Ahora es la DGT la que se pronuncia sobre la exención en IP de participaciones en entidades dedicadas al arrendamiento de inmuebles cuando el empleado está contratado por otra sociedad del mismo grupo

Ahora es la DGT la que se pronuncia sobre la exención en IP de participaciones en entidades dedicadas al arrendamiento de inmuebles cuando el empleado está contratado por otra sociedad del mismo grupo. Imagen de un chico haciendo gráficas en un estudio de trabajo

Esta cuestión ha sido analizada primero por el Tribunal Supremo en varias sentencias, y posteriormente el TEAC ha aplicado dicha doctrina en sus resoluciones, marcando un cambio de criterio.

La Dirección General de Tributos analiza en la consulta tributaria vinculante V5530-26, 14 de septiembre de 2026, si, a efectos de aplicar la exención prevista en el art. 4.Ocho.Dos de la Ley IP, puede considerarse cumplido el requisito de que el arrendamiento de inmuebles constituya una actividad económica cuando la persona empleada con contrato laboral y a jornada completa está contratada por otra sociedad del mismo grupo empresarial, y no directamente por la entidad arrendadora.

La consulta se plantea por una persona física que posee el 100% de las participaciones de varias sociedades mercantiles dedicadas al arrendamiento de inmuebles. La cuestión consiste en determinar si los medios personales contratados por una de las sociedades del grupo pueden considerarse suficientes para que las demás entidades arrendadoras desarrollen una actividad económica y, por tanto, puedan beneficiarse de la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio.

El art. 4.Ocho.Dos de la Ley IP establece la exención de las participaciones en entidades, tanto en plena propiedad como en nuda propiedad o usufructo vitalicio, siempre que se cumplan determinados requisitos. Entre ellos, la entidad no debe tener como actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario; el contribuyente debe poseer, al menos, el 5% del capital individualmente o el 20% conjuntamente con determinados familiares; y debe ejercer efectivamente funciones de dirección, percibiendo por ellas una remuneración que represente más del 50% de la totalidad de sus rendimientos empresariales, profesionales y del trabajo personal, con las exclusiones legalmente previstas.

La exención no se aplica automáticamente a la totalidad del valor de las participaciones. Su alcance queda limitado a la parte proporcional correspondiente a los activos necesarios para el ejercicio de la actividad económica, minorados en las deudas derivadas de ella, respecto del patrimonio neto de la entidad. Estas mismas reglas se aplican a la valoración de las participaciones en entidades participadas para determinar el valor de las de la sociedad tenedora.

En relación con el requisito de que la entidad desarrolle una actividad económica, la Ley IP se remite expresamente a la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para determinar si existe actividad económica y si los elementos patrimoniales están afectos a ella.

Requisito de empleado contratado a jornada completa en el arrendamiento de inmuebles

El art. 27.2 de la Ley IRPF dispone que el arrendamiento de inmuebles únicamente se considera actividad económica cuando, para la ordenación de esta actividad, se utiliza al menos una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa.

El contrato debe tener naturaleza laboral conforme a la normativa laboral vigente y la jornada debe ser completa, de manera que el empleado se dedique de forma exclusiva a la gestión del arrendamiento.

No obstante, la cuestión controvertida consiste en determinar si esta exigencia obliga a que el empleado esté contratado directamente por cada sociedad arrendadora o si puede entenderse cumplida cuando los medios personales se encuentran centralizados en otra entidad del mismo grupo empresarial.

Doctrina del Tribunal Supremo

La Dirección General de Tributos fundamenta su contestación en las sentencias del Tribunal Supremo n.º 167/2026, de 17 de febrero, recurso 1196/2024, y n.º 186/2026, de 19 de febrero, recurso 1326/2024. Ambas resoluciones admiten que el requisito del empleado contratado a jornada completa pueda cumplirse mediante los medios personales y materiales de otras sociedades del grupo, aunque no estén contratados directamente por la entidad arrendadora.

Sin embargo, el Tribunal Supremo condiciona esta posibilidad a que exista una unidad real de medios y de actividad a nivel de grupo, de modo que la sociedad arrendadora esté integrada funcionalmente en la actividad económica conjunta. Es necesario que la actividad de arrendamiento sirva a la actividad del grupo o de las empresas cuyos medios personales le proporcionan soporte, y no que la sociedad arrendadora se limite a utilizar ocasionalmente los recursos de otra entidad.

Cuando se cumplen estas condiciones, las participaciones de la entidad tenedora en la filial pueden considerarse activos afectos a la actividad económica, por lo que no deben computarse como elementos no afectos al aplicar la regla de proporcionalidad prevista en el último párrafo del art. 4.Ocho.Dos de la Ley IP.

Por el contrario, la doctrina del Tribunal Supremo no resulta aplicable cuando la pertenencia al grupo es meramente formal y no existe una integración funcional y económica efectiva entre la actividad de arrendamiento y la desarrollada por las demás sociedades. En estos casos, la entidad arrendadora debe acreditar individualmente el cumplimiento de los requisitos del art. 27.2 de la Ley IRPF, incluido el relativo a la persona empleada con contrato laboral y a jornada completa.

Conclusión

La DGT concluye que la aplicación de esta doctrina exige analizar las circunstancias particulares de cada grupo empresarial. En concreto, debe comprobarse si existe una unidad efectiva de medios personales y materiales, si las actividades de las distintas sociedades están económicamente coordinadas y si la entidad arrendadora se encuentra realmente integrada en la actividad del grupo.

Se trata de una cuestión de carácter fáctico que no puede resolverse de forma general y abstracta en la contestación a la consulta.

En consecuencia, el requisito de disponer de una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa puede entenderse cumplido aunque el trabajador esté contratado por otra sociedad del grupo, siempre que se acredite una unidad real de medios y actividad y una integración funcional y económica efectiva de la entidad arrendadora.

La mera pertenencia formal al grupo no es suficiente para aplicar este criterio jurisprudencial ni, por sí sola, para considerar que el arrendamiento constituye una actividad económica a efectos de la exención del Impuesto sobre el Patrimonio.

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