Doctrina Administrativa

Procedencia del alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas por pérdida de la exención vinculada al importe neto de la cifra de negocios, al computarse la totalidad de las actividades económicas realizadas por el sujeto pasivo -incluidas operaciones puntuales como la transmisión de un solar- con independencia de que dichas operaciones no constituyan la actividad habitual o principal de la entidad ni se correspondan con el epígrafe concreto cuya inclusión censal se discute.

El recurso de alzada trae causa de la inclusión de oficio de la entidad LM, S.L. en el censo del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) para el ejercicio 2019, por entender la Administración que había perdido el derecho a la exención prevista en la normativa reguladora del impuesto. La entidad interpuso recurso frente a la resolución desestimatoria dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid, al considerar improcedente dicha inclusión.

Los hechos se inician con un requerimiento de información notificado por la AEAT en junio de 2020, en el que se advertía a la entidad de su posible obligación de presentar declaración de alta en el IAE, al constar que su importe neto de la cifra de negocios superaba el umbral de un millón de euros y no figuraba el correspondiente alta en la matrícula del impuesto. La Administración precisó que el alta censal en el modelo 036 no equivalía al alta en el IAE y concedió a la entidad la posibilidad de justificar la inexistencia de obligación.

Aplicación de la reducción del 20% del rendimiento neto por inicio de actividad económica prevista en el art. 32.3 de la Ley del IRPF al conjunto del rendimiento determinado, incluidos los importes regularizados por la Administración tributaria, atendiendo a la finalidad incentivadora de la norma y al principio de igualdad entre contribuyentes en idéntica situación jurídica.

El núcleo del debate jurídico analizado en la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central RG 3694/2022, de 24 de septiembre de 2025, gira en torno a la correcta aplicación de la reducción del 20% del rendimiento neto por inicio de actividad económica prevista en el art. 32.3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En concreto, se discute si dicha reducción debe aplicarse únicamente sobre el rendimiento neto declarado inicialmente por el contribuyente o, por el contrario, sobre el rendimiento neto total que resulta tras una regularización administrativa llevada a cabo por la Inspección de los Tributos, siempre que se cumplan los requisitos legales exigidos para su aplicación.

Regularización del IVA en operaciones inicialmente declaradas como exentas en el marco de fraudes fiscales, distinguiendo entre errores cometidos con consumidores finales y operaciones fraudulentas, estableciendo que los importes percibidos en estas operaciones deben considerarse IVA incluido cuando el sujeto pasivo no puede repercutir las cuotas devengadas a terceros.

La resolución RG 7350/2024 de 15 de julio de 2025 del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) aborda un tema central en la tributación indirecta: cómo debe aplicarse la regularización del IVA cuando las operaciones declaradas como exentas resultan gravadas y se encuadran en un contexto de fraude fiscal. Este caso plantea cuestiones fundamentales sobre la correcta aplicación de la Ley 37/1992 y sobre la interpretación del principio de neutralidad del IVA, según el cual los operadores económicos no deben soportar económicamente el impuesto, que debe recaer en el consumidor final.

En este contexto, la Ley 37/1992 regula la rectificación de las cuotas devengadas incorrectamente, distinguiendo dos supuestos esenciales.

El Tribunal Económico-Administrativo Central sobre la responsabilidad solidaria de causantes o colaboradores en la realización de actos que dan lugar a una liquidación vinculada a delito.

El procedimiento se inicia con la interposición de un recurso de alzada por el Director del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria contra una resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña. Dicha resolución había estimado la reclamación formulada frente al acuerdo de derivación de responsabilidad solidaria dictado por la Dependencia Regional de Recaudación, mediante el cual se declaraba a D. Axy responsable solidario, al amparo del art. 258 de la Ley General Tributaria, de las deudas tributarias pendientes de una sociedad, por un importe total de 446.394,43 euros.

El TEAR había anulado el acuerdo de derivación de responsabilidad al constatar que, en el procedimiento penal seguido contra el contribuyente por un presunto delito contra la Hacienda Pública, se había dictado un auto de sobreseimiento provisional. Conforme al art. 258.4 de la LGT, dicho sobreseimiento determinaba la anulación de la declaración de responsabilidad tributaria solidaria.

El Tribunal Económico-Administrativo Central unifica criterio y reconoce el derecho a incluir en la base de la deducción por inversión en vivienda habitual, en el régimen transitorio del IRPF, las cantidades destinadas a cancelar el préstamo hipotecario pendiente con el importe obtenido en la venta de la propia vivienda, siempre que se cumplan los requisitos legales exigidos.

El texto de la resolución del TEAC RG 2995/2025, de 20 de octubre de 2025, analiza el régimen transitorio de la deducción por inversión en vivienda habitual tras su supresión general, recordando que la Ley 16/2012 mantuvo dicho incentivo fiscal, con carácter transitorio, para los contribuyentes que a 31 de diciembre de 2012 ya tenían derecho a aplicarlo y lo venían disfrutando efectivamente. Esta pervivencia se articula a través de la disposición transitoria 18ª de la Ley 35/2006, que permite seguir aplicando la deducción conforme a la normativa vigente a esa fecha, tanto en su tramo estatal como autonómico.

Análisis detallado de la regularización fiscal de provisiones contables por bonus e indemnizaciones, considerando la presunción de rentas no declaradas del art. 121 de la LIS, la carga de la prueba del contribuyente y la deducibilidad fiscal conforme al art. 14 de la LIS y al art. 105 de la LGT.

La resolución del TEAC RG 8218/2022, de 20 de octubre de 2025, analiza las regularizaciones practicadas por la Inspección de Tributos a dos entidades, XZ-QN y XZ-MP, en relación con provisiones por gastos de personal que incluyen bonus e indemnizaciones.

En ambos casos, la controversia principal se refiere a la deducibilidad fiscal de estas provisiones en el Impuesto sobre Sociedades y a la correcta imputación temporal de los importes, en aplicación de los arts. 14 y 121 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS) y del art. 105 de la Ley General Tributaria (LGT), así como del RDLeg. 4/2004 y demás normativa complementaria. La Inspección sostiene que las provisiones cuestionadas no derivan de obligaciones ciertas ni de hechos concretos, y que, por tanto, no son deducibles fiscalmente, mientras que las entidades recurridas alegan que los ajustes no se ajustan a derecho.

Análisis por el TEAC de la impugnabilidad de los requerimientos de manifestación patrimonial establecidos en el art. 162.1 de la Ley 58/2003, General Tributaria, dirigidos al obligado tributario, considerando la evolución normativa desde la LGT de 1963 hasta la vigente, la naturaleza jurídica de los actos de trámite frente a los actos definitivos, y la protección frente a situaciones de indefensión en sede administrativa y económico-administrativa.

La resolución TEAC RG 1422/2025, de 15 de octubre de 2025, analiza la impugnabilidad de los requerimientos de manifestación patrimonial regulados en el art. 162.1 de la Ley 58/2003, General Tributaria (LGT), a través de recurso de reposición o reclamación económico-administrativa. La controversia surge porque, aunque existen resoluciones previas del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) que reconocían la impugnabilidad de estos requerimientos, dichas decisiones se basaban en la normativa derogada -la LGT 1963 y el Reglamento de Procedimiento en Reclamaciones Económico-Administrativas-, por lo que era necesario evaluar la cuestión bajo la legislación actualmente vigente.

El TEAC confirma la obligatoriedad de la revocación expresa y en plazo para la aplicación de los regímenes especiales, sin efectos retroactivos derivados de la presentación continuada de autoliquidaciones.

El asunto de la resolución RG 2327/2025, de 17 de noviembre de 2025, tiene su origen en el recurso de alzada interpuesto ante el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) contra la resolución dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña, que confirmó la actuación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en un procedimiento de rectificación censal. La controversia se centra en determinar si resulta jurídicamente válida la revocación tácita de la renuncia al régimen especial simplificado del IVA y al método de estimación objetiva del IRPF, cuando el contribuyente venía aplicando dichos regímenes desde el ejercicio 2020 sin haber presentado, en plazo, la correspondiente revocación expresa.