Doctrina Administrativa

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su resolución de 28 de mayo de 2015, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio fija como criterio que, en materia de reembolso del coste de las garantías aportadas para suspender la ejecución de un acto o deuda, cuando dicho acto o deuda sean anulados por sentencia o resolución administrativa que, al apreciarse vicios o defectos formales, ordenan la retroacción de las actuaciones, sin entrar a conocer del fondo del asunto, deberá restituirse íntegramente el coste de las garantías inicialmente aportadas, pues el acto o deuda ha sido declarado improcedente, con independencia de que, en virtud de la retroacción, se dicte un nuevo acto administrativo de liquidación.

• Simultanear la regularización minorando en el repercutidor el IVA repercutido indebidamente y el reconocimiento del derecho a la devolución en el sujeto repercutido es incompatible
• Solicitud de devolución por el agente de aduanas de las cuotas de IVA a la importación pagadas por cuenta del importador
• Nulidad de pleno derecho derivada de la utilización improcedente del procedimiento de verificación de datos en relación con el desarrollo de actividades económicas 
• Nulidad de pleno derecho derivada de la utilización improcedente del procedimiento de verificación de datos para llevar a cabo actuaciones de comprobación de valores
• Cambio de criterio en la determinación de la naturaleza urbana de suelo a efectos catastrales
• Prestación de servicios de mantenimiento y reparación sobre una flota dedicada al transporte marítimo de mercancías a un empresario no establecido en el TAI
• Exención de rentas obtenidas en el extranjero: arrendamiento de buques o aeronaves a casco desnudo por un no residente 
• La suspensión del plazo de prescripción no se perjudica por el exceso del plazo máximo de duración de las actuaciones producido tras la finalización de la vía penal
• La prórroga del plazo para alegaciones solicitada por el contribuyente constituye una dilación imputable al mismo, aunque este no la utilice en su totalidad

La AEAT, ha incluido en su página web una relación de nuevas preguntas frecuentes sobre la declaración informativa anual de cuentas financieras de determinadas personas estadounidenses (FATCA), modelo 290.

• Regularización de deudas tributarias por pensiones procedentes del extranjero y condonación de las sanciones, recargos e intereses liquidados por este concepto
• Profesional que interpone sociedad para desviar a través de ella la facturación de los servicios que presta: base del cálculo de la sanción
• Los intereses de demora derivados de un acta de inspección no son gastos deducibles
• Momento al que procede referir la valoración del bien o derecho que se trate a efectos de determinar el alcance de la responsabilidad:unificación de criterio 
• Pagos en especie: necesidad de vinculación para aplicar el valor de mercado
• Deducción de cuotas soportadas con anterioridad al inicio de la realización de entregas de bienes o prestaciones de servicios sin llegar a realizar operaciones sujetas al Impuesto 
• No procede exigir el ingreso del IVA repercutido en factura en una operación que no debe tributar 
• Clasificación arancelaria de kioskos digitales para el revelado de fotografías: cambio de criterio
• La infracción tributaria por consignar cuotas a compensar procedentes de periodos anteriores se debe sancionar en el ejercicio origen en que se autoliquidó de modo improcedente 
• Caducidad del valor declarado en aduana: unificación de criterio
• En una sociedad en situación concursal el plazo de pago en periodo voluntario de las deudas de la masa queda suspendido 

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su resolución de 7 de mayo de 2015, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, establece que la interdicción de la reformatio in peius hay que apreciarla de forma global respectos de los diferentes ejercicios cuando la regularización de todos ellos tiene el mismo fundamento.

Partimos del hecho de que el principio de la prohibición de la reformatio in peius es un principio de origen procesal aplicable al Derecho administrativo que tiene por objeto impedir que la resolución de un procedimiento iniciado a instancia de parte agrave la situación inicial del solicitante. Esta prohibición viene a resolver el conflicto que se plantea entre el principio de legalidad y el de seguridad jurídica con la prevalencia de éste último en los casos en los que es aplicable. 

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su resolución de 7 de mayo de 2015, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, establece que de conformidad con los principios de tipicidad, responsabilidad y no concurrencia, habiendo sido sancionada una persona o entidad por incumplir su obligación de practicar retención sobre las rentas que ha satisfecho, las retenciones objeto de sanción en sede de la pagadora no deben minorarse de la base de la sanción a imponer, en su caso, al perceptor de las rentas/obligado a soportar la retención, en aquellos supuestos en los que la retención no se hubiera practicado o lo hubiera sido por un importe inferior al debido, por causa imputable tanto al retenedor como al perceptor.

• Improcedencia de la ejecución parcial de sentencias
• Sustituciones fideicomisarias condicionales: el elemento temporal a considerar es el del fallecimiento del fiduciario 
• Admisión/inadmisión del recurso extraordinario de alzada para unificación de criterio
• Deducciones pendientes de una sociedad en el momento de su inclusión en un grupo 
• Provisión por depreciación de valores de una sociedad que forma parte de un grupo: balance individual o consolidado
• Deducción por inversiones medioambientales: tratamiento de residuos ajenos
• Duplicidad en el pago por actuaciones de la Administración: plazo de prescripción de la devolución de ingresos indebidos
• Exención provisional por la transmisión de terrenos para construcción de edificios en régimen de VPO: el incumplimiento del plazo de presentación de la cédula de calificación como VPO no es sancionable
• Régimen fiscal de los grupos de sociedades en el periodo impositivo 2015
• Ingresos por el cobro de donativos realizados por terceros a favor de organización sin ánimo de lucro
• La exención por trabajos realizados en el extranjero no se aplicará a quien ejerce funciones de dirección y gerencia
• Motivos válidos que determinan la deducibilidad de los gastos financieros derivados de deudas con entidades del grupo
• El plazo de presentación de las autoliquidaciones de IP e IRPF en Canarias coincidirá con la fecha y hora peninsular
• Deducibilidad por la pérdida por deterioro de créditos en sociedades del mismo grupo
• Régimen transitorio aplicable a las transmisiones de negocio realizadas a partir de 1 de enero de 2015
• Una nueva forma de inversión en España: tributación del otorgamiento de préstamos a particulares por no residentes
• Posibilidad de considerar el pago de costas como una pérdida patrimonial

Ya sólo quedaba, por parte de la Administración, el pronunciamiento de la Dirección General de Tributos, al respecto del tratamiento que debe dispensarse a los residentes en la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo que adquieren bienes mediante operaciones sometidas a nuestro ISD, o bien, como es el caso de las consultas de 18 de febrero de 2015 -con idéntica literalidad-, en que el sometido al Impuesto es un residente en España –por obligación personal-, que adquiere mediante título sucesorio bienes procedentes de Alemania, Estado con el que España no tiene firmado Convenio de doble imposición en materia de herencias, operación por tanto regida por nuestra norma interna.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 9 de abril de 2015, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, determina que para los contribuyentes del IRPF que ejerzan actividades económicas, el límite de la deducción por inversiones en Canarias en activos fijos nuevos, prevista en el art. 94 de la Ley 20/1991 (Modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias), debe aplicarse sobre la totalidad de la cuota íntegra y no únicamente sobre la parte de la misma que corresponda rendimientos de las actividades económicas desarrolladas en Canarias.

La Dirección General de Tributos en su consulta vinculante V0694/2015, de 3 de marzo de 2015, analiza cómo afecta la declaración del concurso de acreedores de una entidad en sus relaciones con la Administración tributaria local.

Una entidad es propietaria de un solar sobre el que el Ayuntamiento otorgó licencia para construir 80 viviendas y la entidad abonó al inicio de las obras la liquidación provisional del ICIO. La empresa decidió construir 30 viviendas en una primera fase y el resto en fases futuras, pero ahora va a transmitir tanto la obra construida (las 30 viviendas), como el solar edificable paras las 50 viviendas pendientes.