La utilización de vehículos para fines distintos del alquiler, como las actividades promocionales y las cesiones gratuitas, determina la pérdida de la exención del IEDMT

El TEAC confirma la pérdida de la exención del IEDMT para vehículos matriculados con destino exclusivo a la actividad de alquiler cuando se acredita que han sido utilizados también para actividades promocionales, eventos, tours organizados por la empresa o cesiones gratuitas a personas vinculadas. El Tribunal considera que estos usos son incompatibles con el requisito de afectación efectiva y exclusiva al arrendamiento, y confirma tanto la liquidación tributaria como la sanción impuesta, al apreciar una conducta, al menos, negligente del obligado tributario.
El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su resolución RG 2788/2025, de 22 de septiembre de 2026, analiza la procedencia de la exención prevista en el art. 66.1.c) de la LIE, aplicada a vehículos matriculados para su afectación exclusiva a la actividad de alquiler. La cuestión principal consiste en determinar si los vehículos mantienen el derecho a la exención cuando, además de destinarse al arrendamiento, se utilizan para actividades promocionales, eventos, tours con recorridos planificados por la empresa y cesiones gratuitas a personas vinculadas o potenciales clientes.
Afectación efectiva y exclusiva a la actividad de alquiler
El art. 66.1.c) de la LIE establece la exención del IEDMT para los vehículos automóviles que se afecten efectiva y exclusivamente al ejercicio de actividades de alquiler. Asimismo, el precepto dispone expresamente que no se entenderá que existe actividad de alquiler cuando los vehículos sean objeto de cesión a personas vinculadas en los términos previstos en el art. 79 de la LIVA, o por tiempo superior a tres meses a una misma persona o entidad durante un periodo de doce meses consecutivos.
El TEAC recuerda que el disfrute de este beneficio fiscal está condicionado al cumplimiento de un requisito esencial: la afectación efectiva y exclusiva de los vehículos a la actividad de arrendamiento. Por tanto, no basta con que la entidad desarrolle una actividad empresarial de alquiler de vehículos ni con que los automóviles se utilicen habitualmente para dicha finalidad, sino que debe acreditarse que su destino responde exclusivamente a la actividad que justifica la exención.
En este sentido, el Tribunal reitera el criterio establecido en su resolución RG 4703/2010, de 31 de enero de 2012, conforme al cual no existe afectación exclusiva cuando los vehículos se utilizan para actividades promocionales, como reportajes, ruedas de prensa, sesiones fotográficas, demostraciones de conducción o exposiciones de automóviles, ni cuando se cede su uso a personas vinculadas.
Asimismo, se apoya en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en particular en su sentencia n.º 1525/2020, de 16 de noviembre de 2020, que establece que la exención debe interpretarse de forma estricta y no extensiva. Así, el arrendamiento de cosa exige la puesta a disposición de un tercero para su total y exclusivo disfrute a cambio de un precio convenido, sin que pueda equipararse a la prestación de servicios en los que el vehículo constituye únicamente el medio o soporte para desarrollar otras actividades.
Por tanto, la exención no resulta aplicable cuando el objeto real de la operación no es exclusivamente el alquiler del vehículo, sino la prestación de un conjunto de servicios o actividades organizadas por la propia entidad.
Las actividades promocionales, los tours organizados y las cesiones gratuitas son incompatibles con la exención
En el supuesto examinado, la entidad defendía que las actividades realizadas con los vehículos, como los tours, eventos y acompañamientos por instructores, tenían carácter meramente promocional y no alteraban la naturaleza jurídica de los contratos de arrendamiento suscritos con sus clientes. Asimismo, sostenía que los desplazamientos realizados por el personal operativo respondían a necesidades de lavado, pruebas de taller y movimientos de aparcamiento.
Sin embargo, la Administración había constatado que los vehículos regularizados se destinaron a diferentes actividades que excedían del arrendamiento propiamente dicho, entre otras, eventos, tours con recorridos previamente planificados por la empresa, fotografías con terceros, exposiciones y actividades de marketing dirigidas a dar a conocer los servicios de la entidad.
También se acreditó la cesión gratuita de varios vehículos a uno de los administradores y socio de la entidad, así como a potenciales clientes, sin que se justificase la existencia de una contraprestación por dichas cesiones.
El TEAC considera que estas circunstancias evidencian que los vehículos no fueron destinados única y exclusivamente al alquiler. En particular, los tours organizados por la entidad no pueden calificarse como un simple arrendamiento de vehículos cuando el recorrido se encuentra previamente establecido por la empresa y la operación incluye la prestación de otras actividades o servicios.
El Tribunal recuerda, además, que la cesión gratuita de vehículos no puede considerarse actividad de alquiler a efectos de la exención, aunque la entidad alegue que dichas cesiones persiguen finalidades comerciales o promocionales.
En apoyo de este criterio, se remite a la sentencia de la Audiencia Nacional de 15 de octubre de 2018 (recurso n.º 377/2017), que rechaza que pueda considerarse alquiler la cesión de vehículos a personas o entidades para su uso cuando no existe una contraprestación consistente en un precio cierto.
Por consiguiente, la utilización de los vehículos en actividades promocionales, eventos o cesiones gratuitas supone un destino distinto del arrendamiento y determina la pérdida del requisito de afectación exclusiva exigido por la LIE.
Discrepancias de kilometraje
Otro de los aspectos relevantes analizados por el TEAC son las irregularidades detectadas en los kilómetros registrados por la entidad respecto de los vehículos objeto de regularización.
La reclamante alegaba que las diferencias de kilometraje respondían a errores del personal operativo al realizar los registros, así como a desplazamientos relacionados con el aparcamiento, la limpieza, el repostaje y otras necesidades propias de la explotación de los vehículos.
No obstante, el Tribunal considera que estas explicaciones no resultan suficientes al no haberse aportado justificación documental específica de los desplazamientos realizados, las fechas en que tuvieron lugar y los kilómetros recorridos.
En este punto, el TEAC se remite a la sentencia de la Audiencia Nacional de 22 de abril de 2013 (sentencia n.º 1790/2013), que destaca la especial relevancia de la prueba documental en los Impuestos Especiales, especialmente cuando se pretende disfrutar de una exención condicionada al destino efectivo de los bienes.
La Audiencia Nacional admite que los vehículos puedan trasladarse a talleres mecánicos, someterse a reparaciones o desplazarse entre distintas sedes de la empresa, pero exige que tales movimientos queden debidamente acreditados mediante documentación que permita relacionar los kilómetros recorridos con las fechas y circunstancias de cada desplazamiento.
Por tanto, la falta de justificación de las diferencias de kilometraje impide acreditar que los vehículos se han destinado exclusivamente al alquiler, pudiendo presumirse que han sido utilizados para fines particulares o distintos de aquellos que justifican el beneficio fiscal.
El TEAC concluye que no basta con ofrecer explicaciones genéricas sobre los movimientos de los vehículos, sino que resulta necesaria una acreditación concreta y específica que permita comprobar el destino efectivo de cada uno de ellos.
Sanción por falta de diligencia del obligado tributario
Finalmente, el TEAC analiza la procedencia de la sanción impuesta por la Administración al amparo del art. 191 de la LGT, frente a la alegación de la entidad relativa a la falta de tipicidad y culpabilidad de su conducta.
El Tribunal considera que la conducta no puede calificarse como un mero error excusable ni como consecuencia de una interpretación razonable de la normativa. El requisito de afectación efectiva y exclusiva constituye un elemento esencial del régimen de exención y se refiere a una circunstancia objetiva que la propia entidad conoce y controla directamente: el uso efectivo que da a los vehículos de su titularidad.
Asimismo, señala que la interesada conocía, o debía conocer, que la aplicación de la exención exigía destinar los vehículos exclusivamente a la actividad de alquiler. Sin embargo, pese a haber utilizado los automóviles para actividades incompatibles con dicho requisito, no procedió a regularizar voluntariamente su situación tributaria.
El TEAC aprecia, por tanto, al menos negligencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, al haberse mantenido indebidamente una exención cuyo presupuesto habilitante había dejado de concurrir, sin que la entidad haya acreditado la existencia de una interpretación razonable de la norma o de circunstancias excepcionales que permitan excluir su responsabilidad.
El Tribunal precisa que la culpabilidad no se fundamenta exclusivamente en el resultado de la regularización, sino en la actuación concreta de la entidad: la obtención de un beneficio fiscal condicionado, el conocimiento directo del cambio de destino de los vehículos, el incumplimiento de un requisito objetivo y esencial para conservar la exención y la ausencia de actuaciones dirigidas a regularizar la situación.




