DGT

Análisis fiscal de las provisiones por indemnización de despido: ejercicio de devengo, límites del artículo 15.i) LIS y efectos del acuerdo alcanzado en el año siguiente.

La entidad X de la consulta tributaria V1733-25, de 23 de septiembre de 2025, comunica en 2024 a una trabajadora su despido y reconoce contablemente la indemnización correspondiente al despido improcedente. Tras la carta de despido, la trabajadora presenta una papeleta de conciliación, lo que introduce cierta incertidumbre sobre la cuantía definitiva del importe a abonar. El acuerdo final entre ambas partes se formaliza en enero de 2025.

La cuestión consiste en determinar en qué ejercicio es fiscalmente deducible el gasto correspondiente a la indemnización por despido: si en 2024, cuando se registra contablemente la provisión, o en 2025, año en el que se alcanza el acuerdo en conciliación y se abonará la indemnización.

Se identifican dos convenciones distintas: la declaración de obra nueva derivada de la modificación de la distribución de las viviendas, y el cambio de uso de las viviendas a apartamentos turísticos.

La entidad de la consulta tributaria V1727-25, de 23 de septiembre de 2025, es propietaria de un edificio con una única referencia catastral y ha llevado a cabo recientemente una escritura que modifica la distribución de las viviendas existentes y cambia su uso de viviendas a apartamentos turísticos. La consulta plantea si estas actuaciones deben tributar por la modalidad de actos jurídicos documentados del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD).

La normativa aplicable, contenida en el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (TRLITPAJD) y su reglamento (RITPAJD), establece que cuando un mismo documento o contrato contenga varias convenciones sujetas al impuesto de forma separada, cada una de ellas deberá tributar individualmente.

Se ha de tener en cuenta, además, que incluso las solicitudes de prórroga válidamente presentadas no pueden considerarse causas de interrupción de la prescripción, pues su función es únicamente posponer el nacimiento del plazo, no interrumpir uno ya iniciado.

La consulta tributaria V1680-25, de 18 de septiembre de 2025, analiza si una solicitud extemporánea de prórroga para presentar la documentación relativa a adquisiciones por causa de muerte en el Impuesto sobre Sucesiones puede interrumpir el plazo de prescripción del derecho de la Administración a liquidar dicho impuesto, previsto en el art. 66.a) de la Ley General Tributaria (LGT).

En primer lugar, se recuerda que la Administración dispone de un plazo de cuatro años para determinar la deuda tributaria mediante liquidación, plazo cuyo cómputo comienza al día siguiente de finalizar el plazo reglamentario para presentar la declaración o autoliquidación. Asimismo, se exponen las causas de interrupción de la prescripción recogidas en el artículo 68.1 LGT.

Análisis detallado sobre la calificación de participaciones directas e indirectas en estructuras societarias holding a efectos de la exención del Impuesto sobre el Patrimonio, con especial atención al cómputo de valores conforme al art.4.Ocho.Dos de la LIP, la valoración de la finalidad de gestión y dirección de las entidades participadas, y la determinación del alcance objetivo de la exención en función de la afectación real de los activos a la actividad económica desarrollada por la entidad dominante.

En la consulta tributaria V1649-25, de 15 de septiembre de 2025, se parte de un entramado societario complejo articulado mediante diversas entidades holding. El contribuyente posee el 93,66% de una entidad holding (H1), que constituye la cabecera del grupo. Esta sociedad participa casi íntegramente en otra entidad holding (H2), que a su vez es titular de participaciones en H3 y esta en H4. Finalmente, H4 controla la mayoría del capital y de los derechos políticos de una sociedad cotizada (SA). H1 también ostenta una participación directa mínima (0,02%) en la sociedad cotizada.

Las entidades holding intermedias no constituyen meras sociedades patrimoniales, sino que desarrollan actividad económica real, disponen de medios humanos y materiales suficientes y su activo está mayoritariamente afecto a su actividad empresarial. Esta circunstancia es clave para la posible aplicación de la exención del Impuesto sobre el Patrimonio.

La reducción del 30% del IRPF tiene ciertos límites para aplicar, pero en este supuesto resulta compatible la percepción de los mencionados rendimientos.

El contribuyente de la consulta tributaria V1609-25, de 15 de septiembre de 2025, recibió rendimientos por la liquidación de un plan de acciones, sobre los cuales podía aplicar la reducción del 30 % del art. 18.2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF), dado que dichos rendimientos tenían un período de generación superior a dos años. Posteriormente, en 2025, el contribuyente finalizó su relación laboral mediante un ERE y percibirá la indemnización correspondiente de manera fraccionada, cuyo importe a partir de 2026 superará los 180.000 euros.

La cuestión planteada se centra en si la reducción del 30 % aplicada a los rendimientos del plan de acciones en 2024 podría aplicarse también en 2026 a los rendimientos procedentes de la indemnización por despido. La respuesta depende de la forma en que se abone la indemnización, que se asume será directamente por la empresa y no a través de un seguro colectivo.

Dos hermanos heredaron las acciones de una sociedad, pudiendo aplicar la reducción del 95% del ISD, pero pretenden disolver la sociedad antes del transcurso de los 10 años desde el fallecimiento del causante, pero esto no supone la pérdida de dicho beneficio fiscal si el importe obtenido se reinvierte en otros activos.

En la consulta tributaria V1579-25, de 8 de septiembre de 2025, se expone que en marzo de 2023 falleció la madre del contribuyente, quien junto con su hermana heredó 5.040 acciones de la sociedad A. Sobre estas participaciones se aplicó en la liquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones la reducción del 95% prevista para participaciones en entidades que disfrutan de la exención del art.4. Ocho de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, exención que siempre habían cumplido los accionistas. Actualmente, el contribuyente posee el 24,98% de la sociedad A, su hermana el 24,91% y el resto corresponde a tres primos, salvo 16 acciones de titular desconocido.

En 2025, la sociedad A ha vendido prácticamente la totalidad de sus activos empresariales y ya no desarrolla actividad económica, salvo una pequeña participación pendiente de transmisión. Ante esta situación, los socios se plantean disolver y liquidar la sociedad, lo que implicaría la percepción por los herederos de los importes correspondientes al valor de sus acciones.

La Administración Tributaria entiende que las ejecuciones de obra de construcción o rehabilitación de viviendas pueden tributar al 10% siempre que se demuestre dicha aptitud, sin exigirse necesariamente documentación administrativa como la cédula de habitabilidad.

La persona de la consulta tributaria V1572-25, de 5 de septiembre de 2025, heredó una vivienda cuya construcción quedó paralizada hace más de quince años y ahora pretende reanudar las obras como autopromotor para destinarla a su residencia habitual. La cuestión planteada se centra en determinar el tipo impositivo del IVA aplicable a los trabajos de construcción que va a contratar.

En primer lugar, se aclara que el contribuyente no tiene la condición de empresario o profesional a efectos del IVA, ya que actúa como autopromotor para uso propio y no con finalidad de venta o cesión. Por ello, no puede deducir las cuotas del impuesto soportadas en la ejecución de las obras.

Respecto al tipo impositivo aplicable, la Ley del IVA establece un tipo general del 21%, salvo que concurran los supuestos que permiten aplicar el tipo reducido del 10%. Dicho tipo reducido es aplicable a las ejecuciones de obra directamente contratadas entre el promotor y el contratista, siempre que tengan por objeto la construcción o rehabilitación de edificaciones destinadas principalmente a viviendas.

El Estatuto de los Trabajadores establece que se consideran salario todas las percepciones económicas, tanto en dinero como en especie, siempre que retribuyan el trabajo efectivo o los descansos computables.

La cuestión planteada en la consulta tributaria V1560-25, de 3 de septiembre de 2025, consiste en determinar si la retribución en especie debe incluirse en el cálculo del embargo de salarios. La duda surge porque el Estatuto de los Trabajadores considera salario toda percepción económica del trabajador, ya sea en dinero o en especie, mientras que la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que el embargo debe fijarse sobre la cantidad líquida que percibe el ejecutado, una vez aplicados los descuentos legales.

En esta consulta vinculante de la DGT también se aclara la forma de categorizar de determinados activos.

El contribuyente, de la consulta tributaria V1559-25, de 3 de septiembre de 2025, persona física residente en España, plantea dudas respecto a la obligación de presentar la declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero mediante el modelo 720. Concretamente, desconoce si el límite de exención de 50.000 euros debe calcularse de manera conjunta para todos los bienes y derechos en el extranjero o de forma separada para cada bloque patrimonial, así como la forma de categorizar determinados activos como cuentas, valores, monedas virtuales o planes de pensiones.

Respecto al cálculo del límite de 50.000 euros, la normativa vigente establece que los tres bloques patrimoniales previstos en el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria (RGAT) -cuentas en entidades financieras, valores/derechos/seguros/rentas y bienes inmuebles situados en el extranjero- constituyen obligaciones de información independientes. Esto implica que el límite cuantitativo se aplica de manera individual a cada bloque y no de forma agregada entre ellos. Cada bloque tiene sus propios criterios de declaración y sus propias excepciones, incluyendo la exención cuando el valor conjunto no supera los 50.000 euros.