Doctrina Administrativa

La contribuyente de la consulta tributaria V1643-25, de 15 de septiembre de 2025, alquila una habitación de su vivienda habitual con fines turísticos durante 135 días en 2024. Dado que este arrendamiento no cumple los requisitos para considerarse una actividad económica según el art. 27.2 de la Ley IRPF, los ingresos obtenidos deben declararse como rendimientos del capital inmobiliario, conforme al art.22 de la LIRPF. Esto implica que no se trata de un negocio o actividad profesional, sino de un rendimiento derivado de la propiedad de un inmueble.

En cuanto a los gastos deducibles, el art. 23 de la LIRPF y el art. 13 del Reglamento del Impuesto establecen que se podrán deducir todos los gastos necesarios para obtener los ingresos. Entre estos se incluyen los intereses de préstamos para la adquisición o mejora del inmueble, gastos de reparación y conservación (como pintura, arreglo de instalaciones o sustitución de elementos), tributos y tasas no sancionadores, pagos a terceros por administración o vigilancia, gastos jurídicos relacionados con la propiedad o arrendamiento, saldos de dudoso cobro, seguros de responsabilidad civil o del inmueble, servicios y suministros, y las cantidades destinadas a amortización.

Determinación del tipo impositivo aplicable a obras de reparación en comunidades de propietarios y criterios legales para la aplicación del tipo reducido del 10% en función de la naturaleza de las actuaciones, el uso residencial del inmueble y el porcentaje de materiales aportados por el contratista.

La consulta tributaria expuesta –V1656-25, de 16 de septiembre de 2025– parte de una comunidad de propietarios que encargó la reparación de un cerramiento dañado. Al recibir la factura, constató que el coste de los materiales empleados era inferior al 40% de la base imponible -la mayor parte correspondía a mano de obra-, pero, aun así, el contratista aplicó el tipo general del 21% en lugar del tipo reducido del 10%.

La duda planteada consiste en determinar si, dadas las circunstancias, la obra puede acogerse al tipo reducido previsto para determinadas ejecuciones de obra relacionadas con viviendas.

La DGT analiza este supuesto para ver si se puede aplicar la exención del art. 33.4.b) de la Ley 35/2006. Se trata de dos parcelas contiguas y unidas interiormente, con referencias catastrales diferentes. En una de ellas se encuentra la vivienda habitual en la que reside desde 1995, mientras que la otra alberga dependencias anexas como garaje, jardín, huerto y piscina.

El contribuyente de la consulta tributaria V1631-25, de 15 de septiembre de 2025, es titular de dos parcelas contiguas y unidas interiormente, con referencias catastrales diferentes. En una de ellas se encuentra la vivienda habitual en la que reside desde 1995, mientras que la otra alberga dependencias anexas como garaje, jardín, huerto y piscina. Tras haber cumplido 65 años, está considerando transmitir ambas parcelas y consulta si la exención prevista en el art. 33.4.b) de la Ley del IRPF podría aplicarse a toda la propiedad, aunque la vivienda propiamente dicha se encuentre en una sola de ellas.

La DGT debe analizar varias circunstancias en este supuesto: si hay transmisión de la actividad, si la participación de cada socio supera el 50% de los fondos de la nueva actividad, si las sociedades forman parte de un grupo de sociedades y si la entidad es patrimonial.

Los hechos planteados en la consulta tributaria V1627-25, de 15 de septiembre de 2025, se refieren a dos hermanos, identificados como PF1 y PF2, que son socios de la entidad mercantil E, donde PF1 posee el 12,74% del capital y ostenta el cargo de administrador único, mientras que PF2 posee el 11,29% y no desempeña ningún cargo de administración. La entidad E estaba dada de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) en diversas actividades, incluyendo el epígrafe 612.5, relativo al comercio al por mayor de leche, productos lácteos, miel, aceites y grasas comestibles. Posteriormente, E decide darse de baja específicamente en esta actividad, continuando con las demás actividades en las que se encontraba dada de alta.

Exposición detallada de los antecedentes societarios -crisis inmobiliaria-, la evolución del grupo empresarial y la configuración actual de las entidades intervinientes en la operación de reestructuración proyectada.

Las entidades A y B de la consulta tributaria V1617-25, de 15 de septiembre de 2025, tienen un origen común: ambas surgieron en noviembre de 1997 tras una operación de escisión de la entidad C. Se trata de sociedades de carácter familiar en las que existen vínculos directos entre los socios. La actividad principal de estas entidades se vinculó al sector inmobiliario.

La evolución del mercado y, especialmente, la crisis inmobiliaria que afectó al sector, provocaron un cambio sustancial en la orientación del negocio. Ambas entidades dejaron de centrarse en la promoción y pasaron a dedicarse a la explotación de inmuebles mediante su arrendamiento.

Reestructuración mediante fusión por absorción de sociedades participadas al 100% por un único socio: simplificación administrativa, concentración de patrimonio y actividad, y cumplimiento del régimen de neutralidad fiscal de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

La entidad A de la consulta tributaria V1625-25, de 15 de septiembre de 2025, está participada al 100 % por la persona física PF1 y se dedica principalmente a la venta y distribución de equipos electrónicos y de telecomunicaciones. PF1 ha otorgado un préstamo a la sociedad.

La entidad B, igualmente participada íntegramente por PF1, se dedica al arrendamiento de inmuebles, teniendo como único activo un inmueble en España cuyo alquiler constituye su único ingreso. Dado que los ingresos del alquiler son insuficientes para cubrir los gastos de la sociedad, PF1 realiza aportaciones periódicas. Además, B mantiene bases imponibles negativas pendientes de compensar.

Aplicación de la reducción del 95% en la transmisión lucrativa de participaciones de empresa familiar conforme al art. 20.6 de la LISD, a la luz del cumplimiento de los requisitos de exención en el Impuesto sobre el Patrimonio y de la continuidad en la dirección empresarial por parte del donatario.

Los padres del contribuyente de la consulta tributaria V1595-25, de 10 de septiembre de 2025, junto con éste y su hermano, poseen la totalidad del capital social de la sociedad A. La distribución accionarial se reparte casi al 50% entre los padres y el contribuyente, mientras que el hermano ostenta un porcentaje residual. Los padres desean donar al contribuyente sus participaciones mediante escritura pública, y para ello pretenden acogerse a la reducción del 95% prevista en el art. 20.6 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (Ley ISD). Para su aplicación, se requiere cumplir determinados requisitos vinculados a la edad de los donantes, su desvinculación de funciones directivas y el carácter exento de las participaciones en el Impuesto sobre el Patrimonio.

Tributación en el Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre el Valor Añadido de la adjudicación a socios de bienes amortizados fiscalmente con valor de mercado durante la liquidación de una entidad.

La entidad X de la consulta tributaria V1593-25, de 10 de septiembre de 2025, se encuentra en proceso de liquidación y va a proceder a repartir entre sus socios los haberes restantes, consistentes en efectivo y un vehículo. El vehículo, totalmente amortizado fiscalmente, mantiene un valor de mercado significativo y se adjudicará a uno de los socios conforme a su porcentaje de participación en la sociedad.

La cuestión planteada versa sobre la tributación de esta adjudicación tanto en el Impuesto sobre Sociedades como en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

La DGT resuelve esta cuestión.

El contribuyente de la consulta tributaria V1583-25, de 8 de septiembre de 2025, residente fiscal en Italia, adquirió en 2021 un inmueble ubicado en España, destinando tanto la adquisición como las obras de construcción y mejora a un préstamo otorgado por una entidad financiera extranjera. Aunque la deuda no estaba garantizada mediante hipoteca sobre el inmueble, el contribuyente cuenta con documentación que acredita fehacientemente que los fondos del préstamo fueron efectivamente invertidos en la compra, construcción y mejora de la propiedad.

Posteriormente, el contribuyente tiene la intención de aportar el inmueble a una sociedad española, de la que sería titular del 100% de las participaciones, y que explotará el inmueble mediante actividades agrícolas, alquiler con servicios hoteleros y organización de eventos. Además, se prevé que el contribuyente pueda utilizar privativamente el inmueble, abonándose un alquiler a sí mismo por este uso. Sin embargo, el préstamo permanecerá a nombre de él, manteniéndose como deudor personal de la entidad financiera.

¿Se ha de tener en cuenta la fecha de la notificación electrónica, o bien, al no estar suscrito a dicho sistema DEHÚ habría que esperar a la notificación postal?

La contribuyente de la consulta tributaria V1565-25 de 3 de septiembre de 2025, participaba en un procedimiento ante un Tribunal Económico-Administrativo y recibió un aviso de notificación por vía electrónica, informándole de la puesta a disposición de la resolución correspondiente en la Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHÚ). La interesada accedió al contenido de la resolución, pero manifestó que no estaba suscrita al sistema de notificaciones electrónicas y que no había recibido notificación postal alguna. Ante ello, planteó la duda sobre cuál debía considerarse la fecha válida de notificación, considerando la posibilidad de que pudiera recibir una notificación adicional en papel.