La BI de la tasa por aprovechamiento especial del dominio público debe determinarse atendiendo a la utilidad que reporta, sin utilizar los criterios de valoración de la utilización privativa basados en el valor del suelo y las construcciones

El Tribunal Supremo analiza la legalidad de la regulación de una tasa municipal por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local derivado de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos. La Sala precisa que la base imponible del aprovechamiento especial debe calcularse atendiendo a la utilidad que reporta dicho aprovechamiento y no mediante los mismos parámetros de valoración del uso privativo, basados en el valor del suelo y de las construcciones. Asimismo, exige que los criterios de graduación aplicados para determinar la cuota tributaria estén debidamente justificados y publicados junto con la ordenanza fiscal.
El Tribunal Supremo, en su sentencia nº 1176/2026, de 21 de octubre de 2026, con nº recurso 1412/2025, resuelve el recurso de casación interpuesto por Red Eléctrica de España, S.A.U., contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que había desestimado su impugnación de una ordenanza fiscal, reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local por instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos.
El recurso plantea dos cuestiones de interés casacional. La primera consiste en determinar si la ordenanza puede calcular la base imponible del aprovechamiento especial tomando como referencia el valor del suelo y de las construcciones, aunque formalmente afirme que utiliza como parámetro la utilidad que reporta dicho aprovechamiento. La segunda se refiere a si puede considerarse suficientemente motivado el informe técnico-económico exigido por los arts. 25 del TRLRHL y 20.1 de la Ley de Tasas y Precios Públicos cuando aplica un coeficiente de graduación del 50% sin justificar las razones de su utilización.
Regulación de la tasa en la ordenanza fiscal impugnada
La Ordenanza Fiscal, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria el 16 de diciembre de 2022, distingue entre la utilización privativa y el aprovechamiento especial del dominio público local.
Para la utilización privativa, establece que la tasa se calculará tomando como referencia el valor de mercado del terreno y, en su caso, de las instalaciones ocupadas, como si los bienes afectados no fueran de dominio público. Sobre la base imponible resultante se aplica un tipo impositivo del 5%.
Por su parte, para el aprovechamiento especial, la ordenanza señala que la base debe determinarse atendiendo a la utilidad que reporte el aprovechamiento, modulada en función de su grado de intensidad. Sin embargo, para realizar ese cálculo parte igualmente del valor del suelo, al que aplica un porcentaje del 5% y, posteriormente, una reducción del 50% en concepto de graduación de la intensidad del aprovechamiento. Finalmente, sobre la base resultante aplica un tipo del 100%.
Red Eléctrica de España consideró que esta regulación incurría en una confusión entre los conceptos de utilización privativa y aprovechamiento especial, al utilizar para ambos supuestos los mismos parámetros de valoración, aunque posteriormente se aplicaran porcentajes y coeficientes diferentes.
Criterio del Tribunal Supremo sobre la determinación de la base imponible
La Sala recuerda que los criterios para determinar la base imponible de las tasas por aprovechamiento especial del dominio público no pueden coincidir con los aplicables a los supuestos de utilización privativa. En particular, no resulta admisible tomar como única referencia el valor de los elementos catastrales afectados, como si se tratara de una ocupación privativa, y aplicar posteriormente un coeficiente reductor para adaptar el resultado al aprovechamiento especial.
En el supuesto analizado, aunque la ordenanza establece una reducción del 50% para el aprovechamiento especial, lo cierto es que parte inicialmente de los mismos parámetros de cuantificación que utiliza para la utilización privativa. Por tanto, la diferencia entre ambas modalidades se limita a la aplicación de un coeficiente reductor, sin que ello permita corregir el defecto de origen en la determinación de la base imponible.
La Sala también examina la motivación del coeficiente de graduación del 50%. Señala que, aunque la sentencia recurrida consideraba que dicho porcentaje estaba justificado en el informe técnico-económico, en la publicación de la ordenanza no se explicaban las razones que justificaban esa reducción, apareciendo únicamente como una minoración a tanto alzado de la base calculada para la utilización privativa.
En este sentido, reitera que el informe técnico-económico debe incorporarse al expediente de aprobación de la tasa y publicarse junto con la ordenanza como anexo, con una remisión expresa e inequívoca a los elementos relevantes para determinar la cuota tributaria. Además, los criterios de graduación utilizados deben estar debidamente motivados y publicados, sin que resulte suficiente su mera incorporación al expediente administrativo.
Doctrina jurisprudencial fijada
El Tribunal Supremo establece dos criterios interpretativos:
- Sobre la determinación de la base imponible: la ordenanza fiscal reguladora de una tasa por aprovechamiento especial o utilización privativa del dominio público local derivada de instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos debe determinar la base imponible del aprovechamiento especial tomando como referencia la utilidad que reporta dicho aprovechamiento, y no limitarse a aplicar un porcentaje sobre el valor del suelo o de las construcciones.
No resulta compatible con la regulación legal utilizar para gravar el aprovechamiento especial la misma base imponible prevista para la utilización privativa y aplicar después tipos de gravamen diferentes en función de la intensidad del uso. - Sobre la motivación y publicidad del informe técnico-económico: los elementos esenciales de la tasa, incluido el tipo de gravamen y los criterios relevantes para determinar la cuota tributaria, deben aparecer claramente determinados en la ordenanza fiscal o en sus anexos publicados. Asimismo, los criterios de graduación recogidos en el informe técnico-económico deben estar debidamente motivados y publicados en los mismos términos que la ordenanza.
A partir de esta doctrina, el Tribunal Supremo estima el recurso de casación de Red Eléctrica de España, S.A.U., casa y anula la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la ordenanza fiscal.




