Tener que acudir a ese procedimiento es una carga extra sólo aplicable a los no residentes que en si misma vulnera la libertad comunitaria

La sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2019 responde a una brillante exposición jurídica que, definitivamente, pone orden en una cuestión que, a pesar de que sea la elección de nuestro legislador, no deja de ser en cierta manera difícil de encajar en nuestro sistema impositivo.

Esa cuestión es la de la recuperación del Impuesto sobre la Renta de no Residentes retenido a los contribuyentes a quienes nunca debió retenérseles, a aquellos que por razón de nuestros compromisos internacionales no debió detraérseles renta ninguna, pero sufrieron la carga de la imposición.

Según ha publicado hoy día 16 de abril de 2019 mediante la correspondiente nota de prensa, el Tribunal Constitucional, ha admitido a trámite la solicitud que le llegó desde la Audiencia Nacional y acepta su planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad, que le llegó de la mano de sus autos de 14 y 19 de diciembre de 2018, en relación con el artículo único del Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre, por el que se introducen medidas tributarias dirigidas a la reducción del déficit público. Este precepto dio nueva redacción a la disposición adicional decimocuarta (Modificaciones en el régimen legal de los pagos fraccionados) de la Ley 27/2014 (Ley IS).

A continuación reseñamos, al objeto de facilitarle la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés tributario publicadas en los distintos boletines oficiales durante la primera quincena del mes de abril.

Vale cualquier tipo de desplazamiento, y no obsta a la exención que el beneficio del servicio lo sea también para el empleador

A pesar de que la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2019 parece encaminada a resolver un supuesto muy concreto, cual es el de la aplicación de la exención del IRPF a las rentas obtenidas en el extranjero por funcionarios destacados en organismos internacionales más allá de nuestras fronteras, la resolución contiene una verdadera declaración de intenciones sobre lo que debe entenderse por el contenido material de esta exención.

Se despeja taxativamente la sombra de la tributación por la modalidad de TPO del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales de este supuesto de extinción del condominio

La sentencia del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 2019 destierra, dados los términos firmes con que se expresa, la tributación por la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas del ITP y AJD de estos supuestos.

El pronunciamiento del Supremo, apenas sin aportación propia, se pliega a lo ya señalado por la sentencia de instancia, que torna ahora verdadera ponente de esta interpretación que ya puede considerarse jurisprudencia.

Los hechos son muy típicos y frecuentes en el tráfico jurídico y se resumen en el otorgamiento de una escritura pública de extinción de condominio sobre un vivienda, en la que sus propietarios lo eran por partes indivisas, con carácter privativo, por título de herencia y que, no queriendo continuar en el proindiviso procedieron a extinguir el condominio sobre la finca, adjudicándose íntegramente uno de los condóminos su titularidad, abonando en el mismo acto a su hermano una cantidad en metálico, con los que ambos se dan por pagados en la extinta comunidad

Para reducir la conflictividad hay que diseñar un nuevo esquema de gestión e inspección en el que tenga cabida la colaboración social en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. La Administración Tributaria debe avanzar en un modelo más cooperativo posibilitando los acuerdos en vía administrativa y potenciar su uso en vía judicial. Hay que abandonar el sistema de policía fiscal, acabando con el estímulo de la AEAT a litigar frente al contribuyente y se debe valorar la posibilidad de implantar la conciliación judicial y fomentar los acuerdos de solución de conflicto para solventar la deficiente eficacia de los actuales y reducir la dilatación excesiva de los procedimientos.

Un año más el Grupo CEF.-UDIMA ha podido asistir a la cita que nos propone el Instituto de Estudios Fiscales en la que se han reunido representantes del Ministerio de Hacienda, de la Agencia Tributaria, de la Jurisdicción y Tribunales Económico Administrativos, miembros de la comunidad académica de diferentes Universidades, así como socios de grandes despachos de asesoramiento y defensa jurídica en el área tributaria e incluso directivos de grandes empresas, como REPSOL, para intentar acercar posiciones y analizar la conflictividad en materia tributaria.

A lo largo de las dos jornadas del VII Encuentro de Derecho Financiero y Tributario “Una estrategia global al servicio de la reducción de la conflictividad en materia tributaria” celebrado los días 10 y 11 de abril de 2019 se ha abordado este problema, analizando las distintas causas, las medidas que existen o se prevé poner en marcha, las consecuencias del mismo, así como se han propuesto diferentes soluciones para intentar atajarlo.

Se reduce el gravamen de la escala de renta, se bonifican al 99% las sucesiones y donaciones para cónyuges y parientes directos y se reducen los tipos para las adquisiciones de vivienda habitual por familias numerosas.

Ya ha sido publicado el anunciado Decreto-ley 1/2019, de 9 de abril, por el que se modifican en Andalucía tributos cedidos tales como, renta, sucesiones y donaciones y transmisiones patrimoniales.

• Así, por lo que respecta al IRPF:

Se modifica a la baja la escala autonómica del impuesto minorando el gravamen de los tramos de la escala. Esta reducción impositiva se lleva a cabo, mediante una disposición transitoria, de forma progresiva a lo largo de los ejercicios 2019 a 2022, siendo plenamente efectiva a partir del ejercicio 2023. Sin perjuicio de lo anterior, se anticipa el efecto especialmente para los contribuyentes situados en el primer tramo de la tarifa autonómica de manera que, resultando ya minorados en 2019, alcanzan su tributación definitiva en el año 2020.

La Agencia Tributaria presupone que un inmueble que no constituye la vivienda habitual, ni está alquilado, es susceptible de generar ingresos. Por lo tanto, los contribuyentes que sean propietarios o titulares de un derecho real de disfrute sobre determinados bienes inmuebles urbanos, incluyendo los que se deriven de un derecho real de aprovechamiento por turno sobre bienes inmuebles, tendrán que incluir en su base imponible rentas inmobiliarias imputadas respecto dichos inmuebles.

Según el último censo de viviendas vacías publicado por el INE en 2011, por aquel entonces en España había cerca de tres millones y medio de viviendas vacías, siendo el número de habitantes de nuestro país de 46.815.916. Actualmente la cifra de habitantes es casi idéntica según los datos del INE, ya que actualmente residen en España 46.733.038, según datos a 1 de julio de 2018.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 32 de Madrid plantea al Tribunal Constitucional si la falta de valoración de la capacidad económica en la determinación de la cuota tributaria pudiera resultar contrario a la Constitución ya que cuando la cuota a pagar es superior al incremento real experimentado por la venta del terreno, el contribuyente ve "expropiado" de facto, lo que podría tener carácter confiscatorio.

Tal y como se anunció en el BOE de 2 de abril de 2019, el Juzgado de lo Contencios Aministrativo n.º 32 de Madrid, mediante un auto de 8 de febrero de 2019 ha planteado al Tribunal Constitucional si las normas que disciplinan el impuesto pueden contravenir la doctrina constitucional sobre la capacidad económica, prohibición de carácter confiscatorio y progresividad de los tributos.

La STC 59/2017 de 11 de mayo de 2017 consiguió poner orden respecto a aquellos supuestos en los que no se ha producido incremento alguno del valor de los terrenos, pues considera el TC que el principio de capacidad económica "quebraría en aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea no ya potencial sino inexistente o ficticia .

Ahora, la cuestión planteada es diferente: pues en este caso existe un incremento de valor, pero la cuota a pagar es superior al incremento real experimentado por la venta del terreno, por lo que el contribuyente ve como éste (el incremento) le es "expropiado" de facto, lo que podría tener carácter confiscatorio, circunstancia no está prevista en la normativa que regula el impuesto, ni se ha planteado ante el Tribunal Constitucional. Se plantea también al Tribunal Constitucional, en el supuesto que no concurra tal situación, si la falta de valoración de la capacidad económica en la determinación de la cuota tributaria, siendo indiferente para legislador el beneficio obtenido por el contribuyente, respeta los principios del art. 31 CE, es decir, si pudiera resultar contrario a la Constitución el que la cuota tributaria no sea proporcional al incremento patrimonial real que grava.

La sentencia del Tribunal Supremo, de 20 de marzo de 2019, es una sentencia fundamental por cuanto, definitivamente, fija los límites que ya se venían apuntando desde la jurisprudencia a que se ve constreñida la Administración en su poder ejecutivo frente a la administración concursal una vez que un obligado tributario ha sido declarado en concurso de acreedores, cerrando filas en favor de la segunda, conforme al principio de preferencia del pr