En ese sentido deben interpretarse nuestras normas internas de procedimiento administrativo aplicadas a la devolución de los no establecidos

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 14 de febrero de 2019, deja incólumes nuestras normas de gestión en materia de devoluciones a no establecidos en su bien entendida interpretación de que deben salvaguardar el derecho de defensa del no establecido de un modo incuestionable.

Así de claro lo ha tenido que recordar el Tribunal ante la aplicación unilateral retroactiva de una solicitud de excepción a la regla general de inversión por parte de uno de los Estados miembros

Parece mentira que todavía a día de hoy deba recordarse, incluso por las instancias judiciales europeas, hasta dónde llegan los límites del principio de seguridad jurídica. La reprimenda viene de manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y de su sentencia de 13 de febrero de 2019.

Los hechos hay que situarlos en el entorno de la facultad que la Directiva 2006/112/CE del Consejo  (Sistema Común del IVA) reconoce a los Estados miembros para establecer medidas de excepción al artículo 193, que señala como sujetos pasivos del IVA a quienes efectúen una entrega de bienes o una prestación de servicios sometida al Impuesto; dicho de otro modo, para establecer supuestos de inversión del sujeto pasivo, quedando obligado por el impuesto quien recibe la entrega o prestación de servicios.

A continuación reseñamos, al objeto de facilitarle la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés tributario publicadas en los distintos boletines oficiales durante el mes de febrero.

Su naturaleza como procedimiento administrativo sitúa su extensión máxima en 6 meses, si bien tratándose de un procedimiento sui generis, no cabe silencio positivo en caso de inactividad administrativa

La sentencia de 17 de enero de 2019 cierra una cuestión abierta en sede del Tribunal Supremo, cual es la de si resulta aplicable a las tasaciones periciales contradictorias el plazo general de 6 meses establecido en el art. 104.1 Ley 58/2003 (LGT) como de duración máxima de un procedimiento administrativo y, por extensión, el silencio administrativo positivo recogido en el art. 104.3 de la misma norma.

El Tribunal Central matiza su criterio resolviendo un supuesto no planteado hasta ahora.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 16 de enero de 2019, matiza el criterio de la Resolución TEAC, de 4 de abril de 2017, puesto que se plantea un supuesto no contemplado en aquella, como es qué solución debería darse, para el caso de una entidad que, no habiéndose compensado BIN alguna en su día o habiendo compensado menos de las que pudo, ve como el importe de BIN’s de períodos anteriores susceptibles de compensación que tiene aumenta, y entonces, visto ese aumento, opta por sí compensar o por compensar un importe de BIN’s superior al que compensó con su declaración inicial. Este aumento del importe de las BIN’s de períodos anteriores susceptibles de compensación puede haber venido de la mano de una resolución económico-administrativa o jurisdiccional que así se lo hubiera reconocido.

El Tribunal Central rectifica y matiza su criterio.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 4 de diciembre de 2018, resuelve que no cabe exigir el cumplimiento de la obligación tributaria del contribuyente de declarar el domicilio fiscal -o su cambio- cuando las obligaciones tributarias sustantivas de las que pende aquella obligación formal ya hubieran prescrito, pudiendo modificarse válidamente, por tanto, el domicilio fiscal, con efectos para todas las obligaciones materiales no prescritas. Ahora bien, dicho acuerdo de rectificación del domicilio fiscal sólo puede oponerse al contribuyente desde que se le notifica el mismo.

La Company Car Policy es, por razones evidentes, una prueba en contra de la deducibilidad del IVA por cuanto reconoce la utilización para fines particulares de los trabajadores del vehículo de empresa que tienen asignado, lo que, por definición, impide su afectación exclusiva

El Tribunal Supremo, con su sentencia de 29 de enero de 2019, añade un nuevo capítulo a la cuestión de la deducibilidad de los vehículos de empresa, esta vez con intervención de documentos de interés laboral que han sido traídos al procedimiento de una manera ciertamente inoportuna para los intereses de la propia entidad recurrente –lo cual es difícilmente explicable- y que ha detonado un análisis, el del uso detallado en el tiempo de cada vehículo, que al final han impedido el reconocimiento del uso totalmente empresarial de los vehículos de la recurrente, que ésta pretendía.

Navarra reforma la Administración y Haciendas locales y entre otras medidas aprueba los coeficientes a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo  del IIVTNU, partiendo de los valores medios de cada año y restando el módulo del coste de construcción aprobado para la valoración catastral.

En el Boletín Oficial de Navarra de hoy , 6 de febrero de 2019, se han publicado junto con la LEY FORAL 2/2019, de 24 de enero, de Cuentas Generales de Navarra de 2017, la LEY FORAL 3/2019, de 24 enero, de la Comunidad Foral de Navarra, por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra y la  LEY FORAL 4/2019, de 4 de febrero, de la Comunidad Foral de Navarra, de reforma de la Administración Local de Navarra.

Mediante la Ley Foral 3/2019 de modificación de las haciendas locales navarras se completa la reforma del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU) para dar cumplimiento a la STC 72/2017, de 5 de junio de 2017, que declaró inconstitucionales y nulos determinados preceptos de la Ley Foral 2/1995 únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor que ya se llevó a cabo mediante la LEY FORAL 19/2017, estableciendo un método objetivo para el cálculo de las plusvalías, si bien, con arreglo a coeficientes móviles en el tiempo y sensibles a la evolución de los precios del mercado inmobiliario.

• Posibilidad, una vez dictada la resolución de conclusión del concurso y ante la eventual aparición de nuevos bienes o derechos, de realizar ejecuciones singulares contra ese nuevo patrimonio
• No es válida la notificación del acuerdo de inclusión obligatoria en el sistema de dirección electrónica habilitada realizada tras dos intentos de notificación incongruentes
• Basta la concurrencia de una de las causas que determinan la pérdida de la condición de cooperativa fiscalmente protegida para que se pierda tal condición pero no definitivamente
• Omisión del trámite de audiencia en el procedimiento sancionador de contrabando y subsanación del vicio procedimental por la interposición de recurso de reposición
• Fallecimiento del heredero sin haber aceptado ni repudiado la herencia: cambio de criterio
  
• Naturaleza jurídica de la contraprestación por el servicio público de transporte urbano colectivo
• Exención en el IEDMT al matricular un vehículo a nombre de un menor discapacitado
• Arrendar un consultorio o despacho ofreciendo también la prestación de servicios adicionales de limpieza, luz, gas, etc., no está sometido a retención como un arrendamiento de inmuebles
• Los gastos realizados en una vivienda no alquilada, sino en expectativas de alquiler, son deducibles de los rendimientos del capital inmobiliario
• Al transmitir una vivienda, se debe minorar de su valor de adquisición la amortización que fue gasto deducible durante su arrendamiento