El Tribunal Supremo declara que el domicilio es un espacio constitucionalmente blindado y la AEAT está obligada a devolver la documentación incautada si el registro domiciliario vulneró este derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio. La previa autorización judicial no es un requisito de perfeccionamiento sucesivo no susceptible de subsanación a posteriori, por lo que su anulación surte efectos ex tunc, y los documentos incautados deberán ser devueltos por la AEAT .

El Tribunal Supremo, en una sentencia de 27 de septiembre de 2021, sigue completando su doctrina sobre el  blindaje constitucional del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio de los contribuyentes frente a las entradas y registros practicados por la AEAT sin observar las garantía y requisitos que para ello se requieren. En este sentido, el TS afirma que, la previa autorización judicial -o, en su caso, del titular- no puede ser configurada como un requisito de perfeccionamiento sucesivo, ni menos aún susceptible de subsanación a posteriori. En materia de inviolabilidad del domicilio, lo crucial es acceder al domicilio con la única llave constitucionalmente idónea. Aunque la actuación de la AEAT no haya incurrido en ninguna vulneración grosera de la legalidad, lo cierto es que toda entrada en domicilio por parte de la Administración sin el consentimiento de su titular debe estar cubierta por una previa autorización judicial válida y sostener otra cosa, justificando la subsanación posterior de autorizaciones judiciales de entrada insuficientes o viciadas, conduciría a abrir la puerta a graves abusos, así como a distinciones conceptuales bizantinas inviables en la práctica y por tanto, y la AEAT no tiene derecho a conservar los documentos y los soportes informáticos incautados, pues la entrada de la AEAT en los locales de los recurrentes se hizo conculcando el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio.

Se adapta así el  Reglamento del IRPF a las modificaciones  introducidas  en estas materias en la Ley del IRPF por la Ley de Presupuestos Generales del  Estado para 2021

En el BOE de 20 de octubre de 2021 y en vigor al día siguiente, se ha publicado el Real Decreto 899/2021, de 19 de octubre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en materia de reducciones en la base imponible por aportaciones a sistemas de previsión social y pagos a cuenta.

A continuación reseñamos, al objeto de facilitarle la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés tributario publicadas en los distintos boletines oficiales durante la primera quincena del mes de octubre.

El 15 de octubre de 2021 se ha publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (Congreso de los Diputados), el texto del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, y en el ámbito tributario incorpora diversas medidas recogidas, la mayoría, en su título VI (artículos 59 a 74, ambos inclusive)

A continuación describimos las principales medidas fiscales que se recogen en el citado texto del Proyecto de Ley: 

• Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
• Impuesto sobre el Valor Añadido 
• Impuesto sobre Sociedades 
• Impuesto sobre la Renta de No Residentes 
• Tributos Locales 
• Tasas 
• Otros temas 

En esta primera quincena de octubre de 2021, el Tribunal Supremo ha publicado diversos pronunciamientos de especial interés, además de la sentencia del IRPF en la que el Tribunal determina que para calcular la amortización deducible respecto de inmuebles arrendados a efectos de IRPF cuando fueron adquiridos por herencia o donación, en los que se equipara el valor de adquisición con el valor dado al inmueble en la sucesión o donación, más los gastos y tributos, destacamos las siguiente:

• El Tribunal Supremo reitera su doctrina respecto a las exigencias para la autorización judicial de entrada y registro en un domicilio constitucionalmente protegido pese a los cambios introducidos en la nueva Ley contra el fraude fiscal
• La declaración de un conflicto en la aplicación de la norma puede determinar -sobre la base de considerar que se discute la aplicación de una norma general antiabuso interna- la inadmisión de la solicitud de tramitación de un procedimiento amistoso
• El TS determina que la magnitud sobre la que se ha de aplicar la reducción de la base imponible del ISD por vivienda habitual es su valor real, minorado conforme al art. 12 Ley ISD
• El TS fija como doctrina, aunque con un voto discrepante, que sí resulta respetuoso con los principios de capacidad económica, igualdad y equivalencia el método de cuantificación de las tasas por la cobertura del servicio de prevención de incendios para el sujeto pasivo y del sustituto

Entre los autos destacamos los siguientes:

• ¿La exención relativa a las operaciones de arrendamiento que tengan la consideración de servicios y a la constitución y transmisión de derechos reales de goce y disfrute alcanza a los arrendamientos de terrenos rústicos con un aprovechamiento cinegético?
• ¿Se aplica el plazo de tres meses al incumplimiento de un deber formal de presentación en plazo de una declaración tributaria, como ocurre con la declaración de bienes y derechos situados en el extranjero del Modelo 720?

Se introducen cambios en la Ley 49/2002 (régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo) y en la Ley 19/1994 (de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias). Además, se crea y amplia la duración de diversos Acontecimientos de Excepcional Interés Público

El Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo (BOE de 6 de mayo y en vigor el 7 de mayo), aprobó medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019 (RDL 17/2020).

• El TEAC mantiene su criterio respecto de la compensación de bases imponibles como opción y el plazo para ejercitarla a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie
• Legalidad del acuerdo sancionador cuando el fallecimiento del sujeto infractor se ha producido después de haberse dictado dicho acuerdo, pero antes de que haya adquirido firmeza
• Exención del art. 7.p) de la Ley de IRPF: no existe inconveniente en que exista una pluralidad de beneficiarios en relación con la prestación de servicios siempre que uno de ellos sea la entidad no residente
• Deducción por doble imposición internacional: la limitación regulada en la Disp. Adicional Decimoquinta de la Ley 27/2014 no contradice lo dispuesto en ninguno de los artículos del CDI
• Devoluciones a empresarios o profesionales no establecidos y excepción a la exigencia de reciprocidad
• La contratación de uno de los comuneros para gestionar el arrendamiento de inmuebles de la comunidad no sirve para considerarlo actividad económica
• El concepto de intermediación en línea continúa siendo objeto de duda en el IDSD
• Nuevas cuestiones referidas a la Plusvalía (IIVTNU): Periodo de generación del incremento de valor y sobre la aplicación de la exención de un inmueble interés cultural, en el caso de inmuebles heredados
• La DGT aclara como computar la superficie en el Epígrafes 661.9 añadido por la Ley 11/2020 (PGE 2021) y aplica la jurisprudencia del TS respecto del Epígrafe 647.3 del IAE
• Exención en el IBI de un Inmueble con escudo con una antigüedad superior a cien años en caso de división horizontal de la finca

• Se opone a la Directiva del IVA a una normativa nacional que supedita la reducción a posteriori de la base imponible del IVA a la posesión de una factura y no pueda demostrarse por otros medios la realización de la transacción que da lugar a dicha devolución
• El TJUE confirma que no se opone a la libre circulación de capitales una normativa nacional que exige realizar pagos que superen un determinado importe exclusivamente mediante transferencia o ingreso en una cuenta de pago
• El régimen excepcional de imposición sobre el margen de beneficio del art. 392 de la Directiva del IVA se aplica únicamente a los terrenos edificables que se adquieren con vistas a su reventa
• El TJUE afirma que un sujeto pasivo no puede hacer valer el Reglamento n.º 904/2010  con el fin de impugnar, debido a una duración excesiva, la legalidad de la suspensión de la inspección tributaria, ya que no establece plazo alguno
• El elemento intencional en la responsabilidad subsidiaria por levantamiento del velo
• La prescripción del derecho a cobrar los créditos litigiosos embargados y el tiempo transcurrido en el proceso civil
• No procede la exención en el IP de la totalidad de la totalidad de las acciones o participaciones pues la actividad principal de la empresa es la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario
• Tratándose del impuesto de donaciones, el fallecimiento del donante carece de efecto interruptivo
• No cabe exigir el ICIO por las obras en el Museo de las Colecciones Reales licitado por Patrimonio Nacional, cuyo interés general excede del marco competencial municipal, y no necesitan licencia
• Una vez más se anula la sanción por el incumplimiento en plazo de la obligación de información bienes y derechos situados en el extranjero (Modelo 720) por la no motivación del elemento subjetivo de este injusto tributario

Para calcular la amortización deducible respecto de inmuebles arrendados a efectos de IRPF cuando fueron adquiridos por herencia o donación en el coste de adquisición satisfecho está incluido el valor del bien adquirido en aplicación de las normas sobre Impuesto sobre Sucesiones o Donaciones o su valor comprobado en estos gravámenes.

El Tribunal Supremo en una sentencia de 15 de septiembre de 2021, ha resuelto que para calcular la amortización deducible respecto de inmuebles arrendados a efectos de IRPF cuando fueron adquiridos por herencia o donación en el coste de adquisición satisfecho está incluido el valor del bien adquirido en aplicación de las normas sobre Impuesto sobre Sucesiones o Donaciones o su valor comprobado en estos gravámenes.

El Tribunal Supremo, en esta sentencia resuelve el recurso de casación planteado por el Abogado del Estado, que discrepa del parecer manifestado por la Sala juzgadora y que es admitido parcialmente por el Tribunal que casa y anula parcialmente la sentencia recurrida.