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El Tribunal Supremo reconoce que el sustituto del contribuyente puede solicitar y obtener la devolución de la liquidación provisional del ICIO cuando las obras no han llegado a iniciarse y se ha rescindido el contrato que habilitaba su ejecución, sin que la vigencia de la licencia urbanística impida considerar que no se ha producido el hecho imponible y que el ingreso inicialmente realizado se ha convertido en indebido.

El Tribunal Supremo en su sentencia nº 1128/2026, de 7 de octubre de 2026, con nº recurso 2111/2024, analiza si una empresa que ha satisfecho una liquidación provisional del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) en calidad de sustituto del contribuyente puede solicitar y obtener la devolución de las cantidades ingresadas cuando las obras para las que se concedió la licencia urbanística no llegan a iniciarse y se rescinde el contrato que habilitaba su ejecución, aunque dicha licencia permanezca formalmente vigente.

Hecho imponible y el devengo del ICIO

Para resolver la controversia, el Tribunal Supremo parte de la regulación del ICIO contenida en los arts. 100, 102 y 103 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL).

La publicación de la Orden HAC/1028/2026, de 2 de octubre, por la que se regula la solución pública de facturación electrónica, completa el desarrollo normativo de la factura electrónica obligatoria entre empresarios y profesionales en el ámbito nacional. La orden se ha publicado el 5 de octubre y entra en vigor al día siguiente. Con ella comienza el cómputo de los plazos que determinan cuándo será exigible la obligación.

El origen de la obligación: el artículo 2 bis de la Ley 56/2007

La obligación tiene su origen en la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas. Su artículo 12 modificó el artículo 2 bis de la Ley 56/2007 para establecer que todos los empresarios y profesionales deberán expedir, remitir y recibir facturas electrónicas en sus relaciones comerciales con otros empresarios y profesionales situados en España.

En concreto, el sistema español de factura electrónica impone la obligación de emisión de facturas electrónicas en formato estructurado a los empresarios o profesionales en las operaciones domésticas efectuadas con otro empresario o profesional, así como de informar de determinados estados de la factura, especialmente referidos al pago.

La exención del art. 7.p) de la LIRPF puede resultar aplicable a las retribuciones percibidas por administradores y miembros de los Consejos de Administración por trabajos efectivamente realizados en el extranjero cuando estos se encuadran en el ejercicio de funciones ejecutivas y de gestión, sin que pueda excluirse su aplicación por el mero hecho de tratarse de retribuciones de naturaleza mercantil.

La sentencia de la Audiencia Nacional n.º 366/2026, de 18 de septiembre de 2026, con n.º de recurso 337/2022, analiza si resultaba conforme a Derecho la denegación de la exención prevista en el art. 7.p) de la LIRPF respecto de las retribuciones percibidas por el presidente del Consejo de Administración de la empresa A, por trabajos realizados en el extranjero en el ejercicio de sus funciones directivas dentro de un grupo empresarial internacional.

Para recordar el cumplimiento de las principales obligaciones tributarias estatales, periódicas y no periódicas, a lo largo de 2026, la Agencia tributaria pone, como en años anteriores, a disposición del contribuyente, el calendario del contribuyente 2026.

Les recordamos ahora las principales obligaciones tributarias del mes de noviembre.

El Reglamento de Ejecución (UE) 2026/2163 modifica la nomenclatura combinada y actualiza el arancel aduanero común, con efectos desde el 1 de enero de 2027. Entre sus principales novedades, introduce nuevas subpartidas para identificar y controlar mercancías específicas, especialmente productos industriales, tecnológicos, materias primas estratégicas y determinados residuos; actualiza la descripción de algunos productos pesqueros; incorpora unidades suplementarias para mejorar el control del contenido de nitrógeno en fertilizantes y modifica determinadas clasificaciones arancelarias y notas complementarias.

El 30 de octubre de 2026 se ha publicado en el DOUE el Reglamento de Ejecución (UE) 2026/2163 de la Comisión, de 17 de septiembre de 2026, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común.

El Reglamento de Ejecución (UE) 2026/2163 de la Comisión, de 17 de septiembre de 2026, modifica el anexo I del Reglamento (CEE) n.º 2658/87, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, con el objetivo de actualizar la nomenclatura combinada (NC) y adaptar su estructura a las necesidades actuales de las estadísticas comerciales, la política comercial de la Unión Europea y la evolución tecnológica y económica. Esta nomenclatura permite identificar y clasificar las mercancías objeto de intercambios comerciales, constituyendo un instrumento esencial para la aplicación del arancel aduanero común, la elaboración de estadísticas de comercio exterior y el desarrollo de otras políticas de la Unión relacionadas con las importaciones y exportaciones.

La reforma de la normativa aduanera de la Unión Europea se enmarca en los cambios introducidos para las importaciones de mercancías comercializadas mediante ventas a distancia, especialmente en relación con los envíos cuyo valor intrínseco no supera los 150 euros. La introducción de un derecho de aduana temporal de tres euros por artículo en determinados envíos, junto con la implantación de la tasa de gestión de la Unión, hace necesario adaptar los procedimientos de despacho a libre práctica y los mecanismos de garantía exigidos a los operadores económicos. En este contexto, el Reglamento de Ejecución (UE) 2026/2403 modifica las disposiciones relativas a las garantías globales de los operadores económicos autorizados y actualiza los códigos de las declaraciones aduaneras, con el fin de facilitar la aplicación de las nuevas medidas y garantizar el adecuado control de las obligaciones aduaneras.

El 29 de octubre de 2026 se ha publicado en el DOUE el Reglamento de Ejecución (UE) 2026/2403 de la Comisión, de 28 de octubre de 2026, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 en lo que respecta a la reducción de las garantías globales para los operadores económicos autorizados en relación con las ventas a distancia y a la adaptación de determinados elementos de datos para la tasa de gestión de la Unión.

La utilización de referencias étnicas, religiosas y personales ajenas al obligado tributario como fundamento de una liquidación tributaria vulnera los derechos fundamentales cuando introduce elementos discriminatorios que carecen de relación con la realidad jurídico-económica regularizada, sin que la existencia de otros indicios permita mantener un acto cuya motivación resulta contraria a Derecho.

La Administración tributaria debe justificar sus regularizaciones mediante elementos pertinentes, objetivos y jurídicamente admisibles, respetando en todo momento los derechos fundamentales del contribuyente. La utilización de circunstancias personales especialmente protegidas, sin conexión con los hechos determinantes de la obligación tributaria, puede determinar la anulación de la liquidación por falta de una motivación ajustada a Derecho.

La sentencia de la Audiencia Nacional n.º 370/2026, de 23 de septiembre de 2026, con n.º de recurso 1/2026, analiza si resultaba conforme a Derecho la resolución del TEAC, de 25 de marzo de 2026, que confirmó una regularización tributaria en la que se apreciaba la existencia de una simulación relativa por la interposición de una sociedad para la obtención de determinados rendimientos de actividades económicas.

El Proyecto de Orden desarrolla para el ejercicio 2027 el método de estimación objetiva del IRPF y el régimen especial simplificado del IVA. Mantiene los módulos aplicables, regula los límites de exclusión y los plazos de renuncia, e incorpora reducciones del rendimiento neto para actividades agrícolas y ganaderas.

El 23 de octubre de 2026 se ha sometido a trámite de audiencia e información pública el Proyecto de Orden, por la que se desarrollan para el año 2027 el método de estimación objetiva del IRPF y el régimen especial simplificado del IVA.

El Tribunal Supremo admite excepcionalmente la incorporación de una resolución administrativa posterior al recurso contencioso-administrativo sin necesidad de solicitar formalmente su ampliación cuando existe una conexión directa entre ambos actos, la demanda impugna expresamente las dos resoluciones y las circunstancias del procedimiento permiten descartar la indefensión de la Administración.

El Tribunal Supremo en la sentencia nº 1138/2026, de 13 de octubre de 2026, con nº recurso 9036/2023 examina si, en determinadas circunstancias, es necesario solicitar expresamente la ampliación del recurso contencioso-administrativo prevista en el art. 36 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA) para impugnar un acto administrativo dictado de forma extemporánea, o si puede entenderse que dicha ampliación ha sido solicitada cuando el demandante incluye en la demanda la petición de anulación tanto de ese acto como del inicialmente identificado en el escrito de interposición. La controversia se origina en un procedimiento relativo al IRPF del ejercicio 2016, en el que el contribuyente impugnó una liquidación tributaria y la providencia de apremio derivada de su falta de pago. Ambas pretensiones se formularon en una misma reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Madrid, pero fueron tramitadas separadamente y dieron lugar a dos resoluciones distintas.

Mientras que la garantía previamente aceptada por la Administración constituye un indicio especialmente relevante para mantener la suspensión de una liquidación en el procedimiento contencioso-administrativo, en el caso de las sanciones la suspensión automática administrativa no se prolonga por sí misma en vía judicial, aunque el ofrecimiento de una garantía suficiente obliga al tribunal a justificar de forma específica cualquier decisión denegatoria.

La sentencia del Tribunal Supremo nº 1091/2026, de 30 de septiembre de 2026, dictada en el recurso de casación 7960/2024, analiza las condiciones en las que los órganos jurisdiccionales deben resolver las solicitudes de suspensión cautelar de liquidaciones y sanciones tributarias cuando estas medidas ya se habían acordado en vía económico-administrativa o cuando el contribuyente ofrece garantías suficientes para asegurar el cobro de las cantidades reclamadas.