El TEAC aclara el criterio para determinar que ingresos se entienden realizados en España a efectos del Gravamen Temporal de Entidades de Crédito y Establecimientos Financieros de Crédito

El TEAC aclara el criterio para determinar que ingresos se entienden realizados en España a efectos del Gravamen Temporal de Entidades de Crédito y Establecimientos Financieros de Crédito. Imagen de una ciudad interrelacionada en un atardecer

En las operaciones de financiación, la actividad principal consiste en prestar el dinero y, cuando los fondos empleados pertenecen a la casa central y la operación se contabiliza en España, debe entenderse que dicha actividad se desarrolla en territorio español a efectos del Gravamen Temporal de Entidades de Crédito y Establecimientos Financieros de Crédito (GTEC), aunque los clientes se encuentren establecidos en el extranjero, salvo que la operación se realice a través de una sucursal o establecimiento permanente situado fuera del territorio español.

El Tribunal Económico-Administrativo Central analiza en su resolución RG 3258/2025, de 30 de junio de 2026, la conformidad a Derecho de la determinación de la base del Gravamen Temporal de Entidades de Crédito y Establecimientos Financieros de Crédito (GTEC), en particular, respecto de la inclusión de determinadas operaciones de financiación cuyos clientes se encontraban establecidos fuera del territorio español.

La controversia se centra en determinar qué criterio debe utilizarse para establecer si una actividad se desarrolla en España o en el extranjero a efectos del gravamen: el de la radicación de la entidad de crédito o el de la residencia del cliente o localización del servicio. Mientras que la Administración considera que debe atenderse a la radicación de la entidad de crédito, la reclamante defiende que deben excluirse aquellas operaciones en las que los clientes o los servicios se localizan fuera de España.

El Tribunal recuerda que el art. 2.4 de la Ley 38/2022, de 27 de diciembre, establece que la base del gravamen se determina atendiendo al margen de intereses y a los ingresos y gastos por comisiones derivados de la actividad que las entidades desarrollen en España, que figuren en su cuenta de pérdidas y ganancias, determinada de acuerdo con lo dispuesto en la normativa contable aplicable. En este sentido, el Tribunal considera que la normativa contable constituye el criterio determinante para establecer el ámbito territorial de la actividad, sin que proceda acudir a las reglas de localización previstas en otras normas tributarias, como las reguladoras del IS o del IRNR, ni a disposiciones de otros ámbitos normativos. La razón es que no existe una remisión normativa a dichas regulaciones ni una identidad de objeto que justifique su aplicación.

A este respecto, el Tribunal confirma que la normativa contable sectorial determina que sea la radicación de la entidad de crédito la que establezca dónde se desarrolla la actividad, y no la residencia del cliente ni el lugar desde el que se presten determinados servicios. Por tanto, la localización de las operaciones a efectos del GTEC viene determinada por la sede de la entidad de crédito a la que se imputan contablemente los fondos empleados y los rendimientos obtenidos. De este modo, solo cuando la operación se realiza a través de una sucursal u oficina situada en el extranjero, con fondos asignados a dicho territorio y cuyos ingresos revierten a esa misma sucursal u oficina, puede considerarse que la actividad se desarrolla fuera de España.

En el supuesto examinado, el Tribunal considera acreditado que las operaciones controvertidas, pese a realizarse con clientes no establecidos en territorio español, se habían llevado a cabo utilizando fondos de la casa central de la entidad de crédito. Asimismo, los rendimientos derivados de dichas operaciones revertían a la propia casa central y se contabilizaban en ella como negocios en España. Por el contrario, las operaciones que se consideraban realizadas en el extranjero se contabilizaban como negocios en el extranjero, empleando fondos asignados a una sucursal u oficina situada fuera del territorio español, a la que revertían igualmente los ingresos correspondientes.

Sobre esta base, el Tribunal rechaza que la residencia del cliente resulte relevante para determinar si la actividad de financiación se ha desarrollado en España o en el extranjero. Tampoco considera determinante que en dichas operaciones haya intervenido personal de la entidad situado fuera del territorio español. En efecto, en las operaciones de financiación, la actividad principal consiste en prestar el dinero y, cuando los fondos empleados pertenecen a la casa central y la operación se contabiliza en España, debe entenderse que dicha actividad se desarrolla en territorio español a efectos del gravamen.

En consecuencia, el criterio de localización territorial de las operaciones a efectos del GTEC no viene determinado por la residencia del cliente ni por el lugar en el que este se encuentre, sino por la radicación de la entidad de crédito y la imputación contable de la actividad. Así, las operaciones realizadas con clientes extranjeros quedan sujetas al gravamen cuando se desarrollan con fondos de la casa central y sus rendimientos se contabilizan en España, mientras que únicamente podrán considerarse realizadas fuera del territorio español aquellas operaciones efectuadas a través de sucursales u oficinas situadas en el extranjero, con fondos asignados a estas y cuyos ingresos reviertan a ellas.