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• El cuadro macroeconómico prevé un crecimiento del PIB en suave aceleración, hasta alcanzar el 3 por 100 en 2017.
• A finales de 2015, el paro será inferior al de finales de 2011 tanto en número de parados como en tasa.
• Por primera vez desde el inicio de la crisis, en 2014 habrá creación de empleo neto.
• La demanda interna contribuirá positivamente al crecimiento en 2014, tras seis años de aportación negativa.
• El Gobierno mejora del 5,8 por 100 al 5,5 por 100 del PIB el objetivo de reducción de déficit público para 2014.
• El nuevo Programa de Estabilidad incluye una reforma fiscal de amplio calado con un impacto aproximado de la reforma del IRPF que alcanzará los cinco mil millones de euros netos en dos años.
• La rebaja tributaria se centrará en contribuyentes con rentas bajas y medias.
• El escenario de las reformas se incardina perfectamente en el proceso de recuperación y de consolidación fiscal.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reformas, que serán remitidos esta misma tarde a la Comisión Europea dentro de las obligaciones de los Estados miembros en el marco del Semestre Europeo.

El Consejo de Ministros, a través del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, ha aprobado el Reglamento de desarrollo de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Este Reglamento atiende las últimas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), organismo intergubernamental encargado de fijar los estándares internacionales en la lucha contra el blanqueo, al que pertenece España desde su fundación. Las últimas recomendaciones de este organismo, de febrero de 2012, no han sido incorporadas todavía en una Directiva comunitaria, pero España ha decidido adelantar su aplicación y situar así la regulación nacional en esta materia a la vanguardia internacional. Además, con esta nueva regulación se pretende incrementar la eficacia del modelo de prevención incorporando un enfoque orientado al riesgo exigible tanto para el sector público como privado.

El G-5 ha reforzado su compromiso con la lucha contra el fraude fiscal y el intercambio de información tributaria, en una reunión de alto nivel celebrada en París. Al término de la misma, los ministros de Finanzas y/o Economía de los cinco países han suscrito un comunicado conjunto sobre fraude y evasión fiscal, y una declaración conjunta sobre intercambio de información tributaria.

En relación al comunicado, el G-5 muestra su apoyo al proyecto BEPS -Base Erosión and Profit Shifting, en inglés- de la OCDE, ratificado por el G-20, para evitar la erosión de bases imponibles a escala internacional y la transferencia artificial de beneficios empresariales.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado las dudas de constitucionalidad planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) respecto del art. 46.1 de la Ley 29/1998 (LJCA). Este precepto establece los plazos para recurrir en vía jurisdiccional las decisiones de la Administración que se producen por silencio administrativo y según el órgano que plantea la cuestión de inconstitucionalidad, el artículo vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin sufrir indefensión (art. 24.1 CE) en su vertiente de acceso a la justicia.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que modifica otros dos del año 2010 que regulaban, por un lado, el derecho a efectuar declaraciones en aduana y la figura del representante aduanero; y, por otro, diversos supuestos de notificaciones y comunicaciones administrativas obligatorias por medios electrónicos en el ámbito de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Por una parte, recogiendo lo dispuesto por diversas sentencias del Tribunal Supremo, se habilita, tanto a personas físicas como a personas jurídicas, para la presentación de declaraciones aduaneras por cuenta de terceros. Hasta ahora, sólo las personas físicas y las personas jurídicas que fueron habilitadas en aplicación de un Real Decreto del 13 de diciembre de 2009 (hoy derogado por el Real Decreto 335/2010) podían realizar esta actividad.

Como ya adelantamos el pasado mes de enero, para recordar el cumplimiento de las principales obligaciones tributarias estatales, periódicas y no periódicas, a lo largo de 2014, la Agencia Tributaria puso, como en años anteriores, a disposición del contribuyente, el calendario del contribuyente 2014.

Les recordamos ahora las principales obligaciones tributarias del mes de mayo.

El plazo para la presentación por Internet de declaraciones de Renta (confeccionadas con programa de ayuda) y Patrimonio se inicia el 23 de abril. El último día para la presentación de declaraciones será el 30 de junio, excepto en el caso de declaraciones a ingresar en las que se opte por domiciliación del pago, que deben presentarse como fecha límite el 25 de junio.

Se ha puesto a disposición de los ciudadanos la posibilidad de solicitar los siguientes certificados tributarios con PIN24H:

• Certificado tributario de residencia fiscal.
• Certificado tributario de IAE.
• Certificado tributario de exoneración de retenciones a los arrendadores de inmuebles.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y el embajador de Bélgica en España, Jan De Bock, han firmado el pasado 15 de abril de 2014, un nuevo protocolo entre ambos países de modificación del convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio.

El nuevo protocolo, sustituye al protocolo firmado en 2009 que modificaba el convenio hispano-belga del año 1995. En relación al intercambio de información, el texto queda redactado en línea con el estándar internacional contenido en el modelo de convenio tributario de la OCDE.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha abierto, a través del portal electrónico 060.es, un buzón para recoger las sugerencias que presenten ciudadanos y empresas en materia de reducción de cargas administrativas.

Se trata de dar participación a los ciudadanos y a las empresas, a través de este buzón, para que presenten en él sus propuestas sobre los trámites que ellos consideran generan cargas administrativas y que son susceptibles de ser reducidas o eliminadas.

El Gobierno considera que la reducción de los costes administrativos derivados de la legislación española permitirá mejorar las relaciones de los ciudadanos con sus administraciones públicas y aumentar la competitividad de nuestras empresas, eliminando obstáculos y cargas.