Caducidad del procedimiento de comprobación limitada por el cómputo indebido de las dilaciones no imputables a la Administración tributaria

El TEAC declara la caducidad de un procedimiento de comprobación limitada del IVA al considerar que no pueden computarse como dilaciones no imputables a la Administración ni el tiempo transcurrido entre la puesta a disposición de una notificación electrónica y su acceso por el contribuyente dentro del plazo legal de diez días, ni la ampliación automática del plazo de alegaciones solicitada por el obligado tributario y no denegada expresamente por la Administración, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo.
El Tribunal Económico-Administrativo Central analiza en su resolución RG 9991/2023, de 18 de junio de 2026, la conformidad a Derecho de una liquidación provisional del Impuesto sobre el Valor Añadido, dictada en el marco de un procedimiento de comprobación limitada. La cuestión principal consiste en determinar si el procedimiento había caducado por haber transcurrido el plazo máximo de seis meses previsto en los arts. 104 y 139 de la Ley General Tributaria (LGT), teniendo en cuenta las dos dilaciones que la Administración tributaria había computado como no imputables a ella.
El retraso en el acceso a las notificaciones electrónicas no constituye una dilación imputable al contribuyente
En primer lugar, el TEAC examina la dilación de diez días que la Administración había computado por el tiempo transcurrido entre la puesta a disposición electrónica de la propuesta de liquidación, el 4 de noviembre de 2022, y su aceptación por el obligado tributario, el 14 de noviembre de 2022. La Administración consideraba aplicable el art. 104.e) del Real Decreto 1065/2007 (RGAT), que contempla como dilación el retraso en la notificación de las propuestas de resolución o liquidación, desde el día siguiente al intento de notificación hasta que esta se produce.
Sin embargo, el Tribunal rechaza este criterio y distingue entre la puesta a disposición de una notificación electrónica y el intento de notificación. Conforme al art. 104.2 de la LGT, cuando el obligado tributario está obligado a recibir notificaciones electrónicas o se ha acogido voluntariamente a este sistema, la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica o en la dirección electrónica habilitada permite entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración del procedimiento. No obstante, esta previsión opera exclusivamente a esos efectos y no permite equiparar automáticamente la puesta a disposición con un intento de notificación a los efectos de computar una dilación no imputable a la Administración.
El TEAC recuerda que, de acuerdo con el art.43 de la Ley 39/2015, los interesados disponen de diez días naturales para acceder al contenido de una notificación electrónica antes de que esta se entienda rechazada. Este plazo constituye una garantía reconocida a los contribuyentes, cuyo ejercicio no puede generarles consecuencias perjudiciales ni permitir que la Administración disponga de un plazo adicional para resolver. Por tanto, el tiempo transcurrido entre la puesta a disposición de la propuesta de liquidación y su acceso efectivo, siempre que se produzca dentro del plazo legal de diez días, debe integrarse en el desarrollo ordinario del procedimiento y no puede calificarse como dilación imputable al obligado tributario.
En apoyo de esta interpretación, el Tribunal se remite a la doctrina del Tribunal Supremo recogida en su sentencia de 19 de abril de 2023 (recurso de casación 5540/2021), conforme a la cual el procedimiento debe estar diseñado para concluir dentro del plazo legal incluso cuando el contribuyente utiliza íntegramente los plazos que la normativa le reconoce.
La ampliación automática del plazo de alegaciones tampoco constituye una dilación no imputable a la Administración
En segundo lugar, el TEAC analiza los siete días naturales que la Administración había computado como consecuencia de la solicitud de ampliación del plazo para formular alegaciones. La entidad había recibido la propuesta de liquidación el 14 de noviembre de 2022 y disponía inicialmente de diez días hábiles para presentar alegaciones, cuyo vencimiento se producía el 28 de noviembre. El 21 de noviembre solicitó una ampliación de cinco días hábiles, presentando finalmente sus alegaciones el 5 de diciembre de 2022.
La Administración consideró que los siete días naturales transcurridos entre el 29 de noviembre y el 5 de diciembre constituían una dilación no imputable a ella, al haberse ampliado automáticamente el plazo para formular alegaciones conforme al art. 91 del RGAT.
El Tribunal rechaza también este cómputo. Para ello, se apoya en la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de abril de 2023, que interpreta el régimen de ampliación de plazos previsto en el art. 91 del RGAT y establece que la ampliación automática, cuando la Administración no deniega expresamente la solicitud, no constituye una dilación no imputable a la Administración ni puede alterar el plazo máximo de resolución del procedimiento.
En particular, el Tribunal Supremo considera que la Administración no puede invocar la concesión automática de la ampliación para imputar al contribuyente una dilación que le permita prolongar el procedimiento más allá del plazo legal de resolución. Cuando esa ampliación puede determinar que se supere dicho plazo máximo, no cabe utilizar el silencio administrativo favorable a la ampliación en perjuicio del obligado tributario.
Declaración de caducidad y anulación de la liquidación
A la vista de lo anterior, el TEAC concluye que ninguna de las dos dilaciones computadas por la Administración resulta procedente. En consecuencia, al no poder excluirse esos periodos del cómputo del plazo máximo de duración del procedimiento, cuando se puso a disposición del obligado tributario la liquidación provisional, el 9 de diciembre de 2022, ya habían transcurrido los seis meses legalmente establecidos desde el inicio del procedimiento de comprobación limitada, que tuvo lugar el 6 de junio de 2022.
Por tanto, el Tribunal aprecia la caducidad del procedimiento de comprobación limitada y acuerda anular la liquidación provisional del IVA correspondiente al ejercicio 2021, estimando el recurso interpuesto, sin necesidad de entrar a examinar las restantes cuestiones planteadas por la reclamante.




