Publicado el Proyecto de Orden por la que se modifican los modelos 202, 222 y 231 para incorporar las novedades de la Ley de Presupuestos para el 2018

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, incorpora una serie de novedades en el ámbito del Impuesto de Sociedades, en concreto, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 2018, se procede a exceptuar a las entidades de capital-riesgo de la obligación de efectuar el pago fraccionado mínimo aplicable a las grandes empresas. Esta modificación no resultará de aplicación a los pagos fraccionados cuyo plazo de declaración haya comenzado antes de la entrada en vigor de dicha Ley de Presupuestos.

Si en la declaración de la renta sale a pagar un importe elevado y te aconsejan crear una sociedad para tributar menos en el próximo ejercicio, es conveniente asesorarse bien antes de dar ese paso, no sea que sea un paso en falso, resbalemos y acabemos cayendo en la cárcel.

La Agencia Tributaria vigila desde hace tiempo las sociedades instrumentales, que son sociedades que se constituyen con la intención de conseguir principalmente ventajas fiscales, aunque también otra serie de beneficios, como por ejemplo limitaciones en la responsabilidad.

Uno de los últimos afectados ha sido el ya exministro de Cultura Màxim Huerta, que con una sociedad instrumental cometió un fraude que alcanzó los 218.322 euros por los ejercicios 2006, 2007 y 2008.

En relación con las sociedades instrumentales, podemos destacar las siguientes siete cosas que es conveniente conocer:

El Tribunal Supremo ha dictado jurisprudencia, voto particular incluido, sobre la inadecuación de ese método para comprobar

El Tribunal Supremo ha salido al paso en su sentencia de 23 de mayo de 2018 –al igual que en otras de la misma fecha e inmediatamente posteriores-, de varios recursos de casación interpuestos por la Administración tributaria de la Comunidad de Castilla-La Mancha contra sendas sentencias de su Tribunal Superior de Justicia que daban la razón a los contribuyentes afectados por una comprobación por ITP y AJD, a quienes se les incrementó el valor declarado a efectos del Impuesto aplicando un método de comprobación basado en la multiplicación del valor catastral por un coeficiente.

Antonio Longás Lafuente
Inspector de Hacienda del Estado

A continuación reseñamos, al objeto de facilitarle la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés tributario publicadas en los distintos boletines oficiales durante la primera quincena del mes de junio.

Lo que no puede la Inspección es retrasar la adopción del acuerdo de ampliación considerando que le son imputables al contribuyente dilaciones que le dan más margen temporal

El tema a debate se encuentra incardinado en la sentencia del Tribunal Supremo, de 3 de mayo de 2018, que lo analiza a raiz de un supuesto de hecho de circunstancias muy exageradas. En efecto, en aquel caso, las actuaciones inspectoras se extendieron a lo largo de 28 meses y 5 días, sin que la Inspección considerara oportuno ampliar el plazo de duración más allá de los 12 meses previstos en la Ley, incurriendo por ello en un exceso de 492 días, sin haber nada en el expediente administrativo que permita deducir por qué, pese a darse tales circunstancias, la Inspección no estimó oportuno hacer uso de la facultad de ampliación que le otorga el art. 150.1 Ley 58/2003 (LGT) para ampliar el procedimiento. La inspección era de carácter general respecto de un sujeto pasivo sometido a la competencia de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes y la propia Inspección en el acto de liquidación aludió repetidamente a la complejidad y al volumen de operaciones de la sociedad, por lo que a simple vista concurrían varios supuestos que permitirían tomar esa decisión.

Se considera arrendamiento para uso distinto de vivienda, aquel arrendamiento que, recayendo sobre una edificación, tenga como destino primordial uno distinto que el de satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario.

Por tanto, cuando se produzca la cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en canales de oferta turística y realizada con finalidad lucrativa se tratará de un alquiler turístico, que se someterá a un régimen específico, derivado de su normativa sectorial, según establece el art.5 e) de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

En los últimos años se viene produciendo un aumento cada vez más significativo del uso del alojamiento privado para el turismo que es lo que se denomina alquiler turístico y hay que diferenciarlo de los servicios que presta la industria hotelera.

Para el próximo presupuesto de la UE a largo plazo para el período 2021-2027, la Comisión propone medidas para mejorar y dotar de mayor eficacia a la cooperación en materia fiscal y aduanera entre los Estados miembros.

El mantenimiento de la financiación de estos programas contribuirá a que la UE siga ofreciendo a las empresas un acceso sin trabas y simplificado al mercado único de la UE, de forma que el comercio pueda prosperar, se proteja a los ciudadanos frente a las mercancías peligrosas que entren en la Unión atravesando nuestras fronteras exteriores y se garantice que los Estados miembros dispongan de los instrumentos necesarios para luchar contra la elusión y la evasión fiscales.

Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, ha declarado: «Proteger el territorio aduanero de la Unión Europea y aplicar nuestras normas comunes sobre la fiscalidad exigen una estrecha cooperación entre las autoridades nacionales competentes. Nuestros nuevos programas Aduana y Fiscalis contribuirán a ello. Ambos ofrecen, con un coste mínimo, un auténtico valor añadido europeo, así como ventajas sin precedentes para las autoridades fiscales y aduaneras de los Estados miembros, al colaborar en el interés de los ciudadanos y las empresas».

• La aplicación del coeficiente de relación al mercado establecido en el ámbito de la normativa catastral resulta inapropiado para la valoración a efectos del Impuesto de Sucesiones
• El inicio del procedimiento de subsanación de discrepancias depende en exclusiva de la decisión interna de la Administración
• La aceptación de la herencia a beneficio de inventario no evita la condición de sucesor del obligado tributario
• Para el cómputo de este plazo del procedimiento inspector no deben descontarse las interrupciones justificadas ni las dilaciones imputables al contribuyente
• Acordada la suspensión del acto impugnado y transcurrido un año desde el inicio de la reclamación económico-administrativa sin notificación de resolución expresa, dejará de devengarse el interés de demora
• Un hórreo de más de cien años está exento del IBI aunque no se haya declarado monumento histórico
• La afección de un inmueble al pago del IBI es compatible con la hipoteca legal tácita
• La DGT apunta un doble gravamen por AJD de los excesos de adjudicación inevitables

• No es anticomunitario ajustar las operaciones vinculadas con entidades no establecidas a precio de mercado, cuando esa obligación no se exige a nivel interno
• El pago de una deuda tributaria prescrita realizado para beneficiarse de la excusa absolutoria no es un ingreso reclamable con posterioridad
• El arrendamiento de bienes inmuebles es actividad económica, aunque la entidad no disponga de local y empleado, si la matriz cumple esos requisitos
• Un Ayuntamiento no puede establecer una bonificación social en el IBI si no está prevista en la Ley de Haciendas Locales
• Para exigir la tasa por la colocación de mercadillos en vías públicas no basta con que se trate de un terreno de dominio publico
• Los controles de la CNMV avalan el valor de tasación de un inmueble vendido por un Fondo cuya gestión está intervenida por esta Comisión