La Audiencia Nacional reconoce la legitimación de los Ayuntamientos para recurrir ante el TEAC las resoluciones del TEAR que anulan sus actos administrativos

La Audiencia Nacional reconoce la legitimación de los Ayuntamientos para recurrir ante el TEAC las resoluciones del TEAR que anulan sus actos administrativos

Las entidades locales que no han promovido la reclamación económico-administrativa, pero cuyos actos administrativos resultan anulados por la resolución del TEAR, ostentan la condición de interesados y están legitimadas para interponer recurso de anulación y posterior recurso de alzada ante el TEAC.

La prohibición de legitimación prevista en el art. 232.2.e) de la LGT no impide que los Ayuntamientos puedan recurrir las resoluciones económico-administrativas cuando acrediten un interés legítimo propio, distinto de su mera condición de órganos que dictaron el acto impugnado o destinatarios de los fondos gestionados.

La sentencia de la Audiencia Nacional n.º 527/2026, de 8 de octubre de 2026, recaída en el recurso n.º 1075/2024, analiza la legitimación de las entidades locales para interponer recursos en vía económico-administrativa cuando una resolución del TEAR anula actos administrativos dictados por el propio Ayuntamiento.

El litigio tiene su origen en la solicitud presentada por una empresa ante un Ayuntamiento para modificar los elementos tributarios de su declaración del IAE, correspondiente a las actividades clasificadas en el epígrafe 363, relativo a la fabricación de equipos y componentes, accesorios y piezas de recambio para vehículos y automóviles.

La entidad consideraba que, dado que el sector automovilístico se encontraba en situación de crisis, procedía aplicar la regla 14.3 del Real Decreto Legislativo 1175/1990, que permite tributar por la potencia media consumida en lugar de por los kilovatios de potencia instalada.

El Ayuntamiento denegó la modificación solicitada al entender que no se había acreditado que el sector automovilístico estuviera efectivamente en crisis. Frente a dicha resolución se interpuso recurso de reposición, que fue igualmente desestimado.

Posteriormente, se interpuso reclamación económico-administrativa ante el TEAR de Cataluña, que estimó sus pretensiones al considerar que la falta de incorporación al expediente de la resolución del recurso de reposición impedía conocer y valorar jurídicamente los hechos a efectos de emitir un pronunciamiento ajustado a Derecho. Frente a esta resolución, el Ayuntamiento interpuso recurso de anulación, que fue desestimado por el TEAR de Cataluña.

El Ayuntamiento interpuso entonces recurso de alzada ante el TEAC, que fue inadmitido al considerar que carecía de legitimación para recurrir, de conformidad con el art. 232.2.e) de la LGT.

Contra esta resolución, el Ayuntamiento interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, defendiendo que ostentaba un interés legítimo en la impugnación de la resolución del TEAR, al haber quedado anulada una actuación administrativa dictada por la propia Corporación municipal.

La controversia se centraba, por tanto, en determinar si un Ayuntamiento que no ha promovido la reclamación económico-administrativa, pero cuyos actos administrativos resultan anulados por la resolución del TEAR, tiene legitimación para interponer recurso de anulación y posterior recurso de alzada ante el TEAC.

Legitimación de las entidades locales en la vía económico-administrativa

El Ayuntamiento recurrente sostenía que el expediente administrativo municipal se había remitido de forma completa y ordenada al TEAR de Cataluña, por lo que la estimación de la reclamación sin valorar la documentación aportada había vulnerado su derecho de defensa.

Asimismo, alegaba que, de haber considerado incompleto el expediente administrativo, el Tribunal Regional debería haber solicitado que se completara, de conformidad con el art. 55.1 del Reglamento general de desarrollo de la Ley General Tributaria en materia de revisión en vía administrativa.

Por su parte, el Abogado del Estado defendía que las entidades locales no disponen de legitimación activa para promover reclamaciones económico-administrativas contra resoluciones en materia de gestión censal dictadas por la AGE, de acuerdo con el art. 232 de la LGT.

En particular, consideraba que la separación funcional entre la Administración tributaria activa y los órganos económico-administrativos no otorga a la primera la condición de parte interesada en el procedimiento económico-administrativo.

Añadía que la falta de legitimación en vía económico-administrativa no generaba indefensión, puesto que el Ayuntamiento podía hacer valer el interés legítimo que invocaba directamente en vía judicial.

La existencia de un interés legítimo como fundamento de la legitimación para recurrir

La Audiencia Nacional parte de lo dispuesto en el art. 232.2.e) de la LGT, que establece que no estarán legitimados para promover reclamaciones económico-administrativas los organismos u órganos que hayan dictado el acto impugnado, así como cualquier otra entidad por el mero hecho de ser destinataria de los fondos gestionados mediante dicho acto.

No obstante, la Sala considera que esta previsión debe interpretarse conjuntamente con el apartado 3 del mismo artículo, que permite comparecer en el procedimiento económico-administrativo ya iniciado a todos aquellos que sean titulares de derechos o intereses legítimos que puedan resultar afectados por la resolución que hubiera de dictarse.

En este sentido, la sentencia recuerda el pronunciamiento de la propia Audiencia Nacional de 22 de diciembre de 2025, recurso n.º 798/2023, relativo a un supuesto muy similar, en el que se reconoció la legitimación del Ayuntamiento de Barcelona para interponer recurso de alzada ante el TEAC contra una resolución del TEAR de Cataluña que había anulado determinadas liquidaciones del IAE.

En aquella resolución, la Sala consideró que el art. 232.2.e) de la LGT no excluye la legitimación de los organismos que hayan dictado el acto impugnado cuando invocan un interés distinto del mero hecho de ser destinatarios de los fondos gestionados mediante dicho acto.

Asimismo, señaló que el art. 241.3 de la LGT reconoce legitimación para interponer recurso de alzada ordinario, entre otros, a los interesados, condición que corresponde tanto a quienes promovieron la reclamación como a quienes resultaron afectados por la resolución que la resuelve.

La Audiencia Nacional destaca que, cuando el Ayuntamiento ve anulado su acto administrativo como consecuencia de la estimación de una reclamación económico-administrativa formulada por un tercero, ostenta un interés legítimo en que dicha resolución sea revisada, lo que permite reconocerle la condición de interesado a efectos de recurrir.

Legitimación para interponer el recurso de anulación y posterior recurso de alzada

La Audiencia Nacional considera que el supuesto ahora enjuiciado presenta una particularidad respecto del resuelto en la sentencia de 22 de diciembre de 2025.

En este caso, el Ayuntamiento no interpuso directamente recurso de alzada contra la resolución estimatoria de la reclamación económico-administrativa presentada, sino que interpuso previamente un recurso de anulación, al amparo del art. 241 bis de la LGT.

Este precepto reconoce legitimación para interponer dicho recurso a las personas a las que se refiere el art. 241.3 de la misma Ley, entre las que se encuentran los interesados.

La Sala entiende que no cabe duda de que el Ayuntamiento tiene interés en que prospere su recurso de anulación para que se deje sin efecto la resolución estimatoria de la reclamación económico-administrativa.

Por tanto, considera que ostenta la condición de interesado, circunstancia que determina su legitimación para interponer el posterior recurso de alzada ante el TEAC.

Conclusiones

La resolución pone de manifiesto que la falta de legitimación de los Ayuntamientos para promover reclamaciones económico-administrativas contra sus propios actos no implica que carezcan de legitimación para recurrir las resoluciones que los anulen, cuando acrediten un interés legítimo propio.

Asimismo, la interpretación conjunta de los arts. 232.2.e), 232.3, 241.3 y 241 bis de la LGT permite reconocer la condición de interesado a las entidades locales cuyos actos administrativos resulten afectados por la resolución de una reclamación económico-administrativa promovida por un tercero.

En definitiva, el Ayuntamiento que ve anulado un acto administrativo propio como consecuencia de la estimación de una reclamación económico-administrativa está legitimado para interponer recurso de anulación y posterior recurso de alzada, sin que pueda inadmitirse este último por la mera aplicación de la prohibición de legitimación prevista en el art. 232.2.e) de la LGT.