Es deber de la AEAT de remitir un expediente administrativo completo y la falta de solicitud del complemento del expediente por el contribuyente no la exime de su obligación

Es deber de la AEAT de remitir un expediente administrativo completo y la falta de solicitud del complemento del expediente por el contribuyente no la exime de su obligación. Imagen de  una mujer colocando ficheros por colores de separación

El Tribunal Supremo reafirma y completa su doctrina sobre las consecuencias de la remisión de expedientes administrativos incompletos en los procedimientos tributarios, precisando que la solicitud de complemento prevista en la normativa de revisión constituye un derecho del contribuyente y no una obligación cuyo incumplimiento pueda perjudicarle.

La Administración debe incorporar de oficio todos los documentos y elementos probatorios que fundamenten la regularización, sin que pueda trasladar al obligado tributario las consecuencias de su omisión. No obstante, para apreciar la indefensión resulta necesario identificar los documentos ausentes y acreditar su relevancia en la liquidación impugnada.

El Tribunal Supremo analiza en su sentencia nº 1187/2026, de 23 de octubre de 2026, con nº recurso 74/2024 las consecuencias jurídicas derivadas de la remisión de un expediente administrativo incompleto cuando el obligado tributario no ha solicitado su complemento, ni durante el procedimiento de aplicación de los tributos, ni en la vía económico-administrativa o jurisdiccional.

La cuestión se plantea en el contexto de un procedimiento inspector seguido frente a una entidad por el Impuesto sobre Sociedades, el IVA y diversas retenciones. Durante las actuaciones, la Inspección acordó el registro de las instalaciones de la entidad, así como el precinto, depósito e incautación de documentación y equipos informáticos. Posteriormente, la entidad impugnó la liquidación practicada y alegó, entre otras cuestiones, la ausencia de determinados documentos en el expediente administrativo, circunstancia que, a su juicio, le había ocasionado indefensión. Tanto el TEARA como el TEAC rechazaron sus alegaciones y la Audiencia Nacional confirmó este criterio, considerando que la entidad debería haber solicitado el complemento del expediente en los momentos procedimentales oportunos.

El Tribunal Supremo recuerda que, conforme a los arts. 96.1 del Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y 55 del Reglamento general de revisión en vía administrativa, corresponde a la Administración poner de manifiesto al obligado tributario un expediente que incluya las actuaciones realizadas, los elementos de prueba que obren en su poder y los informes emitidos por otros órganos. Asimismo, debe remitirlo completo al órgano económico-administrativo y, posteriormente, al órgano judicial cuando corresponda.

La solicitud de complemento del expediente constituye un derecho del contribuyente, no una obligación

La Sala reafirma la doctrina jurisprudencial según la cual los defectos derivados de la falta de remisión del expediente administrativo o de su carácter incompleto deben perjudicar a la Administración, que es quien tiene la obligación de confeccionarlo y remitirlo íntegramente. En este sentido, precisa que la posibilidad de solicitar su complemento, prevista en el art. 55 del Reglamento de revisión en vía administrativa, constituye un derecho del interesado y no una obligación cuyo incumplimiento pueda trasladarle las consecuencias de las deficiencias documentales. Por tanto, el hecho de que el contribuyente no haya ejercitado ese derecho en el procedimiento inspector, en la vía económico-administrativa o durante el proceso judicial no neutraliza ni reduce la obligación administrativa de aportar un expediente completo. Tampoco puede exigírsele que advierta a la Administración del cumplimiento de sus propias obligaciones ni que subsane, mediante la solicitud de complemento, las deficiencias imputables a esta.

No obstante, el Tribunal Supremo precisa que esta doctrina no permite fundamentar reclamaciones genéricas o imprecisas sobre la falta de documentación. Para determinar las consecuencias de la insuficiencia del expediente resulta necesario atender a las circunstancias del procedimiento, al contenido y motivación de la liquidación y, especialmente, a la relevancia de los documentos que se consideran omitidos. Por ello, el interesado debe individualizar e identificar los documentos que echa en falta y acreditar su relación con la regularización tributaria controvertida.

La ausencia de documentos relevantes para la regularización del IVA determina indefensión

Aplicando estos criterios al caso concreto, el Tribunal Supremo distingue entre los dos grupos de documentos cuya ausencia denunciaba la entidad recurrente. En primer lugar, examina la falta de constancia de la comunicación al órgano judicial que autorizó la entrada y registro de las circunstancias, incidencias y resultados de la actuación, exigida por el art. 172.4 del RGAT. La Sala considera que esta comunicación no permite, por sí misma, conocer los elementos materiales y formales que fundamentaron la liquidación, puesto que el control de la legalidad de la ejecución material de la entrada y registro corresponde al órgano judicial que posteriormente examine el acto tributario y valore la validez de las pruebas obtenidas.

En segundo lugar, analiza la ausencia de la documentación utilizada por la Inspección para denegar la deducibilidad de determinadas cuotas de IVA soportado por obras de mantenimiento del puerto. La Administración había considerado que esos gastos no estaban relacionados con la actividad de la entidad, al haberse realizado en beneficio de terceros, concretamente de la Comunidad de Propietarios de los puestos de atraque. Para fundamentar la regularización, la liquidación se remitía a diversas actas de la Comunidad de Titulares de Puestos de Atraque y a un documento redactado en inglés, en los que se reflejaban los trabajos de mantenimiento y las cantidades asumidas por la concesionaria. Sin embargo, dichos documentos no se habían incorporado al expediente administrativo, pese a constituir la base documental de la regularización.

La Sala considera que la entidad había identificado suficientemente los documentos omitidos y que su relevancia para la liquidación resultaba acreditada. En consecuencia, debían haberse incorporado al expediente desde el inicio, sin que el elevado volumen de la documentación incautada durante el registro pudiera justificar su exclusión. La obligación de incorporar los documentos relevantes corresponde a la Administración y debe cumplirse de oficio, sin necesidad de que el contribuyente solicite expresamente su inclusión. Esta exigencia se vincula también con el principio de buena administración, que impone a los órganos administrativos el cumplimiento de las obligaciones legales tanto en la adopción de sus decisiones como en el desarrollo del procedimiento.

El Tribunal añade que la formulación de alegaciones por la entidad durante las vías administrativa y económico-administrativa no elimina la indefensión ocasionada por la falta de acceso a los documentos en los que la Inspección fundamentó la regularización, puesto que esa omisión le impidió examinarlos y contrastar su contenido.

Doctrina jurisprudencial

Como consecuencia de lo anterior, el Tribunal Supremo completa la doctrina jurisprudencial existente y establece que el hecho de que el contribuyente sometido a un procedimiento tributario no haya solicitado el complemento del expediente no neutraliza el deber de la Administración de poner a su disposición un expediente completo, integrado por todos los elementos materiales y formales que fundamenten la liquidación o sanción. Asimismo, declara que las consecuencias derivadas de la falta de incorporación de esos elementos deben recaer sobre la Administración, al tratarse de un derecho del interesado reconocido directamente por el art. 24 de la Constitución y de una obligación correlativa de aquella.

El Tribunal estima el recurso de casación, casa y anula la sentencia de la Audiencia Nacional y estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo.