho a la devolución de las cuotas indebidamente repercutidas, regularizando de forma íntegra la situación del reclamante con respecto al IVA, garantizando así la neutralidad del Impuesto.

• Posibilidad de aplicar el régimen de estimación indirecta a un tributo y de estimación directa a otro
• Procedimiento de devolución a no establecidos iniciado ante la Administración del Estado miembro donde se encuentra establecido el solicitante
• Una factura con fecha de expedición anterior al devengo no documenta el derecho a la deducción de las cuotas soportadas
• Las cuotas de IVA soportadas en atenciones a clientes son deducibles en la medida en que los gastos lo sean en la imposición directa
• Facturas rectificativas: no procede la devolución de cuotas soportadas en periodos anteriores si en su momento no se atendieron los requerimientos de la Administración 
• Peaje por utilización de una red de transporte de electricidad