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Destacan, a nivel legal, las leyes que van a modificar la Ley que regula el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo; la LIVA; la LGT; el TRLINR y la Ley del impuesto especial sobre los gases fluorados de efecto invernadero y, a nivel reglamentario, los reales decretos de modificación del Reglamento General de Recaudación; el que va a establecer los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables, de facturación o de gestión de empresarios y profesionales, así como las facturas, y la estandarización de formatos de los registros de facturación; el que va a regular supuestos de notificaciones y comunicaciones administrativas por medios electrónicos en el ámbito de la AEAT y el que va a modificar diversos reglamentos (de revisión en vía administrativa, de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, RGR, RISD, RIVA y RIRPF) a resultas de diversos cambios efectuados a nivel legal por la Ley 11/2021, de 9 de julio.

La Agencia Tributaria ya anuncia el comienzo de la campaña de las declaraciones informativas en su página web. Algunas son específicas de determinadas actividades muy concretas, pero otras afectan a casi todas las empresas, como por ejemplo el modelo 190.

Según la Agencia Tributaria, las declaraciones informativas son una de las modalidades de obtención de información que consisten en el suministro masivo de información con trascendencia tributaria a la Administración con carácter periódico y utilizando cauces normalizados.

Conviene prestar especial atención a este tipo de declaraciones, ya que las incongruencias o errores en la información que se suministra pueden acabar derivando en sanciones por parte de la Agencia Tributaria.

La Agencia Tributaria ha publicado en su Sede Electrónica el listado de deudores a la Hacienda Pública, de acuerdo con lo establecido en el art. 95 bis de la Ley General Tributaria.

Como ya adelantamos, para recordar el cumplimiento de las principales obligaciones tributarias estatales, periódicas y no periódicas, a lo largo de 2022, la Agencia tributaria ha puesto, como en años anteriores, a disposición del contribuyente, el calendario del contribuyente 2022.

Les recordamos ahora las principales obligaciones tributarias del mes de enero.

La Comisión ha propuesto hoy introducir la próxima generación de recursos propios para el presupuesto de la UE con la propuesta de tres nuevas fuentes de ingresos: la primera se basa en los ingresos procedentes del comercio de derechos de emisión (RCDE), la segunda se sirve de los recursos generados por la propuesta de mecanismo de la UE de ajuste en frontera por carbono y la tercera se basa en la parte de beneficios residuales de las multinacionales que se reasignará a los Estados miembros de la UE en virtud del reciente acuerdo OCDE/G-20 sobre la reasignación de los derechos de imposición («primer pilar»). Se prevé que estas nuevas fuentes de ingresos generen, cuando hayan alcanzado su velocidad de crucero entre los años 2026 y 2030, una media de hasta 17.000 millones de euros anuales para el presupuesto de la UE.

Los nuevos recursos propios propuestos hoy contribuirán a reembolsar los fondos recaudados por la UE para financiar el componente de subvención de NextGenerationEU y también financiarán el Fondo Social para el Clima. Este último es un elemento esencial del nuevo régimen de comercio de derechos de emisión propuesto para los edificios y el transporte por carretera, y contribuirá a garantizar que no se quede nadie atrás en la transición hacia una economía descarbonizada.

La Comisión Europea ha presentado hoy una iniciativa clave para luchar contra el uso indebido de entidades fantasma a efectos fiscales indebidos. La propuesta presentada hoy debe garantizar que las entidades de la Unión Europea sin actividad económica o con una actividad económica mínima no puedan beneficiarse de ninguna ventaja fiscal y no supongan ninguna carga financiera para los contribuyentes. Esto también protegerá la igualdad de condiciones para la gran mayoría de las empresas europeas, que son fundamentales para la recuperación de la UE, y garantizará que los contribuyentes ordinarios no sufran una carga financiera adicional debido a quienes intentan evitar pagar su parte equitativa.

La Comisión Europea ha propuesto hoy una Directiva que garantiza un tipo impositivo efectivo mínimo para las actividades mundiales de los grandes grupos multinacionales. La propuesta responde al compromiso de la UE de avanzar con extrema rapidez y figurar entre las primeras en aplicar el reciente e histórico acuerdo mundial de reforma fiscal [1], cuyo objetivo es aportar equidad, transparencia y estabilidad al marco internacional del impuesto sobre sociedades.

La propuesta de hoy sigue de cerca el acuerdo internacional y establece cómo se aplicarán en la práctica en la UE los principios del tipo impositivo efectivo del 15 %, acordado por 137 países. Incluye un conjunto común de normas sobre cómo calcular este tipo impositivo efectivo, de modo que se aplique correcta y coherentemente en toda la UE.

El vicepresidente ejecutivo para Una Economía al Servicio de las Personas, Valdis Dombrovskis, ha comentado: «Al alinearse rápidamente con el ambicioso acuerdo de la OCDE, Europa está cumpliendo plenamente su papel en la creación de un sistema mundial más justo para la fiscalidad de las empresas. Esto es especialmente importante en un momento en el que tenemos que aumentar la financiación pública en aras de un crecimiento sostenible y justo y satisfacer también las necesidades de financiación pública, tanto para hacer frente a las consecuencias de la pandemia como para impulsar las transiciones ecológica y digital. Incorporar el acuerdo de la OCDE sobre una imposición mínima efectiva en el Derecho de la UE será vital para luchar contra la elusión y la evasión fiscales, evitando al mismo tiempo una "carrera a la baja" con una competencia fiscal poco saludable entre países. Se trata de un importante paso adelante para nuestra agenda fiscal justa».

Tal como prometió la Ley Ley 5/2020, de 15 de octubre, del impuesto sobre las Transacciones Financieras en su artículo 2.3, cuando se publicó el día 16 de octubre de 2020, la Agencia Tributaria ha procedido a hacer pública la relación de las sociedades españolas cuya capitalización bursátil supera los 1.000 millones de euros a fecha 1 de diciembre de 2021.

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El Ministerio de Hacienda ha publicado una nota de prensa en la que da a conocer que da a conocer que España depositó el pasado mes de septiembre ante el Secretario General de la OCDE el Instrumento de Ratificación del Convenio Multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los convenios fiscales destinadas a prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios (BEPS).

El Convenio Multilateral entrará en vigor para España el 1 de enero de 2022 y sus disposiciones producirán efectos una vez que España haya comunicado la conclusión de sus trámites internos a aquellos países con respecto de los cuales esté en vigor el Convenio Multilateral.

La Comisión ha decidido incoar un procedimiento de infracción contra España, pidiéndole que adapte a la libre circulación de capitales sus normas en materia de imposición de las ganancias patrimoniales obtenidas en el país por contribuyentes no residentes (artíuclo 63 del TFUE).