Doctrina Administrativa

La Administración tributaria no puede suministrar información de un contribuyente a otro bajo el pretexto de que prueba su derecho a un beneficio fiscal

Se plantea en esta consulta de la Dirección General de Tributos, de 27 de marzo de 2018, la cuestión de si un contribuyente, ante la negativa o la dificultad de obtener la información de los contribuyentes afectados, puede acudir en auxilio a la Administración tributaria, con el objeto de que le informe sobre si una determinada renta ha sido declarada o no y, en respuesta negativa, practicar en su propia declaración un determinado beneficio fiscal.

Pues bien, reconoce la Dirección General de Tributos que, ciertamente, no existe una obligación de índole tributaria para que el contribuyente aporte esa información a otro que se lo solicita, sin perjuicio de que esa actividad entre particulares se pueda desarrollar conforme al resto del ordenamiento jurídico, y le pueda ser aportada voluntariamente por dichas personas físicas, incluso porque se obligue a ello la persona física en el ámbito de su autonomía de voluntad.

Pero es que, además, la Administración tributaria no podría atender una petición de auxilio para que, como en ese supuesto, los contribuyentes reclamen de otros obligados tributarios datos tributarios que se niegan a facilitarles directamente, dado el derecho de los mismos al carácter reservado de sus datos tributarios.

Las diferencias de valor del activo subyacente y del tipo de cambio en los contratos CFD y FOREX se integran en la base imponible del ahorro como ganancias y pérdidas patrimoniales 

A este tipo de contratos, por su similitud, se les aplica el mismo tratamiento tributario, pues se caracterizan por liquidaciones derivadas en ambos casos de variaciones, ya sea en el valor de índices o en el tipo de cambio. 

La consulta de la Dirección General de Tributos, de 6 de marzo de 2018, se recoge el análisis de dos tipos de operaciones financieras: contratos por diferencias (CFD) y contratos sobre pares de divisas (FOREX).

La situación de hecho de la que se parte es la de un banco extranjero que ofrece, a través de una empresa que presta servicios en España y que opera mediante una plataforma informática, servicios financieros a sus clientes, entre los cuales se encuentran los que se acaban de señalar, que se estudian desde el punto de vista conceptual y tributario.

Para que surta efectos la modificación de la cuenta de domiciliación de pagos es necesaria la aceptación expresa de la Administración

No cabe la aceptación tácita de la modificación de la cuenta de domiciliación de pagos. 

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 26 de abril de 2018, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio resuelve que la modificación de la cuenta de domiciliación bancaria de pagos solo puede hacerse por los medios y en la forma establecidos, siendo necesaria la aceptación expresa de la Administración para que la modificación surta efectos y sin que la solicitud efectuada por medios distintos genere derecho o expectativa alguno. 

Selección de doctrina administrativa. Mayo 2018 (1.ª quincena)

La falta de consentimiento del acreedor, en una subrogación de préstamo anterior a la realización del hecho imponible, impide la aplicación de la regla de pagos anticipados

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su resolución de 19 de abril de 2018, resuelve que, teniendo en cuenta que estamos ante una regla excepcional y por tanto de aplicación restrictiva, así como los requisitos o condiciones que la doctrina del TJUE exige para que exista un pago anticipado que de lugar a la exigibilidad del impuesto, se considera que cuando existe una asunción de deuda anterior al momento de la realización del hecho imponible, sin que tenga efectos liberatorios para el deudor primitivo no hay cobro y, por tanto, no resulta de aplicación la regla de los pagos anticipados.

No se discute en esta reclamación, debiendo entenderse que se conocen todos los elementos relevantes del devengo, esto es, de la futura entrega de la vivienda, y por consiguiente, en particular, que el bien está identificado con precisión en las escrituras de diciembre de 2012, que es cuando la sociedad cooperativa considera que se efectúa el pago a cuenta.

Selección de doctrina administrativa. Abril 2018 (2.ª quincena)

Análisis tributario de la mediación de las plataformas de internet en el alquiler turístico de los no residentes

La DGT analiza pormenorizadamente el régimen tributario aplicable a este tipo de rendimientos en el entorno de la no residencia y especialmente desde el punto de vista de la intervención que las webs especializadas realizan en el sector 

La consulta de la Dirección General de Tributos, de 12 de febrero de 2018, recuerda en primer lugar que el arrendamiento para uso vacacional de inmuebles por sus propietarios no residentes en territorio español puede dar lugar a la calificación como renta obtenida mediante establecimiento permanente cuando, conforme a lo previsto en el art. 27 Ley 35/2006 (Ley IRPF), quepa calificar los rendimientos como derivados del ejercicio de una actividad económica -porque se tenga al menos una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa-. Y que la calificación de las rentas como derivadas de actividades económicas  será aplicable cuando el alquiler de la vivienda de uso turístico se complemente con la prestación de servicios propios de la industria hotelera tales como «restaurante, limpieza, lavado de ropa y otros análogos», criterios ya sentados en consultas anteriores.

A pesar de haber suscrito acta de disconformidad, debe aplicarse la reducción por conformidad respecto de las regularizaciones a las que expresamente se dio conformidad

Dicha posibilidad se establece expresamente en el Rgto. Régimen Sancionador Tributario.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su resolución de 5 de abril de 2018, resuelve que, debe aplicarse la reducción por conformidad, a pesar de haber suscrito el sujeto pasivo acta de disconformidad, respecto de las regularizaciones a las que expresamente dio conformidad en las alegaciones formuladas frente a tal acta.

En primer lugar, en el caso analizado, en relación al elemento subjetivo de las sanciones, considera el contribuyente que no está suficientemente motivado.

El acta de disconformidad constituye un acto de reanudación formal de las actuaciones con efectos interruptivos de la prescripción

Con su notificación el obligado tributario conoce con precisión los conceptos y periodos a que alcanzan las actuaciones.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su resolución de 5 de abril de 2018, resuelve que, tras el transcurso del plazo máximo de duración de las actuaciones inspectoras, el acta de disconformidad constituye un acto de reanudación formal de las actuaciones con efectos interruptivos de la prescripción, ya que su concreto contenido evidencia que con su notificación al obligado tributario, éste ha conocido con precisión los conceptos y periodos a que alcanzan las actuaciones, además de habérsele dado traslado a fin de que presentara las oportunas alegaciones.

Selección de doctrina administrativa. Abril 2018 (1.ª quincena)

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