Doctrina Administrativa

La cuestión aquí planteada consiste en determinar si para declarar la responsabilidad subsidiaria de los administradores de entidades que, de hecho, hayan cesado en el ejercicio de su actividad, regulada en el art. 43.1.b) de la Ley 58/2003 (LGT), resulta exigible o no el requisito de que haya transcurrido el periodo de inactividad establecido en la normativa reguladora de las sociedades mercantiles como causa de disolución.

Pues bien, en orden a declarar la responsabilidad subsidiaria del art. 43.1.b) de la Ley 58/2003 (LGT), la Administración tributaria no tiene que acudir al Tribunal correspondiente de lo Mercantil en demanda de su derecho de cobro ni le corresponde instar la disolución de la deudora, sino que ha de limitarse a constatar y a acreditar que la actividad ha cesado de facto y que se han cumplido el resto de los requisitos exigibles establecidos en ese mismo artículo.

• Base imponible correspondiente a las entregas de bienes que constituyen retribución en especie de operaciones de pasivo
• A efectos de valoración catastral, no cabe aplicar los criterios generales de subparcelación a los recintos constructivos
• En el supuesto de concurrencia de zonas de valor sobre la misma parcela debe optarse por aquella en la que se sitúa el acceso o fachada principal del inmueble
• Suelo urbanizable sectorizado o delimitado según el planeamiento urbanístico: clasificación de bienes inmuebles como urbanos
• Procedimiento inspector: retroacción de actuaciones por ignorar totalmente alegaciones presentadas en tiempo y forma
• Materialización de la RIC en inmuebles y afectación de los mismos a una actividad económica
• Novedades en la tributación de las operaciones relativas a participaciones preferentes derivadas de la Disposición Adicional Cuadragésima Cuarta Ley 35/2006 (Ley IRPF)
• Si la organización del aparcamiento por parte del empresario se efectúa para fines que no son ajenos a la empresa no se restringe el derecho a la deducción en IVA
• Cuentas indistintas: fallecido un titular, el cotitular pierde la facultad de disposición sobre su saldo
• Las rentas derivadas de un pacto de no competencia tributan en el Estado donde se desarrolló el trabajo al que se refieren, no donde reside el trabajador

Siendo la obligatoriedad la clave para acceder a la exención en el IRPF de las indemnizaciones laborales, en general, y en concreto en lo que tiene que ver con las indemnizaciones del personal de alta dirección por desistimiento unilateral del empresario, que es el supuesto concreto que se analiza en la consulta de la Dirección General de Tributos, de 23 de junio de 2015, el máximo interpretador administrativo –y a pesar de lo decidido en la STS, de 22 de abril de 2014, de la Sala de lo Social– niega una vez más su ausencia en este tipo de supuestos, lo que a la postre trae como consecuencia la negación de la exención.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 18 de junio de 2015, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio fija como criterio que, para acreditar la lícita tenencia e importación de determinados productos, cuya tenencia en el establecimiento comercial del propietario ha sido constatada mediante los controles de la Administración y por las fuerzas de seguridad, el modo idóneo es, según el Reglamento (CEE) n.º 2454/93 de la Comisión (Aplicación del Código Aduanero Comunitario), la aportación de la factura completa. En virtud del principio de facilidad probatoria, es el poseedor de las mercancías quien puede aportar los documentos comerciales que acrediten el estatuto aduanero de mercancías comunitarias.

La Dirección General de Tributos, en un Informe de 9 de junio de 2015, ha matizado la tributación en el IVA de diversos supuestos de transmisión de derechos de pago único que pueden darse. Así:

Transmisión de derechos de pago único o, en su caso, el arrendamiento de dichos derechos, mediante contraprestación, por empresarios o profesionales en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional: se trata de una operación sujeta al IVA.

• Nulidad de pleno derecho derivada de la utilización improcedente del procedimiento de verificación de datos
• Trascendencia tributaria de los requerimientos de información de la Administración
• Deducciones declaradas y pendientes de aplicación procedentes de ejercicios prescritos: Ley 230/1963 (LGT) y Ley 58/2003 (LGT)
• La titularidad de un establecimiento permanente impide solicitar la devolución por el procedimiento especial de no establecidos aunque las operaciones económicas no estén vinculadas con aquellas por las que se solicita la devolución 
• Rectificación de las cuotas de IVA repercutidas: el repercutidor debe reintegrar al destinatario de la operación las cantidades repercutidas en exceso, aunque no necesariamente con carácter previo
• En el acuerdo de imposición de una sanción debe estar suficientemente motivada la culpabilidad
• La base imponible de las cesiones de préstamos hipotecarios entre entidades financieras también es la cantidad total garantizada y no la deuda pendiente

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 2 de junio de 2015, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio fija como criterio que a los efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos a que se refiere el art. 104.2 de la Ley 58/2003 (LGT), en los procedimientos iniciados de oficio se consideran válidos, siempre que consten debidamente acreditados, los intentos de notificación que se hubieren practicado en cualquiera de los lugares legalmente previstos al efecto en el  art. 110.2 de la misma Ley.

La Dirección General de Tributos ha aclarado recientemente, en la consulta vinculante V1746/2015, de 2 de junio de 2015, el concepto de gastos deducibles para la aplicación de la deducción por producciones extranjeras, largometrajes cinematográficos y obras audiovisuales, tal y como se había solicitado en el sector.

Según la última reforma de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, los productores registrados en el Registro de Empresas Cinematográficas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que se encarguen de la ejecución de una producción extranjera o de obras audiovisuales que permitan la confección de un soporte físico previo a su producción industrial seriada tendrán derecho a una deducción del 15% de los gastos realizados en territorio español, siempre que dichos gastos sean, al menos, de 1 millón de euros. El importe de esta deducción no podrá ser superior a 2,5 millones de euros.

La Dirección General de Tributos, a través de tres consultas aplica el criterio sentado en la consulta n.º V1147/2015, de 13 de abril de 2015, sobre los socios profesionales, referido al Impuesto sobre Actividades Económicas, estableciendo la no sujeción a este Impuesto, cuando no se cumpla el requisito de la ordenación por cuenta propia de los medios de producción y/o recursos humanos con el fin de intervenir en la producción o distribución de bienes y servicios y que además la referida ordenación lo sea por cuenta propia, que es lo que en definitiva determina la obligación del alta en las Tarifas del IAE:

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su resolución de 28 de mayo de 2015, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio fija como criterio que, la responsabilidad solidaria regulada en el art. 42.2.a) de la Ley 58/2003 (LGT) puede ser imputada a personas menores de edad, cuya actuación como causantes o colaboradores en la ocultación o transmisión de bienes o derechos que constituyan el hecho causante de la responsabilidad se haya llevado a cabo por medio de representante.