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El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid eleva una nueva cuestión de inconstitucionalidad de la ley estatal sobre la plusvalía

Esta vez es el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, n.º 22 de Madrid de 15 de diciembre de 2015, recurso n.º 112/2014 el que eleva una nueva cuestión de inconstitucionalidad sobre los arts. 107 y 110.4 del RDLeg. 2/2004 (TR LHL).

En el caso que se enjuicia,  en la transmisión concreta, la parte actora ha traído a este recurso elementos probatorios que pudieran determinar que en sentencia se pudiera declarar probado que el incremento real de valor de las fincas objeto de las liquidaciones impugnadas ha sido muy inferior al que resulta de la aplicación de los porcentajes previstos en el art.107 TRLHL.

El problema de la constitucionalidad de los arts 107 y 110.4 TRLHL queda circunscrito a los supuestos como el de estos autos, en los que se establece una ficción legal que permite gravar incrementos de valor en cuantía ficticia, en tanto que alejados de los verdaderamente producidos en la realidad y, por ende, desconocedores de la verdadera capacidad económica.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz eleva una nueva cuestión de inconstitucionalidad de la norma foral alavesa y de la ley estatal sobre la plusvalía

Como ya hiciera el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, n.º 3 de Donostia- San Sebastián de 5 de febrero de 2015, recurso n.º 245/2014, en la que se planteó la cuestión de inconstitucionalidad en relación con los 4 y 7.4 de la Norma Foral 46/1989 de Gipuzkoa (IIVTNU) y de los arts. 107 y 110.4 del RDLeg. 2/2004 (TR LHL), ahora, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 1 de Vitoria-Gasteiz eleva una nueva cuestión de inconstitucionalidad sobre la norma homónima foral alavesa y los mismos preceptos de la regulación estatal del Impuesto sobre el  Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Instrucción de la AEAT sobre aplazamientos o fraccionamientos de pago exentos de garantía

Como es conocido, la Orden HAP/2178/2015, de 9 de octubre (BOE de 20 de octubre), elevó el límite exento de la obligación de aportar garantía en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de 18.000  a 30.000 euros, a partir del 21 de octubre de 2015. Este cambio implica modificar la Instrucción 4/2014, de 9 de diciembre, de la Directora del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre gestión de aplazamientos y fraccionamientos de pago, en lo referente a la determinación de los plazos máximos de los aplazamientos o fraccionamientos de pagos exentos de garantía, el cual, se ha llevado a cabo a través de la Instrucción 6/2015, de 20 de octubre, señalándose en los supuestos de solicitudes cuya resolución se realiza de forma automatizada en atención a la cuantía de la deuda,  los siguientes plazos de concesión:

Para el juzgador penal las sociedades de profesionales tampoco suponen per se un vehículo para la comisión de delitos contra la Hacienda pública

De nuevo ponemos sobre la palestra uno de los temas de debate más calientes de los últimos meses: el de la consideración de las sociedades de profesionales como sociedades interpuestas entre sus socios y quienes pagan sus servicios, lo que la Administración se ha empeñado en considerar un supuesto de simulación.

En esta ocasión, traemos a colación la sentencia de 30 de marzo de 2015, del Juzgado de lo Penal n.º 27 de Madrid, en la que el acusado es el administrador único de una de las más prestigiosas firmas de abogados laboralistas de nuestro país -y responsable civil subsidiario la firma que dirige- y la acusación está representada por el Ministerio Fiscal y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria -como acusación particular-.

Burbuja inmobiliaria: Si el valor de los terrenos no se ha incrementado sino que se ha depreciado, no procederá la liquidación por el IIVTNU 

Si la compra de un inmueble en la época de precios más elevados de la burbuja se vende en la actualidad no ha existido incremento de valor de los terrenos entre la fecha de adquisición y la fecha de transmisión, no se habrá realizado el hecho imponible y no procederá la liquidación por el IIVTNU.

Así lo entiende acreditado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N.º 3 de Zaragoza en su sentencia de 13 de julio de 2015, que afirma que n lo que se grava el impuesto es el incremento del valor del terreno, el cual, además, se debe poner de manifiesto con ocasión de una transmisión. 

El Juzgado no comparte la argumentación del Ayuntamiento sobre la circunstancia de que art. 107 del RDLeg 2/2004 (TR LHL) prescinde de la realidad y establece una plusvalía ficticia, por referencia a criterios objetivos, independientes del valor real de los terrenos y de la existencia o no de un efectivo incremento patrimonial, añadiendo además que en todo caso el valor catastral es muy inferior al de la venta gravada. Si no hay incremento de valor, el gravar con independencia de ello supondría "inventar" un impuesto, pervirtiendo la regulación.

Los Ayuntamientos puestos contra las cuerdas por el cálculo erróneo de las “plusvalías municipales”

Por fin ha sido publicada por el Ministerio de Justicia una sentencia que ya había sido filtrada a la prensa antes de las vacaciones navideñas y que parece ser que trae de cabeza a los Ayuntamientos españoles, que temen enfrentarse a una reclamación masiva contra las liquidaciones por el Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que han venido practicando, al contener las mismas –según la sentencia- un cálculo erróneo de la base imponible del Impuesto.

Se trata en concreto de la sentencia de 17 de abril de 2012 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha que confirma en apelación otra dictada en su día por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Cuenca, en la que un contribuyente consigue demostrar acertadamente -según ponen de manifiesto ambos tribunales-, que el cálculo realizado por el Ayuntamiento exacionante en la liquidación por el Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que da lugar al recurso es del todo erróneo en la medida en que al aplicar el incremento sobre el valor final, el de devengo, calcula el incremento de valor del suelo en años sucesivos y no en años pasados.

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