El Tribunal Supremo confirma la improcedencia de incrementar en un 100% las sanciones por incumplimiento de las obligaciones de facturación cuando las facturas falsas derivan de la simulación de actividades económicas ya anuladas tras la regularización

El Tribunal Supremo delimita la aplicación del criterio de graduación de sanciones tributarias por incumplimiento sustancial de las obligaciones de facturación, previsto en los arts. 201.5 y 187.1.c) de la Ley General Tributaria.
El Tribunal Supremo en la sentencia nº 1166/2026, de 20 de octubre de 2026, con nº recurso 7008/2022, analiza la aplicación del criterio de graduación de sanciones previsto en el art. 201.5 de la Ley General Tributaria, que permite incrementar en un 100% la cuantía de la sanción cuando se produce un incumplimiento sustancial de las obligaciones de facturación o documentación, en relación con el art. 187.1.c) LGT.
El supuesto tiene su origen en la emisión de facturas con datos falsos o falseados por parte de varios socios de una sociedad dedicada al transporte de mercancías por carretera, que se habían dado de alta individualmente en el régimen de estimación objetiva del IRPF para aparentar el ejercicio de actividades económicas independientes. En realidad, la actividad se encontraba centralizada en la sociedad Cargel 98, S.L., que utilizaba las facturas emitidas por los socios para deducirse cuotas de IVA soportado y gastos en el Impuesto sobre Sociedades que no respondían a operaciones económicas reales. Por su parte, los socios tributaban conforme a los módulos, sin declarar como ingresos las cantidades facturadas ni repercutir el IVA correspondiente.
Como consecuencia de esta operativa, la Administración tributaria apreció la existencia de una simulación relativa derivada de la fragmentación artificial de una única actividad económica entre varios contribuyentes, procediendo a regularizar la situación tributaria del interesado en el IRPF y el IVA. Asimismo, le impuso una sanción por la comisión de la infracción muy grave tipificada en el art. 201.3 LGT, consistente en la expedición de facturas con datos falsos o falseados, cuya cuantía fue incrementada en un 100% al considerar que concurría un incumplimiento sustancial de las obligaciones de facturación.
La Audiencia Nacional estimó parcialmente el recurso del contribuyente y anuló el incremento del 100% aplicado a la sanción. Consideró que, una vez declarada la inexistencia de actividades económicas independientes y anuladas las operaciones realizadas entre los socios y la sociedad como consecuencia de la regularización, no podía entenderse que dichas operaciones estuvieran sujetas a una obligación de facturación imputable al interesado en relación con los tributos y períodos comprobados. Por tanto, no concurrían los presupuestos necesarios para aplicar el criterio de graduación por incumplimiento sustancial de las obligaciones de facturación.
El Tribunal Supremo establece que el elemento determinante para aplicar la agravante del art. 201.5 LGT es la existencia de un incumplimiento sustancial de las obligaciones de facturación en los términos definidos por el art. 187.1.c) LGT. Este precepto considera que existe tal incumplimiento cuando afecta a más del 20% del importe de las operaciones sujetas al deber de facturación en relación con el tributo y período objeto de comprobación, o cuando impide a la Administración conocer el importe de dichas operaciones.
En este contexto, el Tribunal Supremo concluye que no resulta aplicable el incremento sancionador del 100% cuando la conducta infractora, consistente en la expedición de facturas con datos falsos o falseados, deriva de la simulación de una actividad económica cuyas operaciones han sido posteriormente anuladas como consecuencia de la regularización tributaria. La circunstancia de que las operaciones ficticiamente realizadas entre los socios y la sociedad hayan sido eliminadas a efectos de los mismos tributos y períodos comprobados impide considerar concurrente el presupuesto exigido para aplicar el criterio de graduación por incumplimiento sustancial de las obligaciones de facturación.
En consecuencia, por razones de seguridad jurídica y de igualdad en la aplicación de la ley, el Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por la Administración tributaria y mantiene el criterio de la Audiencia Nacional, confirmando la improcedencia de incrementar en un 100% la sanción impuesta al contribuyente. La doctrina fijada excluye, por tanto, la aplicación conjunta de los arts. 201.5 y 187.1.c) LGT en estos supuestos de simulación de actividad económica cuando la regularización determina la anulación de las operaciones que originaron las obligaciones de facturación.




