Deducibilidad en el IS de las retribuciones de los administradores: alcance de la previsión estatutaria y exigencia de motivación de la culpabilidad en las sanciones tributarias

Deducibilidad en el IS de las retribuciones de los administradores: alcance de la previsión estatutaria y exigencia de motivación de la culpabilidad en las sanciones tributarias. Imagen de una mano colocando figuras sobre una gráfica

La falta de previsión estatutaria de la retribución del administrador no determina automáticamente la consideración de liberalidad del gasto ni impide su deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades cuando queda acreditada la efectiva prestación de servicios, su contabilización y su correlación con la actividad empresarial. Asimismo, la imposición de una sanción tributaria exige una motivación individualizada de la culpabilidad, sin que la Administración pueda subsanar sus deficiencias mediante una motivación posterior.

La sentencia de la Audiencia Nacional n.º 803/2026, de 30 de septiembre de 2026, recaída en el recurso n.º 2180/2020, analiza la conformidad a Derecho de las liquidaciones del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios comprobados y de la sanción tributaria conexa, derivadas de las actuaciones inspectoras desarrolladas frente a una sociedad dedicada a la explotación de un teatro.

La regularización practicada por la Inspección rechazó la deducibilidad de determinados gastos contabilizados por la entidad, entre ellos los correspondientes a una factura emitida por una sociedad vinculada, las retribuciones satisfechas al administrador por sus funciones de gerente y diversos gastos de representación y restauración.

La sociedad recurrente impugnó la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central, alegando defectos en la notificación del inicio de las actuaciones inspectoras, la procedencia de deducir los gastos regularizados y la falta de motivación individualizada de la culpabilidad en el acuerdo sancionador.

Notificación del inicio de las actuaciones inspectoras

La recurrente alegó la nulidad de las actuaciones inspectoras porque la comunicación de inicio se había practicado electrónicamente a una sociedad distinta, sin que constara acreditado el correspondiente poder de representación.

Sin embargo, la Sala rechaza este motivo al considerar que la finalidad de la notificación quedó cumplida con la posterior comparecencia del representante de la entidad, la aportación de la documentación requerida y las comunicaciones mantenidas con la Inspección.

Por tanto, entiende que la sociedad tuvo conocimiento efectivo de la incoación, alcance y desarrollo del procedimiento, sin que se hubiera producido indefensión. En consecuencia, la irregularidad formal no determina la nulidad de las actuaciones.

Deducibilidad de los gastos facturados por una sociedad vinculada

La sentencia confirma la no deducibilidad de los gastos correspondientes a una factura emitida por una sociedad vinculada por servicios necesarios para la explotación del teatro.

La Sala recuerda que, conforme al artículo 105 de la LGT, corresponde al obligado tributario acreditar la realidad y justificación de los gastos cuya deducción pretende.

En este caso, considera insuficiente la documentación aportada, puesto que no se presentó contrato, desglose de los servicios prestados ni documentación complementaria que permitiera concretar el contenido efectivo de la prestación. Además, existían movimientos de tesorería entre ambas sociedades sin que pudiera establecerse una correlación clara entre dichos movimientos y el pago de la factura.

La Sala entiende que, tratándose de operaciones entre entidades vinculadas, la factura por sí sola no acredita la efectividad del gasto cuando la Administración ha cuestionado su realidad y no existen justificantes suficientes de los servicios y pagos realizados.

En consecuencia, se confirma la no deducibilidad del gasto, al no haber acreditado la recurrente suficientemente la realidad, el contenido y el pago de los servicios facturados.

Deducibilidad de las retribuciones satisfechas al administrador

Por otra parte, la Audiencia Nacional estima la pretensión relativa a la deducibilidad de las retribuciones satisfechas al administrador por sus funciones de gerente.

La Administración había rechazado estos gastos porque los estatutos sociales establecían el carácter gratuito del cargo de administrador y no consideraba acreditada una relación laboral diferenciada de las funciones propias del cargo societario.

Sin embargo, la Sala aplica la doctrina del Tribunal Supremo, conforme a la cual el incumplimiento de las previsiones estatutarias no determina automáticamente que las retribuciones satisfechas a los administradores deban calificarse como liberalidades no deducibles.

En el supuesto analizado, considera acreditada la prestación efectiva de servicios por parte del administrador en su condición de gerente, tomando en consideración la documentación relativa a la existencia de una relación laboral y la correspondiente vida laboral aportada por la entidad.

Por tanto, al quedar acreditadas las retribuciones, su contabilización y su correlación con la actividad empresarial, no pueden calificarse como donativos o liberalidades por el mero hecho de no estar previstas en los estatutos sociales o formalmente aprobadas por la junta.

En consecuencia, la Sala reconoce la deducibilidad fiscal de las retribuciones satisfechas al administrador por sus funciones de gerente.

Deducibilidad de los gastos de representación y restauración

En cuanto a los gastos de representación y restauración, la recurrente defendía que respondían a relaciones públicas con clientes, proveedores y publicistas, y que estaban destinados a promocionar la actividad empresarial.

La sentencia recuerda la doctrina del Tribunal Supremo, conforme a la cual pueden resultar deducibles los gastos contabilizados y acreditados que, aun sin presentar una correlación directa e inmediata con un ingreso concreto, estén relacionados con la actividad empresarial y dirigidos a mejorar sus resultados, directa o indirectamente.

Entre ellos se incluyen los gastos de relaciones públicas con clientes y proveedores, los realizados conforme a los usos y costumbres respecto del personal y los destinados a promocionar la actividad empresarial, siempre que no tengan como destinatarios a socios o partícipes.

No obstante, en el caso enjuiciado, la Sala considera que no se acreditó suficientemente la finalidad empresarial de los desembolsos. Los justificantes aportados correspondían principalmente a comidas cuya motivación empresarial no quedó justificada, así como a gratificaciones, pagos al administrador y otros gastos de carácter privado o entregas cuya naturaleza y vinculación con la actividad económica tampoco se acreditaron.

Por ello, se confirma la no deducibilidad de los gastos de representación y restauración cuestionados, al no haberse demostrado suficientemente su vinculación con la actividad empresarial.

Falta de motivación de la sanción y ausencia de culpabilidad

Finalmente, la Audiencia Nacional estima el motivo relativo a la falta de motivación de la sanción tributaria.

La recurrente sostenía que el acuerdo sancionador contenía una motivación genérica, basada en la reiteración de los hechos y fundamentos de la regularización, sin individualizar las razones por las que su conducta debía considerarse culpable.

La Sala recuerda que corresponde a la Administración acreditar la culpabilidad del obligado tributario, sin que resulte admisible imponer sanciones sobre la base de una responsabilidad objetiva o mediante fórmulas estereotipadas que no atiendan a las circunstancias concretas del supuesto.

En este caso, el acuerdo sancionador utilizaba una argumentación común para todos los gastos regularizados, limitándose a señalar que la entidad había actuado negligentemente al deducir gastos cuya efectividad, justificación o correlación con los ingresos no había quedado acreditada.

Para la Sala, esta motivación resulta insuficiente, al no vincular de forma individualizada la culpabilidad imputada con la conducta concreta de la entidad.

Asimismo, rechaza que el Tribunal Económico-Administrativo pudiera completar posteriormente la motivación del acuerdo sancionador, introduciendo una posible intención dolosa de ocultación que no figuraba en la resolución originaria. No cabe subsanar a posteriori las deficiencias de motivación de la culpabilidad, que debe quedar suficientemente justificada en el propio acuerdo sancionador.

En consecuencia, la Sala estima este motivo de impugnación y anula la sanción derivada de la regularización de la factura emitida por la sociedad vinculada.