Destacan la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal y los reales decretos de desarrollo de la Ley del Impuesto sobre los servicios digitales y la Ley del Impuesto sobre Transacciones Financieras.

En el Portal de la Transparencia se ha publicado el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para el año 2020 aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 8 de septiembre, donde se recogen las iniciativas legislativas y reglamentarias que el Gobierno tiene previsto aprobar antes de finalizar el año.

El Plan recoge un total de 172 propuestas: un proyecto de reforma constitucional, 4 leyes orgánicas, 53 leyes ordinarias y 114 reales decretos. Un total de 48 incorporan a nuestro ordenamiento directivas u otras disposiciones europeas, y 22 serán sometidas a un análisis sobre los resultados de su aplicación una vez aprobadas.

Durante el mes de agosto y la primera quincena de septiembre de 2020 el Tribunal Supremo ha publicado nuevos recursos de casación para aclarar determinadas cuestiones fiscales sobre las que no existe jurisprudencia o es necesario que el Tribunal se pronuncie para fijar un sentido unívoco respecto.

Destacamos los siguientes:

• Cómputo de la prescripción en el procedimiento reiniciado tras el sobreseimiento provisional por la Jurisdicción Penal, seguida del incumplimiento del plazo de duración de las actuaciones
• Representación de la UTE para el ejercicio de acciones judiciales, cuando una de las entidades es declarada en concurso
• La presunción de inocencia ante los datos tributarios cedidos como única prueba de cargo de una sanción
• ¿Pueden deducirse en el IRPF los gastos de los inmuebles correspondientes al periodo en el que no estuvieron alquilados, pero sí en disposición de poder arrendarse?
• ¿Puede solicitarse la rectificación del IS de un ejercicio no prescrito pero en relación con ejercicios prescritos, a fin de permitir aflorar bases imponibles negativas que resultarían compensables en el ejercicio no prescrito?
• Si se produce la recuperación de provisiones y pérdidas tras la transmisión de la participación dónde se debe practicar el ajuste de la base imponible del IS ¿en sede de la transmitente o de la adquirente?
• Magnitud sobre la que se ha de aplicar la reducción por vivienda habitual del ISD, ¿el valor íntegro del bien, sin tener en cuenta las deudas y gastos deducibles pertinentes o, sobre el valor neto, fruto de aplicar al valor íntegro las deducciones del art. 13 Ley ISD?
• ¿Las operaciones de segregación de fincas integran el hecho imponible del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados?
• ¿El alquiler de una casa rural, se debe entender exento o no exento del IVA?
• ¿Desde qué momento procede reconocer intereses de demora al sujeto pasivo del IVA que no ha podido hacer efectivas las deducciones que ha estado incurso en un procedimiento penal que concluye con sentencia absolutoria firme a su favor?
• ¿Puede el órgano judicial acordar la revocación de la liquidación del ICIO ante la anulación judicial de la orden que amparaba la sujeción?
• ¿Puede considerarse informe técnico-económico para la aprobación de una tasa el estudio de viabilidad económico-financiera del contrato de gestión del servicio público?
• ¿Con ocasión de la impugnación indirecta de una ordenanza fiscal cabe alegar la omisión o la insuficiencia de los informes técnico económicos?

• El TJUE determina el valor en aduana de la importación de productos electrónicos equipados con un programa informático
• El TS resuelve que el régimen especial del IS de entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas no se puede condicionar a los requisitos de la Ley del IRPF
• El TS reitera que el retraso en la entrega de la vivienda en la que se reinvirtió la ganancia patrimonial ocasiona la pérdida de la exención en el IRPF
• Cómputo del plazo de reinversión de la ganancia patrimonial exenta en el IRPF en caso de permuta de la vivienda en obra futura
• El TSJ de las Islas Baleares analiza los efectos del acta de conformidad en la determinación de culpabilidad en materia sancionadora
• El TSJ de Navarra resuelve en casación que la inconstitucionalidad del IIVTNU no determina que las liquidaciones firmes incurran en los supuestos de nulidad de pleno derecho
• Deducción en el IS de los pagos al administrador en concepto de servicios de gestión y organización de las obras
• El Ayuntamiento no puede liquidar la tasa por ocupación de la vía pública que es objeto de restitución en virtud de la nulidad del contrato
• El TSJ de Cataluña considera si la Administración se retrasa en constatar que el pendrive aportado por el contribuyente es ilegible, no cabe imputarle a éste la dilación
• Deducibilidad fiscal en el IS de los pagos satisfechos a entidad no residente y plazo de prescripción en caso de requerimiento a otras Administraciones tributarias

La doctrina derivada de la STJUE de 3 de septiembre de 2014, no constituye, por sí misma, motivo suficiente para declarar la nulidad de cualesquiera actos, pero sí obliga, incluso en presencia de actos firmes, a considerar la petición sin que haya de invocarse para ello una causa de nulidad de pleno derecho, única posibilidad de satisfacer el principio de efectividad.

En la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de julio de 2020, se aborda la cuestión de si la incompatibilidad con el Derecho Comunitario, constatada en STJUE de 3 de septiembre de 2014, C-127/12, es en sí misma motivo suficiente para declarar, al amparo del art. 217 LGT, la nulidad de pleno derecho de las liquidaciones tributarias firmes, dictadas con anterioridad al amparo de la normativa interna considerada luego contraria a aquel derecho.

Al respecto, el Tribunal considera que dicha doctrina no constituye, por sí misma, motivo suficiente para declarar la nulidad de cualesquiera actos, pero sí obliga, incluso en presencia de actos firmes, a considerar la petición sin que haya de invocarse para ello una causa de nulidad de pleno derecho, única posibilidad de satisfacer el principio de efectividad, y ello porque la nulidad de pleno derecho de una liquidación girada a un sujeto pasivo no residente en España, por el Impuesto sobre sucesiones, en aplicación de una ley declarada no conforme al Derecho de la Unión Europea, que es firme por haber sido consentida por éste antes de haberse dictado aquella sentencia.

Además, el principio de buena administración, así como los del art. 103 CE, pueden imponer a la Administración el deber de anular de oficio una liquidación nula que se sabe, cuando se dictó, amparada en una norma que se sospecha, en un proceso judicial comunitario, contraria al Derecho de la UE.

• Exención de las prestaciones de carácter sanitario: la presencia concurrente en un mismo lugar entre las personas que prestan el servicio sanitario y sus destinatarios no es necesaria
• Localización de la prestación de servicios de publicidad por vía electrónica
• ¿Forma parte de la base imponible del IVA la indemnización por resolución anticipada de un contrato de concesión administrativa?
• Recurso extraordinario de revisión: la solicitud de rectificación del modelo 180 presentada por el arrendatario a la AEAT, con posterioridad a la firmeza de la liquidación al arrendador no es documento de valor esencial
• Aplicación de los incentivos fiscales para empresas de reducida dimensión cuando la actividad ejercida es el arrendamiento de inmuebles: cambio de criterio
• La solicitud de rectificación de errores catastrales no puede tramitarse como un procedimiento de declaración catastral
• No cabe la baja en el índice de entidades como consecuencia de la declaración de fallido de una entidad si no constan en el expediente los documentos esenciales vinculados a la declaración
• El arrendamiento con opción de compra de un terreno rústico está exento
• Modificación de la base imponible del IVA por descuentos concedidos en operativas en cadena
• Cuando la única retribución que percibe el familiar colaborador son las cuotas del RETA

El Ministerio de Hacienda ha publicado Proyecto de Orden por el que se modifican los modelos 303, 322 y 353.

Con el objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, reducir los costes de gestión y mejorar la información disponible para la lucha contra le fraude fiscal, se plantean diversas modificaciones en los vigentes modelos que se pueden resumir en las siguientes:

El TEAC en dos resoluciones publicadas recientemente niega la deducibilidad de la retribución pagado por una sociedad a sus administradores mercantiles, cuando éstos desarrollan, además, funciones o actividades de dirección o gerencia para la misma.

El TEAC en su resolución de 17 de julio de 2020, RG 3156/2019, niega la deducibilidad en el IS de la retribución pagado por una sociedad a sus administradores mercantiles, cuando éstos desarrollan, además, funciones o actividades de dirección o gerencia para la misma y los estatutos reflejan la gratuidad del cargo. En dicha resolución el Tribunal se remite a la Resolución TEAC, de 8 de octubre de 2019, RG 5548/2018, en la que se sostiene el mismo criterio.

El órgano administrativo, comparte las razones de la Inspección para no admitir la deducibilidad fiscal de las retribuciones de los administradores que, como ellos eran Consejeros de la sociedad, todo lo que percibieron de ésta, según la teoría del vínculo, debe considerarse que retribuía su condición de consejeros, resultando que los estatutos sociales de la entidad recogen que tal cargo es «gratuito» , lo que hace a los importes que se les pagaron no deducibles fiscalmente.

El Tribunal Supremo afirma que el procedimiento sancionador puede instruirse antes de que se haya dictado la liquidación de la que trae causa. Esta sentencia cuenta con un voto particular que afirma que resulta imposible salvaguardar el principio de separación de procedimientos si coexisten dos procedimientos, de regularización y sancionador.

El Tribunal Supremo en su sentencia de 23 de julio de 2020, recaida en el recurso de casación núm. 1993/2019, fija como criterio interpretativo que ninguna norma legal o reglamentaria, impide el inicio del procedimiento sancionador antes de que se le haya notificado a la persona o entidad acusada de cometer la infracción la liquidación tributaria de la que trae causa el procedimiento punitivo. El Tribunal afirma que la liquidación constituye, ciertamente, presupuesto imprescindible para que tenga lugar la sanción tributaria (o, más precisamente, para que se dicte la resolución sancionadora), pero eso es algo distinto de que resulte legalmente necesario que tal liquidación se haya dictado y notificado antes del inicio del procedimiento tributario sancionador.

Sin embargo, esta sentencia cuenta con un voto particular, que no se incluyó en el texto publicado de dicha sentencia y que se recoge en el Auto del Tribunal Supremo, de 29 de julio de 2020, formulado porel magistrado D. Francisco José Navarro Sanchís, al que se adhiere el magistrado D. José Antonio Montero Fernández, en el que el magistrado considera que ello supone la práctica inexistencia del principio de separación de procedimiento (art. 208.1 LGT) y le priva de todo sentido y razón de ser y la abdicación de llevar a su máxima plenitud el principio de control de la legalidad de la actuación de la Administración, así como del sometimiento a los fines que la justifican (art. 106 CE), pues se confrontan, para la interpretación del alcance de una norma, derechos fundamentales que se dicen, de forma un tanto apodíctica, no infringidos, con reglas meramente instrumentales de funcionamiento, como la celeridad, la eficacia o la economía.

Como ya adelantamos, para recordar el cumplimiento de las principales obligaciones tributarias estatales, periódicas y no periódicas, a lo largo de 2020, la Agencia tributaria ha puesto, como en años anteriores, a disposición del contribuyente, el calendario del contribuyente 2020.

Les recordamos ahora las principales obligaciones tributarias del mes de septiembre.