El TEAC fija en unificación de criterio que las indemnizaciones por bajas incentivadas voluntarias no están exentas de IRPF si no existe un procedimiento de despido colectivo

No resulta de aplicación la exención prevista en el art. 7 apartado e) de la LIRPF a las indemnizaciones percibidas por un trabajador con ocasión de su cese en la entidad empleadora cuando dicho cese se haya producido por adhesión voluntaria a un programa de bajas, jubilaciones o prejubilaciones incentivadas, no existiendo ningún proceso de despido colectivo en ese momento.

El Tribunal Económico-Administrativo Central analiza en su resolución RG 53098/2026, de 27 de octubre de 2026, dictada en unificación de criterio, si resulta aplicable la exención prevista en el artículo 7.e) de la LIRPF, a las cantidades percibidas por un trabajador con ocasión de la extinción de su relación laboral cuando esta se produce por su adhesión voluntaria a un programa de bajas, jubilaciones o prejubilaciones incentivadas.

La cuestión principal consiste en determinar si la adhesión voluntaria a este tipo de programas puede considerarse un supuesto de cese involuntario a efectos fiscales, permitiendo aplicar la exención del art. 7.e) de la LIRPF, incluso cuando la empresa no está tramitando ningún procedimiento de despido colectivo.

La exención del art. 7.e) de la LIRPF exige que la indemnización derive de un despido o cese que genere el derecho a percibir una cuantía obligatoria

En primer lugar, el TEAC recuerda que, conforme al art. 17.1 de la LIRPF, las cantidades percibidas por un trabajador como consecuencia de la extinción de su relación laboral tienen la consideración de rendimientos íntegros del trabajo y, por tanto, están sujetas al IRPF.

No obstante, el art. 7.e) de la LIRPF contempla la exención de las indemnizaciones por despido o cese del trabajador en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato.

Asimismo, el precepto establece una regla específica para los despidos colectivos realizados conforme al art. 51 del Estatuto de los Trabajadores, o los producidos por las causas previstas en el art. 52.c) del mismo texto legal, siempre que respondan a causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o de fuerza mayor. En estos supuestos, queda exenta la parte de la indemnización que no supere los límites establecidos con carácter obligatorio para el despido improcedente, con el límite máximo de 180.000 euros.

El Tribunal precisa que la existencia de un procedimiento de despido colectivo no constituye un requisito imprescindible para aplicar la exención, puesto que esta también puede resultar aplicable a otros supuestos de despido o cese en los que exista una indemnización establecida obligatoriamente por la normativa laboral.

Sin embargo, considera que la cuestión controvertida no consiste en determinar si toda adhesión voluntaria a un programa de bajas incentivadas puede beneficiarse de la exención, sino en establecer si, en ausencia de un procedimiento de despido colectivo, puede atribuirse a dicha extinción un carácter involuntario que permita aplicar el beneficio fiscal.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre las prejubilaciones vinculadas a un ERE no resulta extrapolable a cualquier programa de bajas incentivadas

El TEAC examina los pronunciamientos del Tribunal Supremo invocados por el TEAR de la Comunidad Valenciana para reconocer la aplicación de la exención, en particular, la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 21 de septiembre de 2020 (recurso de casación 4364/2018) y las sentencias de la Sala de lo Social de 23 de febrero de 2021 y de 28 de septiembre de 2022.

En relación con la sentencia de 23 de febrero de 2021, el Tribunal Central considera que no permite concluir que cualquier trabajador que solicite voluntariamente su adhesión a un programa de suspensión o extinción de contratos se encuentre en una situación de cese involuntario.

En aquel supuesto, el Tribunal Supremo reconoció el derecho a percibir la prestación por desempleo a una trabajadora que había solicitado acogerse a un programa de suspensión de contratos, al entender que la causa real de la suspensión no había sido su propia y exclusiva voluntad, sino la existencia de causas económicas y organizativas que justificaban la medida empresarial, en el marco de un expediente de regulación de empleo.

Por tanto, el TEAC considera que este pronunciamiento no puede desvincularse de sus circunstancias concretas, ya que la suspensión del contrato no fue consecuencia exclusiva de la solicitud de la trabajadora, sino de la concurrencia de circunstancias empresariales que justificaban la medida.

Por su parte, la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de septiembre de 2020 analizó la aplicación de la exención del art. 7.e) de la LIRPF a las cantidades percibidas por un trabajador que se había adherido a un plan de prejubilaciones ofrecido por Banca Cívica. Sin embargo, en aquel supuesto, la adhesión se había producido en el marco de un expediente de regulación de empleo previamente iniciado por la empresa.

El Alto Tribunal concluyó que la extinción de la relación laboral no podía calificarse como voluntaria por el mero hecho de que el trabajador hubiera solicitado su adhesión al programa, puesto que la causa última del cese era la existencia de un despido colectivo basado en causas económicas, organizativas y productivas. En consecuencia, el trabajador había tenido que elegir entre las distintas medidas previstas en el expediente de regulación de empleo.

El TEAC destaca que esta jurisprudencia no permite reconocer automáticamente el carácter involuntario de cualquier baja incentivada. La circunstancia determinante en los pronunciamientos del Tribunal Supremo era precisamente la existencia de un procedimiento de despido colectivo en cuyo contexto se ofrecían las medidas de prejubilación o bajas incentivadas.

La existencia de un procedimiento de despido colectivo es determinante para apreciar el carácter involuntario del cese

A partir de los anteriores pronunciamientos, el TEAC establece que debe distinguirse entre dos situaciones:

• Adhesión voluntaria a un programa de bajas, jubilaciones o prejubilaciones incentivadas en el marco de un procedimiento de despido colectivo: en este supuesto, aunque el trabajador solicite voluntariamente su adhesión, la causa última de la extinción puede encontrarse en el propio despido colectivo y en la existencia de excedentes de plantilla. Por ello, el cese puede calificarse como involuntario a efectos de la aplicación de la exención del art. 7.e) de la LIRPF.
• Adhesión voluntaria a un programa de bajas, jubilaciones o prejubilaciones incentivadas sin que exista un procedimiento de despido colectivo: en este caso, la extinción responde a la voluntad del trabajador y al acuerdo alcanzado con la empresa, sin que pueda atribuirse el carácter involuntario reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo en los supuestos vinculados a un ERE.

El Tribunal recuerda que la existencia de un procedimiento de despido colectivo no constituye una circunstancia de apreciación subjetiva, sino que debe responder al cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el art. 51 del Estatuto de los Trabajadores, entre ellos, la constitución de una comisión representativa y la apertura de un período de consultas con la representación de los trabajadores y la autoridad laboral.

En apoyo de este criterio, el TEAC también se refiere a las consultas vinculantes de la DGT V0122-21 y V1337-22, en las que se negó la aplicación de la exención cuando el contribuyente se había adherido a un programa de prejubilaciones sin que constase la tramitación de un despido colectivo. Por el contrario, en las consultas V2209-20 y V2054-20, en las que las bajas incentivadas se enmarcaban en un procedimiento de despido colectivo, se reconoció la posibilidad de aplicar la exención.

No resulta aplicable la exención cuando no existe un procedimiento de despido colectivo

Aplicando el criterio anterior al supuesto examinado, el TEAC concluye que el trabajador se había adherido voluntariamente al programa de bajas, jubilaciones o prejubilaciones incentivadas de la entidad bancaria para la que prestaba sus servicios, sin que la empresa estuviera tramitando ningún procedimiento de despido colectivo.

En consecuencia, considera que la extinción de la relación laboral se produjo por mutuo acuerdo entre empresa y trabajador, sin que existiera una causa de despido colectivo que permitiera atribuir al cese el carácter involuntario reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Por tanto, las cantidades percibidas no pueden beneficiarse de la exención prevista en el art. 7.e) de la LIRPF, al no concurrir los presupuestos que permitirían considerar la indemnización como consecuencia de un despido o cese involuntario en los términos exigidos por la normativa tributaria.

Finalmente, el TEAC estima el recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio interpuesto por la Directora del Departamento de Gestión de la AEAT y fija el siguiente criterio:

«No resulta de aplicación la exención prevista en el art. 7 apartado e) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a las indemnizaciones percibidas por un trabajador con ocasión de su cese en la entidad empleadora cuando dicho cese se haya producido por adhesión voluntaria a un programa de bajas, jubilaciones o prejubilaciones incentivadas, no existiendo ningún proceso de despido colectivo en ese momento».