La Sala estima que no cabe acudir a un eventual procedimiento autónomo (específico de devolución) cuando las cuestiones a solventar son consecuencia directa e inmediata de lo que se discutió, analizó y comprobó por la Administración en el seno del procedimiento de inspección.

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 17 de octubre de 2019, estima que no cabe acudir a un eventual procedimiento autónomo (específico de devolución) cuando cuestiones a solventar son consecuencia directa del procedimiento de inspección, motivo por el cual se revoca la sentencia objeto de este recurso de casación, pues el derecho a la regularización completa, incluso de oficio, ha sido reconocido por un criterio jurisprudencial constante y entiende que no procede que la Administración se inicie de oficio un procedimiento de devolución de ingresos sin prejuzgar su resultado.

El ATS, de 31 de enero de 2018, recurso n.º 4809/2017 consideró que existía interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consistente en determinar si en los supuestos en que se practique una regularización por parte de la Administración Tributaria, al considerar que resulta improcedente la repercusión de las cuotas del IVA, dicha regularización debe abarcar tanto a la deducción del IVA indebidamente soportado como a la devolución de las cuotas soportadas, de modo que conlleve el reconocimiento del derecho a la devolución de los ingresos indebidos o, por el contrario, ha de limitarse a la negación de la deducibilidad del IVA soportado por las cuotas indebidamente repercutidas.

Si lo que buscaba la Inspección era información, ello mismo pudo haberlo conseguido mediante un requerimiento de información y por tanto no era necesario sacrificar el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, motivo por el cual dicha actuación debe anularse.

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 10 de octubre de 2019, resuelve que no está justificada la necesidad que debe amparar la entrada y registro de la sede de la mercantil, cuando en este caso no se entiende qué pruebas podía hacer desaparecer el contribuyente -como señala la Inspección en su solicitud de entrada- si es él el que tiene que probar la reinversión, su cuantía y la sujeción de la actividad en la que se reinvierte a las previsiones legales.

La Sala tampoco comprende en absoluto la relevancia -a la que alude la sentencia recurrida en casación, y que debe anularse- del «factor sorpresa» para asegurar el éxito de las diligencias de investigación y comprobación de la Inspección Tributaria cuando es el obligado tributario el que tiene toda la carga de probar la concurrencia de los requisitos legales correspondientes. No era necesario sacrificar el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio como única forma -principio de subsidiariedad- de garantizar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la ley en relación con el factor de agotamiento por la razón esencial de que la finalidad de la entrada y registro (constatar la aptitud de la materialización de la dotación al factor de agotamiento) no era necesaria para que la Administración actuase sus potestades de comprobación e inspección.

La DGT establece que los intereses atribuibles a un EP ubicado en Reino Unido perteneciente a una entidad bancaria irlandesa, si se produce la separación del Reino Unido de la UE, tributarán en España, conforme el Convenio suscrito con Irlanda, con el límite del 10 por 100 del importe bruto de los intereses.

La Dirección General de Tributos en consulta vinculante V2648/2019 de fecha 05-09-2019, se pronunció indirectamente sobre los efectos del Brexit en la tributación de los intereses por préstamos concedidos a sociedades españolas atribuibles a un establecimiento permanente en el Reino Unido de una entidad bancaria comunitaria.

Para la DGT, en los actuales momentos, los intereses de fuente española obtenidos sin mediación de establecimiento permanente en España por un residente fiscal comunitario, o por un establecimiento permanente de dicho residente sujetos pero exentos del Impuesto sobre la renta de no residentes en España.

El Tribunal Constitucional declara inconstitucional el IIVTNU (plusvalía municipal) cuando la cuota resultante a pagar es mayor que el incremento realmente obtenida por el contribuyente.

El Pleno del Tribunal constitucional, en su sentencia de 31 de octubre de 2019, referida a la cuestión de inconstitucionalidad 1020/2019 que fue planteada por el Auto del Juzgado Contencioso-administrativo número 32 de Madrid que se estima por unanimidad y, en consecuencia, ha declarado que el art. 107.4 del TRLHL, aprobado el 5 de marzo de 2004, es inconstitucional, en los términos referidos en el Fundamento jurídico quinto apartado a).

El Tribunal limita las situaciones susceptibles de ser revisadas exclusivamente a aquellas que no hayan adquirido firmeza a la fecha de su publicación.

A continuación reseñamos, al objeto de facilitarle la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés tributario publicadas en los distintos boletines oficiales durante el mes de octubre.

• Vulnera la libre circulación de los trabajadores negar al exención a las prestaciones por incapacidad pagadas por otros Estados
• El TJUE confirma la exención del IVA respecto de un operador privado alemán encargado de la notificación formal de actos judiciales y administrativos
• El TS debe concretar los requisitos de la autorización judicial de entrada y registro en domicilio o sede social de una empresa por la AEAT
• En virtud de la buena fe debe admitirse en el IS la actividad económica por haberse reconocido previamente a efectos de la RIC
• El préstamo otorgado a la compradora por la matriz vendedora de un paquete de acciones del grupo no es préstamo sino una aportación de fondos propios
• Regularización Integra como consecuencia de no haber aplicado los coeficientes correctores de los valores de dos inmuebles que fueron transmitidos
• Es deducible en el IS la retribución de un consejero delgado y Director General de una sociedad que pertenece a un matriz sueca
• La retroacción de actuaciones solo cabe en relación con defectos formales o procedimentales
• Incongruencia por error del TEAR que motivó un auténtico abuso de derecho
• La comprobación limitada de la deducción en el IS impide la inspección posterior aunque se centre en otra cuestión

La Administración no puede comprobar los actos, operaciones y circunstancias que tuvieron lugar en ejercicios tributarios prescritos, anteriores a la entrada en vigor de la LGT de 2003, con la finalidad de extender sus efectos a ejercicios no prescritos y además se fija como criterio que la ampliación del plazo obtenida no puede ser entendida como dilación imputable al contribuyente.

La sentencia del Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 2019, fecha de referencia para determinar el régimen jurídico aplicable a la potestad de comprobación de la Administración sobre ejercicios prescritos no es la de las actuaciones de comprobación o inspección sino la fecha en que tuvieron lugar los actos, operaciones y circunstancias que se comprueban. De este modo, al resultar aplicable la LGT de 1963, la Administración no puede comprobar los actos, operaciones y circunstancias que tuvieron lugar en ejercicios tributarios prescritos, anteriores a la entrada en vigor de la LGT de 2003, con la finalidad de extender sus efectos a ejercicios no prescritos.

Efectivamente, son válidos para acreditar la notificación o los intentos de notificación de los actos administrativos siempre que contengan los datos necesarios requeridos por la normativa reguladora

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en Resolución de 24 de septiembre de 2019, resuelve en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, la cuestión relativa a si los acuses o avisos de recibo electrónicos, denominados también certificados de entrega o de imposibilidad de entrega, emitidos por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, son válidos para acreditar, respectivamente, la notificación o los intentos de notificación de los actos administrativos.

• Las compensaciones a tanto alzado previstas en el Régimen Especial de la Agricultura, Ganadería y Pesca sólo podrán deducirse cuando hayan sido pagadas
• Aportación de capital para reducir pérdidas y posterior transmisión de participaciones ¿Puede el nuevo propietario de dichas participaciones aplicar la deducción por doble imposición interna?
• La Administración no puede dictar la providencia de apremio para hacer efectivos los créditos contra la masa una vez abierta la fase de liquidación del concurso. Cambio de criterio.
• Para declarar la responsabilidad solidaria del administrador tiene que existir dolo además de culpa
• No son deducibles las cuotas soportadas de forma indebida por operaciones inexistentes, siendo irrelevante el grado de conocimiento o sospecha del contribuyente
• Cuando se parta de una calificación jurídica que derive de un acto o sentencia firme, la competencia revisora del TEAC no alcanza la revisión de dicho criterio fuera del procedimiento especial de revisión
• Exigencias y plazo para solicitar devoluciones en IVA
• Donación entre cónyuges sin presentación de declaración
• La venta de un crédito por un valor inferior, no afecta a la deducibilidad de los gastos en el IS
• Los periodos en los que la entidad no tenía consideración de patrimonial permiten aplicar parcialmente la exención a las rentas