El papel del impuesto sobre sociedades en la Unión Europea: instrumento fiscal o juguete electoral

El papel del impuesto sobre sociedades en la Unión Europea: instrumento fiscal o juguete electoral

El recién elegido presidente de Francia, Emmanuel Macron, llama a una "refundación histórica" de Europa y está dispuesto a reformar los tratados europeos para acometer las reformas que necesita la Unión Europea (UE). Una de sus medidas fiscales es bajar el impuesto sobre sociedades del 33,3% actual al 25%.

Si bien la reducción del impuesto sobre sociedades es buena para las empresas, y por ende puede actuar de dinamizador de la economía, la competencia entre los Estados por ofrecer un tipo impositivo más reducido que el que se aplica en el Estado vecino parece algo contrario al espíritu de unidad de los Estados miembros de la UE.

Según la Comisión Europea, "los Estados de la UE deben velar por que sus regímenes del impuesto sobre sociedades sean abiertos y justos, y no estén concebidos para atraer deslealmente a las empresas de otros países miembros ni erosionar sus bases imponibles".

La competencia por evitar que las empresas trasladen sus sedes a otro país miembro de la UE supone que algunos países de la UE hayan reducido el impuesto sobre sociedades más de 30 puntos, como Alemania e Irlanda. En el caso de Irlanda, se pasó de un impuesto sobre sociedades del 50% en 1985, a uno del 12,5% actual, siendo en la actualidad uno de los países con una tributación más favorable para las empresas, con lo que ha conseguido que muchas empresas trasladen sus sedes a este país; incluso empresas como Google centralizan sus operaciones en Europa desde Irlanda.

En el caso de España, la variación en el tipo impositivo ha sido una de las menores de Europa, pasándose del 35% que se pagaba en el año 85, al tipo general del 25% actual.

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¿Cuál es el papel de la Unión Europea en relación con la fiscalidad de los Estados miembros?

El Tratado de la UE prevé la armonización de los impuestos indirectos, en la medida en que sea necesaria para garantizar el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior, por lo que los avances en la armonización de la imposición indirecta han sido más significativos que los relativos a la imposición directa, entre la que se encuentra el impuesto sobre sociedades, principalmente por la reticencia de los Estados miembros a perder soberanía fiscal.

La UE no tiene un papel directo en el establecimiento y cobro de impuestos, siendo cada Estado el que decide la cantidad de impuestos que pagan sus contribuyentes, de manera que la UE se centra en supervisar que las normas fiscales nacionales sean compatibles con las políticas europeas que:

  • Fomentan el crecimiento económico y la creación de empleo.
  • Garantizan la libre circulación de mercancías, servicios y capitales en el mercado único de la UE.
  • Velan por que no se favorezca injustamente a las empresas de un país sobre sus competidores en otros países.
  • Garantizan que los impuestos no discriminen a los consumidores, trabajadores o empresas de otros países de la UE.

Las decisiones fiscales de la UE requieren la unanimidad de todos los Estados miembros, para así garantizar que se tengan en cuenta los intereses de cada país.

El principal cometido de la UE en relación con los impuestos sobre sociedades y sobre la renta es garantizar la no discriminación y libre circulación en el mercado único. Para lograr ese objetivo, cada vez se hace más necesario un enfoque europeo coordinado entre todos los países miembros que también permita hacer frente a retos comunes, como la evasión fiscal.

Aunque la UE tampoco interviene a la hora de decidir cómo se gastan los ingresos fiscales en cada Estado miembro, sí vela por el control del gasto público y el endeudamiento de los países miembros, ya que un gasto público elevado o un excesivo endeudamiento pueden poner en peligro el crecimiento económico de sus vecinos y socavar la estabilidad de la zona del euro.

Entre la mayoría de los países de la UE hay convenios para eliminar la doble imposición. Sin embargo, no siempre contemplan todos los impuestos y situaciones transfronterizas, ni se aplican de manera eficaz en la práctica, por lo que la Comisión Europea puede emprender acciones legales, si es preciso, en caso de discriminación o de vulneración de la normativa europea.

La UE también presta especial atención a la equidad en la fiscalidad de las empresas, ya que las lagunas jurídicas entre los sistemas fiscales de los distintos países hacen posible que algunas empresas reduzcan al mínimo sus impuestos mediante una "planificación fiscal abusiva". Para evitar esas prácticas, las Administraciones tributarias mantienen una estrecha coordinación, que incluye el intercambio de datos.

"Vivimos en un mundo cambiante. Todo cambia y todo se puede reformar, incluido el Tratado de Lisboa. Solo tenemos que saber por qué y para qué". Angela Merkel.

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José Ramón Fernández de la Cigoña Fraga
Director Administrativo y Financiero