Jurisprudencia

(En actualización)

• ¿Para mantener la suspensión concedida en vía administrativa vale con el traslado al representante del Estado en la pieza separada de suspensión en vía C-A o hay que comunicar expresamente el recurso/solicitud de suspensión a la Administración tributaria?
• El Supremo decidirá si es posible cambiar el criterio de imputación temporal cuando la Inspección adscribe al contribuyente a un régimen de tributación diferente al declarado
• No son deducibles los intereses de un préstamo participativo que cubre el patrimonio neto negativo generado por una compra de acciones
• La reinversión de beneficios extraordinarios se produce con la puesta a disposición del bien reinvertido
• Sociedades patrimoniales y beneficios procedentes de actividades económicas
• Es deducible la adquisición de participaciones en una entidad extranjera justificada por la exigencia de que para operar en ese país se constituya una sociedad en el mismo
• No procede la devolución del ITP y AJD si no se lleva a cabo el acuerdo societario acordado
• No procede la sanción por incumplimiento de la documentación de operaciones vinculadas si la Administración pudo comprobar y considerar correctos los valores declarados

• Establecer umbrales distintos para castigar con penas privativas de libertad el fraude por IVA y por renta respeta los principios comunitarios
• El Supremo fijará jurisprudencia sobre el método para valorar las operaciones de las sociedades de profesionales con sus socios
• La exclusión de la caducidad en los procedimientos de gestión tributaria que establecía la NF General Tributaria de Bizkaia ha sido declarada nula por el Supremo
• El Supremo aclarará cuándo la actividad debe ser la principal fuente de renta del heredero para la exención del ISD
• Si el cliente del asesor fiscal conoce la ilicitud de su gestión, no procede declarar responsabilidad contractual ni indemnización de la aseguradora
• El órgano administrativo que dictó el acto recurrido puede modificarlo antes de remitirlo al tribunal pero no puede sustituir liquidaciones anuales por trimestrales
• Es nulo de pleno derecho exigir la cuenta bancaria de todos los cotitulares de un inmueble para la división del IBI
• Si se aportan los bienes donados a una mercantil se pierde el derecho a la reducción en el ISD
• Efectos de la sentencia del TS sobre los terrenos que deben calificarse como rústicos
• La solicitud de modificación de la licencia de obra impide tener por prescrita la acción liquidatoria del ICIO de la Administración

El acceso al “recurso” quedaría huérfano de no poder acceder al origen de la reclamación que se eleva contra él y su derecho constitucional a la prueba resultaría absolutamente lesionado

La sentencia del Tribunal Supremo, de 3 de abril de 2018, recoge la idea -al igual que ya hiciera con anterioridad en la de 13 de marzo de 2018 - de que el art. 174.5 Ley 58/2003 (LGT) regula un procedimiento autónomo, distinto del que dio lugar a los acuerdos relativos al deudor principal, y que, por ello, otorga al responsable plenas facultades de impugnación respecto del presupuesto de hecho habilitante y las liquidaciones giradas en su momento al deudor principal, facultades que no quedan, por otro lado, excepcionadas o pueden limitarse por la circunstancia de ser -el declarado responsable- administrador de la sociedad cuando aquellas liquidaciones o acuerdos fueron adoptados o cuando tuvieron lugar las infracciones que dieron lugar a las sanciones tributarias correspondientes.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha despejado las dudas que el Tribunal Supremo se planteó al respecto de si constituían o no una ayuda de Estado y si lesionaban o no la libertad de establecimiento

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha publicado el 26 de abril de 2018, tres sentencias al respecto de esta cuestión, en respuesta a las peticiones de decisión prejudicial que le fueron planteadas sobre la conformidad con el Derecho de la Unión de las normas autonómicas catalana, asturiana y aragonesa que habían desarrollado como tributo propio un impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales tienen legitimidad comunitaria.

• Una inspección fiscal sobre IVA, preclusiva por Derecho interno, no puede impedir el derecho a deducción con base en incumplimientos formales subsanables
• Planteado ante el Supremo el análisis del carácter interruptivo de la prescripción de las declaraciones resumen
• El Supremo dirimirá si hacer inventario del activo de la sociedad es una exigencia ineludible para calcular TPO cuando las transmisiones de valores no están exentas según el art. 108 LMV
• Ante la dispersión jurisprudencial, pendiente de fijarse criterio en el Supremo sobre la imputación temporal de las ganancias patrimoniales no justificadas
• El Supremo resolverá si antes de la Ley 2/2010 procedía aplicar nuestro régimen interno de tributación a las IIC residentes en otros Estados de la UE
• La AN se replantea su criterio sobre la liquidación de pérdidas en el Impuesto sobre la Electricidad cuando el contribuyente carece del CAE
• La Administración debió comprobar los valores declarados y no acudir a la verificación de datos si quería otorgar valoraciones distintas
• La Agencia Pública de Puertos de Andalucía debe abonar el IBI como sustituta del contribuyente
• El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción retorna a su criterio tradicional de que se puede derivar responsabilidad tributaria a los administradores concursales sin necesidad de esperar a la conclusión del procedimiento concursal

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco considera que  los pagos por capacidad forman parte de la base imponible del IVPEE, cuya regulación no resulta contraria ni al Derecho comunitario ni a nuestro ordenamiento interno.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en su sentencia de 15 de diciembre de 2017 considera que los pagos por capacidad forman parte de la base imponible del IVPEE, cuya regulación no resulta contraria ni al Derecho comunitario ni a nuestro ordenamiento interno. La exclusión de la base imponible del IVPEE de los pagos por capacidad no puede ser aceptada, y ello por cuanto contradice abiertamente los designios del legislador, así, aun cuando la puesta a disposición del operador del sistema de toda o parte de la potencia de las instalaciones de producción (incentivo de disponibilidad) o de determinada potencia instalada mediante la puesta en marcha de la instalación de generación (incentivo de inversión), no es en puridad «actividad de producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica» (hecho imponible), los pagos por capacidad son uno de los conceptos retributivos de la actividad de producción que deben integrar la base imponible del Impuesto por disponerlo así la Ley 24/2013 (Sector Eléctrico).

Por otro lado, La propuesta actora de deducir de los ingresos, el coste financiero asumido por impago de otros sujetos y posponer su inclusión en la base imponible del IVPEE a resultas de la recapturación del importe una vez producido el cobro de las cantidades adeudadas por los operadores morosos, carece de refrendo normativo, habida cuenta que conforme el art. 7 de la NF 6/2014, la base imponible del IPVEE se integra con el importe total de las retribuciones derivadas de la producción e incorporación de energía previstas en la Ley 24/2013 (Sector Eléctrico), previendo este texto legal el mecanismo de recuperación de las aportaciones obligatorias por los desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema eléctrico.

El Tribunal considera que  el ISD se devenga en el momento en el que el albacea verifica la condición impuesta por la causante al instituir heredera de su hija incapaz a su hermana a condición de que la cuidase y no a la muerte de la sustituida.

El Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en su sentencia de 1 de febrero de 2018 considera que  las limitaciones derivadas de la condición impuesta por la testadora se despejan en el momento en que se tiene por cumplida la condición, a saber, el fallecimiento de la sustituida y el hecho de que esta hubiere sido atendida y cuidada por la obligada, su hermana. Ese cumplimiento, considera esta Sala, se produce el día en que el albacea designado tiene por cumplida la condición. Ese día se conoce o si se ha atendido a las condiciones impuestas, a saber, que se le hayan prestado las atenciones y cuidados exigidos por la testadora como buena hermana.

La resolución impugnada señala que, la condición desaparece cuando fallece la sustituida que es cuando cesa la obligación de cuidado y atención de la hermana capaz con respecto a la incapaz. Sin embargo esta Sala considera que la verificación realizada por el albacea a posteriori es la constatación que la propia cláusula testamentaria refiere de manera directa como elemento determinante de que la condición se cumplió y añadida a las funciones propias de los albaceas contadores y partidores y por tanto determina el devengo del ISD.

No son deducibles los gastos derivados del contrato de cuentas en participación celebrado con por la obligada tributaria con una entidad vinculada,  pues esta última carecía de infraestructura y medios suficientes para realizar servicio alguno. Tampoco procede la deducción del importe del coste de la opción de compra absurda por la cuantía absoluta y por el porcentaje que representa, no ejercida.

En la sentencia de la Audiencia Nacional de 15 de febrero de 2018, considera, al igual que hizo la Inspección improcedentes los gastos derivados del contrato de cuentas en participación celebrado con por la obligada tributaria con una entidad vinculada,  al señalar que ésta última carecía de infraestructura y medios suficientes para realizar servicio alguno, dado que no se detectaba la existencia ni de local donde se desarrolla su actividad, ni de personal propio, ni de la subcontratación de servicios de planificación y asesoramiento significativos. La Inspección consideró que no existía un contrato de cuentas en participación entre las partes al no existir aportación alguna y que los cargos y abonos realizados en liquidación de las obligaciones y derechos derivados del contrato entre ambas sociedades no responden a nada distinto de un artificioso movimiento de bases imponibles de una sociedad a otra y, por lo tanto, procede rectificar las liquidaciones practicadas