La deducción por amortización del fondo de comercio financiero en el Impuesto sobre Sociedades y la obligación de recuperar las ayudas de Estado

La deducción por amortización del fondo de comercio financiero en el Impuesto sobre Sociedades y la obligación de recuperar las ayudas de Estado. Imagen de unos trabajadores sujetando y señalando una pantalla con un mapamundi

La sentencia examina las condiciones en las que los contribuyentes pueden conservar las deducciones fiscales por amortización del fondo de comercio financiero aplicadas en el Impuesto sobre Sociedades, pese a que el régimen del art. 12.5 del TRLIS fue declarado incompatible con el mercado interior por constituir una ayuda de Estado. El Tribunal Supremo precisa que, cuando se invoca la protección de la confianza legítima por la existencia de obstáculos jurídicos explícitos a las combinaciones transfronterizas, las autoridades nacionales deben comprobar las circunstancias concretas de las adquisiciones, sin que puedan limitarse a considerar que la Comisión Europea ya descartó esos obstáculos con carácter general. Sin embargo, la excepción a la obligación de recuperar las deducciones requiere una acreditación suficiente de tales impedimentos.

El Tribunal Supremo en su sentencia n.º 1071/2026, de 28 de septiembre de 2026, con n.º recurso 6401/2024 delimita la aplicación de la deducción por amortización del fondo de comercio financiero en el Impuesto sobre Sociedades y establece que la excepción a la recuperación de esta ayuda de Estado exige comprobar los obstáculos jurídicos a las adquisiciones transfronterizas

Deducción fiscal por adquisición de participaciones en entidades extranjeras

La controversia examinada por el Tribunal Supremo tiene su origen en el tratamiento fiscal del fondo de comercio financiero regulado en el art. 12.5 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS), aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo. Este precepto permitía a las entidades residentes en España deducir fiscalmente, mediante su amortización, el fondo de comercio financiero generado por la adquisición de participaciones en sociedades no residentes, siempre que se cumplieran los requisitos establecidos en la normativa.

La Comisión Europea consideró que este régimen constituía una ayuda de Estado incompatible con el mercado interior, al otorgar una ventaja fiscal selectiva a las empresas españolas que adquirían participaciones en sociedades extranjeras. Mediante su Decisión de 12 de enero de 2011 (Segunda Decisión), extendió la calificación de ayuda de Estado a las adquisiciones realizadas fuera de la Unión Europea y ordenó recuperar las deducciones fiscales disfrutadas por los beneficiarios, con determinadas excepciones vinculadas a la protección del principio de confianza legítima.

En particular, la Comisión reconoció que podían quedar excluidas de la obligación de recuperación las deducciones correspondientes a adquisiciones de participaciones mayoritarias en empresas establecidas en terceros países cuando se demostrase la existencia de obstáculos jurídicos explícitos a las combinaciones transfronterizas de empresas. Esta excepción permitía mantener el beneficio fiscal durante el período íntegro de amortización previsto por el régimen, siempre que se cumplieran las condiciones establecidas en la Decisión.

La Segunda Decisión fue objeto de diversas impugnaciones ante los tribunales de la Unión Europea, pero finalmente quedó confirmada por el Tribunal General y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, consolidándose tanto la calificación del régimen como ayuda de Estado incompatible como la obligación de recuperar las deducciones, salvo en los supuestos amparados por la confianza legítima.

Alcance de la excepción por confianza legítima y la recuperación de las deducciones fiscales

El recurso de casación plantea si, en el procedimiento de recuperación de una ayuda de Estado declarada incompatible con el mercado interior, las autoridades nacionales deben examinar las circunstancias concretas alegadas por el beneficiario para justificar la aplicación de la excepción por confianza legítima o si, por el contrario, pueden prescindir de ese análisis cuando la Comisión Europea ya se ha pronunciado sobre la inexistencia de obstáculos jurídicos en los países en los que se realizaron las adquisiciones.

Banco Santander sostenía que debía distinguirse entre la valoración general efectuada por la Comisión al analizar el carácter selectivo y la incompatibilidad del régimen fiscal y el examen individualizado que correspondía realizar a las autoridades nacionales durante la fase de recuperación de las ayudas. A su juicio, la Comisión había analizado la normativa de los distintos terceros países desde una perspectiva general, pero no había podido valorar las circunstancias específicas de cada adquisición ni las particularidades de determinados sectores económicos, como el financiero.

El criterio del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo considera necesario diferenciar el análisis de la Comisión sobre la naturaleza y selectividad de la medida fiscal del examen de las circunstancias que pueden justificar que una ayuda de Estado no deba recuperarse por aplicación del principio de confianza legítima.

La calificación del régimen del art. 12.5 del TRLIS como ayuda de Estado incompatible con el mercado interior no impide que, durante la fase de recuperación, puedan examinarse las circunstancias particulares de determinadas adquisiciones para comprobar si concurren los requisitos que permiten aplicar la excepción reconocida por la Comisión.

En consecuencia, el Tribunal entiende que no resulta acertada una interpretación según la cual la existencia o inexistencia de obstáculos jurídicos explícitos en las operaciones con Brasil, Estados Unidos y México habría quedado definitivamente zanjada por la Comisión, impidiendo cualquier comprobación posterior por parte de las autoridades nacionales. La propia Decisión contemplaba la posibilidad de que se aportasen pruebas específicas que permitieran acreditar la existencia de esos obstáculos en operaciones concretas.

Por tanto, corresponde a las autoridades nacionales, incluidos los órganos jurisdiccionales, verificar si concurren efectivamente los impedimentos jurídicos alegados por el beneficiario de la ayuda, teniendo en cuenta las indicaciones contenidas en la Decisión de la Comisión y actuando conforme a los principios de cooperación y buena fe. Esta comprobación resulta relevante para determinar si las deducciones fiscales aplicadas pueden mantenerse o si, por el contrario, deben ser objeto de recuperación.

Aplicación al caso

Una vez reconocida la obligación de examinar las circunstancias particulares de las adquisiciones, el Tribunal Supremo analiza la documentación aportada por Banco Santander para justificar que las operaciones realizadas en Brasil, Estados Unidos y México estaban afectadas por obstáculos jurídicos explícitos.

La entidad fundamentaba su pretensión principalmente en la carta del Ministerio de Hacienda de 4 de noviembre de 2013, en el acuerdo de liquidación del Impuesto sobre Sociedades de 2007 y en diversos documentos incorporados al expediente administrativo que habían sido aportados durante las actuaciones inspectoras relativas a ejercicios anteriores.

Sin embargo, el Tribunal considera que estos elementos no acreditan suficientemente la existencia de los obstáculos jurídicos invocados. En primer lugar, la carta del Ministerio de Hacienda reflejaba la posición de las autoridades españolas en un momento anterior a la confirmación definitiva de la Segunda Decisión por los tribunales de la Unión Europea, por lo que no podía prevalecer sobre el contenido de una Decisión posteriormente confirmada en todos sus términos.

En segundo lugar, el acuerdo de liquidación correspondiente al ejercicio 2007 no podía determinar el tratamiento fiscal de las deducciones de los ejercicios 2008 y 2009, puesto que se había dictado en un contexto jurídico diferente, marcado por la anulación provisional de la Segunda Decisión por el Tribunal General de la Unión Europea. Las circunstancias que determinaron aquel pronunciamiento administrativo no eran, por tanto, equivalentes a las existentes cuando se practicaron las liquidaciones ahora controvertidas.

Finalmente, los restantes documentos aportados por Banco Santander ya habían sido examinados por la Comisión Europea durante el procedimiento correspondiente, por lo que no podían considerarse pruebas nuevas que permitieran revisar las conclusiones alcanzadas sobre la inexistencia de obstáculos jurídicos explícitos en los países afectados.

El Tribunal Supremo concluye que la entidad no ha acreditado la concurrencia de impedimentos jurídicos efectivos que justifiquen la aplicación de la excepción por confianza legítima. En consecuencia, no procede reconocer el derecho a mantener las deducciones fiscales correspondientes a las adquisiciones controvertidas ni excluirlas de la obligación de recuperación de las ayudas de Estado.

Doctrina fijada por el Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación y confirma la sentencia de la Audiencia Nacional, así como las resoluciones administrativas que exigieron la recuperación de las deducciones por amortización del fondo de comercio financiero aplicadas en el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2008 y 2009.

No obstante, fija como doctrina que, cuando el beneficiario de una ayuda de Estado invoca la protección de la confianza legítima reconocida en una Decisión de la Comisión Europea alegando la existencia de obstáculos jurídicos explícitos a las combinaciones transfronterizas de empresas, corresponde a las autoridades nacionales, incluidos los órganos jurisdiccionales, verificar en el caso concreto la concurrencia de tales obstáculos, teniendo en cuenta las indicaciones efectuadas por la Comisión en dicha Decisión y, en particular, los principios de cooperación y buena fe. De este modo, la sentencia reconoce la necesidad de valorar individualmente las circunstancias que pueden justificar que determinadas deducciones fiscales queden excluidas de la recuperación de una ayuda de Estado, pero confirma que la mera invocación de obstáculos jurídicos o la aportación de documentación previamente examinada no resulta suficiente para conservar el beneficio fiscal.