Jurisprudencia

Hay que tener en cuenta la finalidad de la ley cuando contempló esa concreta excepción, fundamentada en que en la actividad económica de construcción y de promoción inmobiliaria, por su propia naturaleza una parte importante del activo está constituida por inmuebles. Y este es el caso de autos, ya que no se ha demostrado que la sociedad realizara más actividad económica que la propia de promoción inmobiliaria que precisamente es una actividad incluida en la exención contemplada y por ello procede anular el acto administrativo impugnado. Si la finalidad del artículo 108.2 Ley 24/1988 (Mercado de Valores) busca precisamente que se tribute como transmisión patrimonial onerosa la transmisión de participaciones sociales de sociedades que en definitiva son una transmisión inmobiliaria, hay que estar también a la excepción contemplada en la ley, de excluir los inmuebles contabilizados como existencias, por dedicarse precisamente esas sociedades a actividades económicas basadas fundamentalmente en esos inmuebles.

(En actualización)

• Prestarlos o explotarlos. ¿Cuál será para el Tribunal Supremo el criterio localizador de los servicios a efectos del IVA?
  
  

   

• El Impuesto sobre las viviendas vacías de Cataluña es constitucional
• Los beneficios fiscales a favor de sujetos pasivos con una renta de inserción social o con ingresos no superiores al IPREM no desvirtúan la figura tributaria de una tasa
• A día de hoy es lógico pensar que un seguro de responsabilidad civil incluye la tributaria por lo que su exclusión debe aceptarse expresamente por el tomador
• Derecho a deducir las retenciones practicadas, aun cuando no se hubiesen ingresado por el retenedor
• Presentación de documentos y pruebas con posterioridad a la finalización del procedimiento de comprobación
• Declaración tributaria: ejercicio de opciones y corrección de errores de hecho
  
• Aunque una finca de regadío no se cultive no disminuye su valor de mercado a efectos de impuestos patrimoniales
• Las liquidaciones por estimación directa anteriores de la tasa de pasaje no impiden el ejercicio de la opción por el régimen simplificado
• Legitimación de la entidad bancaria para solicitar la devolución de ingresos indebidos por la no sujeción del pagaré
• La exención en el IIVTNU del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona sigue vigente
  

El contribuyente alegó desproporción en la sanción con apoyo en el Dictamen de la Comisión Europea en que requería a España para modificar su legislación en la materia, so pena de iniciar un procedimiento de incumplimiento, y la Agencia Tributaria se negó argumentando que su función “no es valorar un alegato de desproporción” 

Le ha costado caro a la Agencia Tributaria –y éste puede ser un precedente de otros muchos casos- su cierre de filas en lo que tiene que ver con nuestra legislación interna sobre la declaración informativa de bienes en el extranjero, a todas luces exageradamente dura, y que tiene al Estado español en un hilo ante las instancias europeas, en lo que tiene que ver con los bienes situados en otros Estados comunitarios, por cuanto se nos acusa de que tal dureza pugna con la libertad de circulación de capitales.

Todo esto es el telón de fondo de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 28 de noviembre de 2018, pronunciamiento desgarrador tanto por los hechos que se analizan como por la dureza de las palabras del juzgador que terminan en condena en costas a la Administración.

El Tribunal Supremo defiende que no puede argumentarse otra posición con base en su jurisprudencia porque ésta estaba basada en una redacción de la norma que obviaba esta cuestión y que le permitió mantener otro criterio 

La sentencia del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 2018 explica cómo debe ser interpretada esta cuestión, sobre la que ya había jurisprudencia consolidada, tras la nueva redacción introducida en el art. 108 Ley 24/1988 por la Ley 36/2006 (Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal).

Según explica el pronunciamiento, la evolución en la norma debe suponer también una modificación en la línea jurisprudencial.

La Audiencia Nacional acepta la demanda que declinó el pasado mes de octubre el propio Tribunal Supremo y ella misma en la instancia

Cabe cuestionar la obligación tributaria principal y, en su caso, la de realizar pagos fraccionados, con ocasión de la impugnación de una Orden ministerial que desarrolla aspectos formales para el cumplimiento de aquellas. Así lo acepta la Audiencia Nacional en sendos autos, de reciente pronunciamiento, que acogen la impugnación directa contra la Orden HAP/1552/2016 (Modifica modelos 222 y 202), y la indirecta contra el RDLey 2/2016 (Medidas tributarias dirigidas a la reducción del déficit público), que introdujo la disposición adicional 14ª en la Ley 27/2014 (Ley IS), al objeto de regular un régimen especial de pagos fraccionados para los grandes contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades –aquellos cuyo importe neto de la cifra de negocios en los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el período impositivo, fuera al menos 10 millones de euros-.