TEAC

A efectos del inicio del cómputo de plazo prescriptivo de la obligación de liquidar el ISD por una transmisión inter vivos, ha de estarse al previo devengo del impuesto que da inicio al previo plazo de declaración/autoliquidación, cuya finalización determina el inicio del plazo de prescripción, y dicho devengo ha de establecerse en el momento de la realización del acto gratuito que se grava, conforme lo ya establecido en la STS de 8 de noviembre de 2020, rec. 4467/2018.

El TEAC en su resolución de 28 de abril de 2025, aclara que, a efectos del cómputo del plazo de prescripción, se ha de estar al previo devengo del impuesto, el cual da inicio al previo plazo de declaración o autoliquidación, cuya finalización determina el inicio del plazo de prescripción.

Para poder analizar la prescripción se debe proceder, con carácter previo, a analizar cuestión previa de suma importancia, esto es, la fijación del momento del devengo ya que, tal y como dispone el art. 21 de la LGT "es el momento en el que se entiende realizado el hecho imponible y en el que se produce el nacimiento de la obligación tributaria principal" siendo que una vez fijado el devengo de podrá determinar la fecha de inicio del plazo de prescripción.

En la determinación del ajuar, se debe distinguir entre inmuebles destinados a vivienda habitual o al uso residencial del causante. Por otro lado, no habrían de considerarse afectos al uso personal de la persona causante aquellos inmuebles arrendados ni tampoco los cedidos gratuitamente a familiares o a terceros en el momento del devengo.

El TEAC en su resolución de 30 de mayo de 2025, determina los bienes que deben entenderse incluidos en el concepto de ajuar doméstico, en relación con su destino a satisfacer las necesidades continuadas u ocasionales de residencia, diferenciando entre vivienda habitual, viviendas de uso residencial, inmuebles arrendados e inmuebles cedidos gratuitamente.

A efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el ajuar doméstico está integrado por los efectos personales y del hogar, utensilios domésticos y demás bienes muebles de uso particular del sujeto pasivo, excepto los bienes a los que se refieren los artículos 18 y 19 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio. Este ajuar doméstico formará parte de la masa hereditaria y, en principio, se valorará en el tres por ciento del importe del caudal relicto del causante.

En esta resolución del TEAC, se aclara antes de todo abordar el tema controvertido que es posible acumular varias deudas en un mismo embargo.

El Tribunal Económico-Administrativo Central en su resolución RG 9063/2023, de 9 de mayo de 2025, recuerda que el art. 170.3 de la Ley General Tributaria establece un elenco tasado de motivos de oposición frente a las diligencias de embargo, entre los que se incluyen la extinción o prescripción de la deuda, la falta de notificación de la providencia de apremio, el incumplimiento de las normas reguladoras del embargo y la suspensión del procedimiento recaudatorio. Fuera de estos supuestos, no resulta posible impugnar válidamente una diligencia de embargo.

En relación con la alegación del reclamante sobre la imposibilidad de mantener parcialmente una diligencia de embargo cuando alguna de las deudas incluidas ha sido anulada o extinguida, el Tribunal aplica su doctrina consolidada. El Tribunal aclara que la acumulación de varias deudas en un mismo embargo es conforme a Derecho (art. 75.3 del Reglamento General de Recaudación) y que la nulidad o extinción parcial de una deuda no afecta la validez de las demás. Solo se debe ajustar la ejecución para excluir los importes correspondientes a la deuda anulada, preservando la eficacia del acto respecto de las deudas restantes. Este criterio se basa en el principio de conservación de los actos administrativos (art. 64.2 de la Ley 30/1992), que establece que la nulidad parcial no invalida la totalidad del acto cuando las partes independientes subsisten y son ejecutables.

El TEAC también analiza en esta resolución el hecho de que la calificación mercantil del contrato es irrelevante a estos efectos y el concepto de derivación “per saltum”.

La resolución analizada del Tribunal Económico-Administrativo Central RG 7746/2024, de 29 de enero de 2026, aborda una cuestión de indudable relevancia práctica en el ámbito de la responsabilidad tributaria: la posibilidad de declarar responsable solidario, al amparo del art. 42.1.c) de la Ley 58/2003, General Tributaria (LGT), al nuevo franquiciado respecto de las deudas tributarias generadas por la explotación de la franquicia realizada por un franquiciado anterior que ha cesado en su actividad. De manera complementaria, se analiza si la conformidad a Derecho de dicha derivación exige necesariamente que la Administración Tributaria haya declarado con carácter previo la responsabilidad del franquiciador.

El supuesto de hecho afecta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y se hace referencia a la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

El expediente mencionado en el Tribunal Económico-Administrativo Central en la resolución RG 4273/2024, de 23 de enero de 2026, trae causa de varios recursos de alzada interpuestos contra la desestimación de recursos de anulación promovidos frente a una liquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones dictada el 23 de abril de 2021. Dicha liquidación constituía la tercera practicada por la Administración autonómica respecto del mismo hecho imponible, tras haber sido anuladas las dos anteriores en vía económico-administrativa por distintos vicios procedimentales.

El TEAR de Andalucía dictó resolución desestimatoria rechazando las alegaciones de la reclamante relativas a la caducidad del procedimiento, la prescripción del derecho a liquidar, la incompetencia de la Agencia Tributaria de Andalucía y la falta de motivación del acto, así como la procedencia de la reducción por adquisición de participaciones sociales prevista en la normativa del Impuesto sobre Sucesiones. En particular, el TEAR concluyó que no se había superado el plazo máximo de seis meses del procedimiento de comprobación limitada y confirmó la competencia autonómica para liquidar el impuesto en atención a la residencia habitual del causante.

La subrogación de trabajadores no obliga a regularizar el tipo de retención del IRPF, por ello el TEAC rechaza la actuación de la AEAT y limita los efectos de la consideración de “mismo empleador” al ámbito de la obligación de declarar.

La actuación administrativa descrita en la resolución del Tribunal Económico-Administrativo-Central, RG 1979/2025, de 27 de enero de 2026, trae causa de la subrogación de un conjunto de trabajadores procedentes de otra empresa, respecto de los cuales la AEAT entendió que la entidad sucesora debía haber procedido a la regularización del tipo de retención aplicable durante el ejercicio, acumulando las retribuciones satisfechas por la empresa cedente y por la empresa entrante, al considerar que esta última mantenía la condición de mismo empleador a efectos del IRPF. En aplicación de este criterio, la AEAT dictó una propuesta de liquidación provisional en la que regularizaba las retenciones practicadas, que posteriormente fue confirmada tras la desestimación de las alegaciones formuladas por la entidad.

Determinación del límite de la deducción por doble imposición internacional en el Impuesto sobre Sociedades de grupos fiscales: inaplicación del tipo incrementado del 30% previsto para actividades de exploración y producción de hidrocarburos cuando las rentas obtenidas en el extranjero se integran en un grupo que tributa en régimen de consolidación fiscal al tipo general del 25%.

La controversia examinada por el Tribunal Económico-Administrativo Central, RG 2655/2024, de 31 de marzo de 2025, se centra en la determinación de la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades que correspondería pagar en España por determinadas rentas obtenidas en el extranjero por un grupo fiscal, a efectos de fijar el límite de la deducción por doble imposición internacional prevista en el art. 31.1.b) de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS). No se discute que este importe constituye el límite aplicable a la deducción, dado que las rentas procedentes de PAIS_1 y PAIS_2 fueron gravadas en dichos territorios a tipos muy elevados, por lo que el elemento controvertido se limita exclusivamente al tipo de gravamen que debe emplearse para calcular esa cuota teórica española.

Análisis del TEAC sobre la prescripción del derecho a la devolución de ingresos indebidos en el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2017 y 2018, considerando la eficacia interruptiva de las autoliquidaciones complementarias presentadas en 2020 y la declaración de inconstitucionalidad del Real Decreto-ley 3/2016, con sus efectos sobre la rectificación de autoliquidaciones y la devolución de importes indebidamente ingresados.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en la resolución RG 5971/2024, de 31 de marzo de 2025, analiza inicialmente la prescripción del derecho de la reclamante a solicitar la devolución de ingresos indebidos correspondientes a las autoliquidaciones del Impuesto sobre Sociedades (IS) de los ejercicios 2017 y 2018. Conforme a la normativa vigente, el plazo de prescripción de cuatro años comienza a contarse desde la fecha de finalización del plazo de presentación de la autoliquidación. Así, para el IS 2017 el plazo vence el 25 de julio de 2022 y para el IS 2018 el 25 de julio de 2023. Si se considerasen únicamente estas fechas, las solicitudes presentadas por la reclamante el 12 de enero de 2024 habrían caducado.

Con esta resolución, el Tribunal aclara la distinción entre actividades económicas gravadas y no lucrativas, así como la correcta aplicación de las normas del IAE a entidades deportivas sin ánimo de lucro.

En la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central, RG 4686/2023, de 25 de abril de 2025, aborda 3 cuestiones que analizamos a continuación.

1. Sujeción al IAE de entidades sin ánimo de lucro

El Tribunal Económico-Administrativo analiza la cuestión de si la entidad, un club deportivo sin ánimo de lucro, debe ser incluida en la matrícula del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). La entidad argumenta que su actividad se centra únicamente en la consecución de sus fines deportivos y que carece de ánimo de lucro, por lo que no debería tributar. Señala además que, según sus Estatutos y su régimen fiscal, está acogida al régimen especial de entidades parcialmente exentas del Impuesto sobre Sociedades, lo que, a su juicio, debería excluirla de la sujeción al IAE.

El régimen jurídico de las bases imponibles negativas pendientes de compensar: límites temporales a la potestad de comprobación de la Administración tributaria, efectos de la prescripción del art. 66 bis de la LGT y obligaciones de conservación y aportación de documentación por parte del contribuyente para acreditar su procedencia.

La normativa tributaria reconoce, con carácter general, la facultad de la Administración tributaria para comprobar e investigar en cualquier momento los hechos, actos y circunstancias determinantes de la obligación tributaria. No obstante, esta potestad presenta una limitación específica en relación con las bases imponibles negativas (BIN), ya que el art. 66 bis de la Ley General Tributaria establece un plazo de diez años para el inicio del procedimiento de comprobación, computado desde el día siguiente a aquel en que finaliza el plazo de presentación de la autoliquidación correspondiente al período impositivo en el que se generó el derecho a su compensación.

Una vez transcurrido dicho plazo de diez años, la Administración pierde la facultad de comprobar e investigar las BIN, lo que implica que no puede modificar el importe de las mismas. Sin embargo, ello no exonera al contribuyente de su obligación de acreditar la procedencia de las BIN cuya compensación pretenda efectuar. A tal efecto, deberá aportar la autoliquidación de la que resulte la base imponible negativa y la contabilidad correspondiente, con acreditación de su depósito en el Registro Mercantil durante el citado plazo. Durante esos diez años, además, el contribuyente debe conservar las autoliquidaciones, los libros contables y los soportes documentales de las operaciones consignadas, siendo insuficiente la mera aportación de datos contables si no se justifican las operaciones subyacentes.