La constitución de una propiedad horizontal compleja está sujeta a la cuota gradual de la modalidad de AJD cuando el acto documentado tiene por objeto cantidad o cosa valuable y la escritura incorpora una valoración económica expresa

La constitución de una propiedad horizontal compleja está sujeta a la cuota gradual de la modalidad de AJD cuando la escritura incorpora una valoración económica expresa

La constitución de una propiedad horizontal compleja está sujeta a la cuota gradual de AJD cuando la escritura pública no se limita a establecer normas de funcionamiento o administración de los elementos comunes, sino que incorpora una valoración económica expresa del acto documentado, al concurrir el requisito de tener por objeto cantidad o cosa valuable exigido por el art. 31.2 del TRLITPAJD.

El Tribunal Económico-Administrativo Central analiza en su resolución RG 2778/2025, de 29 de septiembre de 2026, la conformidad a Derecho de la tributación por la modalidad de AJD de la constitución de una propiedad horizontal compleja, en particular, respecto de la concurrencia del requisito de que la escritura pública tenga por objeto cantidad o cosa valuable, así como de la eficacia de una posterior escritura de rectificación y de la posibilidad de declarar la nulidad de pleno derecho de una autoliquidación.

La controversia se centra en determinar si la constitución de una propiedad horizontal compleja constituye un acto valuable a efectos del art. 31.2 del TRLITPAJD cuando la escritura pública incorpora una valoración económica expresa. La entidad reclamante sostiene que la constitución de dicha propiedad horizontal compleja se limitaba a establecer normas de funcionamiento y administración de los elementos comunes, sin atribuir derechos con contenido económico autónomo, por lo que considera que no concurre el requisito de cantidad o cosa valuable. Por el contrario, la Administración entiende que la valoración expresamente consignada en la escritura determina la sujeción a la cuota gradual de AJD.

El Tribunal recuerda que el art. 31.2 del TRLITPAJD exige, para la tributación por la cuota gradual de AJD, que se trate de una primera copia de escritura pública o acta notarial, que tenga por objeto cantidad o cosa valuable, que contenga actos o contratos inscribibles en los correspondientes registros y que no esté sujeta a las modalidades de TPO u OS ni al ISD. En este sentido, el Tribunal considera que la controversia se circunscribe a determinar si la escritura tiene por objeto cantidad o cosa valuable, al no existir discrepancia respecto del cumplimiento de los restantes requisitos.

A este respecto, el Tribunal recuerda el criterio de la DGT conforme al cual la constitución de una comunidad de propietarios o de una entidad que agrupe varias comunidades, cuando se limita al establecimiento de normas de gestión y administración de los elementos comunes y no supone el ejercicio de una actividad económica, no queda sujeta a la cuota gradual de AJD, al no modificarse el contenido o el ámbito de la propiedad de los titulares de los elementos privativos respecto de la situación anterior.

No obstante, el Tribunal precisa que dicho criterio no resulta aplicable cuando la escritura pública incorpora, además de las normas de organización y administración, una valoración económica expresa del acto documentado. En apoyo de esta conclusión, invoca su resolución de 15 de septiembre de 2016 (RG 00-0976-2014), así como la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en su sentencia de 15 de julio de 2020 (recurso de casación 415/2018). En esta última, el Alto Tribunal confirmó que, cuando la escritura de constitución de un complejo inmobiliario privado no se limita a establecer meras normas o reglas de administración, sino que contiene una valoración expresa de la promoción inmobiliaria que se declara, concurren todos los requisitos exigidos por el art. 31.2 del TRLITPAJD para su sujeción a la cuota gradual de AJD.

El Tribunal considera que existe identidad de razón entre la constitución de un complejo inmobiliario privado y la de una propiedad horizontal compleja, en la medida en que, en ambos supuestos, debe distinguirse entre aquellas escrituras que únicamente establecen reglas de organización y administración y aquellas otras que incorporan una valoración económica del acto documentado, dotándolo de contenido valuable.

Por otra parte, el Tribunal analiza la eficacia de la posterior escritura de rectificación, mediante la cual la entidad reclamante pretendía subsanar el supuesto error cometido al atribuir contenido económico a la constitución de la propiedad horizontal compleja en la escritura inicial. La reclamante sostiene que la valoración obedeció a un error de derecho derivado de la confusión entre las distintas convenciones formalizadas en la misma escritura y que dicho error podía rectificarse dentro del plazo legal de cuatro años.

Sin embargo, el Tribunal considera que el tiempo transcurrido entre ambas escrituras, aproximadamente dos años y seis meses, constituye un indicio relevante que resta credibilidad a la existencia de un error involuntario. Aunque reconoce que el mero transcurso del tiempo no determina por sí solo la falta de eficacia de una escritura de subsanación, entiende que, valorado conjuntamente con las demás circunstancias concurrentes, no permite considerar acreditado que la escritura respondiera exclusivamente a la corrección de un error padecido al otorgarse la escritura inicial. Por ello, confirma la conclusión alcanzada por la Administración.

Finalmente, el Tribunal se pronuncia sobre la pretensión subsidiaria de la entidad reclamante relativa a la posible nulidad de pleno derecho de la autoliquidación presentada, al amparo del art. 217.1.c) de la LGT, por considerar que se trataba de un acto de contenido imposible al haberse gravado una operación que, a su juicio, no constituía hecho imponible de AJD.

En este punto, el Tribunal recuerda que el procedimiento especial de revisión de nulidad de pleno derecho previsto en el art. 217 de la LGT se circunscribe a los actos dictados por la Administración tributaria y a las resoluciones de los órganos económico-administrativos, sin comprender las autoliquidaciones presentadas por los obligados tributarios. De acuerdo con el art. 120.1 de la LGT, la autoliquidación constituye un acto del propio obligado tributario, mediante el cual realiza las operaciones de calificación y cuantificación necesarias para determinar e ingresar la deuda tributaria, por lo que no constituye un acto administrativo dictado por la Administración en el ejercicio de sus potestades de aplicación de los tributos. En consecuencia, no resulta susceptible de la declaración de nulidad de pleno derecho regulada en el art. 217 de la LGT.

Conclusiones

En definitiva, el Tribunal confirma que la constitución de una propiedad horizontal compleja queda sujeta a la cuota gradual de AJD cuando la escritura pública incorpora una valoración económica expresa, aunque también contenga normas de organización y administración de los elementos comunes. La doctrina relativa a la no sujeción de las escrituras que se limitan a establecer reglas de administración no resulta aplicable cuando el acto documentado tiene contenido económico valuable. Asimismo, la posterior rectificación de la escritura no permite desvirtuar dicha conclusión cuando las circunstancias concurrentes no acreditan suficientemente la existencia de un error involuntario. Por último, las autoliquidaciones tributarias no pueden ser objeto del procedimiento especial de nulidad de pleno derecho previsto en el art. 217 de la LGT.