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De un tiempo a esta parte se viene hablando de tax governance o gobernanza fiscal, como nuevo paradigma de cumplimiento y transparencia en la forma en que la empresa afronta y desarrolla sus procesos de toma de decisiones y gestión en materia fiscal. Esta expresión se encuentra generalmente asociada al enfoque de riesgos en la gestión fiscal, que a su vez proviene de la orientación basada en riesgos de las Administraciones fiscales de toda la OCDE. El enfoque de riesgos en la función fiscal comporta, por tanto, no solo la necesidad de ubicar con certeza los riesgos fiscales para la organización, sino también la necesidad de concentrar los costes de inspección allí donde los riesgos se comprueben más elevados. De dicho enfoque en el compliance en el entorno regulatorio genérico nos ocuparemos en otra entrada, en esta trataremos el significado y alcance de la política fiscal en la fijación de riesgos penales.

Por la realización de operaciones de mantenimiento, el próximo sábado 8 de septiembre se interrumpirá el servicio de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria entre las 18:00 y las 19:30 horas.

Sábado 8 de julio entre las 18:00 y las 19:30 horas.

Fuente: AEAT (05/09/2018)

Como ya adelantamos, para recordar el cumplimiento de las principales obligaciones tributarias estatales, periódicas y no periódicas, a lo largo de 2018, la Agencia tributaria ha puesto, como en años anteriores, a disposición del contribuyente, el calendario del contribuyente 2018.

Les recordamos ahora las principales obligaciones tributarias del mes de septiembre.

La Comisión ha aprobado la Decisión de 16 de julio de 2018 por la que renueva el mandato del Foro europeo de IVA (EU VAT Forum) por un periodo de cuatro años (siendo su tercer mandato). Con el fin de actualizar la representación empresarial, se abre un plazo que finalizará el 10 se septiembre para que nuevas empresas puedan presentar sus candidaturas. Debe tratarse de empresas nacionales que realicen operaciones exteriores o grupos multinacionales. También podrán participar organizaciones de asesores fiscales, consultoras, asociaciones que representen los intereses de grandes, pequeñas o medianas empresas o expertos académicos.

A partir del 8 de octubre de 2018 será obligatorio para los operadores la presentación de la declaración complementaria de importación (tipo procedimiento “X”) para la ultimación de las declaraciones simplificadas por falta de documentos (tipo procedimiento “B”) por medios electrónicos, habiendo transcurrido el plazo suficiente desde su aprobación para la adaptación de los sistemas informáticos.

El Consejo de Ministros, ha aprobado un Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Convenio entre el Reino de España y Rumanía para eliminar la doble imposición en relación con los impuestos sobre la renta y prevenir la evasión y la elusión fiscales y de su Protocolo y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho acuerdo.

El Convenio actualiza el vigente instrumento sobre esta materia, que data de 1979.

El nuevo Convenio favorece el desarrollo de las relaciones económicas bilaterales y refuerza la cooperación España-Rumanía en materia tributaria. La lucha contra la evasión fiscal es un pilar fundamental del texto.

El Consejo de Ministros, ha aprobado un Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Convenio entre el Reino de España y la República de Cabo Verde para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y de su Protocolo y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por el mismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94.1.c) y e) de la Constitución Española.

Desde que se instauró definitivamente el nuevo régimen penal para empresas –la responsabilidad penal corporativa, de un modo más definido en cuanto a los elementos que tiene que tener un programa de prevención de delitos en el Código penal–, lo cierto es que hemos tenido noticias de penal-económico todos los días, hasta un cambio de Gobierno basado en una moción de censura por delitos económicos.

La única condena por corrupción entre particulares, estrenando el tipo penal, que se ha producido es la de una empresa de ediciones escolares que sobornó, al parecer con la cifra de 250.000 euros, a un oficial del ministerio de Educación en una república africana para que sus escolares estudiasen con los libros de esta. Resulta cuando menos ingenuo creer que el caso más grave de corrupción que existe es el de esta empresa de ediciones. Evidentemente la organización no contaba con un plan de compliance (o prevención de delitos, en castellano); bastante tenía con sobrevivir en la jungla del mercado editorial compitiendo con los gigantes nacionales e internacionales, como para preocuparse de que ese soborno en Angola, en el que hasta ahora nadie reparaba, resulta que es objetivo de la ONU y ahora está perseguido mundialmente y sancionado estrictamente.

Recientemente el Tribunal Supremo ha determinado el concepto de grupo que debe manejarse al interpretar el régimen de consolidación fiscal. La remisión al grupo de sociedades debe interpretarse de forma que solo se comprendan en tal concepto aquellos grupos de entidades cuando actúen como grupos consolidados, de modo que, si las sociedades afectadas no actúan como grupo consolidado en los términos que razona la sentencia, no tienen tal consideración de grupo a efectos de la aplicación de la cláusula del artículo 82.1 c) 3.ª del TRLHL.

Este no es el único dilema interpretativo a que se enfrenta quien pretenda comprender en su extensión los pormenores de la consolidación fiscal, heredera de la complejidad de la contabilidad a la hora de tratar el método de consolidación de cuentas entre sociedades del grupo.

Tanto desde el punto de vista de la fiscalidad empresarial como de la personal, la correcta planificación y diseño de políticas retributivas y el correcto manejo de las opciones fiscales nacionales e internacionales que brinda la legislación fiscal son indispensables para optimizar la factura de los movimientos internacionales de nuestros empleados.

La ley fiscal española ha hecho varias reformas en la última década para favorecer tanto el traslado de directivos de las empresas multinacionales a España, como el de empleados españoles al extranjero. Jugando con la famosa regla de domicilio fiscal de las personas físicas, ha establecido regímenes especiales para aquellos que no pasen más de cierto tiempo en cada país pero elijan tributar en España. Dos ejemplos de intrincada interpretación por la doctrina administrativa son los artículos 7 p) y 9.5 de la Ley del IRPF. Existe, además, un régimen tributario opcional para residentes dentro de la Unión Europea.