Los intereses de demora suspensivos derivados de la deuda tributaria del causante son una obligación personal del sucesor y no quedan limitados por el beneficio de inventario

Esta conclusión del Tribunal Supremo es aplicable tanto al heredero como al legatario de parte alícuota que haya aceptado a beneficio de inventario. Lo determinante no es la condición sucesoria del obligado, sino la naturaleza y el origen de la obligación. El criterio es extensible a ambas figuras, aunque la doctrina jurisprudencial se formula específicamente para el legatario de parte alícuota que ha aceptado a beneficio de inventario.
El Tribunal Supremo analiza en la sentencia nº 1159/2026, de 15 de octubre de 2026, con nº recurso 6565/2024, si los intereses de demora suspensivos derivados de la suspensión de la ejecución de una deuda tributaria del causante deben considerarse una deuda o carga de la herencia, sometida al límite de responsabilidad propio de la aceptación a beneficio de inventario, o si, por el contrario, constituyen una obligación personal del sucesor que debe satisfacerse con su propio patrimonio.
La recurrente, legataria de parte alícuota que había aceptado el legado a beneficio de inventario, solicitó el aplazamiento de la deuda tributaria, que fue concedido inicialmente, aunque una posterior solicitud de ampliación fue denegada. Tras dictarse providencias de apremio, la interesada las impugnó en vía económico-administrativa y, posteriormente, en vía contencioso-administrativa ante la Audiencia Nacional. En el marco de este último procedimiento solicitó la suspensión de la ejecución de la deuda, que fue acordada durante la tramitación del proceso. Una vez concluido el litigio mediante sentencia desestimatoria, la AEAT liquidó una determinada cantidad en concepto de intereses de demora correspondientes al periodo durante el cual permaneció suspendida la ejecución de la deuda tributaria.
La controversia se centró, por tanto, en determinar si estos intereses quedaban sujetos al límite de responsabilidad derivado de la aceptación a beneficio de inventario o si podían exigirse a la recurrente como una obligación personal, con independencia del valor de los bienes recibidos de la herencia.
Posiciones de las partes
La recurrente sostuvo que los intereses de demora tienen carácter accesorio respecto de la deuda tributaria principal y que, por tanto, deben seguir su mismo régimen jurídico. A su juicio, si la deuda heredada está limitada al valor de los bienes recibidos por haber aceptado el legado a beneficio de inventario, esa limitación también debe extenderse a los intereses derivados de ella, aunque se hayan devengado después del fallecimiento del causante. En consecuencia, solicitó la anulación de la liquidación y que se reconociera que los intereses derivados de la impugnación de la deuda tributaria del causante estaban sujetos al mismo límite de responsabilidad que la obligación principal.
Por su parte, la Abogacía del Estado defendió que los intereses controvertidos no constituían una deuda hereditaria, sino una obligación propia de la sucesora, generada con posterioridad al fallecimiento del causante y a la adquisición de los bienes hereditarios. Argumentó que el beneficio de inventario únicamente limita la responsabilidad por las deudas y cargas procedentes de la herencia, pero no protege frente a las obligaciones que el heredero genera mediante sus propias decisiones. En este caso, los intereses se habían devengado como consecuencia de la solicitud de suspensión de la ejecución de una deuda que ya era firme, de modo que su causa inmediata no se encontraba en la actuación del causante, sino en la decisión de la sucesora de diferir el pago. La Abogacía del Estado rechazó igualmente que pudieran calificarse como gastos de administración de la herencia, dado que los bienes ya habían sido adjudicados a los sucesores y los intereses no eran necesarios para conservar el patrimonio hereditario.
Criterio del Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo resuelve el recurso remitiéndose a la doctrina establecida en su sentencia de 8 de octubre de 2025, recurso de casación 5181/2024, con el objetivo de mantener la seguridad jurídica y la unidad de doctrina. Conforme a este criterio, los intereses de demora suspensivos derivados de una suspensión solicitada por el heredero o legatario de parte alícuota constituyen una obligación propia del sucesor y no una deuda de la herencia. La Sala parte del art. 1023 del Código Civil, que configura el beneficio de inventario como un mecanismo destinado a mantener separados el patrimonio hereditario y el patrimonio personal del sucesor, limitando la responsabilidad por las deudas y cargas hereditarias al valor de los bienes recibidos. Sin embargo, esta protección no se extiende a todas las obligaciones que guarden alguna relación con la herencia, sino únicamente a las que tengan naturaleza hereditaria.
Para determinar la naturaleza de los intereses, el Tribunal considera decisivo identificar su origen inmediato. En el supuesto examinado, la deuda tributaria principal había sido transmitida mortis causa y su existencia e importe habían quedado firmes. Los intereses discutidos, sin embargo, no se habían devengado antes del fallecimiento del causante, sino que surgieron como consecuencia de la solicitud de suspensión de la ejecución formulada por la sucesora, una vez iniciado el procedimiento de apremio. Por ello, la causa directa de los intereses no era el fallecimiento ni la deuda tributaria heredada, sino la decisión posterior de la legataria de aplazar el cumplimiento de una obligación exigible.
La Sala destaca que, si la sucesora hubiera optado por pagar la deuda o por realizar los bienes hereditarios necesarios para satisfacerla, los intereses suspensivos no se habrían generado. La suspensión le permitió disponer durante más tiempo de los recursos económicos, evitar la realización inmediata de bienes y conservar temporalmente su liquidez. En consecuencia, el coste financiero asociado a esa decisión debe recaer sobre quien obtuvo el beneficio económico de diferir el pago, y no sobre la masa hereditaria ni sobre el patrimonio del causante.
El Tribunal Supremo distingue así entre los intereses devengados antes del fallecimiento y los generados posteriormente por las actuaciones de los sucesores. Los primeros forman parte del pasivo hereditario, al tratarse de obligaciones ya existentes en el momento de abrirse la sucesión. Los segundos, en cambio, constituyen obligaciones nuevas cuando nacen exclusivamente de una decisión adoptada por el heredero o legatario después de haber adquirido la titularidad de la relación jurídica tributaria. Aunque la deuda principal se transmita mortis causa conforme al art. 39 de la LGT, ello no implica que todas las obligaciones accesorias que puedan surgir posteriormente deban considerarse automáticamente deudas hereditarias.
La Sala precisa, además, que el carácter accesorio de los intereses respecto de la deuda principal no determina por sí solo que deban imputarse al causante o a la herencia. Los intereses constituyen una obligación diferenciada, con sus propios elementos configuradores y su propio momento de nacimiento o devengo. Cuando estos se generan después de la sucesión como consecuencia de una actuación autónoma del sucesor, deben imputarse a este como obligación personal. De igual modo, el Tribunal descarta que los intereses controvertidos puedan considerarse gastos de administración o defensa de los derechos hereditarios a efectos del art. 1033 del Código Civil, ya que no eran necesarios para la conservación de la herencia, sino consecuencia de la decisión voluntaria de diferir el pago de una deuda firme.
Finalmente, el Tribunal Supremo aclara que esta conclusión resulta igualmente aplicable al legatario de parte alícuota, aunque no tenga formalmente la condición de heredero. Lo determinante no es la concreta posición sucesoria del obligado, sino la naturaleza y el origen de la obligación reclamada. Por tanto, aunque la deuda tributaria principal se haya transmitido por sucesión y esté sometida a la limitación derivada del beneficio de inventario, los intereses suspensivos generados por una solicitud posterior de suspensión constituyen una obligación autónoma del sucesor, no integrada en el pasivo hereditario preexistente.
Doctrina jurisprudencial y resolución del recurso
El Tribunal Supremo establece como doctrina jurisprudencial que el legatario de parte alícuota que ha aceptado a beneficio de inventario está obligado a satisfacer, como deuda personal y con su propio patrimonio, los intereses de demora suspensivos derivados de la suspensión que él mismo haya solicitado respecto del pago de una deuda tributaria firme del causante, sin que resulte aplicable a dichos intereses el límite de responsabilidad propio del beneficio de inventario. Esta doctrina se fundamenta en que los intereses no constituyen una obligación heredada, sino una deuda generada por una actuación posterior y voluntaria del sucesor, que obtiene la ventaja económica derivada del aplazamiento del pago.




