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A continuación, reseñamos, al objeto de facilitarle la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés tributario publicadas en los distintos boletines oficiales durante el mes de octubre de 2026.
TEAC
DGT
El Tribunal Supremo reconoce que el sustituto del contribuyente puede solicitar y obtener la devolución de la liquidación provisional del ICIO cuando las obras no han llegado a iniciarse y se ha rescindido el contrato que habilitaba su ejecución, sin que la vigencia de la licencia urbanística impida considerar que no se ha producido el hecho imponible y que el ingreso inicialmente realizado se ha convertido en indebido.
El Tribunal Supremo en su sentencia nº 1128/2026, de 7 de octubre de 2026, con nº recurso 2111/2024, analiza si una empresa que ha satisfecho una liquidación provisional del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) en calidad de sustituto del contribuyente puede solicitar y obtener la devolución de las cantidades ingresadas cuando las obras para las que se concedió la licencia urbanística no llegan a iniciarse y se rescinde el contrato que habilitaba su ejecución, aunque dicha licencia permanezca formalmente vigente.
Para resolver la controversia, el Tribunal Supremo parte de la regulación del ICIO contenida en los arts. 100, 102 y 103 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL).
La publicación de la Orden HAC/1028/2026, de 2 de octubre, por la que se regula la solución pública de facturación electrónica, completa el desarrollo normativo de la factura electrónica obligatoria entre empresarios y profesionales en el ámbito nacional. La orden se ha publicado el 5 de octubre y entra en vigor al día siguiente. Con ella comienza el cómputo de los plazos que determinan cuándo será exigible la obligación.
La obligación tiene su origen en la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas. Su artículo 12 modificó el artículo 2 bis de la Ley 56/2007 para establecer que todos los empresarios y profesionales deberán expedir, remitir y recibir facturas electrónicas en sus relaciones comerciales con otros empresarios y profesionales situados en España.
En concreto, el sistema español de factura electrónica impone la obligación de emisión de facturas electrónicas en formato estructurado a los empresarios o profesionales en las operaciones domésticas efectuadas con otro empresario o profesional, así como de informar de determinados estados de la factura, especialmente referidos al pago.
La exención del art. 7.p) de la LIRPF puede resultar aplicable a las retribuciones percibidas por administradores y miembros de los Consejos de Administración por trabajos efectivamente realizados en el extranjero cuando estos se encuadran en el ejercicio de funciones ejecutivas y de gestión, sin que pueda excluirse su aplicación por el mero hecho de tratarse de retribuciones de naturaleza mercantil.
La sentencia de la Audiencia Nacional n.º 366/2026, de 18 de septiembre de 2026, con n.º de recurso 337/2022, analiza si resultaba conforme a Derecho la denegación de la exención prevista en el art. 7.p) de la LIRPF respecto de las retribuciones percibidas por el presidente del Consejo de Administración de la empresa A, por trabajos realizados en el extranjero en el ejercicio de sus funciones directivas dentro de un grupo empresarial internacional.
Para recordar el cumplimiento de las principales obligaciones tributarias estatales, periódicas y no periódicas, a lo largo de 2026, la Agencia tributaria pone, como en años anteriores, a disposición del contribuyente, el calendario del contribuyente 2026.
Les recordamos ahora las principales obligaciones tributarias del mes de noviembre.
El Reglamento de Ejecución (UE) 2026/2163 modifica la nomenclatura combinada y actualiza el arancel aduanero común, con efectos desde el 1 de enero de 2027. Entre sus principales novedades, introduce nuevas subpartidas para identificar y controlar mercancías específicas, especialmente productos industriales, tecnológicos, materias primas estratégicas y determinados residuos; actualiza la descripción de algunos productos pesqueros; incorpora unidades suplementarias para mejorar el control del contenido de nitrógeno en fertilizantes y modifica determinadas clasificaciones arancelarias y notas complementarias.
El 30 de octubre de 2026 se ha publicado en el DOUE el Reglamento de Ejecución (UE) 2026/2163 de la Comisión, de 17 de septiembre de 2026, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común.
El Reglamento de Ejecución (UE) 2026/2163 de la Comisión, de 17 de septiembre de 2026, modifica el anexo I del Reglamento (CEE) n.º 2658/87, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, con el objetivo de actualizar la nomenclatura combinada (NC) y adaptar su estructura a las necesidades actuales de las estadísticas comerciales, la política comercial de la Unión Europea y la evolución tecnológica y económica. Esta nomenclatura permite identificar y clasificar las mercancías objeto de intercambios comerciales, constituyendo un instrumento esencial para la aplicación del arancel aduanero común, la elaboración de estadísticas de comercio exterior y el desarrollo de otras políticas de la Unión relacionadas con las importaciones y exportaciones.
La aplicación de la exención del art. 7 p) de la Ley IRPF a los rendimientos del trabajo correspondientes a desplazamientos al extranjero para asistir a reuniones técnicas de inicio, coordinación y seguimiento de proyectos europeos desarrollados en consorcio exige acreditar la realización efectiva de los trabajos fuera de España, que estos generen una utilidad o ventaja para una entidad no residente o un establecimiento permanente situado en el extranjero y que se cumplan los requisitos de tributación previstos para el país de destino.
En la consulta de la DGT V5690-26, de 30 de septiembre de 2026, se analiza la aplicación del art. 7 p) de la Ley 35/2006 (LIRPF), que establece una exención para los rendimientos del trabajo percibidos por trabajos efectivamente realizados en el extranjero. En particular, los trabajos deben realizarse para una empresa o entidad no residente en España o para un establecimiento permanente situado en el extranjero, y en el territorio donde se desarrollen debe aplicarse un impuesto de naturaleza idéntica o análoga al IRPF, sin que se trate de una jurisdicción no cooperativa. Este último requisito se considera cumplido cuando el país correspondiente tiene suscrito con España un convenio para evitar la doble imposición internacional que incluya una cláusula de intercambio de información.
La reforma de la normativa aduanera de la Unión Europea se enmarca en los cambios introducidos para las importaciones de mercancías comercializadas mediante ventas a distancia, especialmente en relación con los envíos cuyo valor intrínseco no supera los 150 euros. La introducción de un derecho de aduana temporal de tres euros por artículo en determinados envíos, junto con la implantación de la tasa de gestión de la Unión, hace necesario adaptar los procedimientos de despacho a libre práctica y los mecanismos de garantía exigidos a los operadores económicos. En este contexto, el Reglamento de Ejecución (UE) 2026/2403 modifica las disposiciones relativas a las garantías globales de los operadores económicos autorizados y actualiza los códigos de las declaraciones aduaneras, con el fin de facilitar la aplicación de las nuevas medidas y garantizar el adecuado control de las obligaciones aduaneras.
El 29 de octubre de 2026 se ha publicado en el DOUE el Reglamento de Ejecución (UE) 2026/2403 de la Comisión, de 28 de octubre de 2026, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 en lo que respecta a la reducción de las garantías globales para los operadores económicos autorizados en relación con las ventas a distancia y a la adaptación de determinados elementos de datos para la tasa de gestión de la Unión.
La utilización de referencias étnicas, religiosas y personales ajenas al obligado tributario como fundamento de una liquidación tributaria vulnera los derechos fundamentales cuando introduce elementos discriminatorios que carecen de relación con la realidad jurídico-económica regularizada, sin que la existencia de otros indicios permita mantener un acto cuya motivación resulta contraria a Derecho.
La Administración tributaria debe justificar sus regularizaciones mediante elementos pertinentes, objetivos y jurídicamente admisibles, respetando en todo momento los derechos fundamentales del contribuyente. La utilización de circunstancias personales especialmente protegidas, sin conexión con los hechos determinantes de la obligación tributaria, puede determinar la anulación de la liquidación por falta de una motivación ajustada a Derecho.
La sentencia de la Audiencia Nacional n.º 370/2026, de 23 de septiembre de 2026, con n.º de recurso 1/2026, analiza si resultaba conforme a Derecho la resolución del TEAC, de 25 de marzo de 2026, que confirmó una regularización tributaria en la que se apreciaba la existencia de una simulación relativa por la interposición de una sociedad para la obtención de determinados rendimientos de actividades económicas.
