12. Deuda tributaria

El artículo 30 de la LIP establece que la base liquidable del impuesto será gravada a los tipos de la escala que haya sido aprobada por la comunidad autónoma y en el caso de que la comunidad autónoma no hubiese aprobado la escala, la base liquidable del impuesto será gravada a los tipos de la siguiente escala. En el año 2021, entró en vigor el nuevo tipo aplicable al último tramo de esta escala:

Esta escala es la misma para los sujetos que tributen por obligación real de contribuir y para los sujetos pasivos no residentes que tributen por obligación personal de contribuir.

Nuevamente, nos encontramos con que hay distintas comunidades autónomas que sí han regulado una tarifa diferente:

• Andalucía. La Ley 5/2021, de 20 de octubre, de tributos cedidos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece una nueva tarifa del impuesto con tipos más reducidos que los anteriores y así tenemos que desde el día 1 de enero de 2022 se aplica la siguiente escala:

• Principado de Asturias. El artículo 15 del Decreto legislativo 2/2014, de 22 de octubre, del Principado de Asturias, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de tributos cedidos por el Estado, establece los tipos que se indican en la siguiente escala, tiene unos tipos más altos que la estatal, salvo en su último tramo:

• Islas Baleares. El artículo 9 del Decreto legislativo 1/2014, de 6 de junio, de la comunidad autónoma de las Illes Balears, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la comunidad autónoma de las Illes Balears en materia de tributos cedidos por el Estado, recoge la siguiente escala, que aunque prevé los mismos tipos que se establecen a nivel estatal, podemos ver que los tramos establecidos difieren, siendo más amplios en esta escala, con unos tipos superiores a los estatales, salvo en su último tramo, y a los del resto de comunidades autónomas (excepto Extremadura).

• Cantabria. Según el artículo 4 del Decreto legislativo 62/2008, de 19 de junio, de la comunidad autónoma de Cantabria, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de medidas fiscales en materia de tributos cedidos por el Estado, la base liquidable del impuesto será gravada conforme a la siguiente escala desde 2018:

• Cataluña. Con efectos del 31 de diciembre de 2012, el artículo único.2 del Decreto-Ley 7/2012, de 27 de diciembre, de la comunidad autónoma de Cataluña, de medidas urgentes en materia fiscal que afectan al impuesto sobre el patrimonio, establece los tipos de la escala siguiente, que son ligeramente más altos que los estatales, salvo en su último tramo:

• Sin embargo, el Decreto Ley 16/2022, de Cataluña, ha aprobado la siguiente tarifa, que será aplicable en los dos primeros ejercicios del IP que se devenguen a partir de la entrada en vigor del ITSGF.

• Extremadura. El Decreto legislativo 1/2018, de 10 de abril, de la comunidad autónoma de Extremadura, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la comunidad autónoma de Extremadura en materia de tributos cedidos por el Estado, en su artículo 15 recoge la siguiente escala, que es la que establece los tipos más altos del territorio nacional:

• Galicia. El artículo 13 bis del Decreto legislativo 1/2011, de 28 de julio, de la comunidad autónoma de Galicia, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la comunidad autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos por el Estado, establece la escala siguiente, rebajando sus tipos hasta igualarlos con la escala estatal, salvo en su último tramo:

• Región de Murcia. El artículo 13 del Decreto legislativo 1/2010, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en la Región de Murcia en materia de tributos cedidos, establece la escala siguiente:

• Comunidad Valenciana. El artículo 9 de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el tramo autonómico del IRPF y restantes tributos cedidos, establece una tarifa propia, en la que para el ejercicio 2021 se ha incrementado el último tramo de la tarifa al igual que en la escala establecida en la Ley estatal del impuesto. La escala es la siguiente:

• Al igual que hizo Cataluña, la Comunidad Valenciana ha aprobado una nueva escala aplicable a los devengos producidos en los años 2023 y 2024, conforme a la cual la base liquidable se grava a los tipos de la escala siguiente:

Para evitar problemas de confiscatoriedad de la imposición directa anual, en el artículo 31 de la LIP se establece un límite conjunto de cuotas del IRPF y del IP, de forma que ambas cuotas no podrán exceder para los sujetos pasivos sometidos al impuesto por obligación personal del 60 % de la suma de las bases imponibles del IRPF. Si la suma de ambas cuotas supera el límite anterior, se reducirá la cuota del IP hasta alcanzar el límite indicado, sin que la reducción pueda exceder del 80 %, es decir, como mínimo se gravará el 20 % de la cuota obtenida por el IP.

A estos efectos, no se tendrá en cuenta la parte de la base imponible del ahorro derivada de ganancias y pérdidas patrimoniales que corresponda al saldo positivo de las obtenidas por las transmisiones de elementos patrimoniales adquiridos o de mejoras realizadas en los mismos con más de un año de antelación a la fecha de transmisión, ni la parte de las cuotas íntegras del IRPF correspondientes a dicha parte de la base imponible del ahorro.

Se sumará a la base imponible del ahorro el importe de los dividendos y participaciones en beneficios acogidos al régimen transitorio establecido en la disposición transitoria décima de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del IS, para los beneficios obtenidos en ejercicios en los que se haya aplicado el régimen especial de sociedades patrimoniales.

No se tendrá en cuenta la parte del IP que corresponda a elementos patrimoniales que, por su naturaleza o destino, no sean susceptibles de producir los rendimientos gravados por la LIRPF.

Si los componentes de una unidad familiar optaron por la tributación conjunta en el IRPF, este límite de las cuotas íntegras conjuntas se calculará acumulando las cuotas íntegras devengadas por aquellos en este último tributo. La reducción que proceda practicar se prorrateará entre los sujetos pasivos en proporción a sus respectivas cuotas íntegras en el IP.

El artículo 32 de la ley del impuesto establece la deducción de los impuestos de similar naturaleza satisfechos en el extranjero (deducción por doble imposición internacional). Cuando entre los elementos patrimoniales del sujeto pasivo figuran bienes o derechos que se encuentran o puedan ejercitarse o hubieran de cumplirse fuera de España, el sujeto pasivo podrá deducir la cantidad menor de las dos siguientes:

• El importe efectivo de lo satisfecho en el extranjero, por razón de gravamen de carácter personal que afecte a los elementos patrimoniales computados en el impuesto.
  
• El resultado de aplicar el tipo medio efectivo del impuesto a la parte de base liquidable gravada en el extranjero.

El tipo medio efectivo de gravamen es el resultado de multiplicar  por 100 el cociente obtenido de dividir la cuota íntegra resultante de la aplicación de la escala por la base liquidable y se expresa con dos decimales.

A continuación se establece una bonificación del 75 % de la parte de la cuota íntegra correspondiente a bienes situados y derechos que puedan ejercitarse o hubieran de cumplirse en Ceuta y Melilla y sus dependencias (art. 33 de la LIP). La bonificación no será de aplicación a los no residentes en dichas ciudades, salvo por lo que se refiera a valores representativos del capital social de entidades jurídicas domiciliadas y con objeto social en las citadas ciudades o cuando se trate de establecimientos permanentes situados en las mismas.

Algunas comunidades autónomas también han establecido bonificaciones:

• Andalucía. El artículo primero.Tres del Decreto-Ley 7/2022, de 20 de septiembre, de la comunidad autónoma de Andalucía, ha introducido con efectos desde el 22 de septiembre de 2022 la bonificación autonómica del 100 % de la cuota del IP si esta es positiva con posterioridad a las deducciones y bonificaciones reguladas por la normativa del Estado.
• Principado de Asturias. El artículo 16 del Decreto legislativo 2/2014, de 22 de octubre, del Principado de Asturias, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de tributos cedidos por el Estado, estableció una bonificación del 99 % respecto de los patrimonios especialmente protegidos de contribuyentes con discapacidad.
• Aragón. Al igual que en Asturias, se establece en el artículo 150.1 del Decreto legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones dictadas por la comunidad autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, una bonificación de los patrimonios especialmente protegidos de contribuyentes con discapacidad del 99 %, pero con un límite de 300.000 euros (para el resto del patrimonio especialmente protegido no cabe bonificación alguna).
  Respecto a estos patrimonios protegidos, recordamos que Canarias y Castilla y León establecieron una exención.
  
• Cataluña. El artículo 60 de la Ley 5/2012, de 20 de marzo, de la comunidad autónoma de Cataluña, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, estableció una bonificación del 95 % en la parte de la cuota que corresponda proporcionalmente a las propiedades forestales, siempre y cuando dispongan de un instrumento de ordenación debidamente aprobado por la Administración forestal competente de Cataluña.
  Al igual que en Asturias y Aragón, se establece una bonificación de los patrimonios especialmente protegidos de contribuyentes con discapacidad en el artículo 2 de la Ley 7/2004, de la comunidad autónoma de Cataluña, de medidas fiscales y administrativas. La misma bonificación es aplicable a los bienes o derechos de contenido económico que formen parte del patrimonio protegido conforme al libro segundo del Código Civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia.
  
• Galicia. El artículo 13 ter del Decreto legislativo 1/2011, de 28 de julio, de la comunidad autónoma de Galicia, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la comunidad autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos por el Estado, contenía una bonificación, del 75 %, con un límite de 4.000 euros por sujeto pasivo, respecto a bienes o derechos de contenido económico de nuevas empresas o ampliación de la actividad de empresas de reciente creación, o inversión en la adquisición de acciones o participaciones sociales en entidades nuevas o de reciente creación y que desde el 1 de enero de 2018 se configura como una deducción. Actualmente en este precepto se recogen seis deducciones diferentes: deducción por creación de nuevas empresas o ampliación de la actividad de empresas de reciente creación; deducción por inversiones en empresas agrarias; deducción por la afectación de terrenos rústicos a una explotación agraria y arrendamiento rústico; deducción por la afectación a actividades económicas de inmuebles en centros históricos y la deducción por la participación en los fondos propios de entidades que exploten bienes inmuebles en centros históricos, y la deducción por incorporación de bienes y derechos a los instrumentos de movilización o recuperación de las tierras agrarias de Galicia. Salvo la primera, para el resto la deducción es del 100 % del valor de los bienes a los que se refieren. Con efectos desde el 1 de enero de 2023 la Ley 7/2022, de 27 de diciembre, de la Comunidad Autónoma de Galicia, de medidas fiscales y administrativas, eleva hasta el 50 % la bonificación de la cuota íntegra del impuesto.
• Islas Baleares. El artículo 9 bis del Decreto legislativo 1/2014, de 6 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la comunidad autónoma de las Illes Balears en materia de tributos cedidos por el Estado, estableció una bonificación del 90 % de la parte proporcional de la cuota correspondiente al pleno dominio de los bienes de consumo cultural.
  
• Madrid. En el artículo 20 del Decreto legislativo 1/2010, de 21 de octubre, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado, se establece una bonificación general autonómica a aplicar con posterioridad a las deducciones y bonificaciones reguladas por la normativa del Estado del 100 % de dicha cuota si esta es positiva, y no se aplicará esta bonificación si la cuota resultante fuese nula. Esto hace que en Madrid no se pague este impuesto.
  
• Murcia. El artículo 57 de la Ley 1/2022, de 24 de enero, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2022, establece una deducción en la cuota íntegra del impuesto del 100 % del importe en dinero destinado durante el año posterior a la fecha de devengo a proyectos de excepcional interés público regional. A pesar de que, en un primer lugar, se establece que esta deducción tiene efectos desde la entrada en vigor de esta ley, el 28 de enero de 2022, esta deducción resultó de aplicación desde el 31 de diciembre de 2021.
• La Rioja. Finalmente, La Rioja ha aumentado para este año la bonificación general del 50 % en el IP hasta el 75 %, mediante la Ley 2/2018, de 30 de enero, de la comunidad autónoma de La Rioja, de medidas fiscales y administrativas para el año 2018, por la cual, con posterioridad a las deducciones y bonificaciones reguladas por la normativa del Estado, se aplicaba, sobre la cuota resultante, una bonificación autonómica del 75 % de dicha cuota, si esta es positiva. Sin embargo, esta bonificación ha sido suprimida, con efectos desde 1 de enero de 2020 mediante la Ley 2/2020, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2020. Con efectos desde el 30 de abril, la Ley 3/2021, de mecenazgo de la Comunidad Autónoma de La Rioja, introdujo una deducción del 25 % de las aportaciones a la constitución o ampliación de la dotación a fundaciones de la Comunidad Autónoma de La Rioja.