Interpretación del concepto de «actividad industrial» a efectos de la reducción del 85% de la base imponible del Impuesto sobre la Electricidad

El Tribunal Supremo establece que el concepto de «actividad industrial» a efectos de aplicar la reducción del 85 % de la base imponible del Impuesto sobre la Electricidad debe interpretarse conforme a la normativa comunitaria y a la definición general de la Ley de Industria, sin que resulte determinante la clasificación de actividades del IAE, reconociendo el derecho de una empresa dedicada al tratamiento y depuración de aguas residuales a inscribir sus instalaciones en el Registro Territorial de Impuestos Especiales y acogerse al beneficio fiscal.
La sentencia del Tribunal Supremo nº 1209/2026 de 29 de octubre de 2026, con nº recurso 2250/2025, analiza cómo debe interpretarse el concepto de «actividad industrial» recogido en el art. 98.1.f) de la Ley 38/1992, de Impuestos Especiales, para determinar si una empresa dedicada al tratamiento y depuración de aguas residuales puede beneficiarse de la reducción del 85% de la base imponible del Impuesto sobre la Electricidad.
En particular, la controversia se centra en determinar si la consideración de una actividad como industrial debe realizarse atendiendo a la clasificación de actividades económicas contenida en las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) o, por el contrario, conforme a la normativa comunitaria y a la legislación general sobre industria.
La entidad recurrente había solicitado en 2015 la inscripción de distintos establecimientos en el Registro Territorial de Impuestos Especiales, con el objetivo de acogerse al beneficio fiscal previsto en el artículo 98.1.f) de la Ley de Impuestos Especiales. Las Oficinas Gestoras de Impuestos Especiales de Lleida y Barcelona denegaron las solicitudes al considerar, siguiendo el criterio de la Dirección General de Tributos expresado en la consulta vinculante V1574/15, que la depuración de aguas residuales no constituía una actividad industrial a estos efectos. Esta interpretación se fundamentaba en que dicha actividad se encontraba clasificada en la División 9 de las Tarifas del IAE, y no entre las actividades industriales contempladas en la clasificación de dicho impuesto.
El Alto Tribunal establece que no resulta posible trasladar automáticamente al Impuesto sobre la Electricidad la delimitación de las actividades industriales contenida en las Tarifas del IAE. Esta clasificación responde a la finalidad específica de ordenar las actividades empresariales y asignarles los correspondientes epígrafes tributarios, pero no constituye una definición autónoma y uniforme del concepto de actividad industrial aplicable a todos los impuestos.
El Tribunal considera que, al no existir una definición tributaria específica de actividad industrial en la Ley de Impuestos Especiales, debe atenderse al contexto y a la finalidad de la normativa comunitaria, así como a la legislación administrativa general que define jurídicamente este tipo de actividades. En consecuencia, el concepto debe interpretarse a la luz de la Directiva 2003/96/CE y del art. 3 de la Ley 21/1992, de Industria, que contiene la definición general de actividad industrial. Esta interpretación debe respetar, además, los principios de legalidad y seguridad jurídica, de manera que los contribuyentes puedan conocer con precisión el alcance de los beneficios fiscales que les corresponden.
En el procedimiento de casación, la Abogacía del Estado se allanó a las pretensiones de la recurrente, al considerar que el supuesto coincidía sustancialmente con el resuelto por la sentencia de 17 de abril de 2024. El Tribunal Supremo admite el allanamiento, recordando que esta figura también puede reconocerse en el recurso de casación cuando la parte demandada acepta las pretensiones contrarias, especialmente si estas cuentan con el respaldo de doctrina jurisprudencial consolidada.
Finalmente, el Tribunal Supremo reitera como doctrina que el concepto de «actividad industrial» del artículo 98.1.f) de la Ley 38/1992 debe interpretarse atendiendo a la Directiva 2003/96/CE, a su contexto y finalidad, y a la definición general contenida en el artículo 3 de la Ley 21/1992, de Industria, sin que pueda hacerse depender exclusivamente de la clasificación de actividades del IAE.
Por ello, estima el recurso de casación, casa y anula la sentencia de la Audiencia Nacional y estima el recurso contencioso-administrativo. En consecuencia, declara contrarias a Derecho las denegaciones de las solicitudes de inscripción de las instalaciones de la entidad en el Registro Territorial de Impuestos Especiales de la AEAT y reconoce su derecho a que dichas inscripciones se practiquen, a efectos de aplicar la reducción del 85% de la base imponible del Impuesto Especial sobre la Electricidad prevista en el art. 98.1.f) de la Ley de Impuestos Especiales.




