Muchos asesores fiscales se quejan de lo complejo que resulta encerrar todo ese saber que atesoran en la casilla de un formulario de Hacienda. En muchos casos, la dificultad de la propia ley fiscal se ve incrementada por los avances tecnológicos que la AEAT incorpora, muchas veces con ánimo de imperatividad, cuya sede electrónica es objeto de no pocas consultas a su departamento de información. Pero este es un ejemplo de convertir riesgos en oportunidades, ya que el buen conocimiento de la sede electrónica facilita y agiliza la gestión tributaria y dota de un plus de competitividad a los asesores fiscales.

Desde hace ya bastante tiempo la AEAT ha ido perfeccionando su sede electrónica, dotándola de medios para realizar cada vez más trámites del obligado tributario a través de internet, agilizando así la gestión y facilitando la tarea al administrado que evita desplazamientos, pero sobre todo ahorrando tiempo a sus funcionarios para dedicarles a funciones más productivas para las arcas públicas que la atención al cliente.

Se introducen cambios en la Directiva 2006/112/CE, en el Reglamento (UE) n.º 904/2010 y en el Reglamento de Ejecución 282/2011

El pasado 7 de diciembre de 2018 se publicaron en el DOUE tres normas que afectan al IVA: la Directiva (UE) 2018/1910 del Consejo, de 4 de diciembre de 2018, por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que se refiere a la armonización y la simplificación de determinadas normas del régimen del IVA en la imposición de los intercambios entre los Estados miembros, el Reglamento (UE) 2018/1909 del  Consejo, de 4 de diciembre de 2018, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 904/2010 en lo que se refiere al intercambio de información a efectos de vigilancia de la correcta aplicación de los acuerdos de existencias de reserva, y el Reglamento de Ejecución (UE)  2018/1912 del Consejo, de 4 de diciembre de 2018, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 282/2011 en lo que respecta a determinadas exenciones relacionadas con operaciones intracomunitarias.

Aun cuando la obligación de transposición de la Directiva no es inmediata, dado que los Estados miembros deberán adoptar y publicar, a más tardar el 31 de diciembre de 2019, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva, siendo de aplicación dichas disposiciones a partir del 1 de enero de 2020, sin embargo conocer su contenido permite anticipar a los empresarios y profesionales la adecuación necesaria de sus procedimientos de actuación ante la nueva regulación que será aprobada por el legislador interno a lo largo del próximo ejercicio.

La Agencia Tributaria ha publicado el Proyecto de Orden  por la que se aprueba el modelo 233, «Declaración informativa por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados».

Esta orden surge como consecuencia de la modificación realizada por la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 respecto del art. 81 de la Ley 35/2006 (Ley IRPF) que prevé que el importe de la deducción por maternidad se pueda incrementar hasta en 1.000 euros adicionales cuando el contribuyente que tenga derecho a la misma hubiera satisfecho en el periodo impositivo gastos por la custodia del hijo menor de tres años en guarderías o centros de educación infantil autorizados.

Las devoluciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) están en el foco mediático, por la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a la Agencia Tributaria a la devolución del IRPF de las prestaciones por maternidad y paternidad cobradas indebidamente desde el 2014. Sin embargo, estas devoluciones son algo extraordinario, siendo las devoluciones relativas a la declaración de la renta, presentada lo más tardar, el día 2 de julio, las que preocupan a un abanico más amplio de contribuyentes.

En el caso de las devoluciones por maternidad y paternidad, estas comenzarán a devolverse de inmediato, y según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esperan haber concluido esto proceso en el mes de abril del 2019.

Desde el 5 de diciembre de 2018 los bancos pagarán el AJD correspondiente  a la los préstamos con garantía  que se otorguen en Navarra. Con el fin de acomodar en parte la norma navarra al contenido de la norma estatal, se establece que, cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía, el sujeto pasivo será el prestamista.

En el Boletín oficial de Navarra de hoy, 4 de diciembre de 2018, se ha publicado la LEY FORAL 25/2018, de 28 de noviembre, de modificación del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, para que sea la banca la que pague ese tributoy no los ciudadanos cuando se formalice un préstamo con garantía  queentrará en vigor desde mañana, 5 de diciembre de 2018, al igual que ha ocurrido en el territorio común del Estado.

A lo largo de las últimas semanas se ha asistido a una serie de resoluciones y decisiones judiciales contradictorias. La sentencia del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2018 anuló el art. 68.2 del reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, que disponía que el sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, en su modalidad de documentos notariales, era el prestatario, cuando se tratase de escrituras de constitución de préstamo con garantía. En este mismo sentido la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, se ha pronunciado igualmente en sus Sentencias 1523/2018, de 22 de octubre, y 1531/2018, de 23 de octubre de 2018. Con esa anulación, en el ámbito estatal la tributación del impuesto en la constitución de un préstamo hipotecario dio un vuelco total: el sujeto pasivo pasó a ser la persona o entidad prestamista.

La sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2018 fija como doctrina legal que “Las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”.

La Dirección General de Tributos interpreta que esta doctrina es igualmente aplicable a las prestaciones por paternidad percibidas de la Seguridad Social.

Francisco Adame Martínez
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario.
Universidad de Sevilla

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Tras fijar jurisprudencia en su sentencia del pasado 9 de julio y tras unos meses de paréntesis, el Tribunal retoma de nuevo la cuestión para aplicar en nuevas sentencias su interpretación y resolver los concretos supuestos de hecho que se le han planteado sobre la base de la prueba concurrente

Se han dictado en estos días nuevas sentencias -de 6 de noviembre, 7 de noviembre y 8 de noviembre de 2018- del Tribunal Supremo, que contienen una remisión absoluta a lo declarado como jurisprudencia en su sentencia de 9 de julio de 2018, que han reproducido a los efectos, para a continuación resolver cada uno de los supuestos de hecho que se planteaban al Tribunal, todos ellos con interés en cuanto a la valoración de la prueba como suficiente para demostrar que se ha producido una transmisión con pérdida de valor del terreno.