Doctrina Administrativa

• Plazo para solicitar la ejecución de una resolución administrativa de contenido tributario
• Comunicación a la Administración tributaria de la opción por el Régimen Fiscal Especial de Canje de Valores ¿es una mera obligación formal?
• Compatibilidad con la legislación europea de los tipos autonómicos del Impuesto sobre hidrocarburos
• Conflicto de competencia por liquidaciones procedentes de distintas Administraciones tributarias derivadas del mismo hecho imponible
• Necesidad de la inscripción en el Registro de Grandes Empresas de las Instituciones de Inversión Colectiva
• Concentración de activos financieros en una única entidad que no tenga riesgos financieros para que pueda ser vehículo de inversiones futuras ¿es motivo económico válido?
• Materialización de la RIC mediante adquisición de inmuebles que se ceden a una comunidad de bienes que los afecta a su actividad de residencia universitaria
• La resolución de un contrato de mutuo acuerdo constituye un nuevo acto sujeto a TPO
• Titularidad de los saldos de cuentas bancarias que figuran a nombre de varias personas
• Las naves dedicadas al depósito de mercancías pueden aplicar una amortización del 7% en el IS correspondiente a los almacenes

El TEAC resuelve en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en Resolución de 26 de noviembre de 2019, resuelve en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio que, solicitado en período ejecutivo y antes de la notificación de la providencia de apremio el aplazamiento de una deuda, la concesión del mismo antes del vencimiento del plazo del art. 62.5 de la Ley 58/2003 (LGT), a contar desde la notificación del título ejecutivo, no permite que el recargo de apremio a exigir pueda verse reducido al 10%, puesto que esa reducción exige el ingreso total de la deuda y del propio recargo en el mencionado plazo, y la mera concesión de un aplazamiento no supone el pago de la deuda.

En el caso que nos ocupa, la interesada alegó que el aplazamiento debe entenderse como una forma de pago de la deuda tributaria por lo que al haberse formulado antes de la recepción de la providencia de apremio el recargo procedente era el 5%. A su juicio, pues, la providencia de apremio debería haber liquidado este último recargo. 

• Responsabilidad solidaria: ¿se produce el presupuesto de hecho si la titularidad directa de los bienes ocultados o transmitidos no le corresponde al deudor principal?
• El cónyuge no deudor no está legitimado para impugnar la diligencia de embargo ni tampoco el derecho de la Administración a que se practique la anotación preventiva del embargo
• Para que la exención de las operaciones financieras se extienda a los servicios de mediación, la labor de mediación ha de diferenciarse de la mera subcontratación de dichos servicios por una de las partes
• Cuotas de IVA soportadas consideradas no deducibles en resolución administrativa firme ¿es posible deducir en otro periodo esas mismas cuotas?
• ¿Puede imputarse al obligado tributario una dilación por todo el período transcurrido desde el inicio de las actuaciones hasta la fecha de notificación del acta de disconformidad, dada su reiterada incomparecencia?
• La formulación en la vía económico-administrativa de una nueva petición de suspensión de la deuda, aun cuando se formule después de haberse dictado una providencia de apremio, impide el progreso y eficacia de ésta
• La adopción de medidas cautelares no exige trámite previo alguno de audiencia y puede alcanzar a las sanciones
• Entidades holding: la desproporción en el importe de los servicios refacturados a una filial impide la deducción de las cuotas soportadas
• El cómputo del período de liquidación de intereses debe efectuarse teniendo en cuenta las fechas exactas en las que se han producido las dilaciones
• Forma de calcular el importe máximo del incremento de la deducción por maternidad si el menor ha estado matriculado sólo unos meses

• ¿Aceptar la existencia de motivo económico válido para varias operaciones, sucesivas y relacionadas entre sí, impide apreciar la falta del mismo en alguna de ellas?
• Posibilidad de imputar a un ejercicio concreto un gasto que está reconocido contablemente en un ejercicio anterior
• El inicio de un procedimiento sancionador en materia tributaria no siempre tiene que ir unido a un procedimiento de comprobación o investigación
• Base imponible en operaciones vinculadas: no es admisible en el IVA el cálculo del coste basado en la normativa contable
• Obligaciones de documentación de las operaciones vinculadas: las meras discrepancias valorativas entre el obligado tributario y la Administración no permiten la imposición de una sanción
• Calificación a efectos de IRPF de la compensación económica para que el otro cónyuge pueda comprarse una casa que sea su domicilio habitual
• El ejercicio del derecho a instar la ejecución de las resoluciones emitidas por los Tribunales Económico-Administrativos no tiene asociado un plazo específico de prescripción
• Para reducir la base imponible en el IIVTNU es necesario que el procedimiento de valoración colectiva sea general
• Para aplicar la exención en el IIVTNU en una venta de una vivienda incluida en un conjunto histórico artístico es necesario que el propietario haya realizado obras de conservación, mejora o rehabilitación
• Deducibilidad de las cantidades entregadas por un abogado a la asociación que le ofrece casos judiciales y a su abogado tutor

La DGT se pronuncia sobre las exenciones en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica   (IVTM) de los vehículos cuyo permiso de circulación conste a nombre de la Universidad pública y que está afecto al cumplimiento de sus fines y sobre la exención en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y  Obras (ICIO) de las obras realizadas en los inmuebles de la Universidad y que estén  afectos al cumplimiento de los fines de estas Universidades Públicas. Además recuerda que contestación a las consultas tributarias escritas tendrá efectos vinculantes para los órganos y entidades de la Administración tributaria de las Entidades Locales encargados de la aplicación de los tributos.

En la consulta V2757/2019, la DGT, pone de manifiesto que la exención del art.80.1 de la Ley Orgánica 6/2001 (Universidades), es una exención de carácter mixto, que requiere para su aplicación la concurrencia de un elemento subjetivo (que se trate de una Universidad pública) y de un elemento objetivo (que los bienes estén afectos al cumplimiento de los fines que son propios a una Universidad o que se trate de actos que realicen para el desarrollo inmediato de tales fines).

Las Universidades públicas están exentas, concurriendo los requisitos para ello de los que graven  los bienes afectos al cumplimiento de sus fines (IBI e IVTM) que recaigan sobre inmuebles o vehículos afectos, respectivamente y los actos que para el desarrollo inmediato de tales fines realicen (IAE) en cuanto a la actividad integrada por esos actos, y, cuando proceda, (ICIO e IIVTNU).

Diferencia entre obligaciones de suministro general de información tributaria y obligaciones de información individualizada.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en Resolución de 8 de octubre de 2019, resuelve la cuestión relativa a la competencia de la ONIF de la AEAT para requerir información con trascendencia tributaria a una entidad domiciliada en Navarra, donde quien tiene el poder tributario es la Hacienda Foral.

Así, en el caso que nos ocupa, el supuesto de hecho que determina la incoación del expediente sancionador -y, finalmente, la imposición de la correspondiente pena- es la desatención, por parte de la entidad domiciliada en Navarra, de un requerimiento, sucesivamente reiterado, que, al amparo de lo señalado en los arts. 93 y 94 de la Ley 58/2003 (LGT), le dirigió el Equipo Central de Información de la ONIF, instándole la aportación de determinada información sobre las operaciones comerciales, económicas y/o financieras realizadas con otra entidad entre los años 2003 a 2013.

Las actas de remisión de documentos por correo no incorporan los elementos exigidos a las actas de requerimiento notarial.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en Resolución de 15 de octubre de 2019, resuelve en la cuestión relativa a si es indiferente instar el cobro del crédito mediante requerimiento notarial al deudor o mediante acta notarial de remisión de carta por correo

Al respecto, la Administración tributaria considera que las actas de remisión de documentos por correo no incorporan los elementos exigidos a las actas de requerimiento notarial y, por su parte, la entidad alega que, tanto las actas de remisión de documentos por correo como las actas de requerimiento cumplen las mismas funciones, por lo que el uso de unas u otras debe ser indiferente a efectos del art. 80.Cuatro.A).4.ª de la Ley 37/1992 (Ley IVA).

• Devolución a no establecidos: ¿cómo afecta al plazo para solicitar la devolución de las cuotas soportadas la aportación de facturas rectificativas en vía de revisión?
• Liquidación administrativa de pago fraccionado no deducido por el contribuyente en su autoliquidación anual, en fecha posterior a la presentación de dicha autoliquidación ¿hay devengo de intereses?
• Periodo de generación de la ganancia patrimonial por la venta de una finca adquirida por contrato de arrendamiento financiero: fecha del ejercicio de la opción de compra vs fecha en que se celebró el contrato de leasing
• ¿Puede tomar en consideración el órgano económico-administrativo circunstancias obrantes en el expediente posteriores a la fecha en que se dictó el acto impugnado?
• Solo las uniones de hecho inscritas en el Registro de Uniones de Hecho son equiparables a la situación conyugal a efectos de poder obtener derechos y beneficios
• La provisión por terminación de obra no es deducible a pesar de ser correcta su dotación desde un punto de vista contable
• Garantías de pago del IBI: Afección de los inmuebles e hipoteca legal tácita
• Devengo del IIVTNU (plusvalía) en caso de ventas de inmuebles con pago aplazado
• Cómputo de la antigüedad del trabajador en el seno de un grupo de empresas a efectos de la exención de la indemnización por despido
• Las obras realizadas en el inmueble en el que se ha realizado la actividad, para su restitución en las mismas condiciones, son deducibles del rendimiento de la actividad