El TSJ de Galicia admite la existencia de pareja de hecho a efectos del ISD, aunque no estuviera inscrita ante la imposibilidad de prestar consentimiento por uno de sus miembros al padecer alzheimer.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia en una reciente sentencia de 17 de febrero de 2019 considera que no cabe privar de efectos a una unión de hecho por la no concurrencia de un requisito de imposible cumplimiento en atención a las circunstancias especiales de sus miembros, cuya incapacidad fue declarada por resolución judicial.

En el caso de autos, no se discute la relación de convivencia entre la recurrente y el causante, fallecido el 8 de diciembre de 2010, pero la administración autonómica tributaria se opone al reconocimiento de la existencia de una relación afectiva análoga a la conyugal por la ausencia de un requisito formal introducido por la Ley 9/2008 de Galicia (Medidas tributarias en relación con el ISD), como es la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de Galicia, expresando su voluntad de equiparar sus efectos a los del matrimonio.

De acuerdo con la STC 81/2013, de 11 de abril de 2013, rec. n.º 6760/2003, debe darse prevalencia a la situación de hecho material sobre la formal de la posesión de un título u otro instrumento acreditativo de la situación. Pese a que el Tribunal Constitucional consideró adecuada a la CE la exigencia de la inscripción registral, también reconoció que esta formalidad tenía como «única finalidad la acreditación de una situación de hecho».

Los impuestos húngaros sobre el volumen de negocios de los operadores de telecomunicaciones y sobre el volumen de negocios en el sector del comercio al por menor en establecimientos comerciales ni son discriminatorios ni constituyen una ayuda de Estado.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en dos sentencias de 3 de marzo de 2020, recaídas en los asuntos C-75/18, relativa al Impuesto sobre el volumen de negocios de los operadores de telecomunicaciones y C-323/18relativa al Impuesto sobre el volumen de negocios en el sector del comercio al por menor en establecimientos comerciales, ambos de Hungría, considera que no se oponen a la normativa del Derecho de la UE, a pesar de tratarse de impuestos de carácter progresivo sobre el volumen de negocios cuya carga efectiva recae principalmente en empresas controladas directa o indirectamente por nacionales de otros Estados miembros o por sociedades que tienen su domicilio social en otro Estado miembro debido a que estas empresas realizan los mayores volúmenes de negocios en el mercado de que se trate.

En el caso del Impuesto sobre el volumen de negocios de los operadores de telecomunicaciones, el Tribunal concluye además que este impuesto no se encuentra establecido en cada fase del proceso de producción y de distribución y no existe un derecho a deducir el impuesto pagado en la fase anterior de dicho proceso, por lo que no vulnera el art. 401 de la Directiva IVA.

Es incompatible con el art. 56 TFUE, por desproporcionada, una normativa nacional que establece un régimen de multas como el aplicable en el supuesto de incumplimiento de la obligación de información derivada del impuesto sobre la publicidad húngaro, que deben cumplir los prestadores de servicios publicitarios establecidos en otro Estado miembro.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 3 de marzo de 2020, recaida en el asunto C-482/18 considera que es contrario al derecho de la UE el sistema de sanciones previsto en el Impuesto húngaro sobre las actividades publicitarias, por no respetar el principio de proporcionalidad. El art. 56 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa de un Estado miembro que somete a los prestadores de servicios publicitarios establecidos en otro Estado miembro a una obligación de información, a efectos de su sujeción a un impuesto sobre la publicidad, mientras que los prestadores de tales servicios establecidos en el Estado miembro de tributación están exentos de dicha obligación por estar sometidos a obligaciones de información o de registro en virtud de su sujeción a cualquier otro impuesto aplicable en el territorio de dicho Estado miembro. Habida cuenta de la diferencia de trato que crea entre los prestadores de servicios publicitarios en función de si ya están o no registrados fiscalmente en Hungría, el régimen sancionador controvertido en el litigio principal constituye una restricción a la libre prestación de servicios, en principio prohibida en el art. 56 TFUE. Tal restricción puede admitirse, no obstante, si se justifica por razones imperiosas de interés general y siempre que, en ese caso, su aplicación sea adecuada para garantizar la realización del objetivo perseguido y no exceda de lo necesario para alcanzarlo.
El Gobierno húngaro invoca formalmente la necesidad de preservar la coherencia de su sistema tributario, pero alega esencialmente razones relativas a la garantía de la eficacia de los controles fiscales y del cobro del impuesto. Se confirma la idoneidad de este régimen sancionador, pero también su desproporcionalidad.

• El TJUE confirma la posible exención en el IVA de la prestación de asistencia sanitaria telefónica cuando persiga una finalidad terapéutica
• El TJUE considera no discriminatorio el impuesto único italiano que recae sobre los concursos de pronósticos y las apuestas de cualquier tipo, incluidos los que se desarrollen en el extranjero
• El TJUE admite la restricción de la libre prestación de servicios ocasionada por el impuesto belga sobre las operaciones bursátiles, ya que obedece a razones de interés general
• El TS debe precisar si los intereses de demora por retraso en la fijación del justiprecio han de imputarse al ejercicio del IRPF en que se dicta el auto o a aquel en el que adquiere firmeza
• El TS afirma que decir que el recurrente habría actuado por simple negligencia, cuando se sostiene que ha actuado dolosamente, mediando simulación, contraviene la congruencia en la motivación
• El TS deberá pronunciarse sobre si la inexistencia de motivos económicos válidos conlleva la inaplicación del régimen especial del IS
• El TS deberá pronunciarse sobre el plazo para solicitar la devolución del IVA por no establecidos, en orden a salvaguardar el citado principio de neutralidad y el de confianza legítima
• La ejecución hipotecaria no prueba la inexistencia de plusvalía (IIVTNU)
• ¿Abuso de Derecho? ¿Por qué las fincas se valoran a una cifra descomunal, pero al sacarlas a subasta, se tasan en menos del 10%?

En el ejercicio 2011 no cabe hablar de una “amortización mínima” de tales activos.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en Resolución de 10 de febrero de 2020, desestima el recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, fijando como criterio que en el ejercicio 2011, y en los inmediatamente precedentes y en los siguientes hasta el 31/12/2015, los sujetos pasivos del IRPF que determinaran los rendimientos de sus actividades económicas por el método de estimación directa normal o directa simplificada, no podían amortizar ni contable ni fiscalmente sus activos inmateriales de duración indefinida, por lo que en ese período no cabía hablar de una "amortización mínima" de tales activos en el sentido que la menciona el art. 40 del RD 439/2007 (Rgto IRPF).

El caso objeto del recurso alcanza al gravamen por el IRPF de una ganancia patrimonial obtenida en el año 2011 por la transmisión de unos activos inmateriales de vida útil indefinida afectos a una actividad económica, para cuya cuantificación, a la hora de fijar el valor de adquisición fiscal de esos activos transmitidos, ha de estarse a lo dispuesto en el art. 40 del RD 439/2007 (Rgto IRPF).

Derogándose su normativa anterior contenida en la Orden EHA/394/2011, de 21 de febrero

La Orden HAC/177/2020, de 27 de febrero (BOE de 29 de febrero), aprueba un nuevo modelo 140, de solicitud del abono anticipado de la deducción por maternidad del IRPF y regula la comunicación de variaciones que afecten al derecho a su abono anticipado.

Esta norma ha entrado en vigor el 1 de marzo (primer día del mes siguiente a su publicación en el BOE) y deroga la Orden EHA/394/2011, de 21 de febrero, por la que se aprueba el modelo 140, de solicitud del abono anticipado y comunicación de variaciones de la deducción por maternidad del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. No obstante, las solicitudes ajustadas al modelo 140 presentadas antes del 1 de marzo de 2019 se continuarán rigiendo, en cuanto a la comunicación de bajas y variaciones de datos, por la normativa contenida en la Orden EHA/394/2011, de 21 de febrero.

Los cambios son aplicables a las declaraciones recapitulativas de operaciones intracomunitarias correspondientes a 2020 que se presenten a partir del 1 de marzo

En el BOE del 29 de febrero de 2020, se ha publicado la Orden HAC/174/2020, de 4 de febrero, que modifica la Orden EHA/769/2010, de 18 de marzo, por la que se aprueba el modelo 349 de declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, así como los diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación, se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática, y se modifica la Orden HAC/3625/2003, de 23 de diciembre, la cual entra en vigor el 1 de marzo y será aplicable, por primera vez, a las declaraciones recapitulativas de operaciones intracomunitarias correspondientes a 2020 que se presenten a partir del 1 de marzo.

Esta orden tiene por objeto llevar a cabo las modificaciones gestoras necesarias como consecuencia de la trasposición de la Directiva (UE) 2018/1910 del Consejo, de 4 de diciembre de 2018, por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE, en lo que se refiere a la armonización y la simplificación de determinadas normas del régimen del IVA en la imposición de los intercambios entre los Estados miembros. Esta Directiva, como se recordará, ha modificado a efectos del IVA aplicable a las transferencias de bienes efectuadas en el marco de los denominados acuerdos de ventas de bienes en consigna.

• Es posible justificar la existencia de control efectivo de una sociedad mediante la prueba indiciaria o de presunciones
• Operación de seguro entre casa central y sucursal que continúa con la actividad de una filial previa ¿Es una prestación de servicios sujeta?
• Justificación de retenciones sobre dividendos soportadas para solicitar su devolución ¿Es válido el certificado de retenciones en el que no se identifica al solicitante?
• Compatibilidad de la infracción por ganancia patrimonial no justificada con la infracción por no presentación del modelo 720
• No puede liquidarse ganancia de patrimonio no justificado si el origen del patrimonio descubierto es conocido
• Imposibilidad de acumulación de reclamaciones económico-administrativas en caso de diferentes tributos
• No es aplicable la reserva de nivelación a una entidad de reducida dimensión que no tributa al 25% en el IS
• Único pagador a efectos de la retención en una sucesión de empresa transfronteriza
• La cesión de un crédito instrumentalizada mediante un cheque impide la sujeción al AJD
• Sujeción al Impuesto sobre actividades de juego de la sociedad maltesa que opera online en España y tratamiento del déficit del póquer

Como ya adelantamos, para recordar el cumplimiento de las principales obligaciones tributarias estatales, periódicas y no periódicas, a lo largo de 2020, la Agencia tributaria ha puesto, como en años anteriores, a disposición del contribuyente, el calendario del contribuyente 2020.

Les recordamos ahora las principales obligaciones tributarias del mes de marzo.