Pese a que una de las escrituras públicas que documentaron las transacciones de compra y transmisión del edificio reflejaban unas pérdidas de más de 4 millones de euros el Ayuntamiento giró las liquidaciones del IIVTNU alegando que dichos documentos reflejaban el menor valor de los inmuebles y no del suelo, pues no es lícito desvincular el valor del suelo del valor del inmueble en su conjunto. Fue un hecho notorio que durante la crisis inmobiliaria “burbuja” las mayores compañías promotoras cayeron en concursos por la depreciación de sus terrenos

El TSJ de Madrid, en su sentencia de 27 de septiembre de 2018, al igual que el Juez de instancia, considera que había sido acreditada la minoración del valor de los distintos inmuebles, ya que de acuerdo con la STS, de 9 de julio de 2018, recurso n.º 6226/2017, la Sala considera que obra en autos prueba suficiente del decremento del valor del terreno, presupuesto necesario para inaplicar el tributo. Efectivamente, en este caso  existen indicios más que suficientes del decremento, derivados éstos de las escrituras de las sucesivas transmisiones.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo tenía admitido a trámite, en su auto de 9 de abril de 2018, recurso de casación al objeto de fijar doctrina legal sobre la determinación, en interpretación del art. 9 Ley 2/1994 (Subrogación y modificación de préstamos hipotecarios), sobre si las escrituras públicas de novación de préstamos hipotecarios en las que se modifican no sólo las condiciones referentes al tipo de interés y/o al plazo del préstamo, sino adicionalmente otro tipo de cláusulas financieras -como por ejemplo las condiciones financieras referentes a comisiones, gastos a cargo del prestatario y vencimiento- están sujetas y exentas del ITP y AJD, modalidad actos jurídicos documentados.

No es posible ejecutar singularmente una deuda contra la masa una vez abierta la fase de liquidación.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 26 de febrero de 2019, resuelve en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio que, la prohibición de ejecuciones prevista en el  art. 55 de la Ley 22/2003 (Ley Concursal), opera tanto sobre créditos concursales como sobre los créditos contra la masa, no siendo posible ejecutar singularmente una deuda contra la masa una vez abierta la fase de liquidación.

La cuestión controvertida consiste en determinar si una vez abierta la fase de liquidación del concurso de acreedores la Administración tributaria puede o no compensar de oficio una deuda contra la masa con un crédito reconocido a favor del concursado con posterioridad a la declaración de concurso. 

De los arts. 73 de la Ley 58/2003 (LGT) y 58 del RD 939/2005 (RGR) se infiere que la regla general es que para proceder a la compensación de oficio la deuda tiene que estar ya en período ejecutivo, circunstancia que concurre, en efecto, en el supuesto examinado, toda vez que al tiempo de notificarse el acuerdo de compensación de oficio ya había vencido el plazo de pago en período voluntario de la deuda por el concepto “IVA Exportadores y otras operaciones económicas, mes 11, ejercicio 2008”. Ahora bien, no debe perderse de vista que la sociedad había sido  declarada en concurso de acreedores por auto judicial, y que se había decretado la apertura del período de liquidación, circunstancias que habrá que valorar adecuadamente para determinar si era posible o no la compensación de oficio practicada por la Administración tributaria.

A continuación reseñamos, al objeto de facilitarle la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés tributario publicadas en los distintos boletines oficiales durante la primera quincena del mes de marzo.

Incorpora los requisitos y obligaciones de los productores para la aplicación de la deducción por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales

El Ministerio de Hacienda ha publicado para el sometimiento al trámite de audiencia e información pública este Real Decreto que introduce las siguientes modificaciones en el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio:

• Adecúa el vigente texto reglamentario a la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros.
• Incorpora los requisitos y obligaciones de los productores que se acojan al incentivo regulado en el art. 36.2 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, atendiendo a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueban medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía.
• Aclara la regulación de la información país por país en relación con lo dispuesto en la Directiva (UE) 2016/881 del Consejo, de 25 de mayo de 2016, que modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que respecta al intercambio automático obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad, incluyendo en la misma las normas aplicables a la presentación de la información país por país por parte de los grupos de empresas multinacionales.

• No puede entenderse que la no contestación al requerimiento de subsanación en una solicitud de aplazamiento, suponga un desistimiento tácito de la misma
• La segunda solicitud de suspensión presentada en plazo, concedido con la denegación de la primera solicitud, no tiene efectos suspensivos
• Los medios de transporte no matriculados y que no han satisfecho por ello el Impuesto, quedan gravados desde el momento en que son hábiles para su utilización o circulación
• Base imponible del Impuesto Especial sobre el Carbón: poder calorífico superior vs poder calorífico inferior
• Fecha en la que surte efecto la inscripción en el Censo de beneficiarios de la devolución de gasóleo profesional para comunitarios no residentes en España
• La inactividad administrativa durante el procedimiento iniciado mediante solicitud de devolución de ingresos indebidos no puede conllevar la prescripción del derecho ejercido por la contribuyente
• Aplicabilidad del régimen especial de agencias de viaje a las agencias mayoristas cuando actúen en nombre propio
• Publicidad insertada en videos realizados para canal de YouTube y gastos deducibles por la realización de dicha actividad económica
• Transmisión de unos terrenos cuyos costes de urbanización son objeto de litigio, por los cotitulares que se han encargado de dicha urbanización
• No cobrar las rentas del alquiler de un local, no constituye una cesión gratuita del uso del inmueble, si el motivo son las obras de mejora que ha de realizar el arrendatario

Administración y Tribunales están al servicio del Estado de Derecho y la asignación del valor catastral que se demuestra incorrecta lesiona el principio de capacidad económica

La sentencia del Tribunal Supremo, de 19 de febrero de 2019, representa toda una arenga al principio de justicia tributaria por cuanto pone en firme a la Administración y reconoce la posibilidad de que los Tribunales hagan cuanto sea preciso para que el contribuyente del Impuesto sobre Bienes Inmuebles tribute conforme a su capacidad económica ajustando -cuando se haya puesto de manifiesto, por razones sobrevenidas, la incorrección de la asignación de valor inicial- el valor catastral individualizado para los inmuebles de los que es titular, de tal manera que el contribuyente, o bien la Administración de oficio, puedan corregir esa situación de irregularidad, al objeto de que la base imponible del impuesto se ajuste a la verdadera capacidad económica puesta de manifiesto a través de la titularidad del inmueble.

IRPF e IP 2018: aprobación de los modelos, lugar, forma y plazos de presentación, procedimientos de obtención, modificación, confirmación y presentación del borrador de declaración del IRPF, y determinación de las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos.

Un año más a los contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre el patrimonio se nos acerca la hora de dar cuenta a Hacienda de nuestras obligaciones fiscales con respecto a los impuestos mencionados, y para ello en el BOE de 14 de marzo de 2019  -en vigor a partir del 15 de marzo-, se ha publicado la Orden HAC/277/2019, de 4 de marzo, que aprueba los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2018, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de obtención, modificación, confirmación y presentación del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos y modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria.

• La utilización de la información obtenida en actuaciones de obtención de información en procedimientos posteriores exige, al menos, una declaración de caducidad
  
• La derivación indebida de pacientes al SNS por las aseguradoras privadas les hace responsables del pago del precio público como usuario indirecto
• No se puede exigir responsabilidad a los administradores con el único argumento de su apoderamiento o autorización para manejar cuentas sin detallar actos concretos de gestión
• No es deducible la provisión por depreciación de cartera por importe superior a las pérdidas contables sufridas en el ejercicio
• Motivos económicos válidos en la venta de la participación en una entidad organizadora del mundial de motocicletas exigida por la Comisión Europea
• No es válida como prueba la traducción de un documento redactado en un idioma extranjero sin la presentación del original
• Un procedimiento de verificación de datos para justificar retenciones no interrumpe la liquidación del IS por aplicación indebida del régimen de reducida dimensión
• No es posible revisar las liquidaciones del IS que confirmaron las devoluciones solicitadas tras la rectificación de las autoliquidaciones presentadas como consecuencia de actas de inspección de ejercicios anteriores que fueron anuladas por prescripción
• Una certificación costera sobre deslinde no prueba que la superficie y los valores catastrales utilizados por la Administración eran incorrectos
• La exigencia de empleado y local no es aplicable al caso del régimen especial de arrendamiento de viviendas del IS