El Consejo Europeo recomienda a España revisar y simplificar su sistema tributario, desplazando parte de la carga fiscal de las rentas del trabajo hacia la fiscalidad medioambiental, del consumo y de los bienes inmuebles
El Consejo recomienda a España reforzar la sostenibilidad fiscal mediante la revisión y simplificación del sistema tributario, desplazando parte de la carga fiscal sobre las rentas del trabajo hacia la fiscalidad medioambiental, del consumo y de los bienes inmuebles. Por otro lado, el CESE evalúa los costes, beneficios y uso eficaz de la información fiscal en la UE.
En el DOUE de 20 de agosto de 2025 se han publicado la RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO, de 8 de julio de 2025, relativa a las políticas económicas, sociales, de empleo, estructurales y presupuestarias de España y el DICTAMEN DEL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO: Evaluación de las obligaciones de información fiscal en la UE: costes, beneficios y uso eficaz de la información por parte de las autoridades tributarias.
Entre sus recomendaciones para España en el plano fiscal el Consejo aconseja reforzar la sostenibilidad fiscal mediante la revisión y simplificación del sistema tributario, en particular desplazando parte de la carga fiscal sobre las rentas del trabajo hacia la fiscalidad medioambiental, del consumo y de los bienes inmuebles, para apoyar el crecimiento económico y el empleo, la cohesión y las transiciones ecológica y digital.
Por otro lado, el CESE aconseja simplificar de las normas fiscales como medio para mejorar los intercambios de información.
Junto con la recomendación anterior, el Consejo RECOMIENDA a España que tome medidas en 2025 y 2026 con el fin de:
1. Reforzar el gasto global y la preparación en materia de defensa y seguridad y garantizar al mismo tiempo la sostenibilidad de la deuda, reforzando la sostenibilidad fiscal mediante la revisión y simplificación del sistema tributario, en particular desplazando parte de la carga fiscal sobre las rentas del trabajo hacia la fiscalidad medioambiental, del consumo y de los bienes inmuebles, para apoyar el crecimiento económico y el empleo, la cohesión y las transiciones ecológica y digital.
2. Acelerar la ejecución de los programas de la política de cohesión y de los instrumentos de la UE, incluidas las posibilidades que brindan el programa InvestEU y la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa, para mejorar la competitividad.
3. Simplificar la normativa, mejorar los instrumentos reguladores y reducir la carga administrativa, así como la fragmentación normativa entre las comunidades autónomas. Aumentar la eficiencia judicial mediante la racionalización de los procedimientos judiciales y una mayor digitalización del sistema judicial en todas las comunidades autónomas. Facilitar la creación de empresas, la innovación empresarial y la expansión de las empresas, apoyar las inversiones en I+D y reforzar los vínculos entre ciencia y empresa.
4. Mejorar la gestión hidrológica para abordar mejor la adaptación a los efectos actuales y futuros del cambio climático e invertir en almacenamiento de energía, transporte y distribución de electricidad, así como en interconexiones eléctricas transfronterizas.
5. Aumentar la oferta de vivienda mediante la finalización de la reforma de la Ley del Suelo, la reducción de los plazos de tramitación de los permisos y la eliminación de obstáculos administrativos, y prevenir la escasez de mano de obra en el sector de la construcción y ampliar la oferta de vivienda social y asequible.
6. Hacer frente a la pobreza infantil, mejorando al mismo tiempo la eficiencia, la cobertura y la adecuación de las transferencias y la asistencia sociales.
Por lo que se refiere a la evaluación de las obligaciones de información fiscal en la UE (costes, beneficios y uso eficaz de la información por parte de las autoridades tributarias), el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (CESE) está centrado en la necesidad de simplificar las normas fiscales como medio para mejorar los intercambios de información y la mejora de la cooperación administrativa.
El CESE señala que un reto importante a la hora de simplificar la fiscalidad es que varias directivas europeas constituyen en realidad una transposición de los acuerdos de la OCDE al ordenamiento jurídico de la UE. Así pues, las futuras modificaciones de dichas directivas podrían dar lugar a una dualidad de criterios, lo que podría hacer que la fiscalidad sea más compleja en lugar de simplificarla.
La publicidad de los informes país por país se basa en normas y definiciones de conceptos diferentes, lo que genera cargas de cumplimiento adicionales y múltiples niveles de presentación de información. Se necesita una única norma armonizada, si bien los cambios deben coordinarse con las iniciativas y medidas de la OCDE a fin de evitar la fragmentación y otros desajustes no intencionados.
El CESE advierte de que el Pilar Dos puede solaparse con determinadas disposiciones de las Directivas contra la elusión fiscal (DEF), en particular en lo que respecta a las normas sobre sociedades extranjeras controladas (SEC). Se requiere una revisión general para evaluar si las medidas de las DEF siguen siendo necesarias o si se podría reducir la complejidad administrativa mediante ajustes específicos. Debe evaluarse la proporcionalidad de las DEF a la luz del marco del Pilar Dos y deben racionalizarse las diferentes normas residuales. Puede ser necesaria cierta flexibilidad para abordar las cuestiones mencionadas anteriormente en relación con el Pilar Dos, en particular habida cuenta del panorama geopolítico incierto y cambiante que se caracteriza por un aumento de las tensiones entre los principales bloques comerciales.
El CESE subraya la existencia de un principio fundamental, a saber, el intercambio de información entre las autoridades tributarias debe ajustarse siempre al RGPD y al principio de «minimización del tratamiento» de los datos personales, de modo que se respeten plenamente los derechos fundamentales de los contribuyentes.
La cooperación entre las administraciones tributarias es un factor clave para lograr un resultado fiscal justo, por lo que insta a la Comisión a que utilice y refuerce la digitalización de los procesos en las administraciones públicas, los procedimientos públicos y la interacción con los contribuyentes, lo que constituiría un paso fundamental hacia la simplificación y la racionalización de los procesos.
Entre sus conclusiones y recomendaciones destacan las siguientes:
El CESE apoya los planes de la Comisión para lograr la simplificación, reducir la carga administrativa y mejorar la competitividad de la economía europea. La revisión de la simplificación del marco jurídico general de la fiscalidad como forma de mejorar la coherencia de los regímenes tributarios mediante la eliminación de normas obsoletas y la racionalización de las aplicables podría contribuir sustancialmente al objetivo declarado de reducir la carga administrativa.
La simplificación fiscal debe contribuir a que facilitar información resulte eficiente en términos de costes, de manera que se mejoren el uso y el intercambio de datos entre las autoridades tributarias. No debe dar lugar a cambios injustos o involuntarios en las obligaciones fiscales ni abrir posibilidades de evasión fiscal o competencia fiscal perniciosa.
El CESE destaca que también podría lograrse una simplificación sustancial mediante la armonización de conceptos y términos jurídicos similares, aunque no totalmente concordantes, que estén consagrados en diversas directivas de la UE sobre fiscalidad indirecta, como por ejemplo en el caso de los impuestos especiales, los derechos de aduana y el IVA.
El CESE señala que unas normas fiscales amplias y generales reducen la complejidad administrativa y los costes de cumplimiento al garantizar la aplicación uniforme y la previsibilidad en todos los sectores, de modo que se eviten la fragmentación y la complejidad. En cambio, el exceso de flexibilidad y la existencia de múltiples excepciones sectoriales podrían provocar discrepancias.
Por muy útiles que sean, las orientaciones de la Comisión no bastarán para aportar claridad en relación con normas y conceptos fiscales complejos. Por consiguiente, el CESE propone que se introduzca un sistema de acuerdos tributarios previos a escala de la UE. La creación de un órgano jurisdiccional aportaría claridad en la interpretación de las directivas y reglamentos aplicados en los Estados miembros. Para que los acuerdos sean vinculantes, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea debe ser el órgano que se pronuncie en última instancia en caso de impugnación por parte de un Estado miembro o el contribuyente.
Debe crearse un nuevo foro conjunto sobre precios de transferencia en el ámbito de la fiscalidad de las empresas (FCPT), compuesto por expertos y que sería un órgano normativo.
El creciente número de trabajadores transfronterizos, y en particular de teletrabajadores, exige que la Comisión actúe para aportar claridad para los trabajadores en relación con el país en el que debe tributarse y practicarse la retención salarial, así como los derechos que ello conlleva.
Dado el número de personas que invierten en valores y acciones en otro Estado miembro, es necesario reclamar la devolución de las retenciones en origen sobre los dividendos al país en el que cotizan las acciones.
Se necesita una única norma armonizada para la publicidad de los informes por país. Al mismo tiempo, la proporcionalidad de la Directiva contra la elusión fiscal (DEF) debe evaluarse a la luz del marco del Pilar Dos.
A menudo, la multiplicidad de disposiciones en varias directivas, normativas nacionales y generales contra la elusión fiscal crea una situación fiscal imprevisible.
Se espera que la revisión en curso de las diferentes Directivas sobre cooperación administrativa (DCA) dé lugar a un análisis pormenorizado del modo en que se utiliza la información en los Estados miembros.
El CESE insta a la Comisión a que utilice y refuerce la digitalización de los procesos en las administraciones públicas, los procedimientos públicos y la interacción con los contribuyentes, lo que constituiría un paso fundamental hacia la simplificación y la racionalización de los procesos.