Artículos de Tributación

El presente trabajo tiene por objeto analizar, a la luz de la reciente doctrina jurisprudencial emanada de nuestros tribunales de justicia, la trascendencia que adquiere el dictamen del perito de la Administración en los procedimientos de comprobación de valores acometidos por esta última, prestando una especial atención a aquellos supuestos conflictivos susceptibles de llegar a plantearse tales como los caracterizados por la ausencia de motivación en el dictamen o por la concurrencia de determinados defectos en el mismo, entre otros.

Palabras claves: comprobación de valores tributarios; métodos de valoración; dictamen del perito de la Administración; motivación; defectos formales.

El reciente auge de las empresas digitales, como las empresas de redes sociales, las plataformas colaborativas y los proveedores de contenidos en línea, ha contribuido enormemente al crecimiento económico, pero la normativa fiscal actual no se concibió pensando en las empresas que operan a escala mundial, de forma virtual o que tienen escasa o nula presencia física. No grava, por ejemplo, los beneficios obtenidos mediante actividades tales como la venta de contenidos y datos generados por los usuarios. Los Estados miembros están empezando a buscar soluciones unilaterales rápidas para gravar este tipo de actividad económica, lo que genera confusión jurídica e inseguridad fiscal para las empresas. Para enfrentar estas cuestiones se trabaja tanto en el ámbito de la OCDE como de la UE.
En marzo de 2018, la Comisión ha propuesto nuevas medidas para garantizar que todas las empresas tributen de forma equitativa en la UE, conscientes de que un enfoque coordinado es lo único que puede garantizar que la economía digital sea gravada de manera favorable al crecimiento. Se trata de dos propuestas simultáneas: la reforma de las reglas del impuesto sobre sociedades, de forma que los beneficios se registren y graven allí donde las empresas crean realmente el valor e interactúan con los usuarios, y una segunda propuesta que responde a las peticiones de varios Estados miembros: un impuesto provisional que abarque las principales actividades digitales actualmente exentas por completo de impuestos en la UE, previsto para ser efectivo a partir del 1 de enero de 2020. Sin embargo, hoy por hoy no hay aún acuerdo unánime sobre la propuesta.

Palabras claves: economía digital; presencia digital significativa; impuesto sobre servicios digitales; valor de los datos.

En el presente trabajo abordamos cuestiones prácticas que se han planteado en la realidad en torno a los requisitos formales exigibles en el proceso de conversión de cuotas de IVA soportadas en cuotas de IVA deducibles. Tras una introducción sobre la importancia de la deducibilidad de cuotas de IVA –como exigencia del principio de neutralidad y como elemento excluyente de la imposición en cascada– distinguimos entre los requisitos formales de los documentos que son títulos hábiles para la deducción de cuotas de IVA y los requisitos formales referidos al registro de las cuotas soportadas.

Palabras claves: impuesto sobre el valor añadido; IVA deducible; requisitos formales; documentos justificativos; aspectos registrales.

En el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) hay diversas cuestiones que deben ser consideradas a la vista de las situaciones que se plantean en su aplicación, de las últimas novedades legislativas y jurisprudenciales o de las especiales potestades que tienen los ayuntamientos para regular el régimen jurídico de los tributos locales.
A continuación, se analizan diversas cuestiones de actualidad, que aparecen con frecuencia en los medios de comunicación y sobre las cuales los contribuyentes pueden tener algunas dudas. En este contexto, no se pretende ser exhaustivo en la relación de temas que se tratan, pero sí se han elegido cuestiones que exigen una mínima reflexión, que permita conocer la aplicación efectiva del IBI.
Así se examina la calificación de los bienes inmuebles como urbanos, la condición de sujeto pasivo en el IBI y el papel que desempeñan los arrendatarios, el pago del impuesto en los supuestos de transmisión de bienes, la exención de la Iglesia católica y de las entidades sin fines lucrativos, la actualización de los valores catastrales, la notificación de las liquidaciones del IBI, la entrada en vigor de nuevos valores catastrales, los tipos de gravamen diferenciados que se aplican en el impuesto, la aplicación de las bonificaciones potestativas, los recargos sobre las viviendas desocupadas y los recursos administrativos que pueden interponer los sujetos pasivos en el IBI.

Palabras claves: impuesto sobre bienes inmuebles (IBI); aplicación; actualidad; novedades legislativas y jurisprudenciales.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en la Sentencia de 5 de julio de 2018, asunto C-320/17, Marle Participations, fija criterio en relación con el derecho a la deducción de las cuotas soportadas en la adquisición y tenencia de participaciones en las filiales por las entidades holding o de cartera.
Precisa el órgano jurisdiccional las condiciones que se requieren para ejercitar este derecho, reiterando la doctrina que hasta ahora había mantenido, si bien, en la resolución que se comenta, concreta la noción de «intervención directa o indirecta en la gestión» de las filiales o entidades participadas y delimita los supuestos que quedan excluidos de este derecho, acudiendo a la teoría del abuso del derecho o del fraude a la Hacienda pública, de forma que este derecho no puede ampararse en prácticas fraudulentas.
En este comentario de la sentencia del TJUE se analiza este derecho a ejercitar la deducción en el caso concreto, y el alcance y efectos que tiene la anterior cláusula antiabuso.

El objeto de este comentario es analizar la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 30 de mayo de 2018, que fija como criterio doctrinal una interpretación ya acuñada por este mismo tribunal en resoluciones muy anteriores en el tiempo, de acuerdo con la cual para que resulte procedente la declaración de fallido del deudor principal (y consecuentemente, quede habilitada la Administración a fin de derivar la correspondiente responsabilidad subsidiaria) basta con que se constate que, aunque existan bienes o derechos en el patrimonio del deudor principal, estos no sean inmediatamente realizables y por ello suficientes para hacer frente a la deuda tributaria.

El Tribunal Supremo, con su Sentencia de 3 de octubre de 2018, ha venido a reconocer la exención de las prestaciones por maternidad satisfechas por el INSS, y ello con base en una interpretación que realiza del artículo 7, letra h), de la Ley del IRPF y de acuerdo con la cual tales prestaciones deben entenderse incluidas entre «las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad», que el párrafo 3.º de este precepto declara exentas. Con la referida sentencia, el Alto Tribunal hace suyo el criterio al respecto construido por el TSJ de Madrid en sendas resoluciones –entre ellas, la sentencia de la instancia recurrida por la Administración General del Estado–, separándose así de la tesis mayoritaria, contraria a la exención de tales prestaciones por maternidad, mantenida por la AEAT, el TEAC y otros TSJ. Además de la relevancia derivada de la fijación de tal doctrina legal, la citada sentencia cobra mayor importancia en un escenario como el actual en el que se prevé la ampliación gradual de la prestación por paternidad hasta las 16 semanas, prestación que debiera entonces quedar exenta igualmente.

La nueva directiva antielusión fiscal, lejos de aportar elementos novedosos en la configuración de la GAAR comunitaria, se limita a codificar un principio general de prohibición de prácticas abusivas que ya había sido decantado por la jurisprudencia comunitaria. Desde esta perspectiva, el artículo 6 de la directiva debe leerse como un precipitado normativo en el que se vuelcan los diferentes ingredientes que la han moldeado, y que poseen extraordinario valor hermenéutico en la determinación de su alcance y significación. La cláusula general antiabuso constituye hoy una categoría jurídica autónoma del derecho de la Unión, cuya función armonizadora no pretende la desaparición de las técnicas y cláusulas antielusivas nacionales, pero sí la uniformización del concepto y efectos jurídicos en torno a una concepción omnicomprensiva de práctica abusiva, que se mueve básica –aunque no exclusivamente–, en el ámbito de la tax avoidance. Un estadio de armonización normativa, y uniformidad aplicativa, que no se contrae a la esfera comunitaria, sino que se proyecta sobre situaciones jurídicas domésticas y con terceros países, con la correlativa tensión dialéctica de las cláusulas nacionales e internacionales, ahora sometidas al novedoso escrutinio del TJUE.

Palabras claves: elusión fiscal; directiva antielusión fiscal (ATAD); cláusula general antiabuso (GAAR).

Indagación acerca de los criterios seguidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para efectuar distinciones en relación con la tributación de los fondos de pensiones en el IVA, incluyendo desvelar cuáles son las fuentes de inspiración de esta jurisprudencia.

Palabras claves: fondos de pensiones; IVA; jurisprudencia comunitaria.

El Tribunal Constitucional ha anulado parcialmente el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, al considerarlo contrario a la Constitución por gravar, en muchos casos, transacciones en las que no se ponía de manifiesto capacidad económica alguna.
La aplicación práctica de esta doctrina viene suscitando numerosos problemas. El objeto de este trabajo es abordar dos de ellos, directamente relacionados, que se han puesto de manifiesto a raíz de la declaración parcial de inconstitucionalidad: el primero es la prueba posible de la minusvalía, tanto en la vía administrativa como en la judicial, cuestión solo parcialmente aclarada por el Tribunal Supremo. El segundo es la confusión acerca de la posibilidad de revisar las liquidaciones firmes o de instar la responsabilidad patrimonial del Estado legislador en los supuestos de cosa juzgada.

Palabras claves: impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana; capacidad económica; declaración de inconstitucionalidad; efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional.