Para la reducción del 85% de la base imponible del Impuesto sobre la Electricidad, el concepto de “actividad industrial” no debe interpretarse teniendo en cuenta únicamente la clasificación del IAE, sino el Derecho de la UE
El Tribunal Supremo fija doctrina sobre el concepto de “actividad industrial” en el Impuesto sobre la Electricidad y confirma que la reducción del 85% de la base imponible debe interpretarse conforme a la Directiva europea sobre productos energéticos y a la Ley de Industria, descartando una interpretación exclusivamente basada en las Tarifas del IAE.
La controversia de la sentencia del Tribunal Supremo n.º 588/2026, de 11 de mayo de 2026, con nº recurso 5762/2024 se sitúa en el ámbito del Impuesto Especial sobre la Electricidad y, en particular, en la posibilidad de aplicar la reducción del 85% de la base imponible prevista para determinadas actividades industriales en el art. 98.1.f) de la Ley de Impuestos Especiales. La entidad recurrente había visto rechazada su pretensión tanto en vía económico-administrativa como posteriormente ante la Audiencia Nacional, lo que motivó la interposición del recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Entidad recurrente
La entidad denunció diversas infracciones normativas, centradas fundamentalmente en la interpretación del concepto de “actividad industrial” a efectos tributarios. La parte recurrente alegó la vulneración de preceptos de la Ley General Tributaria, del Código Civil y de la Ley de Industria, defendiendo que el término debía interpretarse conforme a criterios sistemáticos y finalistas y no exclusivamente desde la perspectiva de la clasificación de actividades económicas.
Asimismo, invocó el Derecho de la Unión Europea, en especial la Directiva relativa a la imposición de productos energéticos y electricidad y el régimen de ayudas de Estado del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como garantías constitucionales vinculadas al deber de motivación judicial y a la eventual necesidad de plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El Tribunal Supremo admitió a trámite el recurso y la cuestión jurídica identificada como central consistía en determinar el significado del sintagma “actividad industrial” contenido en el art. 98.1.f) de la Ley de Impuestos Especiales, específicamente a efectos de acceder a la reducción de la base imponible del Impuesto sobre la Electricidad.
Dos posibles criterios interpretativos enfrentados:
- una interpretación basada en la finalidad y contexto de la normativa europea, especialmente la Directiva 2003/96/CE;
- por otro, una interpretación apoyada en la clasificación de actividades prevista en las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).
Aplicación de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo la doctrina fijada en su sentencia núm. 659/2024, de 17 de abril, según la cual el concepto de “actividad industrial” no debe interpretarse exclusivamente mediante la clasificación contenida en las Tarifas del IAE.
Dicho concepto debe interpretarse a la luz de la Directiva 2003/96/CE y teniendo en cuenta el contexto y finalidad perseguidos por el legislador, conectando el beneficio fiscal con la definición general de actividad industrial prevista en la legislación sectorial, concretamente en la Ley de Industria. Desde esta perspectiva, el Tribunal concluye que la reducción fiscal del Impuesto sobre la Electricidad debe aplicarse atendiendo a una noción material y funcional de actividad industrial y no a un criterio meramente clasificatorio derivado del IAE.
Consecuencias
Como consecuencia de la aplicación de esta doctrina, el Tribunal estima el recurso contencioso-administrativo promovido por la entidad recurrente, reconociendo la viabilidad de aplicar la reducción del 85% de la base imponible del Impuesto Especial sobre la Electricidad en aquellos supuestos en que la actividad pueda calificarse como industrial conforme a la interpretación material establecida por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
En definitiva, la sentencia refuerza una interpretación finalista y sistemática del beneficio fiscal, alineada con el Derecho de la Unión Europea y con el concepto general de actividad industrial recogido en la normativa sectorial, descartando una visión estrictamente formal apoyada únicamente en la clasificación tributaria del IAE.