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El Tribunal Supremo admite excepcionalmente la incorporación de una resolución administrativa posterior al recurso contencioso-administrativo sin necesidad de solicitar formalmente su ampliación cuando existe una conexión directa entre ambos actos, la demanda impugna expresamente las dos resoluciones y las circunstancias del procedimiento permiten descartar la indefensión de la Administración.

El Tribunal Supremo en la sentencia nº 1138/2026, de 13 de octubre de 2026, con nº recurso 9036/2023 examina si, en determinadas circunstancias, es necesario solicitar expresamente la ampliación del recurso contencioso-administrativo prevista en el art. 36 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA) para impugnar un acto administrativo dictado de forma extemporánea, o si puede entenderse que dicha ampliación ha sido solicitada cuando el demandante incluye en la demanda la petición de anulación tanto de ese acto como del inicialmente identificado en el escrito de interposición. La controversia se origina en un procedimiento relativo al IRPF del ejercicio 2016, en el que el contribuyente impugnó una liquidación tributaria y la providencia de apremio derivada de su falta de pago. Ambas pretensiones se formularon en una misma reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Madrid, pero fueron tramitadas separadamente y dieron lugar a dos resoluciones distintas.

Mientras que la garantía previamente aceptada por la Administración constituye un indicio especialmente relevante para mantener la suspensión de una liquidación en el procedimiento contencioso-administrativo, en el caso de las sanciones la suspensión automática administrativa no se prolonga por sí misma en vía judicial, aunque el ofrecimiento de una garantía suficiente obliga al tribunal a justificar de forma específica cualquier decisión denegatoria.

La sentencia del Tribunal Supremo nº 1091/2026, de 30 de septiembre de 2026, dictada en el recurso de casación 7960/2024, analiza las condiciones en las que los órganos jurisdiccionales deben resolver las solicitudes de suspensión cautelar de liquidaciones y sanciones tributarias cuando estas medidas ya se habían acordado en vía económico-administrativa o cuando el contribuyente ofrece garantías suficientes para asegurar el cobro de las cantidades reclamadas.

TJUE

• El Tribunal de Justicia de la Unión Europea precisa las condiciones para determinar el domicilio fiscal de los funcionarios y otros agentes de la Unión

TGUE

• La emisión tardía de facturas con la mención «inversión del sujeto pasivo» no permite aplicar retroactivamente el régimen simplificado del IVA en operaciones triangulares
• El TGUE protege la buena fe del revendedor en el régimen del margen de beneficio del IVA frente a procedimientos tributarios excesivamente gravosos

TS

• Cuando una liquidación fundamenta la regularización en la potestad de calificación del art. 13 LGT, el órgano jurisdiccional no puede confirmarla introduciendo la simulación, que no fue declarada por la Administración

AN

• Improcedencia de denegar la devolución del IVA ingresado por error en España por el hecho de haber sido repercutido a los consumidores, cuando correspondía recaudarlo a otro Estado miembro
• La Audiencia Nacional limita las exigencias formales para aplicar el tipo bonificado del gasóleo: no es obligatoria la conservación de una copia del NIF o DNI del receptor

TSJ

• Acreditación de pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de criptomonedas en el IRPF sin certificado formal de la plataforma
• Los sobrinos del causante no pueden deducir las deudas a su favor, aunque no fueran contraídas con ellos, al adquirir el crédito de su padre por herencia
• La renuncia pura y simple a la herencia permite a los sustitutos vulgares tributar por Sucesiones por los bienes hereditarios, pero no les atribuye automáticamente los derechos de un seguro de vida
• Aplicación del tipo medio del ISD en la donación conjunta de inmuebles situados en distintas comunidades autónomas

TEAC

• La falta de declaración de fallido del deudor principal impide la derivación de responsabilidad subsidiaria y, al constituir ésta el presupuesto de hecho habilitante de la posterior responsabilidad solidaria determina también la anulación de esta
• Es válido el requerimiento de información sobre los socios de una sociedad a través de su Libro Registro de Socios realizado por la Administración Tributaria
• Calificación en el IRPF de los pagos satisfechos por un excónyuge como pensión compensatoria y aplicación de la prueba indiciaria por la Administración Tributaria
• La remisión fuera de plazo de las facturas rectificativas no impide modificar la base imponible del IVA si no se acredita un perjuicio para la Hacienda Pública
• La falta de prueba sobre el carácter accesorio de los servicios de instalación impide recuperar el IVA soportado y el mínimo de 400 euros se calcula sobre el total solicitado
• Las prestaciones por desempleo del SEPE no pueden equipararse a las pensiones a efectos de la aplicación de los convenios para evitar la doble imposición

DGT

• La indemnización por incumplir la orden de suscripción de acciones se califica como ganancia patrimonial y se integra en la base imponible general del IRPF
• Cálculo e imputación temporal en el IRPF de la ganancia o pérdida patrimonial generada por la transmisión de participaciones sociales con parte del precio variable
• Tratamiento fiscal en el IS de las indemnizaciones derivadas del incumplimiento de contratos de arras
• Primera consulta tributaria de la DGT sobre el Impuesto Complementario: una entidad pública empresarial estatal está excluida, pero se analiza si una entidad participada por la misma también está excluida

A continuación, reseñamos, al objeto de facilitarle la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés tributario publicadas en los distintos boletines oficiales durante la primera quincena del mes de octubre de 2026.

El Tribunal Supremo reconoce la aplicación del tipo reducido del 4% del ITPAJD, previsto en la Comunidad de Madrid, para la adquisición de la vivienda habitual por familias numerosas cuando, en la fecha de devengo del impuesto, el tercer hijo está concebido, pero aún no ha nacido, siempre que posteriormente nazca con vida y completamente desprendido del seno materno, sin exigir que el título oficial de familia numerosa tenga carácter constitutivo de dicha condición.

El Tribunal Supremo analiza en la sentencia nº 1060/2026, de 24 de septiembre de 2026, con nº recurso 4114/2025, si resulta aplicable el tipo reducido del 4% del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD), previsto en la Comunidad de Madrid para la adquisición de la vivienda habitual por familias numerosas, cuando, en la fecha de devengo del impuesto, el tercer hijo está concebido, pero todavía no ha nacido. La controversia consiste en determinar si el nasciturus puede computarse como miembro de la unidad familiar a estos efectos, siempre que posteriormente nazca con vida y completamente desprendido del seno materno.

El Tribunal Supremo permite aplicar simultáneamente el mínimo por descendientes y el régimen fiscal de las anualidades por alimentos en los supuestos de custodia compartida, siempre que ambos beneficios se distribuyan en función de los periodos de convivencia efectiva con los hijos y no exista solapamiento temporal entre ellos.

El Tribunal Supremo analiza en la sentencia nº 1054/2026, de 23 de septiembre de 2026, con nº recurso 2595/2025, si los progenitores que tienen atribuida la custodia compartida de sus hijos y que, además, satisfacen anualidades por alimentos por decisión judicial pueden aplicar simultáneamente, en un mismo período impositivo, el mínimo por descendientes del art. 58 de la Ley del IRPF y el régimen especial previsto en los arts. 64 y 75 de dicha ley.

La controversia surge porque, tras la reforma introducida por la Ley 26/2014, el art. 64 condiciona la aplicación de este último régimen a que los contribuyentes no tengan derecho a aplicar el mínimo por descendientes, lo que había llevado a distintas interpretaciones judiciales sobre los supuestos de custodia compartida.

En nuestra Revista de Contabilidad y Tributación. CEF (RCyT. CEF) del Núm. 523 (Octubre de 2026) encontramos el caso práctico de Rafael Enric Herrando Tejero "Casos prácticos del proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo Técnico de Gestores Tributarios de la Generalitat de Cataluña"

(Prueba 3, celebrada el 13 de marzo de 2026, de las pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso libre y acceso por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Gestores Tributarios de la Generalitat de Cataluña, convocatoria ATC05).

Desarrollamos a continuación tres supuestos prácticos correspondientes a la prueba 3 de las pruebas de acceso al Cuerpo Técnico de Gestores Tributarios de la Generalitat de Cataluña. A lo largo de los casos prácticos se plantean diferentes supuestos relativos a aspectos de impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), impuesto sobre el patrimonio (IP), impuesto sobre el valor añadido (IVA), impuesto sobre sucesiones y donaciones (ISD), impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITPyAJD) y procedimientos tributarios.

Ver más artículos en el siguiente enlace: https://revistas.cef.udima.es/index.php/RCyT

Rafael Enric Herrando Tejero
Inspector de Hacienda del Estado. Profesor del CEF.- (España)

En nuestra Revista de Contabilidad y Tributación. CEF (RCyT. CEF) del Núm. 523 (Octubre de 2026) encontramos el comentario de Rosa Fraile Fernández "Sucesión tributaria, responsabilidad subsidiaria y personalidad jurídica latente"

DOI: https://doi.org/10.51302/rcyt.2026.25473

Afirma el Tribunal Supremo (TS) que, extinguida una sociedad mercantil, la Administración tributaria debe dirigirse previamente contra sus socios sucesores y declararlos fallidos antes de derivar la responsabilidad subsidiaria al administrador social. El presente trabajo comparte el sentido de la resolución, pero analiza críticamente sus fundamentos. Se defiende la necesidad de distinguir entre sucesión tributaria y responsabilidad tributaria, instituciones de naturaleza y función diferentes cuya confusión desdibuja el sistema de obligados tributarios diseñado por la Ley general tributaria (LGT). Asimismo, se examinan varias cuestiones que la sentencia deja abiertas: el tratamiento del exceso de deuda no cubierto por la cuota de liquidación de los socios, la transmisión de las sanciones a los sucesores, la compatibilidad de la doctrina de la Sala Tercera con la jurisprudencia civil sobre la personalidad jurídica latente de las sociedades extinguidas y los límites temporales dentro de los cuales la Administración puede declarar el fallido del deudor principal.

Ver más artículos en el siguiente enlace: https://revistas.cef.udima.es/index.php/RCyT/index

Rosa Fraile Fernández
Profesora titular de Derecho Financiero y Tributario. Universidad Rey Juan Carlos (España)

La falta de acceso a los requerimientos tributarios practicados mediante el sistema de notificación electrónica obligatoria no puede justificar una sanción por resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria cuando no se acredita una conducta voluntaria y culpable del obligado tributario, especialmente cuando la Administración conocía que el contribuyente no había visualizado las comunicaciones.

La sentencia de la Audiencia Nacional n.º 706/2026, de 10 de septiembre de 2026, con n.º de recurso 1000/2020, analiza si resultaba conforme a Derecho la sanción tributaria impuesta a una sociedad domiciliada en Vizcaya por no atender tres requerimientos de información efectuados por la Administración tributaria mediante el sistema de notificación electrónica obligatoria (NEO).