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Con ocasión de la entrada en vigor la semana pasada de la Ley 10/2012 (Regula determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses) y de la Instrucción 5/2012 de la Secretaría de Estado de la Administración de Justicia, el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) ha desplegado una intensa actividad sindical en diversos frentes, dado el papel que los Secretarios Judiciales desempeñan en su aplicación así como el compromiso social de su organización. 

Con fecha 23 de noviembre de 2012, ha tenido entrada en el Senado el texto aprobado por la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados, con competencia legislativa plena, en relación con el Proyecto de Ley por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica.

Con fecha 23 de noviembre de 2012, ha tenido entrada en el Senado el texto aprobado por la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados, con competencia legislativa plena, en relación con el Proyecto de Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.

La Secretaría de Estado de la Administración de Justicia ha publicado la Instrucción 5/2012, de 21 de noviembre, al objeto de cubrir las vicisitudes que puedan tener lugar desde la entrada en vigor, el 22 de noviembre, de la Ley 10/2012 (Regula determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses) hasta que se apruebe la Orden que regule su procedimiento y, en concreto, el necesario modelo de autoliquidación de la tasa, disponiendo que “los Secretarios Judiciales de todo el territorio nacional no exigirán, en ningún caso, la presentación del justificante de autoliquidación de la tasa para dar curso a los escritos procesales que se presenten”.

En el día de ayer, 20 de noviembre de 2012, en convocatoria conjunta realizada por la prestigiosa firma de consultoría PricewaterhouseCoopers (PwC) y el Centro de Estudios Financieros (CEF), en calidad de escuela de negocios, reunieron en la Torre Cristal del complejo madrileño Cuatro Torres Business Area a una destacada selección de asesores tributarios para analizar, desde diferentes puntos de vista, la relevancia cada vez más presente en la actualidad jurídico-tributaria del Derecho Comunitario.

Asesoría y formación unidos por un interés común respecto del elemento internacional, en concreto en este caso del comunitario que, acordado por todos los ponentes y presentes, no puede perderse de vista desde ninguna órbita –jerarquía de las normas, nuestro status jurídico de Estado miembro de la Unión Europea con las consecuencias, por supuesto jurídicas -pero también económicas y políticas- que la pertenencia conlleva, la globalización como una realidad característica de nuestros días que mueve a todos los Estados a trabajar juntos en líneas como el control de la información de relevancia internacional o el diseño de métodos para la resolución de conflictos con las Administraciones tributarias en asuntos internacionales…

El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, ha anunciado nuevas medidas que servirán para potenciar el ámbito del intercambio de información, a través de convenios y acuerdos de todo tipo, así como la potenciación de medios humanos y materiales en la lucha contra la evasión fiscal internacional.

En esta línea, España y Estados Unidos han rubricado un acuerdo para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la aplicación de la Foreign Account Tax Compliance Act, más conocida como FATCA (Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras).

Este acuerdo y los que próximamente firmará EE UU con otros países o jurisdicciones se basa en el modelo negociado y elaborado en julio de este año, conjuntamente por Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, Estados Unidos y España.

Asimismo, mediante el acuerdo se simplifica notablemente el cumplimiento de la normativa FATCA por las entidades financieras españolas al obtener un tratamiento más favorable respecto al general previsto en la normativa estadounidense. Entre otras ventajas relevantes, quedan exoneradas de la retención del 30% en los pagos que perciban de fuente estadounidense sin necesidad de tener que firmar un acuerdo bilateral con la administración norteamericana.

Se ha publicado el texto aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2013.

Ver texto publicado en el BOCG del Proyecto de Ley aprobado

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social (anteriormente denominado Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social)

Ver texto publicado en el BOCG del Proyecto de Ley aprobado definitivamente por el Pleno. (sin modificaciones respecto al texto del Dictamen de la Comisión.)

Hoy, 19 de noviembre de 2012, entra en vigor la limitación a 2.500 euros del pago en efectivo en operaciones donde intervenga al menos un empresario o profesional. Es decir, afectará también a las operaciones realizadas entre un particular y un empresario. Sin embargo, no será aplicable a los pagos e ingresos realizados con entidades de crédito.

La limitación de uso de efectivo se eleva a 15.000 euros cuando el pagador sea un particular no residente, con el fin de no dañar actividades ligadas al sector turístico. Los intervinientes en las operaciones deberán conservar los justificantes del pago, durante cinco años desde la fecha del mismo, para acreditar que se efectuó a través de alguno de los medios de pago distintos al efectivo. Estarán obligados a aportar estos justificantes a requerimiento de la Agencia Tributaria.

• Un Real Decreto detalla disposiciones incorporadas en la nueva Ley antifraude
• Se clarifican los instrumentos de asistencia mutua con otros países para liquidar tributos

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se adapta la Ley General Tributaria a la normativa comunitaria e internacional en materia de asistencia mutua y se fijan las obligaciones de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero. La nueva ley antifraude, que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 30 de octubre, establece una nueva obligación de declarar todo tipo de bienes y derechos situados en el extranjero. El Real Decreto ahora aprobado detalla que el plazo para el cumplimiento de dichas obligaciones se extenderá a lo largo del primer trimestre de cada ejercicio.