Remisión a las Cortes Generales de los Proyectos de Ley de los impuestos sobre servicios digitales y sobre las transacciones financieras, que ya se presentaron en la anterior legislatura.

El Consejo de Ministros, el día 18 de febrero de 2020, ha aprobado la remisión a las Cortes Generales de los Proyectos de Ley que crean el Impuesto sobre las Transacciones Financieras y el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales. Ambas figuras tributarias van en la línea trazada por la Comisión Europea, y que también defienden otros organismos internacionales, para adecuar el sistema fiscal a las nuevas áreas de negocio digital y también a la realidad transfronteriza que implica la globalización y que no están bien reflejadas en el marco tributario actual.

El Consejo de Ministros considera que el sistema fiscal debe evolucionar en la misma dirección que lo hace la sociedad y la tecnología en el siglo XXI. Por lo tanto, la aprobación de estos dos nuevos impuestos se enmarca en la necesidad de modernizar el sistema tributario español con el objetivo de que siga siendo una palanca eficaz en el desarrollo de un Estado del bienestar potente y que ofrezca una amplia cobertura.".

A continuación reseñamos, al objeto de facilitarle la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés tributario publicadas en los distintos boletines oficiales durante la primera quincena del mes de febrero.

El TS deberá decidir si es posible solicitar de nuevo la rectificación de la liquidación del IIVTNU y la devolución de ingresos indebidos, una vez firme tal desestimación, dentro del plazo de prescripción, siempre que  la segunda solicitud no sea una mera repetición de la primera.

El Tribunal Supremo, en su auto de 16 de enero de 2020 ha admitido el recurso de casación para la formación de jurisprudencia respecto a la plusvalía municipal o IIVTNU. En concreto el alto Tribunal deberá resolver si el obligado tributario, una vez desestimada en vía administrativa su solicitud de rectificación de autoliquidación del IIVTNU y la devolución de ingresos indebidos y una vez firme tal desestimación, puede, dentro del plazo de prescripción, instar una segunda solicitud fundada en hechos sobrevenidos o en motivos diferentes de los invocados en la primera solicitud.

La DGT indica las características básicas que debe reunir una entidad constituida en el extranjero para ser considerada en España como una entidad en atribución de rentas a los efectos del IRPF, IS e IRNR.

En el BOE de 13 de febrero de 2020 se ha publicado la RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2020, de la Dirección General de Tributos, sobre la consideración como entidades en régimen de atribución de rentas a determinadas entidades constituidas en el extranjero.

La DGT indica las características básicas que debe reunir una entidad constituida en el extranjero para ser considerada en España como una entidad en atribución de rentas a los efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes son las siguientes:

• Que la entidad no sea contribuyente de un impuesto personal sobre la renta en el Estado de constitución.
• Que las rentas generadas por la entidad se atribuyan fiscalmente a sus socios o partícipes, de acuerdo con la legislación de su Estado de constitución, siendo los socios o participes los que tributen por las mismas en su impuesto personal. Esta atribución deberá producirse por el mero hecho de la obtención de la renta por parte de la entidad, sin que sea relevante a estos efectos si las rentas han sido o no objeto de distribución efectivamente a los socios o partícipes.
• Que la renta obtenida por la entidad en atribución de rentas y atribuida a los socios o participes conserve, de acuerdo con la legislación de su Estado de constitución, la naturaleza de la actividad o fuente de la que procedan para cada socio o partícipe.

La Administración no puede recabar del contribuyente aquellos documentos que acrediten la realidad de los desplazamientos y las dietas exceptuadas del gravamen, pues dichos documentos los debe facilitar el empleador y, la Administración será quien deba probar si deben ser o no excluidos de gravamen.

El Tribunal Supremo en una sentencia de 29 de enero de 2020, afirma que la Administración no puede recabar del contribuyente aquellos documentos y, con ellos, los datos que obraban ya en su poder; y cuando llega a la conclusión de que el contribuyente no ha acreditado la realidad del desplazamiento ni el motivo ni razón del desplazamiento, conculca el art. 9 del Rgto. IRPF, puesto que debió dirigirse al efecto al pagador, pues no corresponde al empleado probar la realidad de los desplazamientos y los motivos o razón de los gastos de manutención. La Administración para su acreditación debió dirigirse al empleador en cuanto obligado a acreditar la realidad de que las cantidades abonadas al empleado por aquellos conceptos responden a desplazamientos realizados en determinado día y lugar, motivado o por razón del desarrollo de su actividad laboral, sin que la condición de socio-trabajador del contribuyente altere esta decisión, pues la mera condición de cooperativista- trabajador no conlleva la derivación de la carga de la prueba al contribuyente.

Corresponde a la Administración la carga de la prueba dirigida a acreditar la sujeción de dichas asignaciones -siempre que se haya cumplimentado por retenedor y perceptor los deberes formales a los que vienen obligados-; que pasa, entre otras circunstancias, por acreditar la inexistencia del desplazamiento o que este se debió a una razón o motivo ajeno a la actividad económica o trabajo que se presta -lo cual resulta de suma facilidad para la Administración, en tanto que, en su poder deben estar la totalidad de los documentos al efecto, le basta con el simple cotejo de los documentos en su poder con la acreditación que le corresponde al pagador, sin perjuicio de que se pueda valer de cuantos medios de pruebas se autorizan-.

• La compra a particulares de objetos usados de oro y otros metales, efectuada por empresarios, queda sujeta y no exenta a TPO
• La Administración no puede utilizar la vía de la liquidación definitiva para modificar la provisional en extremos estrictamente jurídicos y derivados de hechos ya conocidos al dictarse la primera
• Cálculo de la base imponible de una dación en pago sujeta a TPO
• Debe existir identidad entre el consultante y el obligado tributario respecto al que se inició un procedimiento con anterioridad a la consulta para que desaparezca el efecto vinculante de la contestación para la Administración
• Alcance del concepto "nuevos hechos o circunstancias" que posibilitan una nueva regularización ¿deben existir antes de iniciar la nueva regularización?
• Aplicación de los tipos reducidos al biogás: la norma no condiciona su aplicación a la fabricación en régimen suspensivo
• En ausencia de alegaciones, los actos impugnados deben ser mantenidos en su integridad, amparados por la presunción de validez
• Error en la solicitud de exención de matriculación aeronaves utilizando un modelo distinto al adecuado ¿tiene carácter esencial en la conformación del beneficio?
• Forma de calcular la base de retención para un contribuyente que recibe rendimientos del trabajo de dos pagadores
• Los requisitos de afectación exclusiva a la actividad no son menos rigurosos para los vehículos eléctricos

• El TJUE admite aplicar un tipo reducido para el gasóleo profesional utilizado para el transporte regular de viajeros que no se aplique al trasporte ocasional
• El TS resolverá cómo probar la proporción del valor del terreno a efectos del IIVTNU, cuando la escritura de adquisición solo indica el valor total del inmueble
• El Estado responde patrimonialmente por las liquidaciones del IIVTNU cobradas indebidamente
• El TS debe precisar el alcance de la derivación de responsabilidad subsidiaria de las personas o entidades que contraten o subcontraten la ejecución de obras o la prestación de servicios correspondientes a su actividad económica principal
• El TS debe aclarar sigue vigente la exención en el ICIO respecto a los inmuebles afectos a los fines de las Universidades
• El TS deberá determinar si la Administración ampliar el alcance de la comprobación limitada con la notificación de la segunda propuesta de liquidación
• El TS debe concretar si el régimen especial de diferimiento sólo se aplica a las deudas contraídas respecto de los elementos que se traspasan con la aportación no dineraria
• El TS deberá dirimir si se puede condicionar la aplicación del régimen especial de arrendamiento financiero a la realización de una verdadera actividad económica
• La Administración puede calificar la diferencia de fusión aunque acaeciera en un periodo prescrito
• No se exige el IIVTNU, pues no hay incremento de valor cuando se ejecuta la opción de compra abonando el valor residual previamente establecido

En el BOE de 5 de febrero de 2020, y en vigor el 6 de febrero, salvo determinadas excepciones, se ha publicado el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales, en cuyo libro tercero se recogen determinadas medidas fiscales para la adaptación del derecho español a determinadas normativa europea en materia fiscal.