La Audiencia Nacional reconoce el derecho de los Fondos de Inversión Libres no residentes a tributar al mismo tipo que los fondos españoles cuando exista comparabilidad objetiva

La Audiencia Nacional reconoce el derecho de los Fondos de Inversión Libres no residentes a tributar al mismo tipo que los fondos españoles cuando exista comparabilidad objetiva. Imagen de un mapamundi con graficas por encima

Los Fondos de Inversión Libres no residentes tienen derecho a recibir el mismo tratamiento fiscal que los fondos residentes en España cuando se encuentran en situaciones objetivamente comparables, sin que pueda exigírseles el cumplimiento mimético de los requisitos formales establecidos por la normativa española para las entidades residentes.

La ausencia de armonización europea de estos instrumentos de inversión no permite restringir la efectividad de la libre circulación de capitales, ni justifica que la Administración deniegue la devolución de las retenciones soportadas por encima del tipo aplicable a los fondos residentes mediante exigencias probatorias desproporcionadas o sin utilizar los mecanismos de intercambio de información disponibles.

La sentencia de la Audiencia Nacional n.º 779/2026, de 5 de octubre de 2026, dictada en el recurso n.º 126/2022, analiza si resultaba conforme a Derecho la tributación soportada por una institución de inversión colectiva (IIC) residente en Francia, por los dividendos percibidos de sociedades residentes en España, mediante la aplicación de unas retenciones del 15% o superiores, frente al tipo de gravamen del 1% aplicable a los Fondos de Inversión Libres residentes en España.

El litigio tiene su origen en las solicitudes de rectificación de las autoliquidaciones del IRNR correspondientes al ejercicio 2013, así como en la consiguiente devolución de las cantidades indebidamente ingresadas como consecuencia de las retenciones practicadas sobre los dividendos obtenidos por la entidad recurrente de su participación en distintas sociedades cotizadas españolas.

La entidad recurrente, institución de inversión colectiva residente en Francia consideraba que se había producido una vulneración del Derecho de la Unión Europea, por infracción del art. 63 TFUE y del principio de libre circulación de capitales, al haber soportado una tributación considerablemente superior a la que habría correspondido a una institución de inversión colectiva de la misma naturaleza residente en España.

En concreto, mientras que los Fondos de Inversión Libres residentes en España podían tributar en el IS al tipo del 1%, la entidad recurrente había soportado retenciones del 15% o superiores por los dividendos percibidos en territorio español, sin que existiera un mecanismo legal que le permitiera obtener la devolución del exceso de tributación y equiparar su situación fiscal a la de los fondos residentes.

La Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la AEAT desestimó las solicitudes de rectificación de las autoliquidaciones y de devolución de ingresos indebidos, al considerar que la entidad no había acreditado su comparabilidad con las instituciones de inversión colectiva residentes en España. En particular, entendió que no se había demostrado el cumplimiento de los requisitos relativos al número de partícipes, capital mínimo, objeto de las inversiones y diversificación de riesgos exigidos por la normativa española para acceder al régimen fiscal del 1%.

Posteriormente, el TEAC desestimó la reclamación económico-administrativa. Entre otros argumentos, sostuvo que la entidad no había aportado un certificado oficial de las autoridades francesas que acreditase el cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación española y planteó, asimismo, la posible neutralización de la diferencia de trato mediante la aplicación del Convenio de Doble Imposición suscrito entre España y Francia.

La entidad recurrente interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, solicitando la anulación de la resolución del TEAC y de las resoluciones administrativas de las que traía causa, así como la devolución de las retenciones indebidamente soportadas, con los correspondientes intereses de demora.

La controversia se centraba en determinar si la normativa española vulneraba el principio de libre circulación de capitales del art. 63 TFUE, al establecer un tratamiento fiscal menos favorable para los Fondos de Inversión Libres no residentes que para los fondos residentes en España, y si la entidad recurrente había acreditado encontrarse en una situación objetivamente comparable a la de las instituciones españolas.

La Sala comienza recordando la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de abril de 2023, recurso de casación 8494/2021, que confirmó el criterio de la Audiencia Nacional en relación con la tributación de los Fondos de Inversión Libres no residentes. Dicha resolución estableció que la infracción del Derecho de la Unión Europea se encuentra en la propia legislación española, al dispensar un tratamiento diferenciado no justificado entre fondos residentes y no residentes en situaciones comparables.

En este sentido, el Tribunal Supremo consideró que la normativa española reservaba a los Fondos de Inversión Libres residentes un tratamiento fiscal significativamente más favorable, sin establecer un mecanismo de devolución del exceso de retenciones aplicadas a los fondos no residentes que se encontraran en una situación comparable.

La Sala destaca que nos encontramos ante una infracción originaria del Derecho de la Unión Europea, atribuible a la propia regulación nacional y no a su aplicación administrativa o judicial. La vulneración se produce porque, para los contribuyentes no residentes, la retención practicada sobre los dividendos constituye el pago definitivo del impuesto, sin posibilidad de solicitar posteriormente la devolución del exceso soportado, mientras que los fondos residentes pueden beneficiarse de un tipo de gravamen del 1%.

La Audiencia Nacional recuerda, además, la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en relación con la ausencia de un mecanismo de devolución aplicable indistintamente a residentes y no residentes en situaciones comparables, así como la jurisprudencia del TJUE, especialmente la sentencia de 17 de septiembre de 2015, asuntos acumulados C-10/14, C-14/14 y C-17/14 (Miljoen), que se opone a una normativa que establece un tratamiento fiscal más desfavorable para los contribuyentes no residentes cuando la carga impositiva definitiva que soportan es superior a la de los residentes.

En relación con la comparabilidad entre los fondos residentes y no residentes, la Sala rechaza que deban exigirse a estos últimos, de forma mimética, todos los requisitos formales establecidos por la legislación española para las instituciones de inversión colectiva residentes.

El Tribunal Supremo ya había señalado que la comparabilidad no significa identidad y que, para determinar si un fondo no residente se encuentra en una situación objetivamente comparable a la de un fondo residente, debe atenderse a la finalidad, objeto y contenido de la normativa nacional, sin aplicar automáticamente los requisitos específicos que esta establece para las entidades residentes.

En este sentido, la Sala considera que, al tratarse de Fondos de Inversión Libres no armonizados y no sujetos a la Directiva 2009/65/CE, no puede exigírseles el cumplimiento de requisitos concebidos específicamente para las instituciones de inversión colectiva españolas ni la aportación de certificados oficiales que no resulten exigibles a entidades de su misma naturaleza en el Estado de residencia.

La sentencia destaca que el hecho de que los Fondos de Inversión Libres no estén armonizados a nivel de la Unión Europea no puede hacer inefectivo el principio de libre circulación de capitales. Por ello, un organismo de inversión colectiva no residente, constituido conforme a la forma jurídica autorizada o exigida por la legislación de su Estado de origen y que opera de acuerdo con dicha normativa, no puede verse privado de una ventaja fiscal en otro Estado miembro por el mero hecho de que su forma jurídica no coincida con la exigida en este último.

Aplicando esta doctrina al supuesto enjuiciado, la Audiencia Nacional considera que la entidad recurrente había aportado documentación suficiente para acreditar su comparabilidad con las instituciones de inversión colectiva residentes en España.

Entre la documentación presentada figuraban el certificado de residencia fiscal en Francia, los certificados de retenciones emitidos por el banco custodio y subcustodio, el reglamento del fondo, el folleto o prospecto, los estatutos y el certificado expedido por la Autorité des Marchés Financiers (AMF), organismo francés equivalente a la CNMV española, acreditativo de la autorización de la entidad y de su sociedad gestora.

La Sala entiende que esta documentación debía haberse valorado desde la perspectiva de la legislación aplicable en el Estado de residencia y que, en caso de considerar insuficiente la prueba aportada, la Administración tributaria española debía haber determinado qué documentación resultaba idónea para acreditar los extremos controvertidos.

Asimismo, considera que la Administración debió utilizar los mecanismos de intercambio de información disponibles, tanto los previstos en el Convenio de Doble Imposición como los establecidos en el ámbito del Derecho de la Unión Europea, con la finalidad de comprobar si la institución recurrente se encontraba en una situación normativa y fáctica comparable a la de sus homólogas españolas.

En particular, la Sala recuerda que, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo, entre los elementos relevantes para determinar la comparabilidad se encuentra el modo de captación del capital, debiendo verificarse que los fondos no constituyan meras sociedades de cartera destinadas a gestionar patrimonios personales o familiares y que estén dirigidos al público en general.

También considera relevante que la gestión del fondo se realice por un Gestor de Fondos de Inversión Alternativa (GFIA) debidamente autorizado, así como que exista autorización para su constitución y funcionamiento en el Estado de origen, en los términos previstos por la normativa europea.

En el supuesto analizado, la Administración no acreditó que la entidad recurrente incumpliera los elementos relevantes para apreciar la comparabilidad. Por tanto, la Audiencia Nacional concluye que no podía denegarse el acceso al tratamiento fiscal más favorable por la mera ausencia de un certificado oficial que acreditase el cumplimiento de los requisitos específicos de la legislación española.

Por otro lado, la sentencia analiza la posible neutralización de la diferencia de trato mediante la aplicación del Convenio de Doble Imposición entre España y Francia.

El TEAC había considerado que correspondía a la entidad recurrente acreditar si las retenciones soportadas en España habían sido objeto de deducción en Francia. Sin embargo, la Sala recuerda que, conforme a la doctrina del TJUE y del Tribunal Supremo, la neutralización de una restricción a la libre circulación de capitales únicamente puede entenderse producida cuando el impuesto retenido en origen pueda deducirse efectivamente del impuesto debido en el otro Estado miembro, hasta el límite de la diferencia de trato derivada de la normativa nacional.

Por tanto, no basta con la mera existencia de un Convenio de Doble Imposición, sino que debe acreditarse que sus disposiciones permiten eliminar efectivamente la desventaja fiscal soportada por el contribuyente no residente.

La Audiencia Nacional considera que en este caso no se ha acreditado dicha neutralización y que la entidad recurrente ha desplegado un esfuerzo probatorio suficiente para justificar su situación, sin que la Administración haya utilizado los mecanismos de intercambio de información de los que disponía.

En consecuencia, la Sala concluye que la tributación aplicada a los dividendos percibidos por la institución de inversión colectiva francesa resulta contraria al principio de libre circulación de capitales del art. 63 TFUE, al haberse sometido a una carga fiscal superior a la que habría soportado una institución de la misma naturaleza residente en España, sin que se haya justificado objetivamente dicha diferencia de trato ni acreditado su neutralización mediante el Convenio de Doble Imposición.

Finalmente, la Audiencia Nacional estima el recurso contencioso-administrativo, anula la resolución del TEAC de 23 de noviembre de 2021 y las resoluciones administrativas de las que trae causa, por no ser conformes a Derecho, y condena a la AEAT a devolver las cantidades indebidamente ingresadas, junto con los correspondientes intereses de demora desde la fecha en que se practicaron las retenciones. Asimismo, impone las costas a la Administración demandada, con el límite de 2.000 euros.

La resolución pone así de manifiesto que los Fondos de Inversión Libres no residentes tienen derecho a recibir el mismo tratamiento fiscal que los fondos residentes en España cuando se encuentran en situaciones objetivamente comparables, sin que pueda exigírseles el cumplimiento mimético de los requisitos formales establecidos por la normativa española para las entidades residentes.

Asimismo, recuerda que la ausencia de armonización europea de estos instrumentos de inversión no permite restringir la efectividad de la libre circulación de capitales, ni justifica que la Administración deniegue la devolución de las retenciones soportadas por encima del tipo aplicable a los fondos residentes mediante exigencias probatorias desproporcionadas o sin utilizar los mecanismos de intercambio de información disponibles.